TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 299

Sucre, 12 de mayo de 2015

Expediente: 324/2010-A

Demandante: Fuerza Aérea Boliviana

Demandado: Oscar Luis Sanchez Reguerin

Distrito        : La Paz

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 327 a 329, interpuesto por Oscar Luís Sánchez Reguerin, contra el Auto de Vista Nº 4/2010 de 15 de enero (fs. 322 a 323), pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera de la entonces Corte Superior de Justicia de La Paz, dentro del proceso coactivo fiscal seguido por la Fuerza Aérea Boliviana contra el recurrente, el Auto de fs. 331 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1 ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1.1 Sentencia

Que, tramitado el proceso coactivo fiscal, el Juez Tercero de Partido, Administrativa Coactiva, Fiscal y Tributaria de la ciudad de La Paz, emitió la Sentencia Nº 60/2008 de 17 de diciembre (fs. 289 a 297), declarando probada la demanda coactiva fiscal de fs. 183 a 184, disponiendo girar Pliego de Cargo contra Luís Oscar Sánchez Reguerin, por la suma de $us.34.235.-, más intereses legales; manteniéndose las medidas precautorias de ley dispuestas mediante Nota de Cargo 032/2000 de 21 de diciembre a fs. 187, con excepción de la medida precautoria de arraigo que ha quedado sin efecto por el Tribunal Constitucional mediante Sentencia Constitucional Nº 0432/2003-R de 4 de abril.  

I.2 Auto de Vista  

En grado de apelación deducida por el recurrente (fs. 301 a 304), la Sala Social y Administrativa Tercera de la entonces Corte Superior de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista  Nº 4/2010 de 15 de enero (fs. 322 a 323), confirmando la Sentencia Nº 60/2008 de 17 de diciembre de fs. 289 a 297, con costas.

II. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

La indicada determinación, motivó el recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 327 a 329, interpuesto por Oscar Luís Sánchez Reguerin, manifestado:

En el fondo, que en el gasto de rubros administrativos no presupuestados por la suma de Bs.39.936, equivalente a $us.8.381.-, en el Auto de Vista, se reconoce que existen facturas, recibos y minutas de instrucción, sin embargo, se concluyó que era un gasto ilegal, pero lo que no se justificó y probó es que no existió apropiación indebida, toda vez que esos gastos, son parte de la actividad que desarrolla la Fuerza Aérea Boliviana, que el recurrente no puede cubrir con recursos propios.

En cuanto a alimentos y bebidas cuyo cargo es de Bs.17.229.-, equivalente a $us.3.581.-, gastos que en su mayoría  fueron destinados por reembolso de atención de comedor de Generales de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y miembros del Estado Mayor, los que se encuentran debidamente documentados y que no fueron considerados en el auto de vista, por lo que no puede considerarse como apropiación indebida, sino como gastos de alimentación de oficiales y otros, y que si bien no se encuentran autorizados y/o presupuestados, es simplemente incumplimiento a un procedimiento que amerita simple responsabilidad administrativa.

Referente al cargo por Bs.3.600.-, equivalente a $us.746.-, monto erogado en la atención a la visita de la Delegación del Curso de Comando y Estado mayor  de la Escuela Superior de Guerra de la Fuerza Aérea Colombiana, caso en el que existe oficio por parte del Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA), donde ordena al recurrente efectuar dichos gastos, hecho que no se consideró en el auto de vista.

Sobre el cargo de Bs.47.856.-, equivalente a $us.9.950.-, señaló que este monto fue erogado en la planificación, organización y desarrollo de los VIII Juegos Deportivos Militares Inter Fuerzas 1995, los cuales se encuentran debidamente documentados conforme a las pruebas de fs. 412 a 619, monto que fue otorgado en la adquisición de material deportivo, según consta de fs. 413 a 449.

En relación al cargo de Bs.43.141.-, equivalente a $us.8.955.-, este monto fue empleado en la adquisición de platos recordatorios, confección de brevetes, insignias y emblemas forjados a mano, fabricación de 100 unidades de botones entre otros, gastos debidamente documentados, conforme se evidencia de fs. 274 a 411.

Respecto a los gatos de Bs.12.599 equivalente a $us.2.560.-, monto de dinero utilizado en reparación, mantenimiento de edificios y equipos, gastos que se encuentran respaldados con recibos y facturas las que cursan de fs. 548 a 605, pruebas que tampoco fueron consideradas.

En este sentido adujo que, todos los gastos señalados, se encuentra suficiente documentación  conforme los establece el Informe Técnico S.S.A. Nº 058/2009 de 27 de octubre, es más el Decreto Supremo (DS) Nº 5143 de 6 de febrero, no se encuentra derogado el mismo prescribe que “Los ingresos de producción pueden ser destinados incluso a gastos no considerados en el presupuesto”, de donde se deduce que las pruebas aportadas no fueron tomadas en canta en el Auto de Vista.

Por otra parte, señaló que la institución demandada, desarrolla sus actividades conforme a sus principios definidos en los arts. 1 y 6 de la Ley Nº 1045 de 30 de diciembre de 1992, por ello sus gastos se programan con recursos propios, por tanto de ningún modo pueden ser considerados como gastos no presupuestados o irregulares, puesto que el art. 3 del DS Nº 05143 autoriza al Comandante de la Fuerza Aérea, manejar los fondos provenientes de producción de abastecimiento, mantenimiento de obligaciones y otros gastos no considerados en el presupuesto ordinario, que también no se consideró en el Auto de Vista.

De otro lado, las responsabilidades previstas en la Ley 1178 (Ley SAFCO), se determinan tomando en cuenta los resultados de la acción u omisión, pues los gastos efectuados fueron dentro de las actividades de la institución por órdenes superiores, señalando que no están coactivadas las otras personas, citando lo previsto en el art. 28.b) de la citada Ley, razón por la que, en los fallos de instancia, la sanción debió ser simplemente por responsabilidad administrativa según lo previsto en el art. 29 de la Ley 1178.

En la forma, señalo que, en los informes de auditoría sólo se identificó al recurrente como responsable de la supuesta apropiación indebida, cuando en los hechos se evidenció la participación de otras personalidades, pues el coactivado simplemente cumplió órdenes superiores y de forma injustificada se pretende que devuelva el monto coactivado.

Sostuvo que, en el Auto de Vista recurrido, se reconoce que los gastos se encuentran documentados, pero que estos no habrían cumplido  los procedimientos necesarios o se habría dispuesto en forma arbitraria o negligente, lo que da lugar sólo a responsabilidad administrativa y no civil, como se pretende en el caso presente.

Que no existe la figura de apropiación y disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado, por cuanto los gastos han sido efectuados dentro de las actividades propias de la FAB, no caducándose este caso a lo estatuido en el art. 77 de la Ley de Sistema de Control Fiscal.

En este sentido, el Tribunal ad quem, al no haber revisado las pruebas ofrecidas, no haber aplicado las disposiciones legales, ha violado el derecho a la defensa, equidad procesal e igualdad efectiva de las partes, consecuentemente, siendo que de conformidad con el art. 90 del Código de Procedimiento Civil (CPC), las normas son de orden público y de cumplimiento obligatorio cuyo incumplimiento acarrea nulidades, debiendo el Tribunal de Casación revisar y compulsar los vicios citados ya que la misma da lugar a la nulidad absoluta, por lo que se debe anular obrados hasta el vicio más antiguo, vale decir hasta el estado de identificarse con precisión a todos los responsables solidarios, pues las personas que debieron estar coactivadas no lo están.

II.1 Petitorio        

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia, case el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo, declare probada la excepción de prescripción opuesta de fs. 159 a 160 de obrados.

CONSIDERANDO II:

II.1 FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL FALLO

Que así formulado el recurso, ingresando a su análisis, previa revisión del expediente, se establece lo siguiente:

II.2 Resolviendo el recurso de casación en la forma

En el cual la parte recurrente solicita la nulidad de obrados porque no se habría incluido a todos los responsables solidarios en el presente proceso coactivo fiscal.

Al respecto, revisados los antecedentes que cursan en obrados, se advierte que este extremo no fue llevado como expresión de agravio en el recurso de apelación planteado interpuesto por el recurrente cursante de fs. 301 a 304, motivo por el cual se deduce que el tribunal de apelación en el auto de vista recurrido, no haya emitido pronunciamiento alguno sobre el tema, activándose como consecuencia de aquello, el principio de preclusión, el cual no permite volver a etapas ya extinguidas o no reclamadas en su oportunidad, advirtiéndose que el tribunal de segunda instancia emitió su resolución circunscribiéndose a lo previsto en el art. 236 del CPC, no siendo por tanto atendible la nulidad solicitada.

II.3 Resolviendo el recurso de casación en el fondo

En el que la parte recurrente cuestiona el fallo emitido por el tribunal de segunda instancia que confirmó la Sentencia Nº 60/2008 de 17 de diciembre, en la cual se declaró probada la demanda coactiva fiscal interpuesta por el Comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana, en la que se dispuso que Girar Pliego de Cargo en contra del demandado Luís Oscar Sánchez Reguerin, por la suma de $us.34.235.-, fallo con el que el recurrente no está de acuerdo toda vez que según afirma, los cargos por los que se lo acusan, se encuentran debidamente documentados y respaldados, razón por lo que no corresponde la responsabilidad civil en contra de su persona.

En este contexto, analizado el contenido de la documentación adjuntada durante la tramitación del proceso, cursan en obrados los Informes de Auditoria Especial Nº E8/AP63/L6-R3 y Complementario Nº E8/AP63/L6-C3, así como el Dictamen de Responsabilidad Civil Nº CGR-1/D015/99 de 30 de marzo de 1999, que dieron como resultado que se efectuaron gastos indebidos, extrapresupuestarios e insuficientemente documentados, realizados por la Contraloría General de la Republica en la Fuerza Aérea Boliviana, por ejercicio terminado al 31 de diciembre de 1995, en los cuales se establecieron indicios de responsabilidad civil, de acuerdo al art. 31.c) de la Ley Nº 1178 en contra del coativado Luís Oscar Sánchez Reguerin (ex-Comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana), por la suma de $us.34.235.-, extremo ratificado en la Nota de Cargo Nº 032/2000 de 21 de diciembre cursante de fs. 187 de obrados, por disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado, previsto en el artículo 77.h) de la Ley del Sistema de Control Fiscal, por haber dispuesto y autorizado la erogación de dineros para gastos admirativos no presupuestados, destinados a arreglos florales, obsequios, celebraciones de misas, servicios artísticos entre otros gastos, alimentos y bebidas, atención de la visita de la delegación del Curso de Comando y Estado Mayor de la Escuela Superior de Guerra de las Fuerzas Armadas (FFAA) de Colombia, gastos en planificación, organización y desarrollo de los VIII Juegos Deportivos Militares Inter Fuerzas 1995, adquisición de platos recordatorios, confección de brevets, insignias y emblemas forjadas a mano, fabricación de botones para navidad, compra de plaquetas y marbetes entre otros, reparación, mantenimiento de edificios y equipos y otros gastos menores, gastos que no están debidamente respaldados con prueba idónea y suficiente, considerados extrapresupuestarios, contraviniendo lo previsto en el art. 25 del DS Nº  21364 de 13 de agosto de 1986 (Reglamento de la Ley Financial) vigente por disposición del DS Nº 21781 de 3 de diciembre de 1987 que prescribe: “Serán considerados como uso indebido de fondos y por tanto, no reconocidos como obligaciones del Estado, los pagos a clínicas y médicos particulares, atenciones odontológicas, obsequios, premios, gastos de prensa por salutaciones, homenajes, padrinazgos, agasajos, festejos, ayuda económicas, concesión de préstamos, donaciones de cualquier naturaleza, concesión de préstamos y anticipos de sueldos al personal, gastos extra-presupuestarios y otros utilizados indebidamente, debiendo la Contraloría General de la República proceder a su recuperación  por la vía coactiva, de conformidad al artículo 1º inciso a) del Decreto Supremo 20928 de 18 de julio de 1986.

Se exceptúa los gastos por concepto de atención a los representantes de organismos internacionales e invitados especiales que visiten el país en misión oficial. Estos gastos, deben ser autorizados mediante resolución bi-ministerial del Ministerio del Sector de Finanzas.

Asimismo, se exceptúa los préstamos de los entes gestores de la Seguridad Social en favor de sus asegurados…”, normativa aplicable a todas las entidades del sector público conforme lo previene el art. 2 de la Ley Nº 841 de 25 de abril de 1986.

Lo descrito precedentemente, permite concluir que los gastos realizados por el recurrente cuando fungía como Comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana, son considerados indebidos o en su caso prohibidos, por una parte y por otra, para ser considerados legales deben estar autorizados mediante resolución bi-ministerial, como es el caso de atenciones a instituciones u organismos internacionales que se encuentren en calidad de invitados visitando nuestro país, extremo que no sucedió en el caso que se analiza, toda vez que no existen documentos que sustenten la licitud y legalidad de los gastos efectuados y autorizados por el recurrente, toda vez que la prueba presentada con la que el recurrente pretende justificar los gastos efectuados y la responsabilidad de la que se lo juzga, no son suficientes para dejar sin efecto el cargo motivo por el cual se le inició la presente acción coactiva fiscal.                 

Por lo precedentemente descrito, al haberse erogado dineros del Estado de manera indebida como se adujo precedentemente, se contravino el art. 25 del DS Nº 21364 de 13 de agosto de 1986 (Reglamento de la Ley Financial)

Consiguientemente, en el caso presente se debe aplicar el art. 77.h) de la Ley del Sistema de Control Fiscal, por disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado, así como el artículo 1. c) de la Ley SAFCO que señala: “…todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no sólo de los objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, sino también de la forma y resultado de su aplicación”, concordante con el art. 31 de la misma norma legal que establece: “La responsabilidad es civil cuando la acción u omisión del servidor público o de las personas naturales o jurídicas privadas cause daño al Estado valuable en dinero…”, aspecto que sucedió en el caso que se analiza.      

     Que en ese marco legal, se concluye que lo resuelto por el Tribunal de Alzada, se ajusta a las normas legales en vigencia, no se observa violación de norma legal alguna, consiguientemente, corresponde resolver en la forma prevista por el art. 271.2) y 273 del CPC, aplicable por disposición del arts. 1 y 24 de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal. 

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 189 a 193.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera