TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

   SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo N° 215

Sucre, 15 de abril de 2015

Expediente: 598/2010-S

Demandante: Armando Ronald Jaldín Pardo

Demandada: Sociedad Boliviana de Cemento

Distrito        : Cochabamba

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 178 a 179, interpuesto por Armando Ronald Jaldín Pardo, contra el Auto de Vista N° 189/2010 de 27 de Septiembre (fs. 173 a 174 vta.), pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior de Justicia de Cochabamba; dentro del proceso social por beneficios sociales, que sigue Armando Ronald Jaldín Pardo contra la Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE S.A.); la respuesta de fs. 182 a 185; el Auto de fs. 185 vta., que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1 Sentencia

Promovida la acción y tramitado el proceso laboral, la Juez Primero de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Cochabamba, emitió la Sentencia de 08 de octubre de 2008 (fs. 121 a 125), por la que declaró improbada la demanda de fs. 12 a 13 vta., de obrados, y probada la excepción perentoria de pago documentado opuesta por la Empresa demandada, mediante memorial de fs. 50 a 52 vta., de obrados.

I.2 Auto de Vista

Dicha resolución fue recurrida en apelación por el demandante (fs. 140 a 141 vta.), mereciendo el Auto de Vista Nº 189/2010 de 27 de septiembre (fs. 173 a 174 vta.), por el cual, la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior de Justicia de Cochabamba, resolvió confirmar la Sentencia apelada.

II. Recurso de casación - motivos

El mencionado Auto de Vista originó que el demandante formule recurso de casación en el fondo (fs. 178 a 179), que en lo esencial de su contenido señaló que, el Tribunal ad quem, actuó de forma contraria a las normas de protección a los trabajadores, realizando una incorrecta apreciación de las pruebas de cargo, por lo siguiente:

1) Sobre el desahucio, indicó que fue despido intempestivamente, por vender cemento con precio diferenciado, a la Sra. Lucy Mercado propietaria de la Empresa Constructora SINCAOS S.R.L., aclarando que realizó dicha venta de acuerdo a instrucciones de su superior, que era el Ing. Litton Angulo, y que demostró con las pruebas de fs. 8, 9, 10, 111 y 112, que no incurrió en las causales de despido señaladas por el art. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT), por lo que se transgredió y violó lo señalado en el art. 13 de la LGT, art. 8 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo (DR-LGT), art. 10 del Decreto Supremo (DS) N° 28699 del 1° de mayo de 2006, art. 3 del Código Procesal del Trabajo (CPT), y el art. 48.I de la Constitución Política del Estado (CPE), desconociendo los principios de: protección al trabajador, indubio pro operario, de la condición más beneficiosa, continuidad, primacía de la realidad y otros contenidos en el art. 4 del Decreto Supremo (DS) N° 28699, ocasionándole un grave perjuicio.

2) Sobre las horas extraordinarias, señaló que el Tribunal ad quem, no dio cumplimiento a lo determinado en el art. 46 de la LGT, y que acreditó con las declaraciones de sus testigos de fs. 111 a 112, que se quedaba a trabajar 10 horas diarias o más, una hora en la mañana y otra en la tarde, pidiendo mediante memorial de fs. 85 vta., que la Empresa demandada presente su registro de control de asistencia, hecho que no sucedió, por lo que debió aplicarse lo determinado por el art. 182.i) del CPT.

De igual manera acusó que, el Auto de Vista recurrido, señaló que, por vender cemento, recoger los montos y entregar los mismos a sus superiores, se lo identificó como personal de confianza, siendo esta interpretación totalmente errada e ilegal, porque su persona desempeñaba el cargo de Encargado de Agencia, el cual no ameritaba ser de confianza, y que esa situación no existe en el Reglamento Interno de fs. 88. Indicó también violación al art. 19 de la LGT y al DS N° 1592 de 19 de abril de 1949, habiendo el Tribunal de apelación, cometido error de hecho al no apreciar las pruebas de cargo, y error de derecho, al no haber aplicado legalmente las normas sociales violadas e infringidas mediante el Auto de Vista recurrido.

Petitorio

Finalmente pidió a este Tribunal Supremo de Justicia, en atención a las normas sociales infringidas, case el Auto de Vista recurrido y delibere en el fondo, declarando probada su demanda, disponiendo el pago de las horas extraordinarias y el desahucio. 

CONSIDERANDO II:

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Con carácter previo, es necesario dejar establecido que, si bien el recurso de casación interpuesto refiere como casación en el fondo y en la forma, empero, sólo hace alusión aspectos de fondo y no así de forma, por lo que el fallo a emitirse estará enmarcado en ese sentido, resolviendo así las cuestiones de fondo que son motivo del recurso.

Que, es preciso iniciar la resolución nombrando algunos principios que regulan el derecho laboral, como ser, lo dispuesto en el art. 48.II de la CPE, que señala que las normas laborales deben aplicarse bajo los principios de protección de las trabajadoras y los trabajadores, como el principio de primacía de la relación laboral, de continuidad y estabilidad laboral, de no discriminación, inversión de la prueba a favor del trabajador; en igual sentido, el art. 4 del DS N° 28699, también establece, el principio protector bajo las reglas del in dubio pro operario y de la condición más beneficiosa, así como intervencionista y el de primacía de la realidad, entro otros; lo propio se tiene regulado para el ámbito del derecho procesal laboral, contenidos en el art. 3 del CPT, con principios como el de gratuidad, inmediación, publicidad, preclusión, lealtad procesal, proteccionismo, etc.; concluyendo así que, el objeto de todo ese sistema normativo y principista, lograr la protección y tutela de los derechos de los trabajadores, considerados siempre como la parte más débil de la relación laboral.

Ahora bien, dentro de los beneficios sociales encontramos el concepto de desahucio, que está regulado en el art. 12 de la LGT, la cual establece la obligación del empleador de otorgar el preaviso de ley para rescindir el contrato laboral con el trabajador, preaviso que debe ser otorgado con 90 días de anticipación, conforme la previsión del artículo único del DS Nº 6813 de 3 de julio de 1964, y que ante su omisión, impone la obligación de cancelar la suma equivalente al salario por el periodo mencionado, es decir, si el empleador no otorga el preaviso de Ley, el trabajador debe recibir 3 sueldos.

Asimismo, el art. 16 de la LGT, concordante con el art. 9 de su reglamento, establece las causales legales de despido, señalando que no habrá lugar a desahucio ni indemnización, cuando el trabajador incurra en cualquiera de estas, siendo obligación del empleador, demostrar o probar que el trabajador incurrió en alguna de ellas.

Bajo esas premisas, con respecto al punto 1), en el que el demandante acusa que le corresponde el desahucio al no haber incurrido en ninguna causa legal de despido; de la revisión de los antecedentes del proceso se advierte que, es el Informe de Auditoría PRT-AAI.AI.001 de 11 de abril de 2008, cursante de fs. 47 a 49, presentado por la parte demandada en calidad de descargo, el que estableció que el trabajador realizó transacciones o ventas de cemento al contado a clientes particulares, cargando dichas transacciones a cuentas pertenecientes a clientes que gozaban de descuentos autorizados por SOBOCE S.A., aprovechando su condición de Encargado de Agencia de la regional Cochabamba, para utilizar dichas cuentas con descuento, sin autorización de los clientes titulares de las mismas, siendo el mencionado informe de auditoría, informe de auditoría que se encuentra respaldado por las declaraciones de los testigos de descargo cursantes a fs. 105, 106 y 109, como señaló el A quo y ratificó el Tribunal ad quem.

De lo que se colige que, las pruebas que señaló el demandante, cursantes a fs. 8, 9, 10, 111 y 112, fueron valoradas correctamente por los de instancia, puesto que las mismas no acreditan que el trabajador habría sido despedido injustificadamente, siendo en tal sentido correcta la interpretación del Auto de Vista, al señalar que, de acuerdo a dicho informe, el demandante incurrió en la causal establecida en el art. 16. e) de la LGT, concordante con el art. 9. e) del DR-LGT, por lo que no se advierte que los de instancia hayan incurrido en error de hecho y error de derecho en la apreciación de las pruebas señaladas, menos transgresión o violación de la normativa acusada, no siendo evidente lo planteado en este reclamo, razón por la que, el pago del beneficio de desahucio resulta correctamente dispuesto por los de instancia. 

Por otra parte, en cuanto al reclamo del recurrente, respecto al pago de horas extraordinarias, al afirmar que no era personal de confianza de la Empresa demandada, y que habría acreditado que se quedaba a trabajar 10 horas diarias; se tiene que, el art. 46 de la LGT establece que la jornada efectiva de trabajo no excederá las 8 horas por día y 48 por semana, exceptuando a los trabajadores que ocupen puestos de dirección, vigilancia o confianza, por lo que, en el caso de autos, es necesario determinar que, se constituyen en trabajadores de confianza, aquellos que se distinguen de los demás, al ocupar cargos estratégicos dentro la Empresa, con facultades de decisión.

Sobre el particular, el autor Luis Zegada Saavedra en su libro “El Asesor Laboral”, página 99, define:

“Son trabajadores de confianza aquellas personas que dirigen, representan, supervisan, asesoran o presiden la vida institucional de las empresas, tales como: Gerentes, administradores, auditores, contadores, jefes de departamento, de división, de sección y en fin todos los que tienen que ver con la vida misma de las entidades, sean públicas o privadas. Se los denomina también: trabajadores de cuello blanco o trabajadores sándwich, por su posición intermedia entre el empleador y el trabajador de base. La categoría conceptual del trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones que se le otorgue al cargo. El trabajador de confianza se halla excluido del cumplimiento de la jornada laboral ordinaria, no pudiendo cobrar por concepto de horas extraordinarias, trabajo en feriados y domingos”.

Ahora, bajo estas nociones, se advierte que el demandante, en su condición de Encargado de Agencia de la Regional de Cochabamba, se constituía como trabajador de confianza, puesto que se tiene demostrado a fs. 96 (prueba de descargo), la descripción de roles o las actividades que cumplía el recurrente, estando dentro las principales, el control y manejo de la documentación concerniente a la agencia, depositar el efectivo recibido en el día al banco, control de agencia y bodega, supervisión de bodeguero responsable de la elaboración de planillas y coordinación con administración de ventas para el pago, responsable de la elaboración de planillas de fletes, etc., siendo estas funciones, de responsabilidad y compromiso, por lo que dicha labora fue ejecutada como un trabajador de confianza, con lo que se evidencia que el Tribunal ad quem interpretó correctamente el art. 46 de la LGT, así como apreció y valoró adecuadamente la prueba de cargo cursante a fs. 111 y 112, con la cual la parte recurrente no demostró ninguna de sus afirmaciones, no siendo aplicable el art. 182.i) del CPT, toda vez que, el demandante no se encontraba en el marco de trabajadores que pueden ser compensados con el pago de horas extraordinarias, por lo que este Tribunal no encuentra violación alguna en el Auto de Vista, contra el art. 19 de la LGT y hacia el DS N° 1592, como planteó la parte recurrente.

Consiguientemente, al no existir violación alguna a los principios laborales, y al no ser evidentes las infracciones normativas denunciadas en el recurso de casación en el fondo y en la forma, cursante a fs. 178 a 179, conforme los fundamentos antes expuestos, corresponde dar aplicación a las disposiciones legales contenidas en los arts. 271. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por la norma permisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por el art. 184.1 de la CPE y el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 178 a 179, interpuesto por Armando Ronald Jaldín Pardo.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera