TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo No 231

Sucre, 21 de abril de 2015

Expediente: 28/2015-A

Demandante: Teodosia Vargas Benites

Demandado: Servicio Nacional del Sistema de Reparto

Distrito        : La Paz

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 77 a 80, interpuesto por Juan Edwin Mercado Claros, en representación del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), contra el Auto de Vista Nº 160/2014 de 25 de septiembre de fs. 74 a 75, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro el trámite de reclamación por compensación de cotizaciones, seguido por Teodosia Vargas Benites, contra el SENASIR; la respuesta de fs. 85 a 86 de obrados; el Auto No 361/2014 de fs. 87, que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

  1. ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1 Resolución de la Comisión de Calificación de Rentas

Que, dentro del trámite de reclamación por compensación de cotizaciones, la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, emitió la Resolución Nº 007694 de 16 de agosto de 2013 cursante a fs. 31, repetida a fs. 44 de obrados, por el que resolvió desestimar la solicitud de Compensación de Cotizaciones por Procedimiento Manual, presentado por la asegurada Sra. Vargas Benites Teodosia.

I.2 Recurso de Reclamación y Resolución de la Comisión de Reclamación del SENASIR

De fs. 45 a 46, la asegurada Vargas Benites Teodosia, interpuso el recurso de reclamación; por lo que, la Comisión de Reclamación del SENASIR, mediante Resolución Nº 00177/14 de 19 de marzo (fs. 61 a 63) resolvió confirmar la Resolución Nº 007694 de 16 de agosto de 2013 de fs. 31 de obrados, emitida por la Comisión de Calificación de Rentas, por encontrarse de acuerdo a los datos del expediente y normativa en vigencia.

I.3 Recurso de apelación y Auto de Vista

En recurso de apelación deducido por la asegurada Vargas Benites Teodosia (fs. 65 a 66), la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz, mediante Auto de Vista Nº 160/2014 de 25 de septiembre de fs. 74 a 75, revocó la Resolución Nº 0177/14 de 19 de marzo de 2014, de fs. 61 a 63 de obrados, disponiendo que el SENASIR efectúe la certificación de compensación de cotizaciones a favor de la interesada en observancia a las consideraciones de la presente resolución, sea con las formalidades de ley.

I.4 Motivos del recurso de casación en el fondo

Dicha resolución motivó el recurso de casación en el fondo (fs. 77 a 80) interpuesto por Juan Edwin Mercado Claros, en representación del Servicio Nacional del Sistema de Reparto SENASIR, quien señaló lo siguiente:

Después de referirse en gran parte de su recurso a los antecedentes del proceso, en sentido de que la asegurada Vargas Benites Teodosia, al no figurar en planillas, documentación y archivos con los que cuenta el Área de Certificación de Cotización de Compensaciones del SENASIR, tampoco figura en las planillas de la pastelería de LE PALAIS ROSE en la que dijo haber trabajado la asegurada desde 1976 a 1988, documentación que el propio SENASIR presentó de fs. 54 a 56, en la que Teodosia Vargas Benites, no figura como tal, sino figura el nombre de Teresa Vargas B.; que si bien el art. 14 del Decreto Supremo (DS) No 27543 de 31 de mayo de 2004, establece la modalidad de certificación extraordinaria a través de documentación supletoria bajo la presunción iuris tantm, no es menos evidente que la señalada disposición regula única y exclusivamente trámites del sistema de reparto y no así trámites de compensación de cotizaciones; así el art. 18 del mencionado decreto supremo, sobre la modalidad de certificación para fines de compensación de cotizaciones, establece, las modalidades establecidas en los arts. 13, 16 y 17, lo cual según la entidad recurrente corrobora sobre la no aplicación del art. 14 en trámites de compensación de cotizaciones.

Por otra parte, señaló que no corresponde la aplicación del DS No 27543 de 31 de mayo de 2004, para el caso presente, siendo que el trámite objeto de la litis ha iniciado recién el año 2012 y que la documentación presentada fue de forma posterior o complementaria al Decreto Supremo referido y promulgado en 31 de mayo de 2004.

Por lo que, en definitiva se habría transgredido y mal aplicado el art. 14 del DS No 27543 de 31 de mayo de 2004.

I.5 Petitorio

Solicitó al Tribunal Supremo de Justicia, casar el Auto de Vista No 160/2014-SSA-II de 25 de septiembre y se confirme la Resolución de la Comisión de Reclamación No 0177/14 de 19 de marzo.

CONSIDERANDO II:

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Que, así planteado el recurso de casación en el fondo, la respuesta al mismo; el análisis del mismo; los antecedentes del proceso y las normas aplicables a la materia, se tiene:

La problemática central, principal y única, está referida a que según la entidad recurrente en el caso de autos, no debió aplicarse el art. 14 del DS Nº 27543 por el Tribunal de Alzada, siendo que dicha disposición regular única y exclusivamente trámites del sistema de reparto y no así trámites de compensación de cotizaciones “tratamiento extraordinario para la certificación de aportes al Sistema de Reparto”, como medida destinada a facilitar el tratamiento de certificaciones de aportes, a cuyo efecto corresponde indicar.

Al respecto, el DS No 27543 de 31 de mayo de 2004 y la Resolución Ministerial (RM) No 559 de 3 de octubre de 2005, son dos instrumentos normativos que tienen por objeto el facilitar que los titulares y beneficiarios puedan acceder a las Rentas que otorga el SENASIR, de modo que no se desconozcan los años de servicio que los mismos alegan tener, como ocurre en el caso de autos, en el que la asegurada alega haber trabajado para el empleador pastelería LE PALAIS ROSE, desde 1976 a 1988, aspecto que es negado por la institución recurrente como sostiene en su recurso de casación; en todo caso, dichas normas jurídicas, aunque con los límites del caso, reconocer los años de servicios prestado, cuando se trata sobre todo de aquellos métodos bajo presunción “iuris tantum”; es decir, que admiten prueba en contrario; sin embargo, no es menos cierto, que dichas normativas no son las únicas que prevén dicho procedimiento supletorio; en efecto, sobre el mismo tema, el art. 83 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición (MPRCPA), previene que cuando por algunos periodos de tiempo no existieran planillas en sus archivos, se complementará la verificación de aportes con los Avisos de Afiliación del Trabajador, de Baja y Reingreso, del Asegurado, complementados por certificados de trabajo, récords de servicios y finiquitos de pago de beneficios sociales.

Por otra parte, los arts. 1 y 2 de la RM Nº 550 de 28 de septiembre de 2005, posibilitan al SENASIR la emisión del certificado de aportes para compensación de cotizaciones por procedimiento manual, mediante la modalidad de documentos acreditables, como los consistentes en partes de afiliación y baja de las cajas de salud, finiquitos, certificados de trabajo y otros.

En ese sentido, cuando el art. 14 del DS No 27543 autoriza la consideración de determinados documentos en caso de inexistencia de planillas y comprobantes de pago a partir de la fecha de su publicación, no está limitando su aplicación sólo a los trámites del sistema de reparto tanto en rentas en curso de pago como rentas en curso de adquisición, como erróneamente sostiene e interpreta la entidad recurrente; sino que, como norma general está instituyendo que, cuando el SENASIR no cuente con planillas y comprobantes de pago en sus archivos, como es el caso, éste tiene que certificar los aportes con la documentación que cursa en el expediente del asegurado, conforme resolvió el Tribunal de apelación, de manera correcta; por cuanto, no resultaría justo desconocer la documentación que aparejó el asegurado en su file y por la cual acredita la prestación de trabajo efectivo desde el 01 de enero de 1976, hasta el 20 de octubre de 1988, en la empresa pastelería LE PALAIS ROSE, conforme se puede evidenciar por la literal de fs. 2, emitida por la Unidad de Planillas y Salarios del Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social del Estado Plurinacional de Bolivia; además de otros documentos aparejados oportunamente por la asegurada, como ser: papeletas de pago de fs. 1, (repetida a fs. 41) y fs. 19, fotocopia legalizada del formulario AVC-04 de fs. 6, repetido a fs. 39, en el que se acredita el ingreso de la asegurada el 01 de enero de 1976 a la empresa LE PALAIS ROSE, documento que fue corroborado con la certificación de fs. 51, emitida por la Sección Registro y Filiación de la Caja Nacional de Salud, en la que se demuestra que la asegurada Teodosia Vargas Benites, ingreso a la empresa el 01 de enero de 1976 y las consiguientes bajas de la empresa el 20 de octubre de 1988 y de la Caja Nacional de Salud el 20 de septiembre de 2011.

Como se podrá advertir, conforme los documentos existentes en el proceso, la asegurada a través de las literales señaladas precedentemente, demostró los años trabajados en la empresa o heladería LE PALAIS ROSE, omitir ese hecho significaría desconocer los años trabajados como tal y vulneraría su derecho a acceder a una renta digna y el derecho a su jubilación igual, conforme los documentos supletorios presentados para su consideración y posterior certificación en base a ellos; en ese entendido, la errónea interpretación del SENASIR, que al no estar autorizado expresamente por el Decreto Supremo mencionado, de emitir certificaciones para trámites de Compensación de Cotizaciones, aplicando el método de la “Utilización de documentos que cursan en el expediente”, previsto en el art. 14 del Decreto Supremo ut supra, conlleva al desconocimiento de la esencia misma que hace a la seguridad social como un derecho fundamental previsto en el art. 45 de la Constitución Política del Estado (CPE), desconociendo inclusive, que constituye obligación del Estado el garantizar el derecho a la jubilación con carácter universal, solidario y equitativo; pero además, significaría desconocer totalmente, el derecho de las personas adultas mayores como colectivo a proteger, a que tengan una vejez digna, con calidad y calidez humana y sin discriminación, bajo el pretexto impertinente y erróneo de que se estaría emitiendo resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, ocasionando un daño económico al Estado, fundamento totalmente errado por la entidad recurrente que no tomó cuenta, que los dineros son aportes propios de los asegurados que en su vida de trabajo efectivo les fueron descontados a efectos de su jubilación; y el hecho de que el art. 18 del mismo Decreto Supremo no mencione que para la compensación de cotizaciones se pueda utilizar el art. 14, no significa que no se pueda aplicar, porque operando de esa manera se otorga un trato igualitario para ambos trámites, cumpliendo de tal manera el principio de universalidad previsto en el art. 3 de la Ley No 065 de 10 de diciembre de 2010, otorgando el acceso a la seguridad social de largo plazo sin discriminar si se trata de compensación de cotizaciones o rentas en curso de pago y adquisición, del sistema de reparto, por su puesto, bajo la presunción “iuris tantum”; es decir, en tanto y cuanto no se demuestre lo contrario por la entidad gestora.

De modo que, si bien la asegurada no figura en las planillas de fs. 12 a 14, 23 a 27 de 54 a 56 de obrados, con su nombre correcto, es que precisamente ante la ausencia de las mismas planillas o el nombre de la trabajadora en las mismas, es que el Tribunal de apelación decidió que se proceda a emitir una nueva certificación, considerando la documentación supletoria que había sido presentada por la trabajadora, puesto que, se evidencia a través de dicha documentación, la prestación efectiva de trabajo a cuenta del empleador y con los aportes respectivos para la seguridad social a largo plazo, aplicándose por tanto correctamente el art. 14 del DS No 27543, por lo que, no es suficiente asumir una determinación negatoria, afirmando que los informes técnicos habrían sido tomados en cuenta para tal efecto; pues es necesario dejar establecido que, aun tratándose de documentos emitidos por la entidad pública, éstos no constituyen verdades absolutas e incontrastables, como es el caso, que a través de documentos supletorios presentados por la trabajadora, se ha logrado demostrar que la trabajadora prestó un efectivo servicio, no siendo evidente por lo tanto la acusación de vulneración del art. 14 del DS No 27543 de 31 de mayo de 2004, máxime si dicha normativa fue promulgada antes de la presentación de la solicitud de 12 de julio de 2012.

Finalmente, en relación a que la asegurada Teodosia Vargas Benites, no figuraría como tal; es decir, con esa identidad; sino figuraría el nombre de Teresa Vargas B., conforme los datos y archivos del SENASIR, por lo que existiría una doble identidad; al respecto, no es menos evidente que, ante esa supuesta irregularidad, existe documentación fehaciente y contundente que se trata de la asegurada Teodosia Vargas Benites, así lo demuestra la amplia prueba documental existente en obrados, lo que no amerita y soslaya que la asegurada no tendría derecho a la compensación de cotizaciones, constituyendo fundamento errado, el hecho de negar la solicitud presentada por la trabajadora, desconociendo así el principio de certeza jurídica consagrado en los arts. 178.I  y 180.I de la CPE.

Cabe dejar establecido que si bien el recurrente pretende otorgar al dispositivo del art. 14 del DS Nº 27543 un carácter de temporalidad, al pretender hacer ver que sólo se aplicaría para aquellos trámites en curso a la fecha de emisión de tal normativa, y que en tratándose del caso no sería aplicable debido a que recién se inició en la gestión 2012; dicho razonamiento también resulta errado, por cuanto tal razonamiento contrariaría lo dispuesto en el art. 1 del mismo Decreto Supremo, cuya finalidad última del mismo es precisamente el posibilitar el acceso al pago del reparto anticipado, así como facilitar el tratamiento de certificaciones de aportes, de aquellos trámites como el que ahora viene a este Tribunal, por lo que una interpretación restrictiva a tal dispositivo, conllevaría a un resultado denegatorio de la consideración de años de servicio que los trabajadores reclaman haber desarrollado durante su vida laboral activa, de los cuales el SENASIR no tiene constancia en sus registros, lo que éste tribunal tampoco puede permitir, dado el escenario normativo constitucional vigente.

Bajo tales parámetros, lo razonado y concluido por el SENASIR, respecto a que, en trámites de Compensación de Cotizaciones sólo sería aplicable el art. 18 del Decreto Supremo referido, no constituye sino una interpretación equivoca y por tanto desconocedora del derecho de la trabajadora, para que se le reconozcan los años de servicio no certificados por el SENASIR pero acreditados mediante documentos supletorios (certificación extraordinaria), olvidando considerar que el Estado boliviano tiene la obligación de proteger al ser humano, asegurando los medios de subsistencia, máxime si se trata de años de servicio efectivamente prestados por la trabajadora, ésta no puede ser desconocida por una errónea interpretación de la entidad estatal, al ser años que no se recuperan y constituye, en muchos casos, el único patrimonio que permite a este grupo vulnerable sobrellevar una vejez digna, permitiendo de esa manera cumplir el núcleo esencial de la Constitución Plurinacional Comunitaria, el VIVIR BIEN.

Por consiguiente, se concluye que no son evidentes las infracciones normativas denunciadas en el recurso de casación de fs. 77 a 80, constituyendo los reclamos en infundados, al carecer de sustento legal, por cuanto se observa que el Auto de Vista recurrido se ajusta a las leyes en vigencia, no observándose violación de norma legal alguna, correspondiendo por tanto dar aplicación a las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil (CPC), aplicables por la norma remisiva contenida en los arts. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social y 15 del MPRCPA aprobado por Resolución Secretarial No 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 77 a 80, interpuesto por Juan Edwin Mercado Claros, en representación del SENASIR.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley No 1178 de 20 de julio de 1990 y art. 52 del DS No 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera