TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 284

Sucre, 05 de mayo de 2015

Expediente: 008/11-S

Demandante: Rene Hugo Tapia Verduguez y Joel Marcelo Caballero Moscoso

Demandada: Empresa  Lloyd Aéreo Boliviano S.A. 

Distrito        : Cochabamba 

Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

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VISTOS: El recurso de casación o nulidad interpuesto por Grover Villanueva Tapia en representación legal de la Empresa  Lloyd Aéreo Boliviano S.A. de fs. 72 vta., contra el Auto de Vista N° 190/2010 de 6 de octubre, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso Social seguido por Rene Hugo Tapia Verduguez y otro contra la entidad recurrente; el auto de fs. 75 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1 ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1.1 Sentencia

Tramitada la causa, el Juez Tercero de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Cochabamba, emitió la Sentencia de 28 de agosto de 2008 de fs. 54 a 57 vta., declarando: i) probada en parte la demanda de fs. 9 a 10 vta. para Rene Hugo Tapia Verduguez en lo que respecta a los conceptos de desahucio indemnización por tiempo de servicios, aguinaldo, doble por incumplimiento en su pago oportuno, vacación y sueldos devengados; ii) En el caso de Joel Marcelo Caballero Moscoso probada la demanda de fs. 9 a 10 vta. en todas sus partes debiendo cancelarse los conceptos de desahucio, indemnización por tiempo de servicios, aguinaldo doble por incumplimiento en su pago oportuno y sueldos devengados; iii) Improbada en lo que respecta al concepto de viáticos de permanencia; iv) Improbada la excepción perentoria de pago y prescripción; v) Disponiendo que la Empresa Lloyd Aéreo Boliviano S.A. representada legalmente por Raúl Alfonzo Rivero Adriazola y Ehudy Marcelo Goldman Paz en su condición de miembros de su Directorio, cancelen la suma de Bs.406.442.- (cuatrocientos seis mil cuatrocientos cuarenta y dos 00/100 bolivianos) a favor de Rene Hugo Tapia Verduguez y Bs.86.512.- (ochenta y seis mil quinientos doce 00/100 bolivianos a favor de Joel Marcelo Caballero Moscoso, mas actualizaciones y multa del 30% previstos por el DS Nº 28699 de 1° mayo de 2006, todo conforme al detalle inmerso en la Sentencia.

I.1.2 Auto de Vista

En grado de apelación deducida por Grover Villanueva Tapia, en representación del Lloyd Aéreo Boliviano S.A., la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, mediante Auto de Vista N° 190/2010 de 6 de octubre de fs. 68 a 70 confirma en parte la Sentencia, con la modificación de excluirse los salarios devengados de los actores de noviembre de 2006 a marzo de 2007, debiendo mantenerse únicamente para Rene Hogo Tapia Verduguez los que corresponde de febrero a junio de 2005 y de abril de 2007 al 7 de marzo de 2008; y, para Joel Marcelo Caballero Moscoso lo comprendido de abril de 2007 al 20 de febrero de 2008. Asimismo se deben de excluir, los duodécimas de aguinaldo de enero a marzo de 2007 que se reconocieron a favor de los actores, así como, la multa del 30 % prevista por el DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006. Sin costas, todo conforme al detalle que se tiene asentado en el Auto de Vista.

I.2 MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

La resolución de segunda instancia, motivó que Grover Villanueva Tapia en representación legal de la Empresa  Lloyd Aéreo Boliviano S.A., mediante memorial de (fs. 72 vta.), interponga recurso de casación o nulidad, bajo los siguientes argumentos:

a)   Denuncia que el Auto de Vista recurrido infringió lo establecido en el art.                            253-1) y 2) del Código de Procedimiento Civil (CPC), al realizar una aplicación indebida e interpretación errónea de la Ley toda vez que el Auto de Vista al consentir la falta de pago oportuno de salarios como causal de retiro indirecto incurrieron en la causal de casación en el fondo establecido en el art. 253.1) del CPC; mas cuando, no se tomó en cuenta el DS de 9 de marzo de 1937 que no estando legislada la figura del retiro indirecto por falta de pago oportuno de sueldos, y no puede aplicarse en el presente caso dicho entendimiento, bajo el pretexto de existir jurisprudencia al respecto, no pudiendo de modo alguno ser supletoria a la norma, conforme al art. 228 de la Constitución Política del Estado (CPE), debiendo aplicarse con preferencia a las leyes y estas con preferencia  a cualquier otra resolución.

b)   Arguye que el actor, al no haber acompañado prueba que advierta que el Ministerio de Trabajo hubiese aprobado el Reglamento específico del DS Nº 28699 conforme a su art. 13, mal podría aplicarse la multa prevista y dispuesta en Sentencia.

c)     Por otra parte, señaló que el Auto de Vista recurrido fue pronunciado alterando el orden cronológico de resolución, vulnerando el orden establecido para resoluciones de la Sala Social, infringiendo normas de orden público establecidas en el art. 267 del CPC.


II.2.1        Petitorio

Concluye su recurso, solicitando que el Tribunal de Casación case o en su caso anule el Auto de Vista impugnado, con costas.

CONSIDERANDO II:

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL AUTO SUPREMO

II.1.1. En cuanto al reclamo, sobre sobre la falta oportuno de salarios no constituye causal de retiro indirecto, debe puntualizar que si bien el art. 2 de DS de 9 de  marzo  de  1937  establece  que  en caso de  rebaja  de sueldos,   los  empleados


tendrán la facultad de permanecer en el cargo o retirarse de el, entendiendo por ello que se produce el despido indirecto del trabajador; así también, dicho despido indirecto, se configura también en función a la culpa atribuible al empleador que incita y obliga al trabajador a tomar decisiones como consecuencia de la alteración de condiciones de la relación laboral al modificar de manera sustancial la armonía de la actividad, ya sea por alteración del horario de trabajo, reducción de salario, traslado del trabajador o un puesto de trabajador inferior o falta de pago del salario.

       Ya la CPE de 1967 reconocía la irrenunciabilidad de los derechos laborales, tal aspecto se vio tanto profundizado como manifiestamente ampliado por el art. 48 de la CPE, que otorga tal calidad además de considera a los mismos  -bajo el principio de progresividad- imprescriptibles e inembargables, siendo deber del Estado  através de la jurisdicción laboral,  brindarle la tutela efectiva conforme con los principios  proteccionistas que rigen y sustentan a la legislación laboral. En lo referido propiamente al salario la propia Constitución en su art. 46, garantiza el derecho  “al  trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para si y su familia una existencia digna”, precepto que encuentra afinidad con lo previsto por el art. 52 de la LGT, afirmando “Remuneración o salario es el que percibe el empleado u obrero en pago de su trabajo” prohibiendo convenciones o pactos destinados a su reducción en relación al mínimo establecido por la norma, señalando además que “El salario es proporcional al trabajo, no pudiendo hacerse diferencias por sexo o nacionalidad”. Sobre los tiempos para su pago  el art. 53 de la norma sustantiva laboral, es clara al afirmar que los periodos de tiempo para el pago de salarios, no podrán exceder de quince días para obreros  y treinta días para empleados y domésticos.

Debe considerarse también, que conforme al art. 52 de la LGT, concordante con el art. 46.III de la CPE, el trabajo prestado por cuenta ajena, tiene como contraprestación ineludible el salario. Consiguientemente, el incumplimiento de esta obligación por parte del empleador constituye incumplimiento del contrato de trabajo conlleva la carga perjudicial para el trabajador y su familia, causando un detrimento moral y fundamentalmente  económico, traducido en la privación del salario, colocando al trabajador en situación tal que no le permite continuar trabajando en la empresa, por la que la desvinculación laboral producida en estas circunstancias al ser imputable al empleador  contrae la obligatoriedad del art. 13 de la LGT, en el entendido que el retiro es producido por causas no imputables al trabajador.

En el caso que se analiza, conforme la revisión de obrados  se tiene que  ante la falta oportuno del pago de salarios a los trabajadores, se produjo su despido indirecto, forzoso e injustificado atribuible a la entidad demandada, toda vez que se alteraron las condiciones normales existentes en el desarrollo del trabajo. De tal forma, no se vulnero de ninguna manera el principio de jerarquía normativa menos lo instituido por el art. 228 de la CPE (abrogada), ya que los juzgadores de instancia no emitieron fallo alguno en contra de ningún principio Constitucional, mas al contrario se hizo una interpretación de del DS de 9 de marzo de 1937, conforme a la tutela efectiva que se debe otorgar al trabajador en resguardo de sus derechos laborales consagrados en la CPE.

II.1.2 En cuanto al pago de la multa del 30% dispuesto por el DS Nº 28699, conforme a la amplia jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, es preciso considerar que, si bien es evidente que conforme al art. 13 de dicho Decreto, el Ministerio de Trabajo, en un plazo no mayor a 30 días, debió aprobar mediante Resolución Ministerial el Reglamento específico que respalde los procedimientos, no es menos evidente que dicho art. se encuentra referido al procedimiento administrativo de adecuación de reglamentos internos de trabajo y no así a la imposición de la multa del 30% por incumplimiento del pago oportuno de los derechos laborales del trabajador.

A mayor abundamiento, cabe manifestar que dicha reglamentación se encontraba aprobada y vigente al momento de plantear el recurso de casación por la entidad demandada, que es objeto de análisis, toda vez que por DS Nº 28913 de 8 de noviembre de 2006 al haber vencido el plazo de 30 días señalado en el art. 13 del DS Nº 28699 para la elaboración del Reglamento, otorgó nuevos 30 días al Ministerio de Trabajo, en consecuencia en fecha 6 de diciembre de 2006, por Resolución Ministerial (RM) Nº 551/06 se aprobó los procedimientos administrativos establecidos en el DS Nº 28699, modificándose posteriormente su art. 10 mediante DS Nº 0495 de 1 de mayo de 2010, encontrándose vigente a la fecha la RM Nº 868/2010 de 26 de octubre de 2010, que abroga la RM Nº 551/06 de 6 de diciembre de 2006, no siendo necesario tal cual afirma la entidad recurrente, que el trabajador deba adjuntar como prueba la normativa señalada ya que a partir de su publicación se asume su cumplimiento obligatorio, no pudiendo alegar su desconocimiento.

II.1.3 En cuanto a la presunta alteración del orden cronológico para la  resolución del proceso infringiendo normas de orden público, corresponde indicar que conforme a lo señalado por el art. 267 del CPC, la distribución de causas se realiza mediante sorteo en función a su fecha de ingreso, distribución que se hará publica en la Secretaria de cada Sala, aspecto que este Tribunal considera cumplido a merito que, de la revisión de obrados, no se evidencia documentación alguna que establezca la modificación del orden legal  del sorteo aludido; por tanto no siendo evidente la denuncia efectuada por la entidad recurrente.

En merito a la precitada argumentación, se advierte que el punto recurrido en casación no constituye razón suficiente que hagan viable la nulidad de obrados pretendida por la entidad recurrente, en ese entendido este Tribunal no encuentra fundado el recurso y  mantiene subsistente el fallo recurrido en cuanto al  cuestionamiento de errores in judicando en que hubiera incurrido el Tribunal ad quen al emitir su resolución.

Bajo estos parámetros se concluye que al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación y/o nulidad de fs. 72 vta., carecen de sustento legal; ajustándose el Auto de Vista recurrido a las leyes en vigencia, no observándose violación de norma legal alguna, por lo que corresponde resolver en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2) y 273 del CPC, con la facultad conferida por el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Grover Villanueva Tapia en representación legal de la Empresa  Lloyd Aéreo Boliviano S.A. Sin costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera