TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo No 269

Sucre, 04 de mayo de 2015


Expediente                        : 20/2011-S

Demandante                : Carlos Cachi Mamani y Otros

Demandada                : Unidad Educativa Saint Anthony High School

Distrito                        : La Paz

Magistrado Relator        : Dr. Antonio Guido Campero Segovia


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 441 a 442 vta., interpuesto por Waldo Fernando Viscarra Orellana por mandato de Florinda Felicidad Orellana de Viscarra en su condición de representante legal y propietaria de la Unidad Educativa Saint Anthony High School, contra el Auto de Vista Nº 191/2010 de 21 de septiembre de fs. 429 y vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Justicial de La Paz, dentro del proceso social por cobro de beneficios sociales y otros derechos laborales, que siguen Carlos Cachi Mamani en nombre propio así como en representación y por mandato de Rosario Eliana Villca Campos, Silvia Eugenia Aluna Mamani, Marisol Patricia Paco Salinas, Pedro Siñani Arias, Jaime Lucio Apaza Macias, y Edwin Rolando Sarco Mendoza, contra la Unidad Educativa en cuya representación se recurre; el Auto No 404/2010 de 4 de diciembre, de fs. 447 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

  1. ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1 Sentencia

Que tramitado el proceso social, la Juez Primero de Partido de Trabajo y Seguridad Social de El Alto, emitió la Sentencia N° 33/2010 de 08 de mayo (fs. 326 a 334), declarando probada en parte la demanda de fs. 84 a 87, subsanada a fs. 89 a 91 y 93 de obrados; sin costas, ordenando a la Unidad Educativa Saint Anthony High School, a través de su representante legal, cancelar a favor de: 1. Carlos Cachi Mamani, por los conceptos de desahucio, indemnización, aguinaldo, multa por incumplimiento al pago del aguinaldo, sueldos devengados y multa del 30%, la suma total de Bs.5.014,20.-; 2. Rosario Eliana Villca Campos, por los conceptos de desahucio, indemnización, aguinaldo, multa aguinaldo, y multa del 30%, la suma total de Bs.4.715,10.-; 3. Silvia Eugenia Luna Mamani, por los conceptos de desahucio, indemnización, aguinaldo, multa aguinaldo y multa del 30%, la suma total de Bs.3.305,20.-; 4. Marisol Patricia Paco Salinas, por los conceptos de desahucio, indemnización, aguinaldo, multa aguinaldo y multa del 30%, la suma total de Bs.4.106,66.-; Edwin Rolando Sarco Mendoza, por los conceptos de indemnización, desahucio, aguinaldo  y sueldos devengados, la suma total de Bs.2.977,32.-; Silvia Eugenia Luna Mamani, por los conceptos de indemnización, desahucio, aguinaldo y sueldos devengados, la suma total de Bs.2.685,36.-; y a Jaime Julio Apaza Macías, por los conceptos de indemnización, desahucio, aguinaldo y sueldos devengados, la suma total de Bs.2.460,78.-. Beneficios sociales que serán actualizados en ejecución de sentencia, conforme lo dispuesto en el DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006. Todo conforme al detalle establecido en la Sentencia.

I.2 Auto de Vista

Interpuesto el recurso de apelación por el representante de la parte demandada (fs. 339 a 340), mediante Auto de Vista Nº 191/2010 de 21 de septiembre, de fs. 429 y vta., la Sala Social y Administrativa Segunda de la entonces Corte Superior de Justicia de La Paz, confirmó la Sentencia N° 33/2010 de fs. 326 a 334 de obrados.

II. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Dicha Resolución motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 441 a 442 vta., interpuesto por Waldo Fernando Viscarra Orellana en representación legal de Florinda Felicidad Orellana de Viscarra por Unidad Educativa Saint Anthony High School, quien acusó que el Auto de Vista impugnado realizó una errónea interpretación del principio de la realidad reglamentado en el DS N° 28699 y los arts. 4 y 5 de la Ley General del Trabajo (LGT), ya que demostraron de manera clara y específica que la relación contractual de los demandantes era temporal, de acuerdo al acta de conformidad de contratos de consultoría a fs. 168 y vta., contratos de consultoría a plazo fijo de fs. 96 a 124, copias del Número de Identificación Tributaria (NIT) presentados, y que si bien los contratos dejaron de surtir efectos civiles, la amplia jurisprudencia señala que los mismos surten efectos como contratos laborales pero a plazo fijo porque la relación laboral entre la institución educativa y los demandantes fue temporal ya que era por una gestión escolar con fecha de inicio y conclusión en la misma gestión, encontrándose regulados por el art. 12 de la LGT por lo que no corresponde el pre aviso en contratos temporales a plazo fijo.

También señalaron que, no correspondía el pago de desahucio porque los demandantes solamente contaban con un contrato de tiempo definido y no así, dos o más contratos a plazo fijo que es la base del art. 2 del DS N° 16187 para que se convierta en uno indefinido y el trabajador cuente con el pago a desahucio a momento de su retiro, y en el caso de autos según la prueba aportada los contratos cesaron al momento de la conclusión de la gestión escolar, ya que eran de carácter provisional y no permanente, y si bien la Unidad educativa demandada tenia tareas permanentes de impartir conocimientos, los docentes asumieron un compromiso en una tarea esencialmente temporal y específica que era la docencia que correspondía a cada gestión, y por consiguiente los de Instancia no valoraron dos aspectos importantes que configuran este tipo de relación jurídico laboral: la temporalidad y especificidad de la relación laboral y el conocimiento de tiempo de servicios que sabían los demandantes.

I.4 Petitorio

Concluyó solicitando casar el Auto de Vista recurrido a fs. 429 y vta., y deliberando en el fondo declare improbada la demanda interpuesta por los actores en los términos solicitados y sea con las formalidades de ley.

       CONSIDERANDO II:

  1. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Que, en mérito de los antecedentes y revisado minuciosamente el recurso de casación en el fondo, corresponde resolver el mismo conforme a las siguientes consideraciones:

Que, el reclamo de la entidad recurrente está referido únicamente al desahucio que fue concedido por los fallos de fondo a favor de todos los trabajadores demandantes, pues, en criterio de la demandada, no correspondía su reconocimiento debido a que los contratos suscritos fueron todos a plazo fijo, en cuya consecuencia no había la obligación de que como empleador se tenga que otorgar el preaviso normado por el art. 12 de la Ley General del Trabajo (LGT).

En tal sentido, advertimos que la Sentencia de primera instancia (fs. 326 a 334), concluyó -luego de la valoración probatoria desplegada en el curso del proceso- que en el caso concreto, existió una relación de carácter laboral con las características establecidas en los arts. 1 del DS Nº 23570 de 26 de julio de 1993 y 2 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, y que las literales que cursan de fs. 97 a 123 (NIT y Contratos con 4 actores), carecían de valor fundante para demostrar la inexistencia de la relación laboral, como afirma la parte demandada.

Otro aspecto que se considera importante para efectos del presente fallo, es el referido a la causal de retiro, punto en el cual la Juez A quo concluyó que, la patronal no desvirtuó los fundamentos de la acción, conforme los arts. 66 y 150 del CPT, entendiendo así que la relación laboral entre los actores y la entidad demandada  concluyó por despido forzoso e intempestivo, dando por lo tanto lugar al reconocimiento de los beneficios sociales establecidos en los arts. 12 y 13 de la LGT y 8 de su Decreto Reglamentario.

Bajo esos antecedentes, apuntamos como esencial para resolver el reclamo, la necesidad de rever la literal que cursa a fs. 168 y 96 a 124, que son referidas por la parte recurrente como valoradas erróneamente, puesto que, a través de ellas se demostraría la temporalidad de dichos contratos, es decir, como contratos a plazo fijo, que no generaría como obligación la necesidad de preavisar y por tanto la improcedencia del pago del desahucio.

Así, revisada la literal de fs. 168, ésta no demuestra en absoluto la temporalidad de la prestación de servicios convenida, lo propio ocurre con la cursante a fs. 96; empero, no sucede lo mismo con las literales que cursan de fs. 97 a 124, por las cuales se advierte que, efectivamente los Sres. Carlos Cachi Mamani, Marisol Patricia Paco Salinas, Pedro Siñani Arias, y Edwin Rolando Sarco Mendoza, cuentan con contratos de carácter temporal o como la legislación laboral los denomina, contratos a plazo fijo, aunque éstos hayan sido denominados por la empleadora como contratos de carácter civil, cuestión última sobre la cual no corresponde profundizar debido a que no hace al reclamo en sí, empero, los contratos de los actores mencionados, demuestran ciertamente la temporalidad de su contratación y por lo tanto, es correcto concluir que los señalados actores, tenían pleno conocimiento respecto a la fecha de conclusión de la relación laboral, aún en la circunstancia de haberse recorrido diez días a los convenidos inicialmente, esto debido al reajuste del calendario académico por el receso educativo decretado por las autoridades del Órgano Ejecutivo, de modo que, respecto a los mencionados demandantes, no existía por parte de la empleadora, la obligación de preavisar sobre la fecha de conclusión de la relación laboral, por consiguiente, lo dispuesto por los jueces de fondo respecto a ellos, resulta erróneo, al no constituir incumplimiento al preaviso determinado por el art. 12 de la LGT; sin embargo, no sucede los mismo con el resto de los demandantes, de quienes no se tiene constancia ni referencia alguna del contrato temporal que con ellos se habría suscrito, siendo insuficiente la sola afirmación al respecto, de modo que, ante la inexistencia de los contratos aludidos, se hace aplicable la presunción contenida en el art. 1 segundo párrafo del DL Nº 16187 de 16 de febrero de 1979, concordante con el art. 182.b) del CPT, en sentido que, a falta de estipulación escrita, se presume que el contrato es por tiempo indefinido, salvo prueba en contrario, por lo que, respecto a ellos corresponde mantener la decisión del fallo de instancia.   

Bajo esos parámetros, se concluye que al ser parcialmente evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación en el fondo de fs. 441 a 442 vta., corresponde resolver el recurso en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.4) y 274.II del CPC, aplicables por la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, CASA PARCIALMENTE el Auto de Vista Nº 191/2010 de 21 de septiembre de fs. 429 y vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Justicia de La Paz y, deliberando en el fondo, dispone excluirse de la liquidación el desahucio concedido a favor de Carlos Cachi Mamani, Marisol Patricia Paco Salinas, Pedro Siñani Arias, y Edwin Rolando Sarco Mendoza, conforme a los fundamentos arriba expuestos, manteniendo en lo demás firme y subsistente el fallo recurrido.

Sin responsabilidad de multa por ser excusable el error cometido.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera