TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 228

Sucre, 21 de abril de 2015

Expediente: 01/2015-S

Demandante: Marcia Paola Torrez Vásquez

Demandado: Fondo Financiero Privado PRODEM S.A.

Distrito        : Tarija

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

==========================================================================

VISTOS: Los recursos de casación de fs. 278 a 280 vta., y 284 a 286, interpuestos por María Angélica Aguirre Choque en representación del Fondo Financiero Privado PRODEM S.A., y por Marcia Paola Torrez Vásquez respectivamente, contra el Auto de Vista Nº 251/2014 de 13 de noviembre (fs. 267 a 270 vta.), pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; dentro el proceso social seguido por Marcia Paola Torrez Vásquez contra el Fondo Financiero Privado PRODEM S.A.; las respuestas a los recursos de casación de fs. 284 a 286 y 288 vta.; el Auto de fs. 290 vta., que concedió los recursos; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1 Sentencia

Que, tramitado el proceso por pago de beneficios sociales, la Juez de Partido Primero del Trabajo y Seguridad Social de Tarija, emitió la Sentencia de 29 de junio de 2009 de fs. 205 a 206 vta., por la que declaró probada en parte la demanda en cuanto a las horas extras y probada en parte la excepción perentoria de pago, con costas, ordenando a la entidad demandada a través de su representante cancelar a favor de la actora la suma de Bs.32.335,87.-(treinta y dos mil trecientos treinta y cinco 87/100 bolivianos), rechazando mediante Auto de 8 de julio de 2009 de fs. 209 la complementación y enmienda solicitada a fs. 208 vta., por la parte demandada.

I.2 Auto de Vista

Interpuestos los recursos de apelación tanto por María Angélica Aguirre Choque en representación del Fondo Financiero Privado PRODEM S.A., como por Marcia Paola Torrez Vásquez (fs. 213 a 214 vta., y 220 a 221 respectivamente), mediante Auto de Vista Nº 251/2014 de 13 de noviembre (fs. 267 a 270 vta.), la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, confirmó parcialmente la Sentencia apelada modificando el fallo, acordando el pago de Bs.19.947,13.-(diecinueve mil novecientos cuarenta y siete 13/100 Bolivianos), sin costas.

II. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Dicha Resolución motivó los recursos de casación de fs. 278 a 280 vta., y 284 a 286, interpuestos por María Angélica Aguirre Choque en representación del Fondo Financiero Privado PRODEM S.A., y por Marcia Paola Torrez Vásquez respectivamente, quienes señalaron:

II. 1 Recurso de casación en el fondo interpuesto por María Angélica Aguirre Choque en representación del Fondo Financiero Privado PRODEM S.A.

Que, el Tribunal de Apelación reconoció a favor de la parte demandante un trabajo extraordinario de tres horas por cada día trabajado, contraviniendo lo señalado por el art. 14 del Decreto Supremo (DS) Nº 21137 de 30 de noviembre de 1985, pues la característica esencial del trabajo extraordinario es la excepcionalidad, aspecto que en el presente caso no acontece, y si bien el empleador tiene la carga de la prueba, empero la parte actora no habría aportado ningún elemento que sustente su pretensión, menos aún señalo en qué consistía su trabajo extraordinario o la tarea adicional que habría sido encomendada, ya que las declaraciones testificales no contribuyeron a sus pretensiones al ser solo referenciales y contradictorias y porque no desvirtuaron la prueba de descargo presentada por PRODEM, resultando evidente la transgresión a la norma señalada al reconocer tres horas fijas diarias de sobretiempo u horas extras, transgrediendo además el art. 55 de la Ley General del Trabajo (LGT), ya que de haberle correspondido el pago de horas excedentes solo se le debe calcular el 100% del valor de las horas extras y no el triple como erróneamente se advierte en la liquidación efectuada.

Que, el Tribunal de Apelación incurrió en error de hecho por falta de apreciación de la prueba documental de fs. 109 a 201 vta., la misma que sólo mereció la compulsa parcial, donde se constataría el registro de los horarios de salida del personal de la entidad demandada, documentos que merecen fe probatoria en su integridad y no parcialmente; y, error de derecho porque el Tribunal Ad quem le habría asignado un valor distinto o inferior a la documental que acredita los horarios efectivos de trabajo y que demuestran la inexistencia de horas extraordinarias, demostrándose que la prueba no habría sido valorada en su conjunto, es decir el contenido de los reversos de los documentos de fs. 190 a 201 vta., aspecto corroborado en la confesión de fs. 91 a 92, existiendo equivocación en la apreciación de la prueba, consiguientemente el juzgador en aplicación de lo previsto por el art. 1286 del Código Civil (CC) debió darle el valor que le atribuye la ley arts. 1289, 1297, 1321 del CC y 166 y 167 del Código Procesal del Trabajo (CPT) .

II. 1. 1 Petitorio

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia case el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo declare no haber lugar al pago de horas extras.

II. 2 Recurso de casación en el fondo interpuesto por Marcia Paola Torrez Vásquez

Señaló que el Auto de Vista, sin ningún análisis le habría reducido las horas extras, puesto que en la Sentencia le otorgan por un tiempo de 3.618 horas extras, y de acuerdo al Auto de Vista establecen a su favor 3 horas extras diarias por todo el tiempo trabajado desde abril de 2006 a agosto de 2008, determinando un numero de 1.524 horas, acordando el pago de Bs.19.947,13.-, resolución que no establecería la operación aritmética realizada para reducir dicho concepto y sacar el monto establecido.

II. 2. 1 Petitorio

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia case el Auto de Vista Nº 251/2014 de fs. 267 a 270 vta., concediéndole la cancelación de sus horas extras, con costas y responsabilidad.

CONSIDERANDO II:

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Que así planteados ambos recursos, se ingresa a su análisis en relación a los datos del proceso y las disposiciones legales cuya infracción se acusa, como sigue:

II.1 Resolviendo el recurso de casación en el fondo interpuesto por María Angélica Aguirre Choque en representación del BANCO PRODEM S.A.

La parte recurrente cuestiona el fallo del juzgador de segunda instancia señalando que incurrió en violación indebida de la Ley, al haber reconocido a favor de la parte demandante un trabajo extraordinario de tres horas por cada día trabajado.

Ahora bien, para resolver la controversia en el recurso de casación en el fondo, previamente corresponde señalar conforme a la jurisprudencia sentada por este Tribunal, tanto en los procesos administrativos, como en la jurisdicción ordinaria debe prevalecer la verdad material sobre la verdad formal, así los arts. 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE) y 30.11 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), establecen como un principio procesal la verdad material, con la finalidad de que toda resolución contemple de forma inexcusable la manera y cómo ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de las garantías procesales; es decir, dando prevalencia a la verdad pura, a la realidad de los hechos, antes de subsumir el accionar administrativo y jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia, además, cabe indicar que el art. 48.II de la CPE, establece el “principio de la primacía de la relación laboral” como un principio protector de los trabajadores, señalando al efecto: “Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador”,

Así, podemos señalar que en el derecho laboral, por su naturaleza protectiva a favor del trabajador, debe aplicarse el criterio de la igualdad entre partes, que permitan un razonable equilibrio, notoriamente desigual, dada por la diferencia económica y social existente entre el empleador y el trabajador, principio protectivo plasmado en los arts. 4 de la LGT, 3.g) y 59 del Código Procesal del Trabajo (CPT), y en los arts. 46 y 48.III de la CPE.

Ahora bien, resolviendo la controversia, debemos partir de lo reglado por el art. 46 de la LGT, que establece la jornada máxima de 8 horas de trabajo diario y de 48 horas semanales, con excepción de aquellos empleados u obreros que ocupen puestos de dirección, vigilancia o confianza, o que trabajen discontinuamente, o que realicen labores que por su naturaleza no puedan someterse a jornadas de trabajo, casos en los que es posible el trabajo continuado de hasta doce horas diarias, con el derecho al descanso de una hora dentro del día.

Al respecto, el art. 37 del Decreto Reglamentario a la Ley General del Trabajo (DR-LGT), dispone: "La jornada ordinaria de trabajo podrá extenderse en la medida de lo indispensable, para evitar perjuicios en la marcha normal del establecimiento, para impedir accidentes o ejecutar arreglos o reparaciones impostergables en las maquinarias o instalaciones, o cuando sobrevenga caso fortuito".

En ese sentido, el art. 41 del Decreto Reglamentario mencionado, impone que para el cómputo de las horas extraordinarias debe llevarse un registro especial, conforme al modelo que apruebe la Inspectoría General del Trabajo, hoy dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; disposición que también fue objeto de reglamentación mediante la Resolución Administrativa Nº 063/99 de 9 de Julio de 1999.

Así, el art. 14 del DS Nº 21137 de 30 de noviembre de 1985 dispone: "Horas Extraordinarias).- Las empresas y entidades reguladas por la Ley General del Trabajo, se sujetarán sus disposiciones para el pago de horas extraordinarias por trabajos efectivamente realizados en exceso de la jornada mensual completa en estricta aplicación del artículo 46 de la misma ley y del artículo 36 de su Reglamento. Se suprime el pago de horas fijas de sobretiempo".

Bajo el marco normativo señalado, se advierte si bien la ley laboral no trae una definición clara sobre quiénes son y qué hacen los trabajadores de dirección, de vigilancia o confianza, se debe entender que son aquellos empleados que se distinguen porque ocupan una posición jerárquica en la empresa, con facultades disciplinarias o de mando, dotados de determinado poder discrecional de autodecisión.

En el caso de autos, se establece que la actora ocupaba inicialmente el cargo de Cajera y posteriormente funciones de Servicio al Cliente en el Fondo Financiero Privado S.A. PRODEM, por lo que no se encontraba inmersa en la excepción contenida en la norma citada precedentemente.

En este sentido, de la revisión de antecedentes se evidencia que no se demostró que en el registro de control de personal, la trabajadora hubiese desarrollado sus funciones en horarios extraordinarios, ya que si bien solo se consignaría en el mismo el ingreso de la trabajadora, empero en el reverso de dichos documentos cursantes de fs. 109 a 201 en la casilla de novedades se advierte el cierre total de la agencia, detallando de manera expresa el horario en el cual el personal se habría retirado, tampoco se demostró la existencia de otro documento que acredite la autorización para el desarrollo del trabajo en horas extraordinarias, o que éste efectivamente se hubiese cumplido bajo dichas condiciones. Pues, corresponde señalar que si bien el registro de asistencia lo impone el empleador, este libro se encuentra a disposición del trabajador para registrar el horario en el que está ingresando y saliendo de su fuente laboral, siendo obligación del mismo hacer constar que está cumpliendo su jornada laboral. Menos aún se probó el trabajo extraordinario, que supuestamente habría realizado la parte demandante.

Debe tenerse presente que en el caso de autos no existe prueba ni indicio alguno que lleve al convencimiento procesal de ser evidente la afirmación de haberse efectuado labores en horas extraordinarias, sino la simple aseveración del demandante, sin respaldo legal o material alguno, la que no puede ser suficiente para el reconocimiento de derechos a una de las partes en perjuicio de la otra, desvirtuando el principio de inversión de la prueba en la materia, que no es absoluta al grado que conlleve, por el juzgador, al reconocimiento de hechos, circunstancias y derechos sin más base que el petitorio del trabajador que, por principio está en el deber procesal de mostrar su legitimidad en base a pruebas o indicios cuando menos, que lleven al juzgador al reconocimiento de lo pretendido, en el marco de la ley, sin generar un enriquecimiento sin causa, en detrimento de los derechos del empleador que también goza de protección constitucional y legal. Más aún, tomando en cuenta que las aseveraciones vertidas por la trabajadora y que habrían sido corroboradas por la prueba testifical de cargo, resultan ser contrarrestadas con las cursantes de fs. 109 a 201, que no fueron correctamente valoradas al considerar datos o elementos consignados en dichos documentos de forma parcial, elementos de convicción que desvirtúan lo afirmado por el actor, y permiten determinar que no corresponde el reconocimiento a las horas extras demandadas por la parte actora.

Que, así analizados los hechos, se concluye que el Auto de Vista recurrido no valoró acertadamente y en conjunto las pruebas presentadas al proceso, por lo tanto no ajustó su decisión a las normas legales en vigencia, incurriendo por ello en interpretación y aplicación errónea de las normas acusadas en el recurso, por lo que, en este estado corresponde enmendar la actuación del Tribunal Ad quem, resolviendo la causa en la forma prevista por los arts. 271.4) y 274 del Código de Procedimiento Civil (CPC), aplicables por mandato del art. 252 del CPT.

II.2 Resolviendo el recurso de casación en el fondo interpuesto por Marcia Paola Torrez Vásquez

La jurisprudencia sentada por este Tribunal Supremo, ha establecido que el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho utilizada para invalidar una sentencia o auto definitivo en los casos expresamente señalados por ley, ello en razón a que no constituye una controversia entre las partes, sino una "cuestión de responsabilidad entre la ley y sus infractores", pudiendo presentarse como recurso de casación en el fondo, recurso de casación en la forma o en ambos efectos de acuerdo a lo estatuido por el art. 250 del CPC, en tanto se cumplan los requisitos establecidos en el art. 258.2) del mismo cuerpo legal, lo que implica citar en términos claros, concretos y precisos las leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, especificando en qué consiste la violación, falsedad o error y proponiendo la solución jurídica pertinente, esto porque el recurso de casación es un acto procesal complejo, puesto que entre los elementos de forma esenciales a contener no es solo expresar la voluntad de impugnar, sino principalmente fundamentar esa impugnación conforme al modo de la estructura, del acto impugnado contenido en el citado art. 258.2) del CPC. Así, el recurso de casación está sometido a estrictos requisitos formales, de riguroso e indispensable cumplimiento, que determinan la admisión del mismo, de lo contrario se lo rechaza por la improcedencia, dando cumplimiento a la previsión del art. 272.2) del CPC.

Por otra parte, los recursos de "casación en el fondo" y "casación en la forma", si bien aparecen hermanados, son dos realidades procesales de diferente naturaleza jurídica. El primero se relaciona con el error "in judicando" que no afecta a los medios de hacer el proceso, sino a su contenido, o sea, a sus fundamentos sustanciales. El segundo, con el error "in procedendo" que es atinente a la procedencia del recurso de nulidad en la forma, es decir, cuando la resolución recurrida haya sido dictada violando formas esenciales del proceso, o lo que es lo mismo, errores de procedimiento y vicios deslizados que sean motivo de nulidad por haberse afectado el orden público. En ambos recursos el CPC, señala taxativamente los casos en que proceden. Consiguientemente, bajo estos parámetros la forma de resolución también adopta una forma específica y diferenciada, así, cuando se plantea en el fondo, lo que se pretende es que el auto de vista se case, conforme establecen los arts. 271.4) y 274 del CPC, y cuando se plantea en la forma, la intención es la nulidad de obrados, con o sin reposición, como disponen los arts. 271.3) y 275 del mismo cuerpo legal, siendo comunes en ambos recursos las formas de resolución por improcedente o infundado. Técnicamente no hay recurso de casación, cuando se plantea uno en el que no se concreta correctamente el reclamo como casación en el fondo o casación en la forma, lo que implica su improcedencia.

En la especie, el contenido del recurso de casación de fs. 284 a 286 resulta impreciso, incompleto y contradictorio, no solo porque gran parte de su contenido está abocado a efectuar una relación histórica de los antecedentes, sino también porque la recurrente si bien anuncia la interposición del recurso de casación en el fondo, debió implicar hacer un análisis sobre la existencia de errores "in judicando" en el trámite del proceso, adecuando el recurso a una o a todas las previsiones del art. 253 del adjetivo Civil, citando en términos claros, concretos y precisos las normas que se presumen infringidas, la forma en que han sido vulneradas y la posible solución jurídica a la situación planteada, indicando además las disposiciones contradictorias que contuviera la resolución o en su caso establecer de forma precisa el error de derecho o hecho en la apreciación de las pruebas, no siendo suficiente realizar una cronología de los antecedentes y referir que la resolución impugnada no establecería la operación aritmética realizada para reducir las horas extras concedidas en la Sentencia, sin precisar ni demostrar los errores in judicando en los que según su criterio incurrió el Tribunal Ad quem, olvidando que el recurso de casación en cualquiera de sus formas se equipara a una demanda nueva de puro derecho, cuya fundamentación legal debe ser totalmente clara y precisa, además de congruente con las pretensiones de quien la interpone.

Finalmente corresponde establecer que, la simple relación expuesta, no sustituye a la fundamentación que deben hacer los recurrentes para demostrar la forma en la que el tribunal de grado violo las normas que se impugnan para dar lugar a una decisión en casación, por ello, la jurisprudencia nacional coincidente con los criterios doctrinales del derecho procesal requieren que el recurso de casación no tenga simplemente un carácter indicativo de la ley o leyes violadas, aplicadas falsa o erróneamente, sino que por el contrario sean observaciones precisas, claras y puntuales acerca de los errores o faltas que se observan y/o acusan; lo que no ocurre en el caso de autos.

Merced a estos parámetros y evidenciándose que el recurso en cuestión no se acomoda a las condiciones mínimas que exige la técnica recursiva prevista en el código ritual de la materia lo que hace inviable su consideración, correspondiendo resolver el mismo según lo previsto por los arts. 271.1) y 272.2) ambos del CPC, aplicables por la permisión del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184.1 de la CPE y el art. 42.I.1 de la LOJ, CASA en parte el Auto de Vista recurrido y, deliberando en el fondo, declara IMPROBADA la demanda, manteniendo firme y subsistente todo lo demás; y en cuanto al recurso de casación formulado por la actora, declara IMPROCEDENTE el mismo.

Sin responsabilidad de multa por ser excusable.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera