TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo No 260

Sucre, 24 de abril de 2015

Expediente: 604/2010-S

Demandante: Ana Hilda Chávez Arauz y Otras

Demandado: Caja Petrolera de Salud

Distrito        : Santa Cruz

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 302 a 303 vta., interpuesto por Jorge Vaca Veliz, en su condición de administrador departamental de la Caja Petrolera de Salud Regional Santa Cruz, contra el Auto de Vista Nº 016 de 14 de enero de 2010 (fs. 289 y vta.) pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior del Distrito de Santa Cruz, dentro del proceso laboral de reincorporación y pago de salarios devengados, seguido por Ana Hilda Chávez Arauz, Vanesa Quiroga Medina y Silvia Eugenia Núñez Senzano, contra la Caja Petrolera de Salud Regional Santa Cruz, cuya representación la ejerce Jorge Vaca Veliz; la respuesta de fs. 305 a 307; el Auto No 93 de fs. 310, que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

  1. ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1 Sentencia

Que, tramitado el proceso laboral de reincorporación y pago de salarios devengados (fs. 64 a 68), la Juez Cuarto de Partido de Trabajo y Seguridad Social, de la ciudad de Santa Cruz, emitió la Sentencia No 81 de 02 de agosto de 2008 (fs. 266 a 269 vta.), por la que declaró probada la demanda de reincorporación interpuesta por Ana Hilda Chávez Arauz, Vanesa Quiroga Medina y Silvia Eugenia Núñez Senzano, sin costas, ordenando a la Caja Petrolera de Salud, representada legalmente por Marcelo Javier Tardio Sandoval, la reincorporación de las demandantes a sus fuentes de trabajo y al mismo cargo que cumplían al momento del despido ilegal, sea con el mismo nivel salarial y reconocimiento de antigüedad; asimismo, ordenó el pago de todos los salarios devengados desde el momento del despido, (3 de julio de 2006) hasta el momento que se haga efectiva la reincorporación a sus fuentes laborales, tomando como base para su cálculo la suma de Bs.1.560.- mensual, por la consolidación del bono de riesgo (Bs.60 mensual), monto a pagarse a cada una de las actoras, todo en cumplimiento de lo dispuesto por los arts. 4 de la LGT, 46 y 48 de la Constitución Política del Estado (CPE) vigente; en directa relación con lo dispuesto por el art. 10 del Decreto Supremo (DS) No 28699 de 01 de mayo de 2006 y Auto de Vista No 0250 de 7 de julio de 2007.

I.2 Auto de Vista

Interpuesto el recurso de apelación por Roberto Mendizabal Paz en representación momentánea de la Caja Petrolera de Salud (fs. 277 a 278), mediante Auto de Vista Nº 016 de 14 de enero de 2010 (fs. 289 y vta.), la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, confirmó la Sentencia de 02 de agosto de 2008, dictada por la Juez Cuarto de Partido del Trabajo y Seguridad Social, sin costas por disposición del art. 39 de la Ley No 1178.

I.3 MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Dicha resolución motivó el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 302 a 303 vta., interpuesto por Jorge Vaca Veliz, en su condición de administrador departamental de la Caja Petrolera de Salud Regional Santa Cruz, que en lo fundamental de su contenido expresó lo siguiente:

Casación en la forma

1. Que, el Auto de Vista, al confirmar la sentencia, estaría mal dirigido, ya que al conminar a ejecutar la Sentencia a una persona ajena a la administración, como fue el señor Marcelo Javier Tardío Sandoval, quien dejó de trabajar hace más de 2 años y ordenar el pago a dicha persona, éste no podría cumplir con la Sentencia, vulnerando de esa manera el art. 72 del Código de Procedimiento Civil (CPC).

2. Señaló que, la Sentencia confirmada, dictada el 02 de agosto de 2008, fue notificada después de más de un año de su pronunciamiento a la demandante; es decir, el 13 de agosto de 2009 (fs. 272), aspecto que no se habría valorado.

3. Finalmente manifestó que, no se ha tomado en cuenta ni valorado las notificaciones en la apelación de fs. 73, en la que inusualmente, primero ha notificado a la parte vencedora y no así al vencido como tendría que ser, aspecto previsto en el art. 203 del Código Procesal del Trabajo (CPT).

Casación en el fondo

1. Manifestó la entidad recurrente que, se ha realizado una incorrecta interpretación de la pruebas, siendo que a fs. 212 del cuaderno procesal existe una homologación de convenio, suscrito entre el sindicato PETROCAJA y la Caja Petrolera de Salud, que pretende dejar sin efecto la declaratoria de huelga ilegal de 77 días, pronunciada por el Ministerio del Trabajo, homologación que sería vaga y ambigua, sin la intervención judicial, lo que haría nulo ese documento.

2. No se ha valorado la declaratoria de huelga ilegal, puesto que las demandantes no han cumplido en volver a sus fuentes de trabajo que hizo la parte patronal, aferrándose a la convocatoria de huelga que hizo PETROLCAJA, sindicato al que no pertenecerían ni aportarían.

3. Finalmente la entidad recurrente, manifestó que, las demandantes sólo cumplían eventualmente suplencias y precisamente en los momentos de huelgas de los trabajadores de planta, éstas cumplían y ocupaban esos vacíos, aspecto que el juzgador no habría tomado en cuenta el estatus de trabajadores eventuales.              

I.4 Petitorio

       Que al amparo de los arts. 257 y 258 del CPC, solicito a la entonces Corte Suprema de Justicia, casar el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo, se niegue la reincorporación y pago demandado por las impetrantes. 

CONSIDERANDO II:

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Que, así planteado el recurso de casación en la forma como en el fondo, la respuesta de contrario, se ingresa a su análisis en relación con los datos del proceso, conforme se tiene expuesto a continuación:

II.1 En relación al recurso de casación en la forma

i) La condición del representante legal de la entidad demandada

Cuyo reclamo se afinca en que la sentencia habría establecido de manera errónea al representante legal de la entidad demandada, ya que el señor Marcelo Javier Tardío Sandoval, habría dejado de trabajar hace más de 2 años en la institución demandada, de manera que, ésta persona no podría cumplir con la sentencia, en cuyo hecho acusó la vulneración del art. 72 del CPC.

Sobre éste particular, cabe recordar que, en tratándose de personas naturales que representan a personas jurídicas, sean éstas públicas o privadas, como es el caso de la Caja Petrolera de Salud, el representante legal de dicha institución no está obligado como persona natural a cumplir con las ordenes de las autoridades jurisdiccionales, por cuanto es la institución o persona jurídica la demandada.

Para ilustrar de manera más amplia el tema, en materia laboral es suficiente nombrar en la demanda a la persona jurídica demandada, sin que sea necesario identificar quien es el representante legal, aspecto que incluso se puede hacer en ejecución de sentencia al ser la persona jurídica la responsable plena de la obligación contraída y no la persona natural ni el representante legal, así lo entendió el Tribunal Constitucional a través de la Sentencia Constitucional (SC) No 0847/2004 de 2 de junio.

Por lo señalado, la afirmación hecha en casación por la institución recurrente, en sentido que el ex representante legal que dejó de trabajar hace más de dos años no podría cumplir con la sentencia impuesta, no tiene mayor relevancia jurídica, pues como se señaló, la demandada y responsable de las obligaciones sociales contraídas, es la entidad demandada, en este caso la Caja Petrolera de Salud, no así la persona anotada como representante legal en la sentencia de primer grado, que bien pudo cambiar o ser uno distinto a la fecha, empero, será en ejecución de fallos, que se identifique adecuadamente al representante legal que deba cumplir con la determinación judicial, por lo que, aquello no meceré mayor análisis por éste órgano, máxime cuando la entidad demandada, por intermedio de su representante legal correspondiente, hizo uso de los recursos que la Ley le franquea para impugnar las decisiones de fondo que hacen al proceso judicial que ocupa a la jurisdicción laboral; todo conforme la previsión normativa contenida en el art. 111 del Código Procesal del Trabajo (CPT).

ii) La notificación oportuna con la sentencia de primera instancia.

Punto en el que, se reclama que la Sentencia dictada el 02 de agosto de 2008, habría sido notificada a la demandante después de más de un año de su pronunciamiento, es decir, el 13 de agosto de 2009 (fs. 272), cuestión que no habría sido valorada por el Tribunal de apelación; no obstante la observación, éste Tribunal no encuentra cual es la pretensión de la entidad demandada con éste reclamo, pues no se advierte petitorio alguno o tan sólo un razonamiento lógico jurídico que permita ingresar a analizar el reclamo en función a una posible pretensión; pues aún revisado el recurso de apelación, que contiene idéntico texto, tampoco se encuentra una pretensión.

Se advierte en todo caso, simplemente una observación que hace a la notificación oportuna de la Sentencia, cuestionando que dicha actuación procesal confundiría aún más el aspecto legal, empero, no se encuentra propósito alguno; ante tal vació, éste Tribunal encuentra insuficiente el reclamo, de tal manera que impide realizar análisis respecto al mismo.

iii) Notificación primero a la parte favorecida con la sentencia y no a la afectada

La recurrente refiere que, no se habría tomado en cuenta ni valorado que en la notificación de fs. 73 (sic), primero se habría notificado a la parte vencedora y no así al vencido como tendría que ser, conforme a lo previsto en el art. 203 del CPT, lo que acarrearía la nulidad de obrados.

Al respecto, y no obstante que el folio señalado por la institución en cuya representación se recurre es errada, dado que no corresponde a la de fs. 73 ya que la misma es el contrato de trabajo a plazo fijo, sino a la cursante a fs. 272, se establece que si bien es cierto que la mencionada disposición procesal del trabajo establece la preferencia de notificación a la parte afectada antes que a la parte favorecida con el fallo de primera instancia, sin embargo, su sólo incumplimiento no conlleva en absoluto a una nulidad de obrados, porque de conformidad al art. 251 del CPC, se tiene que a efectos de la aplicación del instituto de la nulidad, convergen varios principios, entre ellos, el principio de especificidad o legalidad, que establece que no existe nulidad si ésta no se encuentra prevista expresamente por la ley; segundo, el principio de trascendencia, por el cual no hay nulidad de forma, si la alteración no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa en juicio, es decir "no hay nulidad sin perjuicio", éste que se encuentra también vinculado con el principio de protección, que establece que la nulidad sólo puede hacerse valer cuando a consecuencia de ella, quedan indefensos los intereses del litigante.

En el caso de examen, si bien es evidente que la notificación con la Sentencia fue realizada primero a la parte favorecida y luego a la parte perdidosa, incumpliéndose así el mandato del art. 203 del CPT, sin embargo, dicha alteración en el proceso, no constituye motivo de nulidad conforme se explicó anteriormente, tanto por no estar prevista expresamente por la Ley como motivo de nulidad, cuanto porque aquel aspecto no causó, en modo alguno, una indefensión del recurrente, conforme constituye la condición establecida por el art. 16.I de la Ley del Órgano Judicial y art. 105.II del Código Procesal Civil.

En consecuencia, este Tribunal de casación concluye que, al no ser suficiente lo cuestionado por la entidad recurrente, puesto que no existen vicios de procedimiento sustanciales que afecten a las partes en la tramitación de la causa, no se hace viable la nulidad pretendida por la entidad recurrente, conforme los fundamentos expuestos.

II.2 En cuanto al recurso de casación en el fondo

Si bien el recurso refiere tres puntos como argumentos de su reclamo, como son: 1. Incorrecta interpretación de la pruebas, siendo que a fs. 212 existiría una homologación de convenio, suscrito entre el sindicato PETROCAJA y la Caja Petrolera de Salud, que dejó sin efecto la declaratoria de huelga ilegal de 77 días, pronunciada por el Ministerio del Trabajo, homologación que sería vaga y ambigua, sin la intervención judicial, lo que haría nulo ese documento; 2. No se habría valorado la declaratoria de huelga ilegal, puesto que las demandantes no habrían cumplido en volver a sus fuentes de trabajo que hizo la parte patronal, aferrándose a la convocatoria de huelga que hizo PETROLCAJA, sindicato al que no pertenecerían ni aportarían; y 3. Que las demandantes sólo cumplían eventualmente suplencias y precisamente en los momentos de huelgas de los trabajadores de planta, éstas cumplían y ocupaban esos vacíos, aspecto que el juzgador no habría tomado en cuenta el estatus de trabajadores eventuales; sin embargo, el mismo desconoce la técnica recursiva que debe observarse en su formulación y por consecuencia, desconoce la naturaleza jurídica del recurso de casación, conforme se anota seguidamente.

Conforme a la amplia jurisprudencia sentada por este Tribunal Supremo de Justicia, al igual que el señalado por la extinta Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación se equipara a una demanda nueva de puro derecho, que debe contener los requisitos enumerados en el art. 258.2) del CPC, debiendo fundamentarse por separado de manera precisa y concreta, las causas que motivan la casación tanto en la forma, como en el fondo, demostrando tal cual señala la ley, en qué consiste la infracción que se acusa y es reclamada, así como la forma por la que el juzgador habría vulnerado la norma.

Es así que, el planteamiento del recurso de casación en el fondo, implica efectuar un análisis sobre la existencia de errores in iudicando en el trámite del proceso, adecuando el recurso a una o a todas las previsiones del art. 253 del CPC; normativa inobservada por la parte recurrente, incumpliendo además lo prescrito por el art. 258.2) del Adjetivo Civil, en cuanto a la cita clara, concreta y precisa de la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, el folio dentro del expediente, especificando en qué consistiría dicha violación, aplicación indebida o error en la que habría incurrido el Tribunal de Alzada y en consecuencia la posible solución jurídica pretendida, aspecto que no ocurre en el caso de autos.

La entidad recurrente se limitó a señalar la incorrecta valoración de pruebas como la homologación del convenio que sería nulo de pleno derecho y que las demandante cumplían servicios eventuales en caso de suplencias que tenía la Caja Petrolera de Salud, expresiones de inconformidad que las realiza sin cumplir mínimamente los requisitos para el recurso de casación en el fondo y sin mencionar o señalar expresamente qué ley o leyes se han violado o vulnerado o aplicado falsa o erróneamente, sin especificar en qué consistirían tales violaciones en las que ha incurrido el Tribunal de Alzada.

Es decir, la entidad recurrente no establece ley alguna que considere haya sido infringida o violada, tampoco precisa de forma clara y precisa en qué consiste la violación o infracción normativa, o la prueba que considere haya sido erróneamente valorada, con cita de su foja dentro el expediente, al extremo de señalar que el convenio sería objeto de nulidad, cuando en realidad en el recurso de casación en el fondo, se trata de invalidar una sentencia o Auto de Vista como efecto de la posible violación y aplicación de normas sustantivas erróneamente aplicadas, incumpliéndose de esa manera lo establecido por el art. 258.2) del CPC, que prescribe: “…Estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores….

Por todo lo señalado, se concluye que el recurso de casación en el fondo, no se ajusta a las condiciones mínimas que exige la técnica recursiva prevista en el Código de Procedimiento Civil para el efecto, haciendo inviable su consideración e impidiendo a este Tribunal Supremo abrir su competencia para resolver el fondo del litigio, por lo que corresponde resolver el mismo según la previsión de los arts. 271.1) y 272.2) ambos del CPC, aplicables por la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.  

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 302 a 303 vta. de obrados, interpuesto por Jorge Vaca Veliz, en su condición de administrador departamental de la Caja Petrolera de Salud Regional Santa Cruz, contra el Auto de Vista Nº 016 de 14 de enero de 2010 (fs. 289 y vta.) pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior del Distrito de Santa Cruz.

En ejecución de autos, previo al pago de los derechos reconocidos en Sentencia, las demandantes deben prestar juramento de no haber percibido remuneración alguna durante el tiempo transcurrido desde su retiro hasta la fecha de su reincorporación.

Sin costas en aplicación al art. 39 de la Ley No 1178 de 20 de julio de 1990 y art. 52 del DS No 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera