TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

     SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 301

Sucre, 12 de mayo de 2015

Expediente: 33/2015-S

Demandante: Caja Petrolera de Salud

Demandado: German Rodolfo Barraza Cornejo y otro

Distrito        : La Paz

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 411 a 413, interpuesto por Mery Fressia Capobianco Aponte, en representación de la Caja Petrolera de Salud, contra el Auto de Vista Nº 137/2013 de 24 de diciembre (fs. 404 a 405), pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso de desafuero sindical, seguido por la Caja Petrolera de Salud contra Gerardo Rodrigo Morales Justiniano y German Rodolfo Barraza Cornejo; la respuesta de fs. 417 a 420 vta., el Auto que concedió el recurso a fs. 421; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1 Sentencia

Que, tramitado el proceso de referencia, la Juez Sexto del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, emitió la Sentencia Nº 70/2013 de 27 de marzo (fs. 328 a 338), declarando improbada la demanda de fs. 41 a 43, disponiendo que los trabajadores Gerardo Rodrigo Morales Justiniano y German Rodolfo Barraza Cornejo, sigan gozando del fuero sindical que la asiste hasta la conclusión de su mandato conforme a Ley, decisión que es complementada por Auto de fs. 341 a un año después de la finalización de su gestión en aplicación del art. 51.6 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.2 Auto de Vista

En grado de apelación deducido por Andrés Arancibia Quintanilla en representación de la Caja Petrolera de Salud (fs. 343 y vta.),  la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista Nº 137/2013 de 24 de diciembre (fs. 404 a 405), confirmó la Sentencia Nº 70/2013 de 27 de marzo, sin costas.

II. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Dicha Resolución motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 411 a 413, interpuesto por Mery Fressia Capobianco Aponte en representación de la Caja Petrolera de Salud, en virtud a los siguientes argumentos:

Denuncia vulneración del art. 1 del Decreto Supremo (DS) Nº 12097 de 31 de diciembre de 1974, porque los demandados German Rodolfo Barraza Cornejo y Gerardo Rodrigo Morales Justiniano no pueden formar parte de la Federación de Trabajadores de la Caja Petrolera de Salud, toda vez que los mismos ejercen cargos de decisión en sus calidades de Jefe Nacional de Mantenimiento y Transporte, y Responsable de la Unidad de Afiliaciones respectivamente.

Denuncia inadecuada valoración de las pruebas por parte del Tribunal ad quem en relación a las cursantes de fs. 352 a 393.

II. 1 Petitorio

Concluyó solicitando se le conceda el recurso de casación en el fondo,  y sea el Tribunal superior quien resuelva casando el auto de vista recurrido y deliberando en el fondo declare probada la demanda interpuesta.

CONSIDERANDO II:

I. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Antes de ingresar al análisis y consideración del recurso, corresponde dejar establecido que este Tribunal Supremo en observancia del art. 262.2) del Código de Procedimiento Civil (CPC), solo se pronunciara respecto a las denuncias en relación al codemandado German Rodolfo Barraza Cornejo, tomando en cuenta que el Auto de Vista recurrido en virtud al principio de pertinencia confirmó la Sentencia en base a los agravios contenidos en el recurso de apelación de fs. 343 a 347 vta., en el que se hace alusión solo al codemandado mencionado supra, y no así al codemandado Gerardo Rodrigo Morales Justiniano.

Aclarado este aspecto, el reclamo de la entidad recurrente se concentra en afirmar que existe vulneración del art. 1 del DS  Nº 12097 de 31 de diciembre de 1974, porque el demandado German Rodolfo Barraza Cornejo no podía formar parte de la Federación de Trabajadores de la Caja Petrolera de Salud para gozar del fuero sindical, toda vez que el mismo ejercía un cargo de decisión como es el de Jefe Nacional de Mantenimiento y Transporte de la Caja Petrolera de Salud; además de la inadecuada valoración de las pruebas por parte de Tribunal ad quem en relación a las pruebas cursante de fs. 352 a 393. En virtud a ello, para la resolución del presente recurso corresponde considerar los siguientes aspectos:

La doctrina laboral entiende que el fuero sindical, “es un conjunto de garantías que se otorgan a los trabajadores, que actuando en cargos electivos y representativos de sindicatos legalmente constituidos, necesitan por razón del trabajo que los vincula a un empresario o patrono, una protección suficiente para el ejercicio de su actividad sindical, implicando con dicha protección al trabajador, una prohibición al patrono para que no pueda despedirlo o alterarle la condición de su trabajo con motivo de dicha actividad”.

Por otra parte, se sabe que: “lo que caracteriza a la relación laboral de alta dirección es la participación en la toma de decisiones en actos fundamentales de gestión de la actividad empresarial; que el personal de alta dirección ha de actuar con poder correspondiente al núcleo organizativo de la empresa y a sus objetivos generales” (Derecho de Trabajo Néstor de Buen)

Nuestra legislación aborda el tema en dos instrumentos legales con el siguiente contenido:

El art. 46 de la Ley General del Trabajo (LGT), establece que: “La jornada efectiva de trabajo no excederá de 8 horas por día y de 48 por semana. La jornada de trabajo nocturno no excederá de 7 horas entendiéndose por trabajo nocturno el que se practica entre horas veinte y seis de la mañana. Se exceptúa de esta disposición el trabajo de las empresas periodísticas, que están sometidas a reglamentación especial. La jornada de mujeres no excederá de 40 horas semanales diurnas.

Se exceptúan a los empleados u obreros que ocupen puestos de dirección, vigilancia o confianza, o que trabajen discontinuamente, o que realicen labores que por su naturaleza no puedan someterse a jornadas de trabajo. En estos casos tendrán una hora de descanso dentro del día, y no podrán trabajar más de 12 horas diarias”.

El art. 1 del DS Nº 12097 de 31 de diciembre de 1974, establece: “Las personas, profesionales o no, que ejerzan cargos de decisión, alta dirección, mando u otra forma cualquiera de representación patronal en las empresas públicas, privadas y mixtas y en las entidades descentralizadas, no podrán ser miembros de los sindicatos de base establecidos en sus respectivos organismos y, consiguientemente, no podrán desempeñar cargo alguno dentro de las directivas sindicales”.

En el marco doctrinal y normativo descrito, en el caso presente, la entidad recurrente por memorial de fs. 15 a 16,  interpone demanda de desafuero sindical en contra de Gerardo Rodrigo Morales Justiniano y German Rodolfo Barraza Cornejo, por considerar que no debían ser miembros de la directiva sindical de trabajadores de la Caja Petrolera de Salud por ocupar cargos de decisión, demanda que fue desestimada por Sentencia de fs. 328 a 338, con el argumento de no haberse demostrado ninguna causal establecida en el art. 16 en relación al art. 200 de la LGT, además de no haberse demostrado por la parte actora que los cargos desempeñados por los demandados sean en el nivel de decisión, dirección o representación patronal, resolución confirmada en apelación con similar argumento.

Por otra parte, de la revisión de obrados, se sabe que German Rodolfo Barraza Cornejo de acuerdo a la documentación cursante a fs. 7, 74 y 86, prestaba servicios en la Caja Petrolera de Salud en el cargo de Jefe de División Mantenimiento y Transporte desde el 18 de diciembre del 2002, posteriormente elegido el 8 de octubre de 2010, como miembro de la Federación Sindical de la Caja Petrolera de Salud en el cargo de Secretario Permanente y Secretario de Conflictos respectivamente, directorio que fue reconocido por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social por Resolución Ministerial (RM) Nº 974/2010 de 26 de noviembre (fs. 87 a 88 y 195 a 196).

Expuestos estos antecedentes, corresponde verificar si existió vulneración al art. 1 del DS Nº 12097 de 31 de diciembre de 1974, por parte de los jueces de instancia partiendo de los siguientes criterios:

Del contenido del art. 1 del mencionado Decreto Supremo colegimos que, las personas, profesionales o no, que ejerzan cargos de decisión, alta dirección, mando u otra forma cualquiera de representación patronal en las Empresas públicas, privadas y mixtas y en las entidades descentralizadas, no podrán ser miembros de los sindicatos de base establecidos en sus respectivos organismos y, consiguientemente, no podrán desempeñar cargo alguno dentro de las directivas sindicales, es decir, que la exclusión tiene efectos para todos aquellos que ejerzan cualquier forma de “representación patronal”, emergente del ejercicio de cargos de decisión o alta dirección. Al respecto, conviene concluir que, los trabajadores de dirección o confianza son aquellos que dentro de la organización de la Empresa se encuentran ubicados en un nivel de especial responsabilidad o mando que involucran actividades revestidas de determinadas libertades y prerrogativas para ejercerlas a nombre del empleador o para sustituir al empleador en sus facultades de mando dentro de la organización, por cuanto se encuentran colocados en una posición de interés en el éxito y progreso de la explotación económica perseguida y en este sentido debe tomar decisiones a nombre y en representación de aquél.

En el caso de autos, de la revisión de obrados, se evidencia que el argumento contenido en la demanda de desafuero interpuesta por la entidad recurrente, en sentido de que el demandado German Rodolfo Barraza Cornejo no podía ser miembro de la Federación Sindical de Trabajadores de la Caja Petrolera de Salud, por ejercer un cargo de decisión o dirección, no fue demostrado con ningún medio probatorio para generar convicción en los Jueces de instancia en inobservancia del principio de inversión de la prueba establecidos por los arts. 48.II de la Constitución Política del Estado (CPE), art. 4 de la LGT y arts. 3.h), 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo (CPT); tomando en cuenta, que en materia laboral por el principio de inversión de la prueba, corresponde al empleador desvirtuar los hechos afirmados por el trabajador, siendo simplemente una facultad del trabajador la de ofrecer prueba, mas no una obligación. En ese contexto, correspondía a la entidad recurrente demostrar con elementos probatorios idóneos que el cargo que ejercía el demandado era de dirección o decisión y con representación patronal, toda vez que, los trabajadores que cumplen labores en determinadas jefaturas, mal podrían considerarse con potestades o atribuciones administrativas de decisión por sí mismas, pues puede darse el caso de que la especial naturaleza de la relación laboral lleve intrínsecamente componentes de responsabilidad en el ejercicio de la relación laboral empero sin potestad de dirección o decisión dentro de la estructura de la Empresa o entidad.

En cuanto a la denuncia de inadecuada  valoración de las pruebas por parte del Tribunal ad quem en relación a las cursantes de fs. 352 a 393, de la revisión de antecedentes, se evidencia que la entidad recurrente en instancia de apelación, por memorial de fs. 394 a 395 presenta pruebas documentales de reciente obtención, solicitud que merece el proveído de fs. 396, que señala: ”tenerse por ofrecida la prueba documental para su consideración en su oportunidad y previo juramento de reciente obtención a tomarse cualquier día y hora hábil de oficina”, corrido el traslado correspondiente, la parte demandada por memorial de fs. 398 a 399,  se apersona y observa la prueba ofrecida, lo que merece el proveído de fs. 399 vta., que en su segunda parte indica: “téngase por observada la prueba presentada en esa instancia y se considerara en su oportunidad”. En virtud a este antecedente, se puede evidenciar, que la entidad recurrente pese a su legal notificación con el proveído de fs. 396, no ha cumplido con el requisito previo de juramento de reciente obtención de las pruebas documentales presentadas, para que las mismas de acuerdo a su pertinencia sean valoradas por el Tribunal ad quem, a consecuencia de ello, el Tribunal de apelación no tenía obligación legal alguna de valorar las indicadas pruebas, de ahí que, la denuncia de inadecuada valoración resulta impertinente.

Bajo esos parámetros se concluye que al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación en el fondo  de fs. 411 a 413, corresponde resolverlo en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por la norma permisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Mery Fressia Capobianco Aponte en representación de la Caja Petrolera de Salud, contra el Auto de Vista Nº 137/2013 de 24 de diciembre (fs. 404 a 405), pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 y art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera