TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 307

Sucre, 13 de mayo de 2015

Expediente: 30/15-S

Demandante: Mariana Oporto Ríos  

Demandadas        : MILLIET TRADING SERVICES S.R.L. y AMX LOGÍSTICA Ltda. 

Distrito        : La Paz

Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma, cursante de fs. 304 a 307, interpuesto por Carolina Daniela Azcui Claros en representación de Mariana Oporto Ríos, contra el Auto de Vista N° 066/14 de 6 de junio, de fs. 298 a 299, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso Laboral de Pago de Beneficios Sociales, seguido por la ahora recurrente, contra las empresas MILLIET TRADING SERVICES S.R.L. (MILLIET S.R.L.) y AMX LOGÍSTICA Ltda.; la respuesta al recurso de casación, el Auto Nº 394/2014 de 22 de diciembre, de fs. 312, que concedió el recurso; los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1. Sentencia

Interpuesta la demanda Laboral de Pago de Beneficios Sociales y tramitada la misma, la Jueza Segundo de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, emitió la Sentencia Nº 234/2013 de 25 de octubre, cursante de fs. 272 a 280, declarando probada en parte la demanda de fs. 8 a 11, subsanada a fs. 14 y ratificada a fs. 190; probada en parte la excepción perentoria de pago, disponiendo que las empresas MILLIET S.R.L. y AMX LOGÍSTICA LTDA., a través de su representante legal cancele a la actora la suma de Bs.122.329,30.- (ciento veintidós mil trescientos veintinueve 30/100 bolivianos), por conceptos de indemnización, desahucio, vacaciones, aguinaldo, subsidio pre natal, subsidio de natalidad, subsidio de lactancia, salarios por inamovilidad, sueldo devengado, más el 30% de multa, menos lo recibido y más los gastos médicos. Sin costas, conforme se tiene asentado en la Sentencia.

I.2. Auto de Vista

Interpuestos los recursos de apelación, de fs. 282 a 283 y 285 a 286 por Enrique Gutiérrez en representación de las Empresas y por Carolina Daniela Azcui Claros en representación de Mariana Oporto Ríos respectivamente, mediante Auto de Vista N° 066/14 de 6 de junio, la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, confirmó en parte la Sentencia, realizando una nueva liquidación en la suma de Bs.53.001.00.- por concepto de indemnización, desahucio, vacación, aguinaldo, subsidio pre natal, subsidio de natalidad, subsidio de lactancia, inamovilidad, sueldo devengado, restando lo pagado y aplicando la multa del 30%.

II. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Dicha resolución de segunda instancia, motivó el recurso de casación en el fondo y en la forma, cursante de fs. 304 a 307, interpuesto por Carolina Daniela Azcui Claros en representación legal de Mariana Oporto Ríos, que en lo sustancial de su contenido expresó:

Recurso de casación en el fondo

a) Acusa error en la apreciación de la prueba cursante a fs. 261 consistente en una planilla de sueldos de mes de octubre de la gestión 2010, presentada por la Empresa demandada, ya que la misma no acredita la fecha en la que sufrió la contingencia médica; y en ningún caso permite otorgar al Tribunal de apelación ningún elemento que evidencie las fechas de las contingencias medicas ocurridas en abril de 2011, además no se demuestra en qué momento se pone aviso de baja de la asegurada a la Caja Petrolera de Salud para cumplir lo establecido por el art. 24 del Decreto Ley (DL) Nº 13214 referente al plazo de cesantía. Sobre lo anterior considera que la fecha de desvinculación laboral es el 8 de febrero de 2011, es la misma a partir de la cual la Caja Petrolera de Salud debía continuar con las prestaciones médicas dentro del periodo de cesantía, sin embargo, con la literal adjunta al presente se evidencia que la fecha de Aviso de Baja de la asegurada es 31 de enero y la desvinculación es 8 de febrero de 2011, situación que repercute en el Auto de Vista respecto al reembolso de gastos médicos, conforme en el mes de abril la Caja Petrolera de Salud (CPS) no tenía ninguna obligación de extensión de prestaciones médicas y la primera contingencia médica ocurrió en el mes de abril.

b) Manifiesta que, el Tribunal de apelación interpretó erróneamente el art. 24 del DL Nº 21314, al considerar que la CPS es la obligada de extender las prestaciones en especie hasta 60 días posteriores al despido, tomando en cuenta el mes de febrero de 2011, fecha de desvinculación laboral, sin considerar que la Caja Petrolera de Salud debe ser comunicado por el empleador. 

Alega que, el Tribunal de segunda instancia interpretó de forma errada el art. 8 del DL Nº 21314 que establece que en caso de fenecer la relación laboral como obligación del empleador comunicar a la Caja Petrolera de Salud  mediante un Aviso de Baja de la asegurada, habiendo interpretando de forma errada dichas normas, ya que la obligatoriedad de extensión de las prestaciones en especie surgen a momento que se comunica con Aviso de Baja de la asegurada a la Caja Petrolera de Salud, no así en el momento de la desvinculación.

c) También, reclama que en el Auto de Vista impugnado se interpretó y aplicó de forma incorrecta el art. 9 del DS Nº 28699, al considerar que para la viabilidad de la multa del 30% previamente como necesario descontar el monto pagado por el empleador, sin tomar en cuenta la fecha en la que el empleador realiza el pago, la misma no es correcta pues esa multa debe aplicarse sobre el total a cancelarse antes de transcurridos los 15 días de fenecida la relación laboral; que en el presente caso el monto pagado por el empleador de Bs. 32.690,40.- fue efectuado cuatro meses posterior de fenecida la relación laboral sujeta a un plan de pagos, llegándose a pagar el monto citado hasta agosto de 2013.

Recurso de casación en la forma

d) Refiere que de fs. 285 a 286, cursa el recurso de apelación planteado en la que hace referencia al sueldo promedio indemnizable, el cual en Sentencia fue calculado sólo con el incremento salarial del 10% correspondiente a la gestión 2011, sin tomar en cuenta que la actora fue contratada en fecha 1 de mayo de 2009 con un salario de Bs.2828.-, cifra que se mantuvo hasta el momento de la desvinculación laboral; sin embargo, en el Fallo de primera instancia se aplicó el DS N° 498 de la gestión 2011, dejando de lado el DS N° 809 correspondiente a la gestión 2010, hecho que afectó en el promedio salarial correspondiente a los últimos tres meses de trabajo de la demandante; cuestión que no fue objeto de pronunciamiento por el Tribunal de apelación, correspondiendo el recurso de casación en la forma, conforme a lo establecido en el art. 254.4 del Código de Procedimiento Civil (CPC).

II.1. Petitorio

Concluye su recurso manifestando que al amparo del art. 210 del Código Procesal del Trabajo (CPT), 253.1 y 3, 254.4 y 257 todos del CPC, se case el Auto de Vista N° 064/2014 de 6 de junio, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera.

CONSIDERANDO II

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

       En sentido amplio el debido proceso constituye una esencial garantía constitucional normativa de los justiciables, la cual compele a los órganos jurisdiccionales, en cuanto mediatizadores del conflicto, a conocer y resolver las controversias de relevancia jurídica en sujeción a las formas que rigen los procesos puestos a su conocimiento, involucrando entre otros componentes un instrumento y medio cuyo fin es el resguardo del derecho a la defensa.

La Constitución Política del Estado (CPE) reconoce y garantiza el debido proceso en sus arts. 115.II y 117.I y 180.I y, el principio de publicidad en sus arts. 178.I y 180.I; así, la garantía del debido proceso contiene entre uno de sus elementos la exigencia de la fundamentación y motivación de las resoluciones, lo que significa que el juzgador al emitir el fallo debe resolver los puntos denunciados, mediante el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los que apoya su decisión; además, esta expresión pública de las razones justificadas de la decisión, garantiza también el derecho a la publicidad otorgado a las partes como a la sociedad en general respecto a la información de la resolución.

En lo que atañe al fallo de segunda instancia, la congruencia implica la estricta correspondencia entre los agravios invocados en la apelación y el pronunciamiento del Tribunal de apelación, conforme lo tiene previsto en el art. 236 del CPC En segunda instancia se viola el principio de congruencia, cuando el Tribunal de alzada, omite  pronunciamiento expreso y exhaustivo sobre alguno de los agravios invocados por el apelante o cuando se excede en el pronunciamiento, ya sea otorgando más de lo pedido o fuera de lo pedido; en cuyo  caso la resolución se halla viciada de nulidad por la causal prevista en el art. 254.4 y el efecto señalado en el art. 275, ambos del CPC; pues el recurso de apelación es considerado como el más importante y usual de los recursos ordinarios. Es el remedio procesal a través del cual se pretende que un Tribunal jerárquicamente superior, revoque o modifique una resolución judicial que se estima errónea en la interpretación, aplicación del derecho, en la apreciación de los hechos o de la prueba, constituyendo un nuevo juicio respecto a aquellos puntos que han sido resueltos por el inferior y que han sido impugnados por la parte recurrente.

En la doctrina del derecho procesal, existe consenso en torno a que todo fallo debe ser: expreso, claro, completo, legítimo y lógico; a) Expresa pues debe señalar los fundamentos que sirvieron de soporte para sustentar su decisorio, sin remisión a otros actos procesales; b) Clara, en sentido que el pensamiento del juzgador debe ser aprehensible, comprensible y claro, no dejando lugar a dudas sobre las ideas que expresa el juzgador; c) Completa, debiendo abarcar los hechos y el derecho; d) Legítima, ya que debe basarse en pruebas legales y válidas; y, e) Lógica, que es el requisito transversal que afecta a los otros requisitos; debiendo la motivación, en términos generales, ser coherente y debidamente derivada o deducida.

En ese entendido, la parte que se sienta perjudicada por una resolución judicial, puede hacer uso de los recursos que la ley le franquea, denunciando los presuntos agravios ante el superior en grado, siendo deber de este último, responder a cada una de esas denuncias de manera fundamentada, aspecto que se halla ligado también al derecho de acceso a la justicia; lo contrario significaría la existencia de una incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio), que se produce cuando en un determinado fallo no se resuelven todos y cada uno de los puntos denunciados en el recurso que le precede, los cuales deben ser absueltos uno a uno con la debida motivación y con base de argumentos jurídicos sólidos e individualizados. Así, una vulneración al debido proceso que se asienta en falta de motivación en los fallos, es presente ante: i) La ausencia absoluta de motivación, situación que concurre cuando no son vertidos en la resolución los fundamentos de hecho y derecho en las que se apoyan; ii) Una motivación deficiente, incompleta o sesgada, originada cuando se deja de analizar uno aspectos de relevancia en el proceso, o se los analiza en forma precaria o parcial; iii) Una motivación ambivalente, con argumentos conducentes al absurdo o contradictorios entre sí; iv) Incomprensión en lo inmerso en el texto, relacionada a su construcción de gramatical y sintáctica, bien por el uso de palabras o frases ininteligibles o por la existencia de omisiones que originan juicios dubitativos.

En el caso de autos, se constata que el Tribunal de Alzada mediante el Auto de Vista N° 066/14 de 6 de junio (fs. 298 a 299), confirma en parte la Sentencia N° 234/2013 de fecha 25 de octubre (fs. 272 a 280), empero en dicha resolución, la recurrente manifiesta que obvió pronunciarse sobre el agravio reclamado en apelación referido al sueldo promedio indemnizable, que fue calculado en Sentencia sólo con el incremento salarial del 10% correspondiente a la gestión 2011, sin tomar en cuenta que la actora fue contratada en fecha 1 de mayo de 2009 con un salario de Bs.2.828.- que se mantuvo hasta el momento de su desvinculación laboral, empero en Sentencia sólo se aplicó el DS N° 498 de la gestión 2011, dejando de lado el DS N° 809 correspondiente a la gestión 2010, hecho que le afecto en el promedio salarial correspondiente a los últimos tres meses de trabajo.

A fin de establecer la veracidad y relevancia de la denuncia de incongruencia o falta de pronunciamiento reclamada en casación, se compulsa que si bien el Tribunal de alzada resolvió el recurso de apelación de la parte demandada (fs. 282 a 283), referidas 1) al abandono de la actividad laboral de la demandante; 2) sobre los gastos realizados por operaciones medicas; 3) sobre la multa prevista en el DS Nº 28699; sin embargo, no se enmarcó dentro del principio dispositivo que debe regir en los recursos, toda vez que no emitió criterio sobre el único punto expuesto en apelación (fs. 285 a 286 vta.), por la demandante, referido al sueldo promedio indemnizable, si el reclamo consideraba viable o no, debiendo haber observado necesariamente lo dispuesto por el art. 236 del CPC, que fija el límite dentro del cual debe circunscribirse la decisión judicial. Error en el que incurrió el Tribunal de alzada, al emitir fallo confirmando en parte la Sentencia apelada por las partes, exponiendo los motivos por que corresponde o no el mismo, siendo entonces una Resolución incompleta o inconclusa, sin contener una relación entre lo resuelto en primera instancia y lo denunciado en el recurso de apelación por la parte demandante; habiendo inobservado con esa actuación el principio de motivación de los fallos o resoluciones, componente relevante del debido proceso; y enmarcando el reclamo al vicio descrito en la causal del art. 254.4 del CPC, error de procedimiento que debe ser saneado por este Tribunal.

Si bien, en apariencia el recurso de apelación contenido de fs. 285 a 286 vta. fue tomado en cuenta por el Auto de Vista en análisis (pues es citado en su primer párrafo), no es menos cierto que la fundamentación, no ofrece respuesta al reclamo en torno al sueldo promedio indemnizable efectuado, menos aún brinda respuesta sobre la norma que la apelante reclamó como aplicable a su caso y de la cual en su posición causaría variación en la liquidación de los derechos demandados.

En lo que resta, la Sala en vistas a los efectos de la presente Resolución no considera realizar pronunciamiento sobre los demás motivos traídos a casación.

Consiguientemente, en base a los fundamentos expuestos corresponde emitir resolución en la forma prevista en el art. 271.3 del CPC, con la facultad conferida por el art. 252 del Código Procesal del Trabajo (CPT).

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), ANULA obrados con reposición hasta el Auto de Vista N° 066/14 de fs. 298 a 299 inclusive, disponiendo que el Tribunal de alzada pronuncie nuevo Auto de Vista enmarcándose a lo dispuesto por el art. 236 del CPC, y sin espera de turno.

No siendo excusable el error, se impone una multa de Bs.200 (doscientos 00/100 bolivianos).- a cada vocal suscribiente del Auto de Vista.

En cumplimiento a lo previsto en el art. 17.IV de la LOJ, póngase en conocimiento del Consejo de la Magistratura el presente Auto Supremo, en virtud del art. 17.IV de la LOJ, póngase en conocimiento del Consejo de la Magistratura el presente Auto Supremo para su registro respectivo, debiendo tenerse presente que conforme al dispositivo citado, así como el art. 275 del CPC y la recomendación Nº 22 de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos en su informe aprobado el 5 de diciembre de 2013 (GARANTIAS PARA LA INDEPENDENCIA DE LAS Y LOS OPERACIONES DE JUSTICIA. HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA JUSTICIA Y EL ESTADO DE DERECHO EN LAS AMÉRICAS), la remisión de AASS anulatorios como el presente no tienen la finalidad de activar proceso administrativo alguno.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera