TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 261

Sucre, 24 de abril de 2015

Expediente: 15/2015-S

Demandante: Betty Carillo Tobar

Demandado: Empresa Constructora Habitar S.R.L.

Distrito        : Santa Cruz

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 136 a 138, interpuesto por Luis Alberto Rocha Menacho en representación de la Empresa Constructora Habitar S.R.L., contra el Auto de Vista Nº 278 de 2 de octubre de 2014 de fs. 133 a 134, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso social que sigue Betty Carillo Tobar contra la Empresa Constructora Habitar S.R.L.; la respuesta al recurso de casación, de fs. 141 a 142; el Auto de fs. 143 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

  1. ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1 Sentencia

Que, tramitado el proceso por pago de beneficios sociales y otros derechos laborales, el Juez Quinto de Partido del Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz, emitió la Sentencia Nº 581 de 30 de septiembre de 2013 (fs. 109 a 116), declarando probada en parte la demanda de fs. 9 a 10, con costas; y, probada en parte la excepción perentoria de prescripción, ordenando a la parte demandada Empresa Constructora Habitar S.R.L., a través de su representante legal, para que dentro de tercero día de ejecutoriada la resolución, cancele a Betty Carrillo Menacho la suma de Bs.108.923,16.- (ciento ocho mil novecientos veintitrés 16/100 bolivianos) por concepto de desahucio, indemnización, sueldos devengados, aguinaldo doble, vacaciones, primas, bono de antigüedad e incremento salarial, más la correspondiente actualización y multa prevista por el art. 9 del Decreto Supremo (DS) Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, que será calculada en ejecución de sentencia.

I.2 Auto de Vista

Interpuesto el recurso de apelación por el representante de la empresa demandada (fs. 118 vta.), mediante Auto de Vista Nº 278 de 2 de octubre de 2014 de fs. 133 a 134, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, confirmó en todas sus partes lo determinado en Sentencia Nº 581 de 30 de septiembre de 2013, con costas.

II. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Dicha Resolución motivó el recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 136 a 138, interpuesto por Luis Alberto Rocha Menacho en representación de la Empresa Constructora Habitar S.R.L., que señaló:

II. 1 Recurso de casación en el fondo

Que, el Tribunal de Alzada violó el art 57 de la Ley General del Trabajo (LGT) en aplicación del art. 3 de la Ley de 11 de junio de 1947, al determinar la existencia de utilidades, cuando conforme a los medios probatorios de fs. 68 a 75 relativos a los resúmenes ejecutivos de los balances generales de las gestiones 2007 a 2011, se advierte que no existió utilidades, vulnerando así mismo lo establecido en el art. 1286 del Código Civil (CC), al haber realizado una incorrecta apreciación y valoración de la prueba ofrecida de descargo.

II. 2 Recurso de casación en la forma

Que, el Tribunal ad quem al dictar el Auto de Vista recurrido no actuó conforme establece el art. 135 del Código de Procedimiento Civil (CPC) modificado por el art. 15 de la Ley Nº 1760 de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar, toda vez que de la revisión del expediente se advierte que mediante formulario de notificación de fs. 108 fue notificado en tablero judicial en fecha viernes 20 de septiembre de 2013 con varias providencias, entre ellas el cierre del termino probatorio y la oportunidad de presentar alegato en conclusiones, aspecto que se constituye en un medio procesal para demostrar en el fondo los hechos litigados y desvirtuados durante el proceso, derecho y garantía legal que no pudo ejercer ya que el mismo día el expediente ingreso a despacho para que se dicte sentencia, no contando con la oportunidad para tomar conocimiento de las providencias notificadas.

II.3 Petitorio

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia case el Auto de Vista recurrido, o en su defecto se anule el Auto de Vista dictado por el Tribunal ad quem, sea con costas.

CONSIDERANDO II:

  1. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Que, así planteado el recurso de casación en el fondo y en la forma, revisando los antecedentes del proceso y las normas aplicables a la materia, se ingresa a resolver los reclamos traídos a esta instancia, iniciando lógicamente por el recurso propuesto como en la forma, para luego, ante la eventualidad de que el mismo no sea evidente, ingresar a resolver recién el recurso en el fondo, conforme a los siguientes fundamentos:

II. 1 Resolviendo el recurso de casación en la forma

Respecto de la solicitud de nulidad del Auto de Vista recurrido, por que el Tribunal ad quem no habría observado lo dispuesto por el art. 135 del CPC, negándole además la oportunidad para presentar alegatos; es preciso aclarar previamente que, para que la nulidad impetrada opere en el caso de autos, deben concurrir algunos principios que deben ser observados por el juzgador, acorde al tenor de la exigencia inserta en el art. 251, concordante con el art. 254 del CPC y conforme la uniforme jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, entre ellos, el principio de especificidad, que establece que no existe nulidad si ésta no se encuentra prevista por ley; el principio de trascendencia, por el cual no hay nulidad de forma, si la alteración no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa en juicio, es decir "no hay nulidad sin perjuicio"; el principio de convalidación, por el que toda nulidad se convalida por el consentimiento de la parte, si no fueron observadas en tiempo oportuno, precluyendo su derecho y, finalmente, el principio de protección, estableciendo que la nulidad sólo puede hacerse valer cuando a consecuencia de ella, quedan indefensos los intereses del litigante.

A ello corresponde aclarar que el derecho laboral es el conjunto de principios y normas jurídicas que regulan las relaciones laborales, encargándose de normar la actividad humana lícita y prestada por un trabajador en relación de dependencia a un empleador a cambio de una contraprestación.

Contando con un sistema normativo autónomo que regula determinados tipos de trabajo dependiente y de relaciones laborales. De esta manera el legislador instituyó el Código Procesal del Trabajo (CPT), con el fin de regular los modos y las formas de tramitación y resolución de todos los asuntos relativos a las cuestiones laborales, dando a dicho código autonomía a los procedimientos del trabajo, eliminando todo uso y remisión a las normas adjetivas de otros campos jurídicos, al no compartir los mismos principios.

Bajo dichas premisas se observa el carácter especial del proceso laboral -sumario-, no contemplándose aspectos como el reclamado, que corresponden al procedimiento ordinario, más aun si el art. 201 del CPT señala que: “Puesto el expediente por Secretaría en el despacho del Juez, inmediatamente vencido el término de prueba, con o sin alegatos ni solicitud expresa de resolución, éste pronunciará sentencia dentro del plazo establecido en el Artículo 79 de este Código.”, de donde infiere que no existe necesidad alguna para que previamente exista un alegato en conclusiones para que recién se proceda con la dictación de la Resolución de primera instancia, no obstante ello, se advierte que la nulidad solicitada no se justifica de manera alguna, puesto que no se adecua al principio de trascendencia antes definido, por no afectar al derecho a la defensa, al debido proceso ni a la tutela judicial efectiva o acceso a la justicia, casos en los cuales y de comprobarse una afectación a los sujetos procesales procedería; toda vez que la parte demandada debió estar atento a los actuados procesales que se suscitasen, máxime si conforme prevé el art. 133 y 135 del CPC, tenía la ineludible obligación de asistir a la Secretaría del Juzgado los días martes y viernes a efectos de notificarse con las actuaciones que se hubiesen producido, advirtiéndose en el caso presente que el Juez de la causa emitió en fecha 30 de enero del 2013 el Auto que declara cerrado el periodo probatorio, y no obstante de las normas anotadas y obligación de la parte recurrente de asistir al Juzgado a fin de hacer valer sus derechos, la misma fue notificada recién en fecha 20 de septiembre, concluyéndose que la parte demandada no asistió al juzgado por más de 8 meses, por lo que mal podría señalar que se le habría negado la posibilidad de presentar alegatos en conclusiones.

Por lo señalado, no amerita disponer la nulidad del proceso, al no observa la existencia de perjuicio alguno para la parte recurrente, máxime si no se dio cumplimiento a los requisitos señalados por la doctrina como: alegar el daño o perjuicio sufrido, mencionando expresamente las defensas de que se ha privado oponer con oportunidad, acreditando además dicho perjuicio, para finalmente individualizar el interés jurídico que se procura subsanar con la invalidez demandada; exigencias que no fueron satisfechas por la parte recurrente, al margen de ello, tampoco se cumplió con los presupuestos relativos al principio de especificidad previsto en el art. 251.I del CPC.

II. 2 Resolviendo el recurso de casación en el fondo

Respecto al pago de las primas reclamadas, conviene señalar que la prima anual es la participación legal del trabajador respecto de las utilidades obtenidas por la empresa, es un derecho que se obtiene cuando la empresa logra utilidades en esa gestión, por tanto, no es una forma libre de retribución del empleador, sino una obligación para las empresas y un derecho para el trabajador, la acreditación de dichas utilidades se hace a través del balance general, donde se identifican las ganancias y las pérdidas, conforme instituye el art. 57 de la LGT, cuando menciona: "Las empresas que hubieran obtenido utilidades al finalizar el año, otorgarán a sus empleados y obreros, una prima anual de mes de sueldo o salario (art. 27 del D.S. Nº 3691 de 3 de abril de 1954)", correspondiendo referir para su correcta aplicación al principio proteccionista, relacionado con otros principios como el principio pro-operario, que se expresa en la regla de aplicación de la norma más favorable y la regla de la condición más beneficiosa, de irrenunciabilidad de los derechos, de continuidad de la relación laboral, de primacía de la realidad, de razonabilidad, de buena fe entre otros, entendiéndose ésta que en caso de duda u omisión, debe preferirse la solución que conduzca a la conservación del derecho, la subsistencia del derecho del trabajador y, en consecuencia, al cumplimiento efectivo de las obligaciones contraídas.

Asimismo, el art. 50 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo (DR-LGT), establece que para la acreditación de la existencia de utilidades, el documento que sirve como prueba fehaciente es el balance general de ganancias y pérdidas debidamente aprobado por la entidad fiscal, siendo importante referir que el balance general es un informe financiero contable que refleja la situación económica y financiera de una empresa, estructurándose a través de tres conceptos patrimoniales, el activo, el pasivo y el patrimonio neto, desarrollados cada uno de ellos en grupos de cuentas que representan los diferentes elementos patrimoniales, por lo que la falta de presentación de este documento por disposición del art. 181 del CPT, hace presumir la obtención de utilidades, aspecto ratificado por el art. 2 de la Ley de 22 de noviembre de 1945, que señala que las empresas que no llenen las formalidades contables para determinar utilidades, aun cuando protesten contar con pérdidas, pagarán válidamente la prima anual.

Consiguientemente, corresponde al empleador aportar los elementos probatorios correspondientes que lo eximan del pago, al evidenciarse que en materia laboral, siendo manifiesta la desigualdad existente entre el trabajador y el empleador a tiempo de tener acceso a la prueba idónea para acreditar o desvirtuar determinados asuntos laborales, como por ejemplo a la prueba documental, el legislador con el ánimo de compensar esta situación, ha previsto que en los procesos laborales la carga de la prueba es obligatoria para la parte patronal y facultativa para el trabajador, conforme disponen los arts. 3. h), 66 y 150 del CPT, es decir, que en materia laboral rige el principio de inversión de la prueba correspondiendo al empleador desvirtuar los hechos afirmados por el trabajador.

En este contexto, en el caso objeto de análisis, se visualiza que si bien la Sentencia Nº 581 de 30 de septiembre de 2013 de fs. 109 a 116, señaló respecto a este concepto que conforme a las literales de fs. 68 a 75 correspondientes a los balances de las gestiones 2008 a 2011 se advertiría que la empresa demandada habría tenido utilidades por dichas gestiones, correspondiendo por ende el pago de dicho concepto, empero de la revisión minuciosa de las mencionadas literales, se advierte evidentemente respecto de la gestión 2008, conforme consta a fs. 73, que el resultado del periodo arroja negativo, es decir, en la suma de -3.812,78, resultado que se determina considerando la diferencia entre los ingresos y los gastos producidos en el período de referencia, por lo que, se observa con claridad que la parte empleadora cumplió con la carga probatoria respecto de la gestión 2008, demostrando mediante documentos idóneos que por la mencionada gestión no tuvo utilidades, por lo que no corresponde el pago por concepto de prima por la mencionada gestión fiscal; en cuanto a las gestiones 2007, 2009 y 2010, se observa que los montos incluidos en los balances generales reflejan resultados positivos del periodo, por lo que se evidencia que la empresa demandada obtuvo utilidades, estando así correctamente dispuestos los pagos de las primas por dichos periodos; y, en cuanto a la gestión 2011 la parte demandada no adjunto prueba alguna que desvirtué lo afirmado por la parte actora, por lo que, al no haber acreditado fehacientemente la parte recurrente este aspecto, conforme era su obligación de desvirtuar los términos de la demanda, corresponde imponer su pago, en aplicación de lo previsto en el art. 181 del CPT.

Por lo expuesto, se establece que el Tribunal de Alzada, al confirmar en todas sus partes la sentencia de primera instancia de fs. 109 a 116, no apreció la prueba conforme disponen los arts. 3. j) y 159 del CPT, ni con los alcances previstos; por lo que corresponde enmendar dicha situación, resolviendo el recurso examinado conforme establecen los arts. 271. 4) y 274. II del CPC, aplicables por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184.1 de la Constitución Política del Estado y el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, CASA EN PARTE el Auto de Vista Nº 278 de 2 de octubre de 2014 de fs. 133 a 134, dejando sin efecto el pago por concepto de prima de la gestión 2008, manteniéndose firme y subsistente en cuanto a los demás conceptos reconocidos por los de instancia.

Sin responsabilidad de multa por ser excusable.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera