TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 305

Sucre, 12 de mayo de 2015

Expediente: 24/2011-S

Demandante: Sofía Bustamante Quiroz

Demandada: Hospital Metodista

Distrito        : La Paz

Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 572 a 575 vta., interpuesto por Javier Rojas Terán representando al Hospital Metodista, contra el Auto de Vista Nº 187/2010 de 21 de septiembre (fs. 564 a 565 vta.) pronunciado por la Sala Social y Administrativa Segunda de la entonces Corte Superior de Justicia en el Distrito Judicial de La Paz; dentro del proceso social que por pago de beneficios sociales y otros derechos laborales seguido por Sofía Bustamante Quiroz, contra el Hospital Metodista; el Auto No 372 a fs. 580 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y,

CONSIDERANDO I:

I.1 ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1.1 Sentencia

Tramitada la demanda social, la Juez Sexto de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, emitió la Sentencia N° 01/2008 de 5 de enero (fs. 492 a 497), por la que declaró probada en parte la demanda de fs. 21 a 22 de obrados e improbada las excepciones perentorias de prescripción y pago opuestas a fs. 75 a 80 de obrados, debiendo el Hospital Metodista cancelar a favor de la actora conceptos por indemnización de tiempo de servicios (19 años, 1 mes y 29 días), desahucio, sueldos devengados (abril a noviembre de 2003) y aguinaldo de la gestión 2004.

I.1.2 Auto de Vista

La anotada Resolución fue recurrida en apelación por la parte demandada (fs. 504 a 509), motivando el pronunciamiento del Auto de Vista Nº 187/2010 de 21 de septiembre (fs. 564 a 565 vta.) por el cual la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Superior de Distrito de La Paz, resolvió confirmar en todas sus partes la Sentencia.

I.2 RECURSO DE CASACIÓN

Contra aquella resolución la entidad demandada interpuso recurso de casación en el fondo y en la forma (fs. 572 a 575 vta.), que en lo substancial de su contenido expresó:

En el fondo

I.2.1 Errada valoración y compulsa de la prueba de descargo cursante en obrados y consecuente vulneración de los arts. 153, 154 y 64 del CPT, pues:

i) El Tribunal de apelación, a tiempo de confirmar la Sentencia, da por bien establecido el tiempo de servicios erróneamente señalado en dicho fallo, efectuando una incorrecta valoración de la admisión por parte de la actora que a fs. 67 y 68 expresa que: “…sólo pido se me reconozca lo trabajado desde fecha 1 de octubre de 1985 hasta el 30 de noviembre de 2003 fecha en la que cumple el preaviso, es decir de 18 años, 1 mes  y 29 días” (sic), igualmente señala que la atora presentó una liquidación señalando como fecha de retiro el 30 de noviembre de 2003 que establece como tiempo de servicios 18 años, 1 mes y 29 días; aspectos que no fueron valorados en el Auto de Vista, vulnerando los arts. 153 y 154 del Código Procesal del Trabajo (CPT).

No se realizó una correcta interpretación del art. 64 del CPT, puesto que nunca fue objeto de discusión el tiempo de servicios durante el cual la actora desempeñó sus funciones, por lo que la Juez y el Tribunal de segunda instancia procedieron a determinar  un tiempo de servicios superior al señalado por ella misma, cuando este aspecto no fue discutido ni tramitado dentro de la tramitación de la causa.

ii) De igual forma, la concesión del desahucio fue erróneamente asignada, por la prueba de descargo se acredita que a la actora se le cursó el preaviso de retiro conforme al art. 13 de la Ley General del Trabajo (LGT) y  que es saliente a fs. 39, en tal sentido no existió un retiro intempestivo y forzoso que pueda generar el pago de desahucio, más cuando este pago no fue reclamado por la actora en la demanda.

iii) En igual sentido cuestiona la calificación del aguinaldo de la gestión 2004, puesto que sólo se reclama en la demanda el reconocimiento del trabajo desempeñado desde 1 de octubre de 1985 hasta el 30 de noviembre de 2003, no existiendo a criterio de las partes relación laboral en la gestión 2004.

I.3.2 Dice el recurrente que el Auto de Vista que impugna vulnera el art. 19 de la LGT, ya que de forma incongruente determinó que el sueldo promedio indemnizable hubiera sido bien calculado en la Sentencia, considerando las planillas del 2003 para su estimación, cuando existen planillas de los últimos meses del 2004; añadiendo que no es racional que se establezca una fecha de disolución de la relación laboral correspondiente a una determinada gestión y contradictoriamente establecer el sueldo promedio indemnizable con planillas de una anterior, cuando cursa documental idónea sobre los sueldos percibidos de meses anteriores a la fecha de retiro de la trabajadora. 

I.3.3 Alega además la vulneración del art. 182.g) del CPT, por cuanto, el Auto impugnado manifiesta no haberse demostrado la improcedencia del pago de sueldos devengados, hecho que es incorrecto, pues se presentaron dentro del término de prueba planillas de pago que determinan que durante la gestión 2004 se canceló todos y cada uno de los sueldos a favor de la actora; por tanto, si la relación mantenida con la demandante habría concluido el 4 de diciembre de ese mismo año, correspondía aplicar la presunción legal establecida en el inc. g del art. 182 del CPT, porque no concernía demostrar a la entidad el pago de salarios de la gestión 2003; sino “la carga de la prueba recaía sobre la actora y no así sobre la parte demandada” (sic).

En la forma

I.3.4 Invocando los arts. 236, 250, 254.4, 258 y 275 del Código de Procedimiento Civil (CPC) y el art. 64 del CPT, acusó que el Auto de Vista no respondió al agravio expuesto en el memorial de apelación, inherente a la denuncia que la Juez de la causa procedió a valorar y considerar prueba de cargo presentada por la actora y ofrecidos mediante memorial de fs. 410 a 411, no son ni ejemplares ni copias originales, sino simples fotocopias que no cumplen con la regla del art. 1311 del Código Civil (CC), no pudiendo haber sido consideradas. 

Asimismo, el Auto de Vista consintió el pago de conceptos y rubros sociales no demandados ni discutidos, como son: desahucio, aguinaldo, fecha de retiro para efectos de cálculo del tiempo de servicios, otorgando a favor de la actora conceptos laborales y montos de dinero en una cuantía mayor a la peticionada.

Petitorio

Concluyó solicitando que la Corte Suprema de la Nación efectué una correcta interpretación y aplicación de las normas sustantivas y adjetivas señaladas, casando el Auto de Vista recurrido de 21 de septiembre de 2010 y deliberando en el fondo se proceda a declarar improbada la demanda, con costas; o en su caso anular el Auto de Vista recurrido, con costas.

CONSIDERANDO II:

       II.1 FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

II.1.1 Recurso de casación en la forma

La parte recurrente acusa vicios de nulidad referidos a: i) Incongruencia omisiva en torno al agravio de apelación referido a la consideración y valoración de documentación en fotocopias simples de parte de la Juez de grado, indicando que ello constituyese transgresión al art. 236 del CPC; y, ii) El Auto de Vista transgredió el art. 254 del CPC en relación al art. 64 del CPT por otorgar conceptos y rubros sociales que no fueron demandados (desahucio, aguinaldo, fecha de retiro para efectos de cálculo del tiempo de servicios), y montos de dinero en una cuantía mayor a la peticionada.

Si bien, en esencia, la nulidad de un acto jurídico constituye una excepción al principio de congruencia entendido sobre la relación de lo pedido con lo resuelto; no es menos evidente que esa figura se presta, en casos excepcionales, como instrumento para la corrección o reposición de un acto carente de los requisitos formales indispensables para la obtención de su fin; o bien, cuando un acto de tal naturaleza sea en evidencia agraviante a las bases elementales del sistema jurídico, tal situación hace patente lo inmerso en el art. 3.1 del CPC, norma que impone a los jueces y tribunales el deber de “cuidar que el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad”, lo que incumbe sin duda, no sólo a un mandato del legislador ordinario, sino involucra el propio objeto del proceso, que es la vía para “la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustantiva”, tal cual lo señala el art. 91 de aquella norma adjetiva; a partir de ello entonces, se comprende que las normas procesales sean de cumplimiento obligatorio, por ser ellas de orden público y por tanto tener el suficiente vigor de afectar aquel orden en caso de un eventual incumplimiento o transgresión de grave afectación. Sobre el particular a decir de Castellanos …se prioriza el orden público y la relación con facultades indelegables que se vinculan con la recta administración de justicia; por tanto, la advertencia de actos irregulares que manifiestan inobservancia de disposiciones de carácter obligatorio, como la constitución de los presupuestos fundamentales para la Litis o el desarrollo efectivo del proceso, autorizarían a declarar de oficio, las nulidades encontradas, siempre que se cause indefensión a las partes, con el fin de eliminar los riesgos de un proceso inválido” (Castellanos trigo, Gonzalo, código de procedimiento civil, tomo i, pág. 487)

Asimismo, corresponde dejar establecido que al tenor de la exigencia inserta en el art. 251, concordante con el art. 254 ambos del CPC -que es componente medular de la jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia- alrededor de la aplicación del instituto de la nulidad, con el fin de no enervar los fines del proceso deben convergen principios que no sólo la justifiquen, sino que en los ellos sean parámetros orientadores sobre su aplicación. Así entre ellos, el principio de especificidad, que establece que no existe nulidad si ésta no se encuentra prevista por Ley; el principio de trascendencia, por el cual no hay nulidad de forma, si la alteración no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales del proceso, es decir "no hay nulidad sin perjuicio"; el principio de convalidación, por el que toda nulidad se convalida por el consentimiento de la parte, ante el silencio sobre su reclamo en tiempo oportuno, activándose paralelamente el principio de preclusión procesal; finalmente, el principio de protección, estableciendo que la nulidad solo puede hacerse valer cuando a consecuencia de ella, quedan indefensos los intereses de las partes.

De tal consideración y en cuanto al reclamo sobre incongruencia omisiva, cabe señalar que el mismo no es evidente, pues el Auto de Vista respondió sobre la consideración y valoración de las pruebas de cargo como se lee a fs. 565, manifestando que esos argumentos no fueron probados por el empleador durante la estación probatoria, más aún cuando, por el principio de inversión de la prueba aspectos afirmados por la demandante que tengan relación a los derechos laborales pretendidos en la acción, debían ser desvirtuados por el demandante, además de tener en cuenta que estas observaciones no fueron presentadas oportunamente, operando en tal sentido el principio de preclusión de las fases procesales.

Con referencia al pago de conceptos y rubros sociales que no fueron demandados, como la fueran el desahucio, aguinaldo, fecha de retiro para efectos de cálculo del tiempo de servicios; señalar que por memoriales de fs. 21 a 22 y 67 a 68, la trabajadora demandó su pago, por lo que la Juez de instancia y el Tribunal de Alzada, no otorgaron más allá de lo solicitado, como señala el recurrente.

En ese sentido, este Tribunal no encuentra motivos valederos para disponer la nulidad de obrados procurada por la parte recurrente.

II.2 Recurso de casación en el fondo

II.2.1 Sobre la determinación del tiempo de servicios, el pago de desahucio y aguinaldo

Corresponde precisar inicialmente que el Derecho Laboral, se ha ido nutriendo de doctrina que contiene principios comunes y directrices que sirven de referencia a la regulación de una determinada institución jurídica, e inspiran el verdadero sentido de las normas, con particularidades distintas y diferentes de otras ramas jurídicas, cuya finalidad, no sólo es orientadora e interpretativa; sino, se encuentra destinada principalmente a solucionar casos concretos. A tal efecto, el principio de la continuidad laboral, previsto ya desde la Constitución Política del Estado de 1967, dentro del segundo periodo de su art. 157 disponía: “Corresponde al Estado crear condiciones que garanticen para todos posibilidades de ocupación laboral, estabilidad en el trabajo y remuneración justa”, este postulado fue consolidado y reforzado en el actual texto Constitucional que en su art. 48.II señala que “Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador”.  Asimismo, la legislación nacional a través del Decreto Supremo (DS) 28699 de mayo de 2006, comprende que el principio de continuidad laboral es un instrumento que asegura los medios de subsistencia para mejorar las condiciones de vida de las familias; así como, por este principio se le donde a la relación laboral se le atribuye la más larga duración imponiéndose al fraude, la variación, la infracción, la arbitrariedad, la interrupción y la sustitución del empleador. 

En el caso de autos y conforme los medios de pruebas producidos en el curso del proceso y a efectos de resolución de la controversia señalada, cabe referir que el Tribunal de Alzada determinó:

revisados los antecedentes…concretamente la nota de fs. 19, dirigida por el empleador en fecha 02 de septiembre de 2003, por el cual se le advierte a la trabajadora de la prescindencia de sus servicios hasta el 30 de noviembre de 2003. Esta nota si bien tiene los alcances y efectos legales del preaviso…que es liberatorio para el patrono el pago de desahucio, una vez se de cumplimiento al plazo de 90 días que prevé y concluya efectivamente la relación laboral entre las partes; mas al contrario siguiendo la continuidad de relación laboral, decide expedir los Memorandums de fs. 17 y 18 de 08 de diciembre de 2003 y 05 de junio de 2004 respectivamente, en cuyo contenido expresa Sra. Bustamante: Se le comunica que… fue designada para desempeñar funciones de Aux. de Enfermería”, es decir, estos memorándums no revisten calidad de contratos a plazo fijo…puesto no concurre la voluntad y acuerdo de ambas partes, sino una directriz del empleador hacia su trabajador…por lo que la falta de estipulación escrita hace presumir que el contrato fue por tiempo indeterminado conforme establece la segunda parte del art. 1º del DL 16187 de 16 de febrero de 1979

El argumento que precede en consideración de esta Sala concierne una ponderación correcta de los antecedentes del proceso y la propia norma que regula aquel tipo de casos, agregando además que el art. 2 del Decreto Ley (DL) Nº 16187 de 16 de febrero de 1979, prohíbe la suscripción de contratos a plazo en tareas propias y permanentes de las empresas, estableciendo al efecto: “No está permitido más de dos contratos sucesivos a plazo fijo, tampoco están permitidos contratos a plazo en tareas propias y permanentes de la empresa. En caso de evidenciarse la infracción de estas prohibiciones por el empleador, se dispondrá que el contrato a plazo fijo se convierta en contrato por tiempo indefinido” (el resaltado es nuestro). En cuya virtud, se colige que las nuevas funciones asignadas a la actora según memorándums de fs. 17 y 18, fueron actividades propias y permanentes de la empresa, al ofrecer ésta servicios de salud (hospital), que en su momento coadyuvaron tanto con el logro de la finalidad de la institución, como con la principal actividad que la misma desempeñó; esto es, la prestación de servicios de atención en salud, razón por la cual tal como lo sostuvo a su turno la Sentencia y el Auto de Vista, no constituyen contratos a plazo fijo, percibiéndose que en los hechos existió continuidad en la prestación de las labores de la actora dentro del Hospital Metodista, más no la existencia de una situación de distracto laboral, como erradamente plantea la parte recurrente; es más, conforme advirtió el Tribunal de Alzada, consta la boleta de pago de diciembre de 2003, que demuestra que la trabajadora prestó servicios por 30 días (planilla de personal eventual expedido por el empleador).

Sobre este mismo tópico, el recurrente alega también que no se valoró correctamente la afirmación de la demandante que reconoce expresamente como tiempo de servicios el periodo comprendido del 1 de octubre de 1985 al 30 de noviembre de 2003, tal cual se extractaría del memorial de fs. 67 a 68 vta.; en ese entendido, los escritos de demanda (fs. 21 a 22) y su subsanación (67 a 68 vta.), la declaración de fs. 441 a 442, así como las planillas de pago de salarios hasta junio de 2004, llevaron a que la Juez de grado asuma la convicción de que la relación laboral se sostuvo hasta el 8 de diciembre de 2004, con un total de 19 años, 1 mes y 29 días de servicios, aspecto acertadamente confirmado por el Tribunal de Alzada, por lo que no resulta evidente la vulneración de los arts. 153 y 154 del CPT en lo que refiere a la valoración de la prueba sobre la prestación de servicios.

Recalcar que los arts. 153 y 154 del CPT, y que el recurrente alega transgredidos, deben ser aplicados bajo una interpretación a partir de tanto el contexto y configuración de la norma adjetiva laboral, como los principios de la materia, pues un tratamiento aislado conllevaría la eventual negación de un sistema jurídico de protección al trabajador, en el caso particular, constituido por los principios de irrenunciabilidad de los derechos laborales y de libre apreciación de la prueba.

En cuanto al desahucio, dice la parte recurrente que el mismo fue determinado erróneamente por cuanto mediante nota CITE-HOSPIMET-CE-069-03 de 2 de septiembre se cursó a la actora preaviso de Ley conforme al art. 13 de la LGT.

Partiendo de esa premisa, si bien el art. 12 de la LGT, instituye el preaviso como dispositivo de desvinculación laboral y que, en efecto, libera al empleador del pago de desahucio, exigiendo el cumplimiento de un periodo de tres meses antelados a la fecha de despido o desvinculación, es necesario manifestar que en la presente causa esa situación en específico no ocurrió, debido a que existió continuidad en el desempeño de funciones, pues en fechas contiguas a la emisión y contingente efectivización del preaviso, las actividades laborales fueron desplegadas por la actora manteniendo análoga naturaleza, es decir, sólo se procedió a la asignación de nuevas funciones como auxiliar de enfermería por memorándums de 8 de diciembre de 2003 (fs. 17), y 5 de junio de 2004 (fs. 18), y que conforme a éste último, la relación laboral culminó el 8 de diciembre de 2004, existiendo con tal acto un retiro intempestivo que genera el pago del desahucio demandado mediante memoriales de fs. 21 a 22 y 67 a 68 vta., igualmente esta situación no fue desvirtuada por la parte demandante a lo largo del proceso.

En relación al pago de aguinaldo de la gestión 2004, teniendo en cuenta que se demostró que la relación laboral concluyó en diciembre de ese año, y no habiéndose verificado el pago de aquel derecho laboral, la determinación de su pago según Sentencia y el Auto de Vista es correcta.

II.2.2 En referencia a la vulneración del art. 19 de la LGT

Con relación al reclamo expuesto en casación sobre el cálculo del sueldo promedio indemnizable, habida cuenta que su determinación tiene origen en la Sentencia de grado (refrendada por el Auto de Vista impugnado) a fines de resolución conviene reseñar lo expresado por aquella, así:

ninguna de las partes ha presentado prueba que determine este extremo existe únicamente la literal de fs. 427 en fotocopia simple que no una planilla de salarios correspondiente al mes de noviembre de 2003, donde se evidencia que la actora percibía una remuneración de Bs. 805,56.-y por la parte de la actora se ha adjuntado boletas de pago que cursan a fs. 350 a 359, donde se evidencia el pago en la suma de Bs. 710.- ante esta afirmaciones en aplicación del principio proteccionista se toma en cuenta el detallado en la planilla de salarios” (sic)

Tal conclusión fue opuesta como agravio por la parte demandante, mereciendo que el Tribunal de alzada, manifestase:

nótese que en el caso…no se ha adjuntado boletas de pago de los últimos tres meses, así como tampoco el empleador ha desvirtuado la aseveración de su trabajador; no obstante de lo que consta a fs. 422-430, sobre las planillas oficiales de pagos efectuados, los cuales merecen mayor relevancia que los expedidos a fs. 350-359 por tratarse de planillas de personal eventual, en consecuencia el SPI…asciende a Bs. 805,56, monto correctamente apreciado por la a-quo” (sic)

Ahora bien, el art. 19 de la LGT, que se acusa de vulnerado, manifiesta que: “El cálculo de la indemnización se hará tomando en cuenta el término medio de los sueldos o salarios de los tres últimos meses”. Esta norma si bien otorga una regla básica para el cálculo del sueldo promedio indemnizable; sin embargo es de anotar, que este propio cálculo, no es ajeno a la actividad probatoria y a momento de la actividad valorativa dentro del proceso, lo contrario podría conducir a dejar aquel dispositivo en el mero enunciado, sin posibilidad de ser instrumentalizado en los hechos.

Como se anotó, la determinación del sueldo promedio indemnizable de la actora se vio sometida, precisamente a una labor valorativa de los antecedentes del proceso, habida cuenta de la ausencia de las tres últimas boletas de pago, aplicando de por medio el principio de inversión de la carga de la prueba, y la valoración integral del cuerpo probatorio para arribar a un conclusión sólida y razonable. No constando en tal resultado la existencia del reclamo formulado por la parte recurrente en casación.

II.2.3 Sobre la vulneración del art. 182.g) del CPT

En este motivo del recurso, la parte demandada, manifiesta en lo relevante que es incorrecta el señalamiento de pago de sueldos devengados, por cuanto hubieran presentado planillas de pago que demostrarían que durante la gestión 2004 se cancelaron todos los sueldos a la actora, indicando además que en todo caso le correspondía a ésta desvirtuar la presunción legal contenida en el art. 18 inc. g) del CPT.

De principio indicar que, la faz práctica de toda presunción, se enfrasca en la consecuencia que la Ley o el juez extracta de un hecho conocido para tener por cierto otro hecho desconocido que se estima resultado lógico del primero. La doctrina reconoce la existencia de presunciones efectuadas por los jueces (estimadas en inferencias lógicas basadas en la experiencia y la ciencia, que son parte del sistema de valoración probatoria de la sana crítica y permiten aceptar como verosímil la relación entre un hecho y sus efectos); y, las presunciones legales, cuyo resultado se halla predestinado por el legislador en la norma (sustantiva o adjetiva). La legislación laboral boliviana, hace referencia a aquellos dos tipos de presunciones dentro del art. 179 del Código Procesal del Trabajo (CPT), manifestando:La presunción legal que no admite prueba contraria forma plena prueba y exime de toda otra, y la presunción judicial admite prueba en contrario”.

El art. 182 del CPT, condensa un importante número presunciones legales, relacionadas con entre otras- la existencia, vigencia, duración y término del contrato de trabajo; así también, taxativamente expresa en su inciso g) que, “demostrado el pago del salario ordinario correspondiente a seis meses consecutivos según la periodicidad convencional, reglamentario o acostumbrada en la respectiva empresa, se presumirá, salvo prueba en contrario, que los salarios ordinarios por el tiempo anterior han sido igualmente pagados”; siendo claro que la presunción sobre el pago del salario tiene el propósito de sustituir la veracidad de una situación jurídica, que es el monto sobre un salario percibido en condiciones que se pruebe un determinado periodo de tiempo en relación a otro periodo del cual no se tuviera información precisa. Esta estructura jurídica responde a la aplicación práctica del principio de protección del trabajador, dentro de un plano que procura equidad entre las partes, ante los supuestos de cesantía de aquél, emergentes de hechos no relacionados a su retiro voluntario y en la ausencia de las causales previstas en los arts. 16 de la LGT y 9 del DR-LGT; sin embargo, las presunciones laborales inscritas en los incs. c) y d) del art. 182 del CPT son desvirtuables a través de prueba en contrario, de lo que cabe recalcar que realizada ésta y ante su falta de suficiencia, una determinada presunción que por Ley acepte prueba en contrario, está irremisiblemente condenada a ser declarada con lugar.

El Código Procesal del Trabajo, de modo reiterado estipula aquel principio, así, el inc. h) del art. 3 señala como principio a la inversión de la prueba, por el que la carga de la prueba corresponde al empleador; en igual sentido el art. 66, indica que en todo juicio social incoado por el trabajador, la carga de la prueba corresponde al empleador, sin perjuicio de que aquel pueda ofrecer las pruebas que estime convenientes; precepto análogo al contenido por el art. 150 del mismo cuerpo procesal, en sentido que, corresponde al empleador demandado desvirtuar los fundamentos de la acción, sin perjuicio de que el actor aporte las pruebas que crea conveniente. El fundamento de esa figura procesal en el ámbito del Derecho adjetivo del trabajo, se halla en la forma en cómo funcionan las relaciones laborales entre la trabajadora y el trabajador con el empleador. Cuando el primero se emplea al servicio del segundo, este último asume la obligación de cumplir con todas las formalidades que la ley establece, tales como libro de planillas, boletas de pago y demás documentos. De manera que es el empleador aquel que tiene en su poder los medios probatorios que acreditan haber cumplido con todas sus obligaciones laborales, frente al trabajador. Por lo tanto, el principio de inversión de la prueba es una regla de juicio que se dirige al Juez, que le permite resolver la controversia ante él entablada en aquellos casos en los que la actividad probatoria desarrollada en el proceso no fuera suficiente para convencerle sobre la certeza de los hechos introducidos.

A partir de lo antecedido, es claro que la parte demandada no demostró la inexistencia de los salarios devengados reclamados por la actora de abril a noviembre de 2003, y ante la inexistencia de esta prueba, presumiéndose su falta de pago, la Juez acertadamente determinó el mismo, hecho confirmado en Alzada, y que por lo revisado, resultando un despropósito la insinuación del recurso de casación en sentido que debía ser la propia actora la llamada a desvirtuar un presunción legal que por su intrínseca naturaleza le es favorable. De tal cuenta sobre esta temática en particular el reclamo a la par es infundado.

Se concluye que el Auto de Vista objeto del recurso de casación, se ajusta a las normas legales en vigencia, no se observa violación a norma legal alguna, correspondiendo resolver el mismo de acuerdo a los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por la permisión del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184.1 de la CPE y el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 572 a 575 vta., interpuesto por Javier Rojas Terán en representación del Hospital Metodista. Con costas.

Se regula el honorario del abogado en la suma de Bs.500.- (quinientos 00/100 bolivianos)  que mandará pagar la Juez a quo.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera