TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 230

Sucre, 21 de abril de 2015

Expediente: 590/2010-S

Demandante: Aynak Jacqueline Álvarez Condo

Demandada: Café “Manjares” S.R.L. 

Distrito: La Paz

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: Los recursos de casación interpuestos por Mario Alberto Mensio en representación legal de la Empresa Café “Manjares” S.R.L. (fs. 140 a 141); así como por Aynak Jacqueline Álvarez Condo (fs. 146 a 147), contra el Auto de Vista Nº 265/09 de 16 de noviembre (fs. 137), pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro el proceso social por pago de beneficios sociales y otros derechos, seguido por Aynak Jaqueline Álvarez Condo contra Café “Manjares” S.R.L.; la respuesta al recurso de la Empresa demandada (fs. 149); el Auto Nº 349/10 SSA-III de 24 de agosto (fs. 152) que concedió los recursos; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1 Sentencia

Que, tramitado el proceso laboral, la Juez Sexto de Trabajo y Seguridad Social, del distrito judicial de La Paz, emitió  Sentencia Nº 03/2008 de 07 de enero (fs. 109 a 112), declarando probada la demanda de fs. 22 a 23 de obrados, ordenando a la Empresa demandada a favor de la actora, la suma de Bs.17.974,4.- (diecisiete mil novecientos setenta y cuatro 40/100 bolivianos), por concepto de indemnización, desahucio, vacaciones por gestión 2006 por 6 meses y 12 días, aguinaldo por duodécimas de la gestión 2007, bono de antigüedad, horas extras y multa del 30% que establece el Decreto Supremo (DS) Nº 28699 de 1 de mayo del 2006.

I.2 Auto de Vista

Interpuesto el recurso de apelación por la parte demandada (fs. 115 a 116), la respuesta al mismo (fs. 126 a 127), la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista Nº 265/09 de de 16 de noviembre (fs. 137), revocando en parte la Sentencia Nº 03/2008 de 07 de enero de fs. 109 a 112 de obrados, dejando sin efecto los conceptos de bono de antigüedad y horas extras otorgado a favor de la actora, manteniendo firme y subsistentes los demás conceptos y derechos reconocidos en dicho fallo, estableciendo como nuevo monto a pagar la suma de Bs.12.417,00.-.

I.2 RECURSOS DE CASACÍÓN

Dicha Resolución motivó la presentación de los recursos de casación de fs. 140 a 141 y 146 a 147, interpuestos por Mario Alberto Mensio en representación legal de la Empresa Café “Manjares” S.R.L., y por Aynak Jacqueline Álvarez Condo, quienes señalaron:

I.2.1 Recurso de casación de la Empresa demandada Café Manjares S.R.L.

  1. Que, tanto la Sentencia como el Auto de Vista recurrido no se pronunciaron sobre las causales de despido de la trabajadora, la cual estaba dentro de las causales de los arts. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT) y 9 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo (DR-LGT), ya que debieron determinar si la trabajadora incurrió o no en las causales de despido justificado puesto que dichas disposiciones no establecen que el empleador deba iniciar, proseguir y culminar proceso alguno, y con la documental que acredita las causales de despido por un hecho ilícito protagonizado por la actora bastaba para que la Juez determine o no su comisión de tales causales para de esta manera determinar el no pago de desahucio e indemnización, y no hacerlo en otro proceso paralelo como señalaron los de Instancia, y conforme el art. 44 del Código Procesal del Trabajo (CPT) es necesario enmendar la incorrecta aplicación de la Ley laboral y ordenar al Juez que se pronuncie sobre la existencia o no de culpabilidad de la trabajadora para que se determine si correspondía la aplicación de las causales de despido justificado por parte del empleador. 
  2. El Auto de Vista realizó una escueta explicación del derecho a la vacación y que fue otorgado de manera ultrapetita a favor de la trabajadora porque solamente le correspondía duodécimas de 1 mes y 25 días y no duodécimas de vacación por 6 meses y 12 días como otorgaron los de Instancia, y que no existe congruencia entre lo demandado y lo resuelto por la Juez de la causa y confirmado por el Tribunal de Alzada, ante este error señaló- amerita la nulidad para enmendar el cálculo de duodécimas de vacación conforme los arts. 254.4 y 275 del Código de Procedimiento Civil (CPC) y se debe ordenar a la Juez a quo se pronuncie sobre los términos en los que se planteó la demanda.
  3. El Auto de Vista realizó errónea interpretación y aplicación de la Ley, al confirmar que le correspondía la multa del 30 % del art. 9 del DS N° 28699 a la trabajadora puesto que señaló la parte demandada que era intolerable que se cobre dicha multa en base al finiquito adjuntado en el proceso porque no reconocía tal documento ya que le generaba desacuerdos y controversias al demandado, y recién con la ejecutoria de la Sentencia empezaría el plazo de 15 días para que cumpla con lo que se determine en dicho fallo, y a partir de su incumplimiento se abriría la posibilidad de aplicar la multa mencionada.

Petitorio

”Concluyó solicitando que después de corridos todos los actuados necesarios, se declare probados los argumentos esgrimidos en el presente recurso de Nulidad y se procesa de la forma que la norma establece”.

I.2.2. Recurso de casación presentado por Aynak Jacqueline Álvarez Condo

a) El Auto de Vista de fs. 137 fue pronunciado en flagrante violación e interpretación errónea y aplicación indebida de la Ley

Señaló que, el Auto de Vista violó los arts. 48.I, II, III y IV de la Constitución Política del Estado (CPE), 3, 64, 66 y 150 del CPT porque a pesar que las normas laborales son en protección de los trabajadores y que sus derechos y beneficios son irrenunciables, revocó en parte en forma ilegal la sentencia, eliminando los conceptos de bono de antigüedad y horas extras, sin fundamentación alguna y además con error en el cálculo porque de la resta de tales conceptos no daba el monto rebajado de Bs.12.417.-.

Incurrió también en violación del art. 123 de la CPE porque no compulsó el DS N° 0110 de 1 de mayo de 2009, infringiendo sus arts. 1 y 2. III, porque hubo un error en el sueldo promedio indemnizable, siendo el correcto en la suma de Bs.1518.- según las boletas de pago de los tres últimos meses de trabajo, aspectos que al no tomar en cuenta el Tribunal ad quem infringió también el art. 64 del CPT, que subsanando tales errores debe ordenarse el pago de los beneficios sociales en un total de Bs.21.104,7.-

b) El Auto de Vista de fs. 137 contiene disposiciones contradictorias

Anotó que, si bien reconoce garantías laborales y el principio de inversión de la prueba, en su segundo considerando, en forma contradictoria se aparta de tales conceptos y rebajó el monto de sus beneficios sociales violando los arts. 48. I, II, III y IV de la CPE concordante con los arts. 3, 64, 66 y 150 del CPT, ya que la Empresa demandada no probó nada en contra de la trabajadora en el transcurso del proceso; así también  las documentales de fs. 56, 90 y 91 datan del año 2008, es decir 1 año después de su retiro intempestivo, aparte de ello tal rebaja fue realizada con error de cálculo en su resta porque si se restan los conceptos de bono de antigüedad y horas extras daba un resultado de Bs.13.699,9.- y no así la suma errada de Bs.12.417.- señalada en el Auto de Vista recurrido, debiendo enmendarse tal aspecto y además la aplicación de los arts. 2.III del DS N° 0110 y 123 de la CPE otorgarle en forma correcta la suma de Bs.21.104,7.-

c) El Auto de Vista de fs. 137 se incurrió en error de hecho y de derecho por errónea apreciación de las pruebas

Acusó que, incurrió en flagrante valoración de las pruebas, al no compulsar en forma correcta las declaraciones de fs. 49, 50, 52 y 54, tampoco la documental a fs. 1, 2, 61, llegando a  incurrir en error de hecho y derecho porque no aplicaron lo previsto en los arts. 48, 123 de la CPE, art. 2, 2, III del DS N° 0110  y 64 del CPT.

Petitorio

La demandante concluyó solicitando al Tribunal Supremo de Justicia casar el Auto de Vista N° 265/09 de fs. 137 y vta., y deliberando en el fondo declarar probada su demanda de fs. 22, confirmando la Sentencia de fs. 109 a 112 y modificando el monto a pagar a Bs.21.104,7.- por beneficios sociales a su favor.

CONSIDERANDO II:

FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

II.1 Análisis del recurso de casación de Café “Manjares” S.R.L.

Que, a mérito de esos antecedentes y revisado minuciosamente el recurso de casación, se ingresa a resolver el mismo de acuerdo a las siguientes consideraciones:

i) En cuanto a la nulidad reclamada, porque el Tribunal de Alzada, al igual que la Juez de primera instancia, no se habrían pronunciado respecto a la las causales de despido de la trabajadora, enmarcadas en los arts. 16 de la LGT y 9 del DR-LGT, lo que haría improcedente el pago del desahucio e indemnización; cabe señalar que, si bien es cierto que la Juez a quo, señaló que el robo o hurto al tratarse de delitos en materia penal, correspondía a la empresa demandada presentar la denuncia oportuna ante la autoridad competente y que al no haberlo hecho, concluyó que corresponde el pago del desahucio e indemnización al trabajador en base al principio de proteccionismo; sin embargo, el fallo recurrido de casación por la parte demandada es el Auto de Vista, conforme el art. 255 del CPC, el cual resolvió el agravio, señalando que en materia laboral la carga de la prueba le correspondía al empleador, y que la empresa demandada debió desvirtuar los fundamentos de la demanda por tener todos los medios a su alcance para hacerlo, conforme la previsión de los arts. 3.h), 66 y 150 del CPT, de modo que, el fundamento primero fue superado, al haber concluido el Tribunal, que no existía prueba pertinente que demuestre que se hubiese producido la causal de retiro acusada por el empleador, a más de la afirmación hecha de su parte, por lo que resulta erróneo afirmar que el fallo recurrido no se habría pronunciado respecto a las causales de desvinculación laboral.

En casación, la parte demandada hoy recurrente, persiste en manifestar que presentó prueba plena para acreditar el despido justificado de la trabajadora por incurrir en la causal del art. 16.g) de la LGT y 9 del DR-LGT, no obstante y aclarado que fue el fundamento sostenido por el fallo recurrido de casación, respecto a ésta problemática, correspondía a la parte recurrente, de pretender la revaloración probatoria por éste Tribunal de Casación, referir la prueba que al respecto correspondía ser valorada, es decir, aquella que el Tribunal de Alzada no consideró en su conclusión al respecto, de modo que se tenga la posibilidad de concluir en un fáctico distinto al arribado por el Tribunal de Apelación; lo que evidentemente no ocurrió.

Es importante dejar anotado, bajo la conclusión señalada por el fallo recurrido, que correspondía a la Empresa demandada, Café “Manjares” S.R.L., desvirtuar los hechos afirmados en la demanda de la trabajadora, o en su caso, demostrar con suficiencia los argumentos aducidos en su defensa, siendo simplemente una facultad del actor trabajador la de ofrecer prueba, más no una obligación; por lo que, al no haber demostrado que la actora incurrió en la causal de despido sostenida, con prueba fehaciente que acredite tal hecho, la determinación del Tribunal de Alzada se encuentra correctamente dada, puesto que tal omisión no podía ser a favor del empleador, máxime cuando en la previsiones normativas de carácter procesal, se tiene lo dispuesto por el art. 182.c) del CPT, al considerar que tal disposición establece que la relación de trabajo termina por despido, salvo prueba en contrario, prueba que en el caso de autos no se tiene precisada, conforme advirtió ya el Tribunal de Apelación.

ii) Por otra parte, respecto a que los fallos de instancia habrían resuelto de manera ultrapetita en cuanto a la vacación de la trabajadora, y que no existiría congruencia sobre lo demandado y lo resuelto por la Juez a quo; cabe señalar que, la actora reclamó el pago del mencionado derecho laboral en su memorial de demanda, conforme se tiene a fs. 22, inclusive por un monto mayor al concedido en sentencia y confirmado en apelación, de modo que no se encuentra evidencia de un posible fallo ultra petita como asevera la parte recurrente; no obstante, cabe aclarar que por disposición del art. 64 del CPT, el juez de primera instancia, tiene inclusive potestad para condenar por pretensiones distintas a las pedidas por la parte actora, facultad que también está prevista para condenar al pago de sumas mayores a las pedidas en la demanda, aplicando de tal manera la Ley al caso concreto, porque no se olvide que, se está ente materia social del derecho, con normas específicas y principios reguladores y protectivos, cuyo trámite y procedimiento a seguir tiene particularidades propias que la distinguen de otra rama del derecho.

En consecuencia, y concluyendo respecto a los dos puntos arriba expuestos, se anota que la resolución impugnada se pronunció expresamente respecto al agravio llevado en apelación, que tiene que ver con la causal de desvinculación laboral, con la pertinencia exigida por el art. 236 del CPC, toda vez que en el segundo considerando (fs. 137), dilucidó el agravio mencionado, no siendo evidente que el Tribunal ad quem no se hubiese pronunciado al respecto, como erróneamente se acusa en el recurso de casación de la entidad demandada; así también, se concluye que no es evidente que el falo de primera instancia y menos el de apelación, se hayan pronunciado en forma ultra petita con respecto a la vacación, de modo que, no es viable la nulidad de obrados pretendida, máxime cuando no existe petitorio concreto o específico al respecto.

iii) Finalmente, en relación a la acusada errónea interpretación y aplicación de la Ley, porque no le correspondería a la trabajadora la multa del 30 %; cabe señalar que, refiriéndonos a un contexto general del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, se vincula al espíritu de propugnar la protección de las garantías y derechos de los que gozan los trabajadores ante la eventualidad de que suceda una desvinculación laboral, en resguardo del derecho que asiste al trabajador de percibir de forma oportuna el pago de sus derechos laborales y/o beneficios sociales; de tal forma que, resulta pertinente enfatizar que la normativa en mención, respecto al plazo para el pago de los beneficios sociales a favor de los trabajadores, señala que deberá realizarse a los 15 días posteriores de la desvinculación laboral, debiendo tomar en cuenta que el art. 9 del DS Nº 28699, dispone la multa del monto de sus beneficios sociales en razón a la oportunidad en que el pago debe realizarse, de modo que, se evite que el empleador postergue el pago de los derechos laborales de manera indefinida, lo que no resulta jurídica ni moralmente admisible en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho.

Por lo expuesto, es evidente que le corresponde dicha multa ya que el empleador confesó espontáneamente que conocía que le adeudaba ciertos conceptos a favor de la actora, habiendo incumplido así con el plazo para el pago oportuno establecido expresamente en el art. 9 del Decreto Supremo mencionado, dado que la trabajadora fue despedida el 05 de julio de 2007, teniendo la empresa demandada plazo para cancelar sus beneficios sociales hasta el 20 de julio del mismo año, hecho que no sucedió, estando totalmente alejado del sentido de la norma, la pretensión de la parte demandada de hacer valer que recién se computaría el plazo de los 15 días, con la ejecutoria de la sentencia, motivos totalmente fuera de norma, puesto que como se explicó líneas arriba, la multa del 30% a favor de la actora, tiene como finalidad el pago oportuno de sus beneficios sociales que por Ley le corresponde y a computarse desde la desvinculación laboral; por consiguiente, resulta acertada la decisión de los de instancia en este aspecto, no siendo evidente el reclamo del demandado.

En tal sentido, no siendo evidentes las acusaciones alegadas por la parte demandada, debe darse aplicación a lo establecido por los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables al caso de autos, por disposición de la norma permisiva contenida en el art. 252 del CPT.

II.2 Análisis del recurso de casación de Aynak Jaqueline Álvarez Condo.

Para resolver este recurso, es preciso responder en conjunto todos los puntos referidos en su casación, por cuanto los mismos, guardan relación no obstante las redundancias, pues de ellos se identificó la problemática planteada referida a los conceptos de bono de antigüedad y horas extras, y por otra parte, al acusado error en el sueldo promedio indemnizable de la trabajadora.

En cuanto al error en el promedio indemnizable, reclamado por la actora en su recurso de casación; es preciso señalar que, de la revisión del expediente, se observa que este aspecto no fue reclamado oportunamente por la parte demandante, ya que al haber conocido lo resuelto en la Sentencia N° 03/2008 de 07 de febrero de fs. 109 a 112, la actora se limitó a presentar memorial de respuesta al recurso de apelación de la empresa demandada, conforme consta a fs. 126 a 127 vta., no habiendo interpuesto de su parte, recurso alguno al respecto; pues si consideraba que tenía observaciones en cuanto al sueldo promedio indemnizable o si tal aspecto le causaba agravio, debió reclamarlo oportunamente interponiendo de su parte el recurso de apelación, por lo que, al no haber procedido de esa forma, impidió al Tribunal ad quem pronunciarse respecto si el sueldo promedio indemnizable fue o no correctamente establecido, ya que el Tribunal de Alzada tiene la obligación de dictar su Resolución de acuerdo a la pertinencia prevista en el art. 236 del CPC; es decir, pronunciándose respecto a los agravios que hubiesen sido objeto de apelación y llevados a su conocimiento, por lo relacionado, se colige que fue la demandante quien, por su propio descuido, no reclamó oportunamente los supuestos agravios que le hubiese causado la Sentencia al establecer el monto del sueldo promedio indemnizable, lo que ahora tardíamente aduce en su recurso de casación, hecho que ha provocado que se active el principio de la preclusión procesal prevista en los arts. 3.e) y 57 del CPT, lo que imposibilita a éste Tribunal a realizar mayor análisis con referencia a ésta observación del recurso y tampoco a la normativa que alegó como infringida sobre dicho aspecto traído tardíamente como agravio.

Se observa además que, fue el mismo monto que la actora fijó en su demanda a fs. 22 y vta., la que la Juez de primera instancia consideró en su resolución.

Por otra parte, sobre los conceptos revocados en apelación, como son el bono de antigüedad y las horas extras demandadas; cabe señalar que, si bien es evidente que en materia laboral los derechos a favor de los trabajadores están protegidos conforme el art. 48 de la CPE, y que la carga de la prueba le corresponde al empleador, sin embargo, el Tribunal de Alzada se pronunció al respecto de manera fundamentada, al haber denegado el pago del bono de antigüedad bajo la conclusión de que la empresa demandada desvirtuó el pago de tal bono puesto que el mismo era cancelado a favor de la demandante conforme las planillas de sueldos de sus trabajadores cursantes a fs. 57 a 62 de obrados, y en las que se advierte que figuraba el bono de antigüedad, al igual que las papeletas de pago presentadas por la demandante, pagos que no los observó oportunamente la Juez a quo al dictar la sentencia, otorgando así erradamente el bono de antigüedad, que no le correspondía por haber sido cancelado cada mes.

Finalmente, en cuanto al pago de horas extras, es claro el argumento de la resolución de segunda instancia, en sentido que dicho derecho no fue correctamente precisado en la demanda de la actora, sobre las fechas, la cantidad de horas extras, que hubiese prestado al cumplir con sus funciones en el local demandado, peor aún que la Juez de la causa haya otorgado dicho derecho con el fundamento de la prueba testifical de cargo de fs. 49 a 50, 52 a 54, cuando dichas declaraciones no tenían relación alguna con el derecho a horas extras a favor de la actora como se puede evidenciar del cuestionario a fs. 47 realizado para tales declaraciones, por lo que la Juez otorgó dicho derecho de manera equívoca e imprecisa, además que el pago de tal derecho también figura en las planillas de sueldos como en las papeletas de pago de haberes cuando correspondía, por lo que, se advierte que el Tribunal de Alzada restó el pago de bono de antigüedad y horas extras acertadamente y de acuerdo al pago efectivo que realizaba la Cafetería Manjares S.R.L., en base a las pruebas del proceso mencionadas, por lo que no resulta evidente que no haya existido fundamentación alguna para dichos descuentos como reclama la actora en el contenido de su recurso, como tampoco resulta evidente que haya existido violación a las disposiciones legales referentes a la inversión de la prueba traídas como agravios por la actora,  no resultando en consecuencia cierto este reclamo.

Sobre el error de cálculo reclamado, no corresponde a esta instancia corregir el mismo, dado que éste tribunal se constituye en una instancia de casación, no obstante, aquel error es enmendable hasta en ejecución de fallos, por lo que, corresponderá a la parte demandante reclamar dicho aspecto en dicha fase de ejecución.

Debe precisarse que, los documentos de fs. 1, 2 y 61 y los documentos cursantes a fs. 56, 90 y 91 incurriendo en error de hecho y de derecho porque su sueldo promedio indemnizable era de Bs.1518.-

Es importante dejar establecido que, la valoración probatoria por el Tribunal de apelación fue en conjunto, no limitada sólo a las referidas por la parte actora en su recurso, es decir, fueron valoradas en correspondencia a las demás pruebas producidas durante el proceso, conforme a la facultad conferida por los arts.  3.j, 158, y 200 del CPT, puesto que los juzgadores en materia social, no se encuentran sujetos a la tarifa legal de la prueba y por lo tanto pueden formar libremente su convencimiento, claro está, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, lo que ocurrió en el caso de autos y por consiguiente es evidente el acusado error de hecho denunciado con relación a las declaraciones testificales, como en las literales de fs. 56, 90 y 91, puesto que, sí se verificó en dichas documentales que no le correspondían los derechos a horas extras ni bonos de antigüedad, no existiendo vulneración normativa alguna por ello.

Por lo relacionado, no siendo evidentes las infracciones acusadas por la demandante, corresponde resolver el recurso en la forma que prevén los arts. 271.2 y 273 del CPC, aplicables al caso de autos por mandato de la norma permisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad que le confieren los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADOS los recursos de casación interpuestos por Mario Alberto Mensio en representación legal de la Empresa  Café “Manjares” S.R.L. de fs. 140 a 141 vta.; y por, Aynak Jacqueline Álvarez Condo de fs. 146 a 147.

Sin costas por ser ambas partes recurrentes.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera