TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 218

Sucre, 15 de abril de 2015

Expediente: 572/2010-S

Demandante: Roberto Cerruto Magne

Demandado: Automóvil Club Boliviano

Distrito        : Cochabamba

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 228 a 233, interpuesto por Armando William Torres Arandia, en su condición de Gerente General del Automóvil Club Boliviano, contra el Auto de Vista Nº 175/2010 de 08 de septiembre (fs. 188 a 189), pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Justicia del Distrito de Cochabamba; dentro el proceso laboral por pago de beneficios sociales y otros conceptos, seguido por Roberto Cerruto Magne, contra el Automóvil Club Boliviano de Cochabamba; la respuesta de fs. 237 a 241; el Auto de fs. 242, que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y

CONSIDERANDO I:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1 Sentencia.

Que, tramitado el proceso laboral por pago de beneficios sociales y derechos laborales, el Juez Primero de Partido del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Cochabamba, emitió la Sentencia de 06 de septiembre de 2008, cursante de fs. 165 a 171 vta., por la que declaró probada en parte la demanda de fs. 19 a 20, la modificación de fs. 37 a 38 vta., instaurada por Roberto Cerruto Magne; e improbada en los demás puntos demandados, conminando en consecuencia al Automóvil Club Boliviano de Cochabamba a través de su representante legal, Armando William Torres Arandia, cancelar al actor Roberto Cerruto Magne, a tercero día de ejecutoriada la sentencia, la suma total de Bs.-6.799,04.-(SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE BOLIVIANOS 04/100), por los conceptos de: desahucio, indemnización, 52 domingos (23/03/06 al 23/03/07), por el tiempo de un año de servicios, más la multa del 30% incluyendo el mantenimiento de valor conforme el art. 9 del DS 28699 de 01 de mayo de 2006, con un sueldo promedio de Bs.-910,66.- y demás detalles insertos en el referido fallo.

I. 2 Auto de Vista

Interpuesto el recurso de apelación de fs. 175 a 177 vta., por Luis Fernando Boris y Guido Flores Espinoza, en representación del gerente general del Automóvil Club Boliviano Armando William Torres Arandia, la respuesta de la parte demandante de fs. 181 a 183, mediante Auto de Vista Nº 175/2010 de 08 de septiembre (fs. 188 a 189 vta.), la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito de Judicial de Cochabamba, confirmó la sentencia apelada, con costa en ambas instancias.

II. MOTIVOS DEL RECURSO DE RECURSO DE CASACIÓN

a) Aplicación indebida de la ley: Señaló que, tanto el Juez a quo como el Tribunal Ad quem, han dejado de aplicar las previsiones de los arts. 31 del DR-LGT, y 8 del Decreto Reglamentario de 30 de agosto de 1927, puesto que el Juez de primera instancia, al haber otorgado el pago de 52 domingos por el periodo de trabajo entre el 23 de marzo de 2006 al 23 de marzo de 2007, no consideró en lo más mínimo la normativa antes señalada; por cuanto de la revisión de las tarjetas de asistencia de fs. 150, 151 y 152, la institución demandada ha dado cumplimiento a la normativa antes señalada, ya que el trabajador  gozó de un día de descanso a la semana; por lo que, no proceder el pago de 52 domingos trabajados que ilegalmente se dispuso en Sentencia ratificado en segunda instancia.

Asimismo manifestó que, no debió aplicarse el art. 23 del DS Nº 03691 de 3 de abril de 1954, toda vez que dicha norma regula el pago del salario por el día domingo no trabajado, aspecto que no tiene nada que ver con el caso concreto, puesto que el actor sí trabajó los días domingos, por cuyo concepto se le compensó conforme las literales de fs. 150 a 152; por lo que, el Tribunal de Alzada al confirmar la sentencia confundió los dos conceptos absolutamente diferentes.

b) Violación de la ley: Entendida como la aplicación incorrecta de los preceptos legales, contenidos en el art. 1 del DS Nº 03691 de 03 de abril de 1954; norma que estipula sobre el pago de un jornal por domingo no trabajado; por lo que, los de instancia han cometido una flagrante violación de los arts. 2 y 3 del DS No. 29010 de 09 de enero de 2007, al haber otorgado ilegal e injustamente el pago de 52 domingos trabajados aplicando el DS Nº 3691 de 3 de abril de 1954, siendo que dicha norma regula el pago del salario dominical no trabajado, muy diferente al pago del salario por domingo trabajado, debiendo haber prevalecido los arts. 31 del DRLGT, y 8 del Decreto Reglamentario de 30 de agosto de 1927.

c) Error de hecho y de derecho en la apreciación y valoración de las literales de fs. 151 a 152: Señalando que tales literales de descargo, acreditan contundentemente que el actor, gozaba de ocho días de descanso en la semana como consecuencia trabajaba los domingos; por lo que, aplicando correctamente los arts. 31 del DRLGT, y 8 del DR de 30 de agosto de 1927, no corresponde ninguna forma de pago de 52 domingos trabajados, conforme se demuestra por las literales de fs. 151 a 152, documentos que tiene todo el valor probatorio de acuerdo al art. 159 del CPT; apoyando tal aspecto con el AS No. 228 de 5 de mayo de 2008, en relación al error de hecho en la apreciación de las pruebas.

d) Error de hecho y de derecho en la apreciación y valoración de las declaraciones testificales de descargo: Señaló la institución recurrente que, la apreciación y valoración de las declaraciones testificales de descargo, han sido defectuosas, incompletas y sesgadas; por cuanto, el trabajador según las declaraciones testificales de descargo de fs. 87 a 88, ha sido contratado sólo por un año del 23 de marzo de 2006 al 23 de marzo de 2007; asimismo, las declaraciones testificales de descargo de fs. 102 a 104, son contestes y uniformes, en sentido de que el demandante estaba sujeto a contrato a plazo fijo de un año; siendo así, los de instancia incumplieron la valoración conjunta de las pruebas, en el marco de la sana lógica y los principios que informan la crítica de la prueba.

e) Error de hecho y de derecho en la compulsa de la literal de fs. 96 de obrados: Manifestó que, no se otorgó valor probatorio a la literal de fs. 96 de obrados conforme a los arts. 159 y 161 CPT, literal que concuerda plenamente con las declaraciones testificales de descargo; siendo que, en el caso de Autos no existe prueba alguna en relación al despido intempestivo como han hecho referencia el a quo y el Tribunal de Apelación, siendo que el actor estaba sujeto a un contrato a plazo fijo de un año; vale decir, del 23 de marzo de 2006 al 23 de marzo de 2007 y lo único que ha hecho la institución demandada fue recordarle al actor mediante nota de fs. 16, sobre el fenecimiento del plazo de su contratación; por lo que, al demandante no le corresponde el pago del desahucio; sino, sólo la indemnización por el año de trabajo, máxime si éste no ha acreditado el despido intempestivo como era su obligación.

f) Errónea interpretación del art. 9 del DS No. 28699 de 1 de mayo de 2006: la entidad recurrente, señaló que dicha multa se aplica únicamente cuando se trata de despidos injustificados y no así de culminación de contrato como el caso presente y que lamentablemente los tribunales de instancia no tomaron en cuenta la buena fe con la que actuó la parte demandada al cancelar oportunamente los conceptos que le correspondían al actor, conforme la literal de fs. 96; por lo que, solicitó se deje sin efecto la multa del 30%.

I. 4. Petitorio.

Solicitó al Tribunal Supremo de Justicia, casar el Auto de Vista No. 175/2010 de 08 de septiembre, determinado que al demandante no le corresponde el pago de 52 domingos, ni el desahucio y menos la multa del 30%.

CONSIDERANDO II.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Que, así planteado el recurso de casación en el fondo, de la revisión de los antecedentes del proceso y las normas aplicables a la materia, se tiene:

Como se advertirá de los motivos del recurso de casación, los reclamos se concentran en tres aspectos: 1. Lo dispuesto en cuanto al pago por los domingos trabajados, así se tiene de los apartados a), b) y c) expresados por el demandado como agravios en el fondo; 2. En lo concerniente al desahucio, aspectos señalados en los incisos d) y e) de los motivos del recurso ya expuestos; y 3. Lo resuelto en cuanto a la multa del 30% previsto en el art. 9 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, conforme lo expuesto en el inc. f) del anterior considerando.

II.1 En cuanto al reclamo sobre pago por domingos trabajados.

El recurrente cuestiona el fallo de instancia, señalando que no correspondería el pago por los 52 domingos a favor del demandante, conforme fue dispuesto por los de instancia, puesto que, se probó, a través de las literales de fs. 150, 151 y 152 de obrados, que el actor ha sido compensado los domingos trabajados con otro día de descanso en el curso de la semana. Así también, se cuestiona la aplicación en el caso concreto del DS Nº 03691 de 3 de abril de 1954, elevado a rango de Ley el 9 de octubre de 1956, que regula el pago del salario dominical por domingo no trabajado, cuando la problemática que acontece al caso sería distinta, como es la referida a la remuneración o compensación por el día domingo trabajado, que estaría sujeto a las previsiones de los arts. 31 del DR-LGT y 8 del DR y la Ley de 23 de noviembre de 1915 relativa al descanso dominical, de 30 de agosto de 1927, por lo que se acusa también, violación de los arts. 2 y 3 del DS No. 29010 de 09 de enero de 2007.

Que, así precisado el primer reclamo, corresponde señalar que el actor demandó, entre otros derechos laborales, el pago por 51 domingos trabajados, así se tiene anotado en la demanda de fs. 19 a 20, modificada de fs. 37 a 38 de obrados, concepto que fue concedido por la sentencia de primera instancia del periodo comprendido entre el 23 de marzo de 2006 al 23 de marzo de 2007, y confirmado por el fallo de segunda instancia, bajo el fundamento contenido en el DS Nº 03691 de 3 de abril de 1954 elevado a rango de Ley el 9 de octubre de 1956, al haber demostrado el actor, que en el curso de la semana cumplió con su horario semanal completo, es decir, trabajó de lunes a lunes.

Ciertamente la parte demandada, ofreció como prueba documental de descargo las literales cursantes de fs. 150, 151 y 152, sobre las cuales ahora se acusa errónea valoración, las mismas que, según el recurrente, no han sido tomadas en cuenta ni valoradas por los de instancia a momento de establecer el pago por 52 domingos trabajados; sin embargo, de la revisión de las tarjetas de asistencia cursantes a fs. 150, 151 y 152, correspondientes a enero, febrero y marzo de 2007, que no fueron cuestionadas por la parte contraria, se concluye que las mismas sólo demuestran que la demandada compensó con un día de descanso los días domingos trabajados desde enero de 2007 a marzo de 2007, no existiendo prueba alguna que demuestre que aquello haya ocurrido también por el periodo comprendido entre el 23 de marzo de 2006 y el 31 de diciembre del mismo año, conclusión ya señalada por el Auto de Vista recurrido en el punto 3) del único considerando, aunque es evidente que mantuvo la cantidad total de 52 domingos, cuando lo correcto son 41 domingos trabajados, por los cuales es correcto disponer el pago doble correspondiente a los domingos trabajados, conforme constituyó la demanda del actor, en correcta aplicación de los arts. 31 del DR-LGT y 8 del DR a la Ley de 23 de noviembre de 1915 relativa al descanso dominical, de 30 de agosto de 1927, en relación con los arts. 41 y 55 de la LGT, y por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2007 al 23 de marzo de 2007, al haberse reconocido el descanso de un día en el transcurso de la semana y considerando que su remuneración por aquel día trabajado debió ser doble, corresponde reconocer el día trabajado de manera simple; todo ello tomando en cuenta el sueldo mensual ya considerado por los de instancia, al no estar cuestionado el mismo, de modo que el monto correcto a pagarse por los 41 domingos trabajados desde el 23 de marzo de 2006 al 31 de marzo de 2006 (doble) corresponde a la suma de Bs.2.489,16.-, y los 11 domingos trabajados desde el 1 de enero de 2007 hasta el 23 de marzo de 2007 (simple), asciende a la suma de Bs.333,90.-, totalizando ambos la suma de Bs.2.823,06.-, aspecto que debe enmendarse en ésta instancia.

Con carácter de fundamentación, corresponde citar lo previsto en el art. 41 de la LGT, referente a los domingos trabajados, que establece: “Son días hábiles para el trabajo todos los del año con excepción de los feriados, considerándose tales todos los domingos, los feriados civiles y los que así fueren declarados ocasionalmente, por leyes y decretos especiales” (sic).

Por su parte, el art. 55 de la LGT, refiere lo siguiente: “Las horas extraordinarias y los días feriados se pagarán con el 100 % de recargo; y el trabajo nocturno realizado en las mismas condiciones que diurno con el 25 al 50 % según los casos” (sic).

Lo que hace concluir que el actor tenía derecho al pago doble por los días domingos trabajados, comprensión que fue acertadamente entendida por los de instancia al disponer así el reconocimiento y pago por este derecho, con la modificación expresada en cuanto al número de días domingos trabajados y el monto condenado.

II.2 En relación al reclamo sobre el desahucio.

Cuyos reclamos se encuentran asentados en los incisos d) y e) de los motivos del recurso de casación, bajo el argumento que en los contratos a plazo fijo, no existe despido injustificado como sostiene el trabajador y por consiguiente no corresponde el pago del desahucio a favor del demandante, como erróneamente han establecido los de instancia; al respecto, cabe señalar que, el art. 12 de la LGT, establece: “El contrato podrá pactarse por tiempo indefinido, cierto tiempo o realización de obra o servicio. En el primer caso, ninguna de las partes podrá rescindirlo sin previo aviso a la otra, conforme a las siguientes reglas: 1) Tratándose de contratos con obreros, con una semana de anticipación, después de un mes de trabajo ininterrumpido; con 15 días, después de 6 meses y con 30, después de un año; 2) Tratándose de contratos con empleados con 30 días de anticipación por el empleado y con 90 por el patrono después de tres meses de trabajo ininterrumpido. La parte que omitiere el aviso abonará una suma equivalente al sueldo o salario de los períodos establecidos”.

Por su parte, el art. 1 del DL No. 16187 de 16 de febrero de 1979, que reglamenta los contratos a plazo fijo, dispone: “El contrato de trabajo puede celebrarse en forma oral o escrita por tiempo indefinido, a plazo fijo, por temporada, por realización de obra o servicio, condicional o eventual. A falta de estipulación escrita, se presume que el contrato es por tiempo indefinido, salvo prueba en contrario” (sic).

Asimismo, el art. 48. I y II de la Constitución Política del Estado (CPE), establecen que “las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio y que las mismas se interpretaran y aplicaran bajo los principios de protección de los trabajadores y trabajadoras…”

En ese entendimiento, es importante precisar que, el desahucio es la sanción que se impone al empleador por la intempestividad del despido, según dispone el art. 12 de la citada LGT., siendo su finalidad cubrir el tiempo considerado como prudencial para que el trabajador busque una nueva fuente laboral a efectos de obtener los medios económicos necesarios para su subsistencia digna y la de su familia.

En el caso de autos, se ha dispuesto el pago del desahucio por el Juez a quo y confirmada por el Tribunal de Alzada, bajo el fundamento que el retiro fue de manera intempestiva, siendo que el actor fue contratado por el Automóvil Club Boliviano, en el cargo de sereno, bajo un contrato verbal, conforme señaló el demandante en su demanda de fs. 19 a 20, y la modificación de fs. 37 a 38 vta., aspecto que no fue desvirtuado por la parte empleadora; y si bien en casación se acusa errónea valoración probatoria en cuanto a las testificales y documentales descritos, corresponde anotar que, en la declaración testifical de descargo de fs. 87 a 88, el declarante manifestó que: “en su condición de coordinador general y jefe de recursos humanos, él habría contratado a Roberto Cerruto Magne, para que trabaje como sereno, por el plazo de un año, desde el 23 de marzo de 2006, hasta el 23 de marzo de 2007”; dicha declaración no constituye prueba suficiente para determinar que el trabajador ha sido contratado a plazo fijo por un año calendario, y no forma por sí sola plena prueba, conforme determina el art. 178 del CPT; en cuyo caso, dicha prueba testifical debió estar corroborada con otros medios de prueba, aspecto que no ocurrió en el caso de Autos; por lo que, dicha declaración no es suficiente para fallar en contrario, por no existir dos o más testigos contestes como dispone el art. 169 del CPT; por otra parte, en relación a las declaraciones testificales de fs. 102 a 104, las mismas desconocen de manera directa, cierta y segura que el demandante ha sido contratado por un año; vale decir, hasta el 23 de marzo de 2007, todas ellas simplemente señalan conocer por referencia del demandante que ha sido contratado por un año; por lo que, no constituyen fe probatoria conforme dispone el art. 169 del CPT; en ese sentido, el Juez a quo y el Tribunal ad quem al confirmar la sentencia de grado, efectuaron una correcta valoración probatoria, apreciando de manera conjunta e integral todas las pruebas que hacen a esta problemática; es decir, que conforme al art. 158 del CPT, valoró la confesión provocada del representante de la parte empleadora de fs. 101, asimismo la confesión provocada de la apoderada del demandante de fs. 93 a 94, mediante las cuales no se desvirtúan que el actor fue contratado verbalmente por tiempo indefinido, hecho que fue vinculado y valorado conjunta y armónicamente con las demás pruebas literales de fs. 1 a 18, 111 a 118, 123 a 152, como se tiene establecido en la Sentencia de fondo.

En ese sentido y conforme al art. 1 del DL No. 16187 de 16 de febrero de 1979, la institución demandada hoy recurrente, no ha demostrado que el demandante ha sido contratado a plazo fijo por el tiempo de un año, como sostiene en casación, incumpliendo así su deber en aplicación del principio de la inversión de la prueba contenida en los arts. 3.h), 66 y 150 del CPT, estando por ello reatado, en su propio beneficio a desvirtuar todas y cada una de las pretensiones del actor.

Es necesario puntualizar y dejar establecido que, el contrato de trabajo, aun tomando en cuenta sus características singulares, no es y no puede ser indisoluble, siendo esta la razón por la que el legislador previó la incorporación del instituto jurídico conocido como preaviso, a falta del cual el retiro se reputa como intempestivo, reconociéndole la facultad de extinguir el mismo, tanto al trabajador como al empleador. La legislación boliviana establece la posibilidad de dar preaviso una de las partes a la otra, con 90 días de anticipación tratándose del empleador y con 30 días de anticipación en caso que la extinción se produjera por voluntad del trabajador, aunque evidentemente, es mucho más frecuente que sea el empleador quien exprese su deseo de finalizar la relación laboral.

Establecido el preaviso en la legislación y considerando los principios de protección, tutela constitucional y legal del trabajador, se establece un margen para la expresión de la autonomía de la voluntad en la materia, sujeta a una suerte de penalidad, como es el desahucio que debe pagar el empleador al trabajador despedido intempestivamente o sin haberle hecho conocer el preaviso con 90 días de anticipación; o en su caso, la que debe pagar el trabajador que voluntariamente se retiró de su fuente de trabajo, sin cumplir con su obligación de hacerle conocer su decisión de poner fin a la relación laboral con 30 días de anticipación empleador.

Por último se debe tener presente que el plazo fijo de una relación laboral no es posible probarse con otro elemento que no sea el contrato escrito, con arreglo a la RM Nº 283/62 de 23 de julio de 1962, que señala: “Establece que el contrato de trabajo se pacta esencialmente por tiempo indefinido. Sin embargo, podrá ser limitado en su duración si así lo impone la naturaleza misma de la obra a ejecutarse o del servicio a prestarse. En este caso, el contrato deberá ser forzosa e imprescindiblemente escrito y su duración no excederá de un año…”.

Que, como resultado de lo manifestado anteriormente, se concluye que el Tribunal ad quem, al dictar el Auto de Vista Nº 175/2010 de 08 de septiembre (fs. 188 a 189 vta.), obró con corrección y en justicia, al haber otorgado el pago del desahucio, fundamentando adecuadamente su decisión y valorando la prueba cursante en el expediente en el marco de la sana crítica, conforme señala los arts. 3. j) y 158 del CPT; consecuentemente, en el caso de autos, se presume que el contrato o convenio que la institución recurrente llegó a pactar con el actor, fue por tiempo indefinido; estableciéndose en consecuencia que el demandante fue despedido intempestivamente, lo que configura un retiro forzoso, conforme a los arts. 12 y 13 de la LGT, causa que fue atribuible a la institución demandada.

II.3 En cuanto a la multa del 30%.

Reclamo contenido en el inciso f) del anterior considerando, que según la parte demandada no corresponde aplicar la multa referida a los contratos suscritos a plazo fijo, multa que fue establecida por los de instancia sin considerar que se ha cancelado oportunamente, conforme se demuestra por la literal de fs. 96 de obrados.

Al respecto, el art. 9 del DS Nº 28699 de 1º de mayo de 2006, establece: “I. En caso de producirse el despido del trabajador el empleador deberá cancelar en el plazo impostergable de quince (15) días calendario el finiquito correspondiente a sueldos devengados, indemnización y todos los derechos que correspondan; pasado el plazo indicado y para efectos de mantenimiento de valor correspondiente, el pago de dicho monto será calculado y actualizado en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda UFV´s, desde la fecha de despido del trabajador asalariado hasta el día anterior a la fecha en que se realice el pago del finiquito. II. En caso que el empleador incumpla su obligación en el plazo establecido en el presente artículo, pagará una multa en beneficio del trabajador consistente en el 30% del monto total a cancelarse, incluyendo el mantenimiento de valor” (sic); siendo preciso enfatizar que esta norma respecto a las formas de conclusión de la relación obrero patronal sobre las que debería aplicarse la multa del 30%, causó un sin fin de confusiones, principalmente en los empleadores, quienes inicialmente interpretaron que esta prerrogativa correspondía aplicarse únicamente en caso de despido intempestivo sin causa justificada, más no cuando ocurría un retiro indirecto, retiro voluntario, conclusión de contrato a plazo fijo, o finalmente el retiro por las causales justificadas o proceso previo, apreciación que resultaba indebida; porque el citado art. 9 del DS Nº 28699, tiene carácter general en su aplicación para el caso de retiro de las trabajadoras o de los trabajadores, disponiendo la multa del monto resultante del finiquito, en la circunstancia de que el empleador no cancele los beneficios sociales y/o derechos laborales que le correspondan al trabajador según la Ley.

Sin embargo, con la finalidad de regular y evitar injusticias en la dilación del pago del concepto anotado, en los casos de retiro voluntario, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en virtud a los principios protectivos del trabajador constitucionalmente previsto en materia laboral, emitió la RM Nº 447 de 8 de julio de 2009, estableciendo que la multa del 30%, también procede en los casos de retiro voluntario, cuyo art. 1º previó: “(RETIRO VOLUNTARIO). I. Se considera retiro voluntario la manifestación escrita o verbal de la trabajadora y el trabajador de concluir la relación laboral sin importar el motivo de la misma. II. En caso de producirse el retiro voluntario de la trabajadora o trabajador, luego de haber cumplido más de noventa (90) días de trabajo, el empleador deberá cancelar la indemnización por  el tiempo de servicios y los derechos laborales que corresponda en el plazo de quince (15) días calendario a partir de la conclusión de la relación laboral. III. En caso que el empleador incumpla la obligación de pagar la indemnización en el plazo establecido en el parágrafo II del presente artículo, pagará el monto establecido, incluyendo los derechos laborales que correspondan, debidamente actualizado en base a la variación de la Unidad de fomento a la Vivienda UFVs, más la multa del treinta por ciento (30%) del monto total a cancelar en beneficio de la trabajadora o del trabajador”; con lo que se amplía de alguna manera la especificación de los alcances de tal disposición a los retiros voluntarios.

Al respecto, es preciso referir que si bien la doctrina laboral ha entendido que en el derecho laboral, por su naturaleza protectiva a favor del trabajador, debe aplicarse el criterio de la igualdad entre partes, que permita un razonable equilibrio notoriamente desigual, dada la diferencia económica y social existente entre el empleador y el trabajador, principio protectivo plasmado en los arts. 4 de la LGT, 3. g) y 59 del CPT y actualmente positivado en los arts. 46 y siguientes de la CPE.

Del análisis efectuado a esta normativa, se puede concluir entonces que en la actualidad, la multa del 30% es aplicable ante el incumplimiento del plazo de los 15 días establecidos para cancelar los beneficios sociales y derechos laborales que se reconozcan a favor de un trabajador o trabajadora a la conclusión de la relación laboral, sea por retiro intempestivo, indirecto, voluntario, conclusión a contrato, conclusión por las causales de Ley u otras formas de conclusión, de modo que se garantice que los derechos o beneficios de sus titulares sean oportunamente pagados y no se eluda el cumplimiento de los mismos bajo la interpretación literal de las disposiciones anotadas líneas arriba. En ese sentido se razonó ya en el Auto Supremo Nº  533 de 26 de julio de 2013, en el que se adoptó el razonamiento “en sentido que el pago de la multa del 30%, es aplicable ante el incumplimiento del plazo de los 15 días establecidos para cancelar los beneficios sociales y derechos laborales adquiridos que se reconozcan a favor de un trabajador o trabajadora a la conclusión de la relación laboral por retiro directo, indirecto o voluntario, conclusión de contrato u otra particularidad”.

Ahora bien y a pesar de lo anotado, en el caso de autos los de instancia concluyeron que la finalización de la relación laboral del actor con la entidad demandada fue por despido intempestivo, dado que no se demostró lo afirmado por la parte empleadora, en sentido que se tenía un contrato a plazo fijo por un año, por ello es que se otorgó el pago del desahucio, de modo que es irrelevante sostener que la multa del 30% prevista en el art. 9 del DS Nº 28699 no sea aplicable a aquellos casos de conclusión de plazo del contrato, como erróneamente sostiene la parte recurrente.

Por otra parte, en cuanto a la afirmación de que se habrían pagado los derechos y beneficios del actor dentro de término reglamentario, cabe aclarar que, si bien se efectuó el pago saldado el mismo día de finalizada la relación laboral; empero, en dicho documento, no se consignaron y al contrario, se excluyeron los beneficios sociales relativos a los conceptos de desahucio, indemnización y el pago de  domingos que correspondían a favor del actor, ítems pretendidos y reclamados por el demandado en su demanda de fs. 19 a 20 y la modificación de fs. 37 a 38 vta.; en ese sentido y al no haber cumplido el empleador con el pago de los derechos y beneficios en el plazo de los 15 días señalados por el DS Nº 28699 de 01 de mayo de 2006, conforme correspondía, siendo que el Automóvil Club Boliviano, tenía la ineludible obligación de cancelar los montos no contemplados en el documento de fs. 96 de obrados, en el plazo anotado, vale decir, hasta el 07 de abril de 2007, lo que no ocurrió en el caso; por lo que, el Juez a quo determinó acertadamente el pago de la multa del 30%, aspecto que fue confirmado por el Tribunal Ad quem, en aplicación estricta de los arts. 48. IV de la CPE, 4 de la LGT, 9 del DS No. 28699 y de la Resolución Ministerial Nº 447 de 8 de julio de 2009; por lo que, la acusación del recurrente en sentido de que no correspondería la multa del 30%, en el caso de autos, no es evidente.

Bajo esos fundamentos se concluye que, al ser evidente parcialmente las infracciones denunciadas en el recurso de casación de fs. 228 a 233, corresponde resolverlo en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.4) y 274.II del CPC, aplicables por la norma permisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, CASA parcialmente el Auto de Vista Nº 175/2010 de 08 de septiembre de fs. 188 a 189 y, dispone la modificación del monto condenado por concepto de días domingos trabajados a la suma de Bs.2.823,06.-, manteniendo incólume lo demás del Auto de Vista impugnado a excepción del total condenado que resultará en Bs. 6.465.70; Sin costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera