TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 283 

Sucre, 05 de mayo de 2015

Expediente: 18/2015-S

Demandante: Gonzalo Monje Aliaga y otro

Demandado: Consultora Financiera Integral Evia & Asociados SRL

Distrito        : La Paz

Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 447 a 449 vta. interpuesto por Evia Rojas Barrón, en representación legal de la Consultora Financiera Integral Evia & Asociados SRL, contra el Auto de Vista Nº 115/2014 de 6 de octubre (fs. 440 a 441 y vta.), emitido por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso social seguido por Gonzalo Monje Aliaga y René Adolfo Carrasco Condarco contra la Consultora Financiera Integral Evia & Asociados SRL; el Auto de 29 de diciembre de 2014 de fs. 457 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1 Sentencia

Que, planteada la demanda sobre pago de sueldos devengados y otros derechos laborales que cursa a fs. 2 a 6, subsanada de fs. 9 a 10 vta., la Jueza de Partido Cuarto del Trabajo y Seguridad social del distrito judicial de La Paz, pronunció la Sentencia Nº 107/2014 de 7 de mayo, declarando probada en parte la demanda, con costas, debiendo la Consultora Financiera Integral Evia & Asociados SRL, a través de su representante legal cancelar en favor de René Adolfo Carrasco Condarco Bs. 12.000.- monto adeudado por producto (art. 6 DS 28699); y a Gonzalo Monje aliaga Bs.21.245,20.-por concepto de  sueldos devengados, aguinaldo y pago por comisiones.

I.2 Auto de Vista

Interpuesto el recurso de apelación por el demandado de fs. 417 a 419; mediante el Auto de Vista Nº 115/2014 de 6 de octubre (fs. 440 a 441 y vta.), la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, confirma en parte la Sentencia apelada con la modificación de declararse sin costas en primera instancia.

II. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

De la revisión del recurso de casación, se extrae como motivos del mismo, lo siguiente:

  1. Respecto a Gonzalo Monje Aliaga, denuncia que el tribunal de alzada, consideró erradamente el recurso de apelación pues  favoreció a los demandantes de manera alejada de la Ley alejado del sentido dogmático del art. 5 y 7 de la Ley General del Trabajo (LGT). Asimismo quedo debidamente demostrado por la literal de fs. 17 que el trabajo que realizaba Gonzalo Monje Aliaga según adenda al contrato  era de Gerente de Auditoría  y control a otros empleados  a favor de una entidad estatal, por otro lado mediante las literales de fs. 394 a 415 y 47, 48, 49, 50  245 y 246 queda plenamente demostrado que este recibió el total del pago adeudado, hecho contradictorio a sus pretensiones de la demanda, continua  manifestando que la resolución impugnada no contiene la motivación necesaria para disponer el monto indicado, en consecuencia denuncia que se otorgó validez a una prueba que resulta ser complementaria transgrediendo los arts. 46.I, 109 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE) pues existió errada valoración de la prueba, finalmente en este acápite denuncia que no le corresponde al actor el plus bajo el argumento que existió un contrato verbal ocasionando una violación al art. 115  de la CPE y al aparato productivo dispuesto por el art. 54 de la norma citada.
  2. Manifiesta que, la resolución impugnada no valoró el pago del aguinaldo demostrado por fs. 19, ni los no trabajados por el demandante conforme se demuestra por las literales de fs. 51, 216, 218, 71 ni valoró la confesión espontanea que realizó a momento de presentar la recisión del contrato al manifestar que únicamente se le debe un mes de  honorarios y 10 días adicionales.
  3. Denuncia  la vulneración del art. 12 de la LGT, porque Gonzalo Monje Aliaga, presento la recisión a los tres días de su inasistencia siendo lo correcto que lo haga a los 30 días antes, siendo este hecho que no fue disgregado por el de alzada una trasgresión al art. 115 de la CPE y 117.I de la ley del Órgano Judicial.
  4. Respecto a René Carrasco Condarco refiere que, este demandante pretende hacer creer que trabajó para el demandado haciendo uso de horas extraordinarias, en un lugar incómodo, además que llevó el trabajo a casa para efectuarlo los sábados y domingos, sin embargo no se toma en cuenta que en instituciones públicas no se pueden quedar los funcionarios más allá de las hora de oficina, menos sacar documentos a domicilio, asimismo dicho actor era Gerente de Auditoria en TOYOSA demostrado con las literales de fs. 228 y 229, siendo imposible que pueda estar en dos lugares a la misma vez; con lo que queda evidenciado la errada valoración de la prueba.
  5. Asimismo de las documentales de fs. 61 y 62 se advierte que el demandante pretende hacer creer haber efectuado un trabajo y entregado un informe de 70 hojas,  sin embargo este trabajo fue realizado por la misma consultora y el actor  falsificó las fechas, siendo este hecho otro aspecto que demuestra la mala valoración de la prueba.
  6. Denuncia que, la Juez de primera instancia transgredió el art. 446 del Código de Procedimiento Civil (CPC) porque los testigos de cargo fueron los mismos demandantes quienes se propusieron el uno al otro, sin embargo estos tienen litigio pendiente con la Consultora e interés directo en el proceso, lo que denota mala tasación de los hechos y pruebas violando el art. 158 del Código Procesal del Trabajo (CPT) concordante con el art. 115 de la CPE en relación al debido proceso.
  7. Manifiesta que, la Juez indebidamente permite la presentación de pruebas obtenidas ilegalmente como ser grabaciones que vulneran lo dispuesto por el art. 25 de la CPE conforme se advierte en fs. 358 y 389, además que siendo el contrato por producto es el demandante quien debe demostrar la entrega del trabajo y no la consultora pues ya ha quedado explicado que el correo electrónico fue enviado posterior a la entrega del trabajo auditable.
  8. Finalmente expresa “En el presente caso no se ha pronunciado la juez ad-quo sobre la excepción de pago opuesta a fs. 417 - 428 de obrados que ha quedado en el limbo del olvido procesal, violándose el debido proceso y derecho a la defensa como en su inc. 7) de dicha norma haber dado lugar de forma personae a una de las partes a transmutarse en perito, violándose el art. 188 del CPL” (sic)

II.1 Petitorio  

Concluyó solicitando que la Corte Suprema de Justicia, CASE o ANULE el Auto de Vista impugnado.

CONSIDERANDO II:

  1. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
  1. Sobre la errada valoración de la prueba

La entidad recurrente denuncia que el tribunal de alzada no analizo la prueba de descargo dando más credibilidad a la prueba complementaria, y por tal motivo le otorga a Gonzalo Monje Aliaga  derechos que no le corresponde y con respecto a René Carrasco Condarco refiere que dicha persona no trabajo para la consultora, en consecuencia, no le corresponde pago alguno, además que este demandante se encontraba trabajando en otra institución lo que le impedía efectuar el trabajo referido

“Sobre el particular ha menester considerar que la valoración de la prueba en materia laboral se inscribe en lo que doctrinalmente se denomina el sistema de apreciación en conciencia, dentro de los parámetros de la sana crítica, que a decir del tratadista Heberto Amilcar Baños, "…no son otra cosa que las de la lógica, basadas en la ciencia, en la experiencia y en la observación, que conducen al juez a discernir lo verdadero de lo falso (...) se trata de criterios normativos (reglas no jurídicas) que sirven al hombre normal, en una actitud prudente y objetiva (sana) para emitir el juicio de valor acerca de una cierta realidad" . Por su parte, Ossorio y Florit expresan que "Frente a la absoluta libertad del juzgador para apreciar y valorar las pruebas, y también frente a la restricción valorativa de la prueba legal, surge el sistema intermedio y más extendido de la sana crítica, que deja al juez formar libremente su convicción, pero obligándole a establecer los fundamentos de la misma". Así se colige de la norma que subyace en el art. 158 del CPT: "El Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas, y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes. (...)".

La uniforme jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo de Justicia establece que la apreciación y valoración de la prueba corresponde a los Jueces y Tribunales de instancia, siendo incensurable en casación, y que excepcionalmente podrá producirse una revisión o revaloración de la prueba, en la medida en que el recurso acuse y se pruebe la existencia del error de hecho o de derecho, de acuerdo a la regla establecida en el art. 253.3) del Código de Procedimiento Civil (CPC), que textualmente señala: "Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador".

Conviene tener presente que el error de derecho en la apreciación de la prueba, doctrinalmente es entendido como una operación racional fallida negatoria del valor o la validez que otorga la Ley a determinada prueba o, en contrario, atribuye valor legal a la que carece de ella. También se atribuye a esta categoría la inexacta ponderación jurídica respecto de la procedencia, fuerza y eficacia de un elemento probatorio.”(Auto Supremo No 188/2014-S de 26 de junio).

De la jurisprudencia referida se advierte que en materia laboral, el Juez no se encuentra sujeto a la tasa de la prueba como en material civil, sino más bien debe formar su criterio en base a la experiencia y a los elementos hallados en el proceso en virtud del principio pro operario, debiendo ponderar lo más favorable en favor del trabajador, pues la carga de la prueba le corresponde al empleador, máxime si los derechos de los trabajadores se encuentran protegidos por el art. 48.I.II.II y IV de la CPE, 4 de la LGT.

Respecto al punto 1) de los motivos del recurso corresponde indicar que durante la tramitación del proceso se ha llegado a evidenciar la relación laboral existente entre Gonzalo Monje Aliaga y la  entidad ahora recurrente, relación que se encuentra ratificada mediante la literal de fs. 17 y que no ha sido negado por la parte demandada, por lo que habiéndose demostrado dicho estado de dependencia, trabajo por cuenta ajena y cancelación de salario no resulta trascendental la actividad que haya realizado durante el tiempo que estuvo al servicio de su empleador, porque en nada desvirtúa la relación laboral, ahora bien respecto a las documentales de  fs.  48 a 50 estas con anteriores al reclamo efectuado en la demanda, asimismo las de fs. 394 a 415 son de data posterior a la Sentencia y además referidas por el Auto de Vista Impugnado en el punto 7 del Considerando 2, finalmente cabe precisar que en lo referente a la documental de fs. 47 no fue enervado en el recurso de apelación por lo que no merece una revisión del mismo, además que como ya se ha indicado, la valoración de la prueba se encuentra reservado para tribunales de hecho no siendo censurable en instancia casatoria, en consecuencia no se advierte vulneración alguna a los arts. 46.I, 109, 115 y 119 de la CPE, pues cabe precisar que ningún derecho del demandando fue vulnerado y tuvo la oportunidad de hacer uso de su derecho a la defensa en virtud de la inversión de la prueba, asimismo el art. 54 de la supra Ley en nada tiene relación con el objeto del presente proceso, consecuentemente no es evidente lo que el recurrente manifiesta.

En lo que concierne al punto 2) del recurso, corresponde señalar que el aguinaldo es considerado como un sueldo o salario anual complementario, mismo que constituye un derecho adquirido que todo patrono ya sea persona natural o jurídica, privada o pública, debe cancelar al trabajador hasta el 25 de diciembre de cada año, este derecho adquirido no se lo puede perder ni siquiera incurriendo en cualquiera las causales establecidas en el art. 16 de la LGT y 9 de su Reglamento, ahora bien en el caso presente se ha otorgado el aguinaldo correspondiente a la gestión 2013 y la literal de fs. 19 corresponde al pago del aguinaldo respecto a la gestión 2012, asimismo las pruebas indicadas de fs. 51, 216, 218, 71 ni la rescisión presentada por el actor evidencia que este beneficio se haya cancelado, consecuentemente no resulta cierto, que se haya pagado el aguinaldo de la gestión 2013.

Resolviendo con referencia al acápite 3) del recurso, cabe mencionar que conforme señala el Dr. Guillermo Cabanellas en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Rescisión es “Acción y efecto de rescindir, de dejar sin efecto un acto jurídico”,  ahora bien al respecto y de la revisión de obrados se advierte que el Auto de Vista impugnado a momento de resolver el presente motivo señala “.. asimismo la conducta del actor no se enmarca en lo previsto por el artículo 16 de la Ley General del Trabajo , puesto que este prevé que para el caso de pactarse un contrato por tiempo indefinido el pre aviso antes de la rescisión” , siendo en el caso presente un contrato por tiempo definido, por lo que con dicho razonamiento se ha dado respuesta a la solicitud planteada no siendo aplicable en el caso de autos el art. 12 de la LGT.

Ahora bien en lo que concierne a los puntos  4), 5), 6) y 7), dichos reclamos versan sobre la valoración de prueba y como se ha indicado en la cita jurisprudencial del AS No 188/2014-S de 26 de junio, la misma es incensurable en casación, y los tribunales de instancia, no están sujetas a la tasación como en el ámbito civil, pues forman su criterio en base a la sana crítica en función a los elementos hallados en el proceso conforme previene el art. 158 del CPT, en ese sentido en el caso presente se ha llegado a evidenciar una relación contractual entre René Carrasco Condarco y la parte ahora recurrente sin establecer un horario pero si la existencia de un trabajo a realizar por cuenta ajena, bajo subordinación y sujeto a un pago, asimismo  con referencia a que los demandantes se propusieron como testigos, cabe mencionar que a fs. 266 la parte demandada ofrece contra interrogatorio, lo que constituye aceptación de la declaración del testigo Gonzalo Monje Aliaga no existiendo vulneración al art. 446 del CPC, por otra parte en virtud de la inversión de la prueba es la parte demandada la que tenía la obligación de desvirtuar que el trabajo efectuado por René Carrasco Condarco no fuere entrego, así lo manda el art. 3.h) del CPT y 48.II de la CPE. Por todo lo anotado se evidencia que los tribunales de instancia han aplicado de manera correcta los principios y las normas que rigen la materia no existiendo vulneración alguna como denuncia el recurrente.

  1. Sobre el recurso de forma

Finalmente en el punto 8) la parte demandada denuncio que la Resolución impugnada no se pronunció respecto a la excepción de pago opuesta en apelación, sin embargo de la revisión de dicha resolución la misma refiere al respecto “En cuanto al punto 7) de la apelación, si bien mediante un OTROSÍ se opone para la consideración de este Tribunal la excepción de pago total que le corresponde al demandante Gonzalo Monje Aliaga, adjuntando fotocopias legalizadas cursantes a fs. 394-416 de obrados, no es menos evidente que tal petición no fue considerado por la Jueza A-quo ni reclamado por la recurrente, extremo por el que este Tribunal  no tiene la competencia para dilucidar lo solicitado, máxime si dentro de los cinco días a partir de la radicatoria del presente proceso, no se solicitó tal aspecto conforme lo establece el artículo 232 del  Código de Procedimiento Civil”; con lo que queda demostrado que el tribunal de alzada, si ha efectuado un pronunciamiento al respecto, asimismo el recurrente no precisa que norma hubiera sido vulnerada, solamente mencionando el inc. 7) sin especificar que articulado ni que Ley,  en consecuencia no es evidente lo manifestado por la parte recurrente.

Bajo esos parámetros se concluye que, al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación de la parte demandada al carecer de sustento legal, corresponde resolverlo en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 447 a 449 y vta.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera