TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 274

Sucre, 04 de mayo de 2015

Expediente: 06/2011-S

Demandante: Andrea Alejandra  Zurita  Moreno y otra

Demandado: Empresa “MEDIPLUS” S.R.L.

Distrito        : Cochabamba

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 300 a 305 y vta., interpuesto por Luis Fernando Boris Flores Orellana, en representación legal de César Orlando Solís Rivero, socio de la Empresa “MEDIPLUS” S.R.L., contra el Auto de Vista N° 185/10 de 27 de septiembre (fs. 282 a 285 vta.), pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior de Justicia de Cochabamba; dentro del proceso social sobre pago de beneficios sociales y otros derechos laborales, que sigue Andrea Alejandra Zurita Moreno y Lissette Cheryl García Moreno contra “MEDIPLUS” S.R.L.; sin respuesta al recurso de casación; el Auto a fs. 308 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1 Sentencia

Promovida la acción y tramitado el proceso laboral de pago beneficios sociales y otros derechos laborales, la Juez Primero de Trabajo y Seguridad Social  del Distrito Judicial de Cochabamba, emitió la Sentencia de 05 de septiembre de 2008 (fs. 179 a 183 vta.), por la que declaró probada en parte la demanda de fs. 6 a 8, en lo que respecta al pago de los beneficios sociales de indemnización y desahucio en favor de las dos trabajadoras, aguinaldo por duodécimas de la gestión 2008, vacaciones para Andrea Alejandra Zurita Moreno por 25 días, para Lissette Cheryl García Moreno por 8 días, e improbada en los demás puntos demandados; conminando a la Empresa “MEDIPLUS S.R.L.”, para que por intermedio de su representante legal, pague a favor de las actoras, dentro de tercero día de ejecutoriada la Sentencia, bajo conminatoria de Ley, a favor de Andrea Alejandra Zurita Moreno, la suma total de Bs.17.447,00.- y a favor de Lissette Cheryl García Moreno, la suma total de Bs.6.877,00.-, siendo el monto total a cancelar a favor de las dos trabajadoras, la suma de Bs.24.324,00.-; montos que en ejecución de sentencia, deberá pagarse calculando y actualizando en base a la variación de la Unidad de fomento a la Vivienda (UFVs), más la multa del 30% del monto total, incluyendo el mantenimiento de valor conforme determina el art. 9 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006. Todo conforme al detalle que cursa en la misma Sentencia.

I.2 Auto de Vista

Dicha resolución fue recurrida en apelación por ambas partes (fs. 195 a 199 vta., y fs. 205 a 206), mereciendo el Auto de Vista N° 185/2010 de 27 de septiembre (fs. 282 a 285 vta.), que confirmó la Sentencia apelada, con la modificación en sentido que a Lissette Cheryl García Moreno, sólo le corresponde vacación, duodécimas de aguinaldo y sueldo adeudado, conforme a la liquidación cursante en la parte resolutiva de la Sentencia, no así desahucio e indemnización, sin que se aplique a su saldo final la multa y actualización prescrita en el art. 9 del DS N° 28699, estableciendo así como nuevo monto a pagar a la misma la suma de Bs.1.590,00.-, manteniéndose en su integridad la liquidación de la actora Andrea Alejandra Zurita Moreno. Sin costas. Conforme al detalle que se tiene asentado en el Auto de Vista recurrido.

II. RECURSO DE CASACIÓN - MOTIVOS

Esta última resolución originó que la Empresa demandada, formule recurso de casación en el fondo (fs. 300 a 305 vta.), que en lo esencial de su contenido acusó la existencia de error de hecho y error de derecho en la compulsa y análisis de los elementos probatorios, conforme se tiene expresado a continuación:

Que, el Tribunal de Alzada incurrió en error de hecho en la apreciación y valoración de los elementos probatorios, a tiempo de determinar que Andrea Alejandra Zurita Moreno tiene derecho al pago del desahucio e indemnización, sin considerar que la conducta de ésta, se encuentra ligada a las causales justificadas de despido en las que incurrió Lissette Cheryl García Moreno, por lo que debió disponerse en el Auto de Vista, que esta última también incurrió en las causales previstas en el art. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT) y del art. 9 de su Decreto Reglamentario.

Que, el Tribunal de apelación en el punto 5) de su único considerando, manifestó que, la situación de Andrea Alejandra Zurita Moreno, es diferente a la de Lissette García Moreno, por cuanto el despido en este caso, no fue suficientemente comprobado, es decir que no se comprobó que incurrió en las causales de despido justificado; y que dicho Tribunal de Alzada, no se percató que, Andrea Alejandra Zurita Moreno era la encargada de verificar el control correspondiente al personal de la Empresa, lo que la vincularía directamente con las causales de despido de Lissette García Moreno.

Señaló que, una de las funciones específicas que debía cumplir Andrea Alejandra Zurita Moreno, era la de Representante Legal de la Administración de Personal, como refiere la certificación a fs. 47, indicó también que, de las declaraciones de cargo de fs. 133 vta. y 134, correspondientes a Sandra Claros Vargas y a Ingrid Silvia Bailey Aramayo, respectivamente, se constata que Andrea Alejandra Zurita Moreno, tenía la obligación de controlar los ingresos reales de entrada y salida a la empresa, así como no permitir que existan adulteraciones y/o alteraciones en dichos horarios, por lo que, la susodicha, también incurrió en la causal del art. 16.e) de la LGT y art. 9 de su reglamento.

Que, pese a la declaración de cargo a fs. 134, referente a que Andrea Alejandra Zurita Moreno no permitía que se alterasen los horarios de ingreso y salida, la literal de fs. 70, de 28 de febrero de 2008, que sirvió de base para que el Tribunal de Alzada refute como despido con causa justificada, la desvinculación de la demandante Lissette García Moreno, corrobora el incumplimiento por parte de Andrea Alejandra Zurita Moreno a sus específicas labores y funciones, por lo que se formula las siguientes interrogantes:

Acusó que uno de los motivos para el despido de Andrea Alejandra Zurita Moreno, resulta ser el

memorándum de 07 de marzo de 2008, de fs. 90 a 91, en su punto número 6, y que la llamada de atención, mediante memorándum a fs. 92, colige que la susodicha incumplió la obligación que tenía, la cual era verificar los horarios de entrada y salida del personal, conducta que se enmarca en las causales de despido.

Que, el Tribunal de Alzada incurrió en error de derecho, al apreciar las testificales de descargo, respecto a las causales justificadas de despido en las que incurrió Andrea Alejandra Zurita Moreno, desconociendo el valor que les concede el art. 169 del CPT, toda vez que, la Sentencia de fs. 179 a 183, en su quinto considerando, numeral 7, no tomó en cuenta las declaraciones de descargo, por las causales de tacha consignadas en el art. 446.2) y 3) del Código de Procedimiento Civil (CPC).

Indicó que, la testigo de descargo Martha Elizabeth Terrazas de Péndola, no es dependiente de MEDIPLUS S.R.L., y que además fue contrainterrogada, por lo que, se encontraba libre de toda tacha al sentir del art. 474 del CPC, así como el testigo de descargo, Roberto Daniel Pacheco Bolívar, tampoco es dependiente de dicha Empresa y no se probó ninguna tacha en su contra, por lo que sus aseveraciones de fs. 149 y vta., debieron ser compulsadas íntegramente. También denunció que las declaraciones testificales de fs. 139, 140 y 149 y vta., no fueron analizadas detenidamente, puesto que, las mismas retratan la conducta laboral de Andrea Alejandra Zurita Moreno, y consecuentemente las causales justificadas de despido.

Manifestó que, la infinidad de irregularidades e inconductas de Andrea Alejandra Zurita Moreno, se hallan plasmadas en el informe de 12 de marzo de 2008, de fs. 161, del cual se desconoció el valor probatorio que le asigna el art. 159 del CPT, siendo que dicha literal no fue observada ni objetada.

Acusó también que, a consecuencia de los errores de hecho y de derecho, cometidos por el Tribunal de Alzada, no se aplicó el art. 16.e) de la LGT y el art. 9 de su Reglamento, así como también, errónea interpretación y aplicación indebida del art. 9 del DS N° 28699, al conceder el pago de dicha multa a la demandante Andrea Alejandra Zurita Moreno, puesto que, se pretendió cancelar de buena fe a la susodicha, lo cual se desprende de las literales de fs. 72 y 74, y que la multa se debe establecer a los trabajadores que son despedidos injustificadamente y no así para aquellos casos de desvinculación originado con causales justificadas de despido.       

Petitorio

Finalmente pidió a este Tribunal Supremo de Justicia, casar el Auto de Vista N° 185/2010 de 27 de septiembre, de fs. 282 a 285 vta., declarando que el despido de Andrea Alejandra Zurita Moreno, fue por causal prevista en los arts. 16.e) de la LGT y 9 de su Reglamento, y se disponga que no le corresponde el pago del desahucio ni de la indemnización por tiempo de servicios y menos aún las sanciones del art. 9 del DS N° 28699.

CONSIDERANDO II:

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Que, así formulado el recurso de casación en el fondo por la parte demandada, se ingresa a resolver dicho recurso conforme a los razonamientos y fundamentos que se anotan a continuación, considerando para ello las normas que corresponden ser aplicadas a la materia y los antecedentes del proceso.

El reclamo se circunscribe fundamentalmente sobre los ítems de desahucio e indemnización, así como la multa del 30% dispuesta en el DS Nº 28699, que le fueron reconocidos por el Auto de Vista recurrido a la trabajadora actora Andrea Alejandra Zurita Moreno, puntos sobre los que éste Tribunal expedirá pronunciamiento.

Sobre el cuestionamiento en sentido que el fallo del Tribunal ad quem, que confirmó lo resuelto por el A quo, acusando que no se hizo una adecuada valoración de la prueba documental y testifical cursante a fs. 47, 70, 72, 74, 90, 91, 92, 133, 134, 139, 140, 149 y 161, incurriendo en error de hecho y error de derecho, con lo cual se demostraría también que la demandante Andrea Alejandra Zurita Moreno, habría incurrido en las causales de despido contempladas en el art. 16.e) de la LGT y art. 9 de su Decreto Reglamentario, decisión con la cual se habrían vulnerado los arts. 159 y 169 del CPT, así como se habría interpretado indebidamente la normativa citada, incluyendo el art. 9 del DS N° 28699.

La doctrina laboral ha entendido que en el derecho laboral, por su naturaleza protectora a favor del trabajador, debe aplicarse el criterio de la igualdad entre partes, en términos de un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales, de tal modo que permitan un razonable equilibrio notoriamente desigual, dada la diferencia económica y social existente entre el empleador y el trabajador, principio protector plasmado en los arts. 157 y 162 de la Constitución Política del Estado (CPE) de 1967; arts. 4 de la LGT, 3. g) y 59 del CPT, mantenido en el art. 46 y 48 de la actual CPE.

En tal sentido el art. 46. I de la CPE prevé que: “Toda persona tiene derecho: 1. Al trabajo digno, con seguridad industrial higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna, 2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias. II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas”. Por su parte el art. 48 de la misma Constitución establece: “I. Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio. II. Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y de estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador”, que precautela adecuadamente los derechos de la parte más débil en la relación obrero patronal, concordante con el principio protector en su regla de la condición más beneficiosa, principio de continuidad o estabilidad de la relación laboral, principio de primacía de la realidad y principio de no discriminación; señala también la irrenunciabilidad de los derechos y beneficios conforme el mismo artículo en su parágrafo III, para concluir cerrando cualquier posibilidad de burlar su cumplimiento por la parte empleadora, se establece la imprescriptibilidad conforme está señalado en el art. 48.IV de la Ley Suprema.

Ahora bien, es menester señalar que, el juzgador debe realizar una valoración conjunta de las pruebas presentadas y producidas en el proceso, tomando en cuenta que, no se encuentra sujeto a la tarifa legal de las mismas, por lo que, formará libremente su convencimiento, inspirándose en la sana crítica de la prueba, en función a las circunstancias que resaltan por su relevancia dentro del proceso, así como la conducta procesal observada por las partes, esto conforme el art. 158 del CPT, en relación con el art. 3.j) del mismo cuerpo legal. En ese mismo sentido, se tienen las presunciones que rigen en materia laboral, toda vez que, el art. 182.c) y d) del CPT, resalta: "...la relación de trabajo termina por despido, salvo prueba en contrario..." y "...el despido se entiende sin causa justificada, salvo prueba en contrario...", se infiere que ante la falta de prueba suficiente que determine que, la desvinculación obedezca a un retiro voluntario o a un despido debidamente justificado, se infiere el despido injustificado.

Con base en lo anotado, se observa que en el caso de autos la parte recurrente reclama que el Tribunal ad quem, no tomó en cuenta que Andrea Alejandra Zurita Moreno era la encargada de controlar la entrada y salida del personal de la empresa demandada, y que al comprobarse la causal de despido de Lissette García Moreno, también debió vincularse la misma causal para la primera. Sobre tal aspecto, éste Tribunal encuentra poco sustentable tal hipótesis, dado que si bien puede haber sido la encargada del control de ingreso y salida del personal, ello no supone -de hecho- que la misma tenga responsabilidad en la conducta asumida por la trabajadora, acusación que en todo caso, correspondía ser demostrada por la parte empleadora, más cuando se tienen elementos a describirse seguidamente, por los cuales inclusive se advierte que aquella afirmación carece de sustento.

Que, de la revisión de las pruebas de cargo y descargo, señaladas en el recurso de casación, como no valoradas correctamente, se advierte que: dentro de las documentales, cursa a fs. 47 una certificación por la cual se aclaran las funciones que Andrea Alejandra Zurita Moreno cumplía en la empresa demandada; a fs. 70 cursa una nota con la cual Rossmary Ugarte y Carla Salazar, hicieron conocer a la Gerencia General de MEDIPLUS S.R.L., que Lissette García firmó su entrada de los días 22 y 25 de febrero de 2008, con 15 minutos de diferencia; a fs. 90 a 91, el Memorándum MEDIPLUS 18/2008, con la referencia de resolución de contrato a Andrea Alejandra Zurita Moreno; a fs. 92, Gerencia General de MEDIPLUS S.R.L., vía Gerencia de Operaciones, comunicó una severa llamada de atención a Lissette García; a fs. 161, cursa el Informe realizado por Roberto Daniel Pacheco Bolívar; literales que sin embargo, no demuestran en absoluto que la trabajadora Andrea Alejandra Zurita Moreno hubiere incurrido en una de las causales del art. 16 de la LGT o 9 del DR-LGT; toda vez que, la literal de fs. 70, ni siquiera mencionada a Andrea Alejandra Zurita Moreno, así como tampoco lo hace el memorándum de fs. 90 a 91, ni el Informe de fs. 161; es decir, no demuestran con suficiencia, que Andrea Alejandra Zurita Moreno incumpliera total o parcialmente el convenio o contrato, de modo que el recurso en su integridad se basa simplemente en una hipótesis errada, que no puede dar lugar a castigar a la trabajadora demandante, con la pérdidas de los beneficios sociales que por ley le corresponde; pues si consideraba que la misma había incurrido en una falta administrativa  prevista en su reglamento interno como causal de despido, la entidad empleadora debió iniciar sumario administrativo interno, de modo que en el mismo se le garantice los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente como son: la presunción de inocencia, el derecho a un previo y debido proceso, el derecho a un juez natural, el derecho a la defensa y el derecho a la impugnación administrativa, cosa que no ocurrió; no siendo suficiente alegar que al haberse probado la causa legal de despido de Lissette García, también se habría probado la causa legal de despido de Andrea Alejandra Zurita Moreno, cuando aquella manifestación resulta apresurada y sin respaldo fáctico y legal alguno, como se señaló precedentemente.

Asimismo, de la certificación que cursa a fs. 47, se evidencia que Andrea Alejandra Zurita Moreno, cumplía con eficiencia y responsabilidad sus labores, siendo que dicho documento, fue emitido por César Orlando Solís Rivero, en su calidad de Gerente General de MEDIPLUS S.R.L., aspecto que es corroborado por el memorándum de fs. 92, donde se advierte que Andrea Alejandra Zurita Moreno, muy a pesar del parentesco con Lissette García, realizó una severa llamada de atención, lo que demuestra que, en aquello que se evidenciaba como incumplimiento a normas internas de personal, la misma realizaba su labor como correspondía, sancionando o llamando la atención al personal, no pudiéndose establecer que haya existido alguna actitud de favorecimiento a Lissette García, como se pretende hacer ver por la parte demandada.

En cuanto a las declaraciones de fs. 133, 134, 139 a 140 y 149, las mismas no demuestran de forma idónea que Andrea Alejandra Zurita Moreno, hubiera incumplido total o parcialmente su contrato, más aún, por lo señalado ut supra respecto a las pruebas de fs. 47 y 92, las cuales sí son verdaderamente determinantes, de modo que, aplicando los principios de protección al trabajador y de primacía de la realidad, dichas testificales no constituyen prueba suficiente para fundar un fallo casacional y así establecer la pérdida de los beneficios sociales de dicha trabajadora, por lo que, se advierte que Andrea Alejandra Zurita Moreno, no incurrió en ninguna causal de despido inmersa en los arts. 16 de la LGT y 9 de su Reglamento.

Finalmente, respecto a las pruebas de fs. 70 y 72, siendo estas, una carta notariada de oferta de pago que realizó la empresa demandada a Andrea Alejandra Zurita Moreno, y una nota que remite dicha Empresa al Jefe Departamental del Trabajo y Microempresa, por las cuales no se debió aplicar la multa del 30%, puesto que la empresa demandada puso en conocimiento a la trabajadora la oferta de pago dentro los 15 días posteriores a su despido; se tiene que, la multa que dispone el art. 9 del DS N° 28699, opera ante la inobservancia en la cancelación y/o pago efectivo de los beneficios y derechos del trabajador, posteriores a los 15 días de efectuada la desvinculación laboral, situación que se observa en el caso de autos, toda vez que, si bien es evidente que la demandada comunicó a Andrea Alejandra Zurita Moreno, la oferta de pago de fs. 72, así como al Ministerio del Trabajo mediante nota de fs. 74, empero, su cancelación no se efectivizó, cuando correspondía a la parte empleadora, en función a su propio interés, proceder con el depósito correspondiente de tales conceptos en la cuenta del Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, conforme a la Resolución Ministerial (RM) Nº 148/10 de 4 de marzo, único medio idóneo que permite demostrar que la parte patronal haya cumplido con tal obligación en el plazo de Ley, situación que al no haber ocurrido, hace correcta la decisión de los jueces de fondo respecto a la multa del 30%, puesto que no es suficiente argüir que se haya efectuado una oferta de pago.

Cabe señalar que, el procedimiento citado tiene por objeto viabilizar la recepción y el cobro de las obligaciones sociales a los trabajadores, mismo que es de cumplimiento obligatorio para la parte empleadora y los trabajadores, conforme lo establece el art. 2 de la Resolución Ministerial antes señalada. Así el procedimiento en su punto I. (Recepción de Beneficios Sociales), señala: 1. "La EMPRESA o EMPLEADOR, realiza el depósito del beneficio social adeudado, acordado según Convenio de Pago o Pago de Finiquito (finalización de la relación laboral) en las respectivas cuentas bancarias aperturadas en la oficina central y jefaturas departamentales de trabajo del interior del país, bajo el denominativo "Fondos en Custodia". 2. "El BANCO, recibe el dinero en efectivo o cheque girado a nombre de la cuenta "Fondos en Custodia", emite la respectiva boleta de depósito (original) como constancia de la operación realizada". En tanto el punto II (Entrega de Beneficios Sociales) señala: 1. "Él o la RESPONSABLE DE VENTANILLA ÚNICA O SU EQUIVALENTE, verifica en su Base de Datos si existe depósito para el BENEFICIARIO, una vez confirmada esta información da curso a la solicitud verbal del interesado". 2. "El BENEFICIARIO, entrega fotocopia de su cédula de identidad (vigente) a él o la RESPONSABLE DE VENTANILLA ÚNICA, quien verifica previamente el original del documento mencionado, dando su conformidad, para proceder a la elaboración del respectivo cheque, documento que deberá ser girado a nombre del beneficiario.....el mismo que será entregado en un plazo que no excederá de 48 horas según lo estipule el Jefe Departamental o Regional de Trabajo. Para montos mayores a Bs. 10.000, el beneficiario deberá presentar fotocopia legalizada de la cédula de identidad expedida por la Dirección de Identificación Nacional de la Policía"; y siendo evidente que la empresa demandada, no realizó dicho depósito, debe cancelar la multa del 30% como lo estipula el art. 9 del DS N° 28699, por lo que este Tribunal Supremo de Justicia, no encuentra error de hecho y error de derecho por parte del Tribunal ad quem, siendo correcta la decisión de los de fondo.

Por consiguiente, al no ser evidentes las infracciones normativas denunciadas en el recurso de casación de fondo, cursante a fs. 300 a 305 vta., conforme los fundamentos antes expuestos, corresponde dar aplicación a las disposiciones legales contenidas en los arts. 271. 2) y 273 del CPC, aplicables por la norma permisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184. 1 de la CPE y el art. 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 300 a 305 vta., interpuesto por Luis Fernando Boris Flores Orellana, en representación de César Orlando Solís Rivero, socio de MEDIPLUS S.R.L., contra el Auto de Vista N° 185/10 de 27 de septiembre (fs. 282 a 285 vta.), pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior de Justicia de Cochabamba. Con costas.

No se regula el honorario del abogado por no haber contestado al recurso de casación.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera