TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 313

Sucre, 13 de mayo de 2015

Expediente: 31/2015-S

Demandante: Emilio Ferrufino Gonzáles

Demandado: TRANS COPACABANA S.A.

Distrito        : Oruro

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 774 a 776, interpuesto por Abdón Patiño Pérez, en representación legal de la Empresa “Trans Copacabana” S.A., contra el Auto de Vista Nº 109/2014 de 21 de noviembre (fs. 765 a 771 vta.) pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; dentro del proceso social por pago de beneficios sociales y otros derechos laborales, seguido por Emilio Ferrufino Gonzáles, contra la Empresa Trans Copacabana S.A.; la respuesta de fs. 779 y vta.; el Auto de fs. 781, que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO.

I. 1 Sentencia.

Que, tramitado el proceso laboral por pago de beneficios sociales y otros derechos laborales, el Juez Primero de Partido del Trabajo y Seguridad Social de Oruro, emitió la Sentencia Nº 40/2014 de 30 de mayo, cursante de fs. 726 a 736 vta., por la que declaró probada en parte la demanda de fs. 21 a 26 vta., en lo que corresponde al pago de indemnización, desahucio, vacación en duodécimas, domingos y feriados y la multa del 30% solo del saldo incumplido; e improbada en cuanto se refiere a los montos solicitados, así como el pago del segundo aguinaldo y horas extras por los días sábados, debiendo en ejecución de sentencia aplicarse el art. 9 del Decreto Supremo (DS) Nº 28699 de 01 de mayo de 2006; en consecuencia, se dispuso que la Empresa Trans Copacabana S.A., de propiedad de José Luis Montaño Rico, con representación legal regional en la ciudad de Oruro, el señor Abdón Patiño Pérez, dentro de tercero día de ejecutoriada la resolución, bajo alternativa de apremio en caso de incumplimiento, cancele al demandante mediante depósito judicial los derechos sociales en el monto total establecido en la liquidación efectuada de Bs.21.211,33.-(veinte un mil doscientos once 33/100 bolivianos), por el tiempo de servicios de 19 años, 3 meses y 6 días, deduciéndose los quinquenios pagados de 9 años, 3 meses y 6 días; sin costas.

I. 2 Auto de Vista

Interpuesto el recurso de apelación de fs. 738 a 740 vta., por la parte demandante y el recurso de apelación de fs. 743 a 744, interpuesto por Crhistian Israel Berrios Flores, en representación de Abdón Patiño Pérez, mediante Auto de Vista Nº 109/2014 de 21 de noviembre (fs. 765 a 771 vta.), pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; se declaró improcedentes los recursos planteados, en su mérito confirmó íntegramente la sentencia 040/2014.

II. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Dicha resolución motivó el recurso de casación de fs. 774 a 776, interpuesto por Abdón Patiño Pérez, en representación legal de la Empresa Trans Copacabana S.A., cuyos fundamentos son expresados conforme sigue:

Que, el Auto de Vista recurrido, de manera parcializada señaló que la excepción planteada está fuera de término, argumento que está fuera de lugar según el recurrente, puesto que se desconoció e infringió la segunda disposición transitoria numeral 3) del CPC, sobre la vigencia anticipada del sistema de cómputo de plazos procesales previsto en los arts. 89 al 95.

Asimismo, no consideró los hechos esgrimidos en la demanda, siendo que el propio actor reconoció al señor José Luis Montaño Rico, como propietario de la Empresa “Trans Copacabana” S.A., quien lo contrató mediante primer memorándum, lo que demostraría objetivamente que no se requiere más prueba, debiendo aplicarse el art. 120 del CPT; en ese sentido, el recurrente no sería el representante legal de la Empresa demandada, puesto que el demandante demandó a la Empresa Trans Copacabana S.A.; vale decir, a su propietario José Luis Montaño Rico; sin embargo, actuando maliciosa y temerariamente vulnerando el principio de seguridad jurídica y de derecho a la defensa concluyó dirigiendo su demanda contra el recurrente Abdón Patiño Pérez, disque en calidad de representante legal, cuando mínimamente se requería para tal efecto una personería tratada en la Junta general de accionistas para representar a una Sociedad Anónima conforme el Código de Comercio; por lo que su persona, es un simple funcionario de la Empresa encargado de encomiendas; por lo que, no tiene calidad ni condición de representante con personería para representar a la Empresa Trans Copacabana S.A.

Señaló el art. 111 del Código Procesal del Trabajo (CPT), manifestando que, pese a que el demandante no está obligado a presentar prueba de la existencia de la persona jurídica; sin embargo, sería de su pleno conocimiento que José Luis Montaño Rico, sería el representante legal de la Empresa.

Con relación al art. 72 del CPT, y el Auto de rechazo de la excepción, manifestó que, la citación efectuada a su persona si bien es válida se convierte en ilegal, por cuanto quien le habría contratado sería el señor Montaño en su condición de Presidente y propietario de “Trans Copacabana” S.A.; por cuanto, según el párrafo segundo de la norma mencionada, el recurrente no estaría catalogada como personal de confianza menos ostentaría ningún cargo que señala la norma, sino un simple encargado de encomiendas; aspecto, que el Tribunal de Alzada no habría compulsado ni valorado de forma correcta.

Finalmente manifestó que, el art. 120 del CPT, indicaría que, la demanda debe ser dirigida contra la parte a quien se reclama o su representante y cuando se trata de una empresa toda gestión es válida la que realice el gerente, administrador o el representante legal del empleador; siendo que el caso presente, no contaría con ninguna facultad, mandato o potestad para realizar actos procesales en representación de la Empresa.            

I. 4 Petitorio

Concluyendo que, ante la inobservancia y aplicación indebida de los arts. 72 y 120 del CPT, y la vulneración de los arts. 115, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), referido al debido proceso, seguridad jurídica e igualdad de oportunidades, solicitó al Tribunal Supremo de Justicia, deliberando en el fondo, revoque el Auto recurrido, disponiendo la citación con la presente demanda conforme mandan las normas procedimentales.

CONSIDERANDO II:

II. Fundamentos jurídicos del fallo.

Que, así planteado el recurso de casación en el fondo, y considerando la respuesta al mismo, así como los antecedentes del proceso y las normas aplicables a la materia, se tiene:

Que, el recurso de casación se equipara a una demanda nueva de puro derecho, utilizada para invalidar una sentencia o auto definitivo en los casos expresamente señalados por Ley, ello en razón a que no constituye una controversia entre las partes, sino una "cuestión de responsabilidad entre la Ley y sus infractores", pudiendo presentarse como recurso de casación en el fondo, recurso de casación en la forma o en ambos efectos, de acuerdo a lo estatuido por el art. 250 del CPC, en tanto se cumplan los requisitos establecidos en el art. 258.2) del mismo cuerpo legal, lo que implica citar en términos claros, concretos y precisos las leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, especificando en qué consiste la violación, falsedad o error y proponiendo la solución jurídica pertinente, esto porque el recurso de casación es un acto procesal complejo, puesto que entre los elementos de forma esenciales a contener no es solo expresar la voluntad de impugnar, sino principalmente fundamentar esa impugnación conforme al modo de la estructura, del acto impugnado contenido en el citado art. 258.2 del CPC; así, el recurso de casación está sometido a estrictos requisitos formales, de riguroso e indispensable cumplimiento, que determinan la admisión del mismo, de lo contrario se lo rechaza por la improcedencia, dando cumplimiento a la previsión del art. 272.2 del CPC.

Por otra parte, los recursos de "casación en el fondo" y "casación en la forma", si bien aparecen hermanados, son dos realidades procesales de diferente naturaleza jurídica. El primero se relaciona con el error in iudicando que no afecta a los medios de hacer el proceso, sino a su contenido, o sea, a sus fundamentos sustanciales. El segundo, con el error in procedendo que es atinente a la procedencia del recurso de nulidad en la forma, es decir, cuando la resolución recurrida haya sido dictada violando formas esenciales del proceso, o lo que es lo mismo, errores de procedimiento y vicios deslizados que sean motivo de nulidad por haberse afectado el orden público. En ambos recursos el CPC, señala taxativamente los casos en que proceden. Consiguientemente, bajo estos parámetros la forma de resolución también adopta una forma específica y diferenciada, así, cuando se plantea en el fondo, lo que se pretende es que el auto de vista se case, conforme establecen los arts. 271.4 y 274  del CPC y cuando se plantea en la forma, la intención es la nulidad de obrados, con o sin reposición, como disponen los arts. 271.3 y 275  del mismo cuerpo legal, siendo comunes en ambos recursos las formas de resolución por improcedente o infundado.

Debe quedar aclarado que, técnicamente no hay recurso de casación, cuando se plantea uno en el que no se concreta correctamente el reclamo como casación en el fondo o casación en la forma, respecto al fallo del cual se recurre, lo que implica su improcedencia.

En la especie, ninguno de los reclamos traídos en casación por la parte recurrente, fueron analizados o resueltos por el Tribunal de Alzada, dado que las cuestiones sobre las que ahora se pretende un pronunciamiento por el Tribunal de Casación, no fueron llevadas como agravios en apelación por la parte demandada, de modo que el fallo recurrido no realizó análisis jurídico alguno al respecto conforme la pertinencia reglada por el art. 236 del CPC, siendo en tal sentido inexistente el objeto sobre el cual éste Tribunal podría emitir pronunciamiento, dado que la labor de éste Tribunal se centra en establecer si lo resuelto por el Tribunal de Alzada respecto al reclamo traído en casación, fue acertadamente resueltos por dicho Tribunal de Apelación, y siendo que no existe pronunciamiento sobre tal temática en el fallo recurrido, es inviable pretender que este Tribunal ingrese a considerar el mismo.

Por lo anotado, y dado que el reclamo formulado por la parte recurrente no fue de pronunciamiento por el Tribunal de Alzada, por no  haber formado parte de los agravios llevados en apelación, al ser además una cuestión ya resuelta mediante un procedimiento distinto previsto por Ley, del cual no se tiene tampoco previsto la posibilidad de la casación, corresponde resolver el recurso conforme a la previsión de los arts. 271.1 y 272.1 del CPC, aplicables por permisión del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación de fs. 774 a 776, interpuesto por Abdón Patiño Pérez, en representación regional y legal de la Empresa Trans Copacabana S.A., contra el Auto de Vista Nº 109/2014 de 21 de noviembre (fs. 765 a 771 vta.) pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. Con costas.

Se regula honorario profesional del Abogado del demandante en la suma de Bs. 500.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.    

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera