TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 207

Sucre, 08 de abril de  2015

Expediente: 414/2014-S

Demandante: Demetrio Altamirano  Choque

Demandado: Empresa Constructora COBBEL

Distrito        : Oruro

Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca                           

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VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Rómulo Beltrán Quiroz en representación de la Empresa Constructora COBBEL de fs. 265 a 271 vta., contra el Auto de Vista Nº 107/2014 de 14 de noviembre de fs. 249 a 262 vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso de pago de beneficios sociales seguido por Demetrio Altamirano Choque contra la Empresa Constructora COBBEL, la respuesta fs. 274 vta., el Auto Nº 141/2014 de 19 de diciembre de fs. 276 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1. Sentencia

Tramitado el proceso de pago de beneficios sociales, el Juez de Partido Segundo de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Oruro, emitió la Sentencia Nº 0223/2013 del 16 de diciembre, de fs. 166 a 173, declarando improbada la demanda, y probada la excepción perentoria de prescripción de los periodos comprendidos entre 1996 a enero de 2008. Sin costas.

I.2. Auto de Vista

Interpuesto el recurso de apelación por el demandante de fs. 176 a 178 vta., mediante Auto de Vista 107/2014 de 14 de noviembre de fs. 249 a 262 vta., emitido por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, revocó totalmente la Sentencia Nº 0223/2013 del 16 de diciembre, declarado probada la demanda de pago de beneficios sociales; disponiendo que la Empresa Constructora COBBEL a través de su representante cancele a favor del demandante la suma total de Bs. 75.380,20.- (Sesenta y Cinco Mil Trescientos Ochenta 20/100 Bolivianos) por concepto de sueldo, indemnización, bono de antigüedad, desahucio, aguinaldo y vacaciones, más la multa del 30% prevista en el art. 9 del Decreto Supremo (DS) Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, que deberá ser calculada en ejecución de Sentencia.

II. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Dicha resolución motivó el recurso de casación en el fondo interpuesto por Rómulo Beltrán Quiroz en representación de la Empresa Constructora COBBEL de fs. 265 a 271 vta., en el que se acusa:

a) Errónea interpretación y aplicación del art. 158 del Código Procesal del Trabajo (CPT)

El recurrente alega que, Auto de Vista Nº 107/2014 de 14 de noviembre, en gran parte es una reproducción del Auto de Vista Anulado, por lo que mantiene la misma infracción del art. 158 del CPT.

  Refiere que, el Tribunal de apelación hace una interpretación errónea del art. 158.III.1 del CPT al concluir que la juzgadora habría incurrido en agravio en la valoración literal de la audiencia de conciliación realizada en el Ministerio de Trabajo, sin aclarar ni identificar en qué consiste el supuesto agravio, cuando en realidad el reclamo materia de aquella conciliación correspondía a la relación laboral del demandante con el Consorcio Accidental Ecarth Cobbel.

Agrega que en el inc. 2 del mismo considerando, el Tribunal de apelación concluyó que, la juez de primera instancia, no hubiera indicado los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento, y que no hubiera observado ni aplicado la parte final del art. 158 del CPT, siendo que en Sentencia se explica en forma detallada y didáctica las circunstancias y motivos de su convencimiento, por lo que, prosigue, el Auto de Vista Nº 107/2014 de 14 de noviembre, vulnera el  art. 158 del CPT, al efectuar una errónea aplicación y una pésima interpretación.

Acusa también al Tribunal de apelación de haber incurrido en errónea interpretación del citado art. 158 del CPT, por haber desechado oficiosamente sus pruebas de descargo que vinculan al actor con otras Empresas en relación de dependencia laboral consistentes en certificados de trabajo, planillas de pago de salarios y recibos oficiales de devolución de aportes. 

b) Errónea interpretación y aplicación del Decreto Supremo (DS) Nº 0521 y DS Nº 107 de 1 de mayo de 2009

Señala que, la normativa utilizada en el Auto de Vista, tiene por finalidad regular las formas de evasión a la normativa laboral por los empleadores respecto de los diferentes tipos de contratos, la misma que se encuentra relacionada con el art. 5 del DS Nº 28699 que deroga  el art. 55 del DS Nº 21060 y art. 39  del DS Nº 22407 que establecía la libre contratación, permitiendo al empleador eludir las obligaciones sociales, en cuyo marco el Auto de Vista erróneamente pretende relacionar los contratos eminentemente laborales, con los contratos civiles, suscritos con personas que prestan servicios en el rubro de la construcción en calidad de contratistas en razón a la naturaleza del rubro de la construcción, con lo que, añade, queda claro que el vínculo entre Demetrio Altamirano y la Empresa Constructora COBBEL fue por tiempo determinado, como contratista, ligado a una obra de construcción, como se demostró con las pruebas que no fueron correctamente valoradas por el Tribunal de Alzada, por lo que sus apreciaciones y opiniones respecto de los Decretos Supremos mencionados son totalmente erradas, violando el contenido de los mismos.

c) Errónea interpretación y aplicación del art. 48 de la Constitución Política del Estado (CPE)

El recurrente afirma que, el Tribunal de apelación al emitir el Auto de Vista con  referencia a la declaración de la prescripción efectuada por la sentencia, se hubiese desconocido el art. 48 de la CPE, precepto constitucional que ha sido dejado de lado por el Ad quem de manera totalmente errónea, afirmando que existiría retroactividad al tenor del art. 48 II.III de la CPE, pero no se determina desde cuando se aplica el citado precepto.

Agrega que la Sentencia estableció dos periodos uno a partir del año 1996 al año 2008 y otro  desde el 2008 al 2011 en el que estaba vinculado a otras empresas, de tal modo que la correcta interpretación de la Constitución Política del Estado sobre la imprescriptibilidad se aplica desde la promulgación de la Constitución Política del Estado 7 de febrero de 2009 en razón a que conforme al art. 123 de la CPE la ley solo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, salvo en materia laboral cuando la propia ley lo determine; por lo que el art. 120 de la Ley General del Trabajo (LGT) y art. 163 de su Decreto Reglamentario (DR-LGT) está vigente para el periodo 1996 a 2008. Así, entonces, añade que las normas citadas en el Auto de Vista impugnado, carecen de retroactividad, ya que conforme a lo establecido en el art. 123 de la CPE, para que una norma sea retroactiva necesariamente debe estar dispuesta en su texto.

Por otra parte el recurrente alega que por lo menos se debería tomar en cuenta la fecha de inicio de la demanda para pretender sustentar la errónea aplicación del art. 48 de la CPE, tratando de determinar la existencia de un promedio indemnizable, utilizando la planilla 33 del anexo 2, que no corresponde a COBBEL, lo mismo ocurre con la planilla de fs. 40 que no pertenece a COBBEL, resultando que el promedio indemnizable es inexistente.

Con relación al desahucio, conforme consta en el art. 13 de la LGT, es procedente cuando ha existido un retiro intempestivo, conforme a la prueba, desde la gestión 2008 adelante no trabajó en COBBEL, por lo que resulta una aberración pretender que COBBEL asuma la carga social de una relación laboral inexistente, todo debido a una mala apreciación y mala interpretación de los elementos probatorios que cursan en obrados, que demuestran que nunca existió permanencia, exclusividad y dependencia, cuya relación era mediante contratos civiles.

d) Mala aplicación del art. 12 de la LGT

El Auto de Vista practicó una liquidación de beneficios sociales, con un promedio indemnizable de Bs.2385, sobre la base de una planilla ajena a COBBEL; estableciendo una suma de Bs.7.155 por concepto de desahucio, sin tomar en cuenta que en la demanda este aspecto no fue consignado, al respecto el art. 12 de la LGT regula el retiro voluntario, disponiendo que el trabajador que pretenda retirarse, debe presentar su renuncia en forma escrita, que el presente caso el demandante afirma haber procedido en ese sentido, por lo que no procedería el desahucio.

Asimismo se asigna un aguinaldo y vacaciones sin especificar periodos considerando los alcances del art. 120 de la LGT en caso de que le correspondiese la liquidación debería sujetarse a lo establecido en el art. 12 de la LGT y no basado en el art. 13 del citado cuerpo legal y, sobre la base del salario real denunciado por el actor, no en un salario ficticio que no se relaciona con los antecedentes expuestos por éste y, finalmente tampoco corresponde el pago de bono de antigüedad, ya que quedó demostrado que el demandante trabajo por temporadas con COBBEL hasta antes de la gestión 2008, por lo que se encontraría dentro de los alcances del art. 120 de la LGT y art. 163 del DR-LGT por lo que una mala interpretación de la Ley no puede condenar a una Empresa que solo demostró solidaridad con la desgracia de un hombre que cuando se accidentó no tenía relación con la Empresa Constructora COBBEL.   

II.1. PETITORIO

Concluyó pidiendo que el Tribunal Supremo de Justicia, case el Auto de Vista 107/2014 de 14 de noviembre y deliberando en el fondo, confirme la Sentencia Nº 0223/2013 de 16 de diciembre.

CONSIDERANDO II:

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Del contenido del recurso de casación, se advierten tres problemas centrales que el recurrente trae a juicio de casación, referidos a: i) la relación laboral y el tiempo de servicios; ii) la prescripción, con afectación además de los derechos a la vacación, aguinaldo y bono de antigüedad y; iii) El desahucio.

Así entonces, éste Tribunal se expedirá conforme al problema jurídico que encierran cada uno de los puntos propuestos en el recurso, conforme a los siguientes fundamentos:

1.- En cuanto a la relación laboral a los que se refieren los puntos a) y b) resumidos supra, en autos se tiene que el tribunal de apelación concluyó que entre el actor y la entidad demandada existió una verdadera relación de dependencia laboral, extremos que el recurrente acusa de erróneo y violatorio de los arts. 158 del CPT,  DS Nº 0521 de 26 de mayo de 2010, DS Nº 107 de mayo de 2009, en relación con el art. 5 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006 que deroga  el art. 55 del DS Nº 21060 y art. 39 del DS Nº 22407.

Para resolver la controversia en los términos que se tienen propuestos por el recurrente, se debe partir de la precisión de los dispositivos legales citados. Así, el mencionado art. 158 CPT, establece: “El Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas, y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes. Sin embargo, cuando la Ley exija determinada solemnidad ad substantiam actus, no se podrá admitir su prueba por otro medio”.

“En todo caso, en la parte motivada de la sentencia el Juez indicará los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento”.

Con base en ésta norma citada, el Tribunal de apelación, determinó la existencia de las características propias que hacen a la relación laboral, esto es, a partir del convencimiento que la valoración por parte del juez del elenco probatorio, así como de los indicios, debe efectuarse de manera conjunta, no sujetando su accionar a la tarifa legal de la prueba, concordante con el art. 3.j) del mismo cuerpo legal referente al principio de la libre apreciación de la prueba, por medio del cual el juez valorará la prueba con amplio margen de libertad conforme a la sana lógica y los dictados de su conciencia, que conducen al Juez a discernir lo verdadero de lo falso que sirven al hombre normal, en una actitud prudente y objetiva para emitir el juicio de valor acerca de una cierta realidad.

Por otra parte el DS Nº 0521, en su art. 1 establece la prohibición de toda forma de evasión a la normativa laboral, mediante fraude, simulación, subcontratación, tercerización, externalización, enganche u otras formas de evadir con la  carga social de las empresas.

El DS Nº 28699 que deroga el art. 55 del DS Nº 21060, en su art. 5 establece que cualquier forma de contrato, civil o comercial, que trate de encubrir la relación laboral, no surtirá efectos, por lo que deberá prevalecer el principio de realidad sobre la relación aparente.

Asimismo el DS Nº 107 de mayo de 2009 en su art. 1 previene que el objeto es garantizar el cumplimiento de la legislación laboral y el goce pleno de los derechos laborales; el art. 2 del mismo cuerpo legal establece que, la presunción de la existencia de relación de dependencia laboral entre la empresa subcontratada y las o los dependientes directos de ésta, y las prácticas empresariales que traten de evadir relaciones típicamente laborales a través de otras formas de subcontratación, serán pasibles a sanciones.

Con relación a lo descrito en las normas citadas precedentemente, para determinar si una relación de trabajo tiene las características esenciales laborales, se debe tener en cuenta que todo trabajo es una prestación a favor de otro, existiendo la realización de un acto, un servicio o ejecución de obra; distinción que radica en el modo de la relación existente entre quienes lo hacen y lo reciben, a tal fin toca observar el papel realizado por cada una de las partes, que ante las exigencias de las reglas impuestas por el empleador, es posible que se pretenda ocultar o encubrir la realidad bajo apariencias de una relación no laboral, por lo que a este fin la doctrina del derecho laboral destaca entre los varios componentes de la relación laboral, el elemento de la dependencia o subordinación, según el cual, quién recibe el trabajo tiene la facultad de dirigirlo e imponer sus reglas, tomando los frutos de ese trabajo, por lo que para determinar la relación se debe recurrir al principio de primacía de la realidad que privilegia los hechos frente a las formalidades y apariencias impuestas por el empleador.

En el marco de lo anotado, el art. 1 del DS Nº 23570 de 26 de julio de 1993, señala las características esenciales de la relación laboral, anotando así: a) La relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto del empleador, b) La prestación del trabajo por cuenta ajena y c) La percepción de remuneración o salario en cualquiera de sus formas de manifestación, señalando el art. 2 de la citada norma legal que, en las relaciones laborales en las que concurran aquellas características esenciales precedentemente citadas, se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo y gozan de todos los derechos reconocidos en ella, sea cual fuere el rubro o actividad que se realice, así como la forma expresa del contrato o de la contratación verbal si fuera el caso; disposición normativa que indudablemente guarda concordancia con lo dispuesto por el art. 2 del DS Nº 28699.

En el caso de autos se infiere que en base a los principios del derecho laboral y revisado el Auto de Vista recurrido éste Tribunal colige que el Tribunal de Alzada en sujeción a la normativa mencionada, se estableció la concurrencia de las características propias que hacen a una relación laboral entre la Empresa Constructora COBBEL y el demandante Demetrio Altamirano, conclusión a la que arribó en base a la prueba presentada tanto de cargo como de descargo, con total sindéresis jurídica, a mérito que si bien en el caso se arrimaron literales que en lo formal demostrarían que el actor prestó servicios a favor de entidad distinta, no debe perderse de vista que en todas ellas interviene la entidad demandada, ya como principal empleadora o ya como asociada con otra, aspecto que sumado al hecho de mantener durante todo esos periodos como dependiente suyo a efectos del régimen de seguridad social de corto y largo plazo, así como los pagos retroactivos, así como la condición de administrador de la sociedad accidental, demuestran una real situación de dependencia laboral.

Asimismo, se debe convenir que en razón a la especial naturaleza de las relaciones laborales como el presente y la facilidad que éste escenario fáctico ofrece para ocultar una relación de dependencia laboral bajo formas contractuales civiles, el legislador consideró necesaria su regulación especial, con la finalidad de evitar el fraude laboral bajo formas contractuales civiles, incluyéndolo dentro el campo de acción de la Ley General de Trabajo.

Así se tiene previsto en el art. 3 del Decreto Ley (DL) 16187 de 16 de febrero de 1979 que señala: “En los contratos de trabajo de las empresas de consultoría y de construcción, el plazo del contrato de trabajo será hasta la terminación de la obra y/o de los trabajos específicos”, dispositivo legal que, entre otros, se instituye por la falta de reglamentación del art. 12 de la LGT sobre el contrato de trabajo y que diere lugar “a que se haga uso indebido de ellos…”, vaciando de contenido el propósito co0nstitucional orientado a “crear condiciones que garanticen las posibilidades de ocupación, estabilidad en el trabajo y remuneración justa, como se establece en la Constitución Política del Estado”, conforme se expresa en la ratio legis de dicho decreto ley.

Así entonces, en los casos como el presente, la naturaleza civil que el recurrente pretende reivindicar, no constituye, como sostiene, receta única e insoslayable para los efectos contractuales, sino el contrato laboral, ya sea por ítem o a conclusión de obra. De ahí que es posible concluir que el Tribunal de apelación no incurrió en infracción legal alguna, mucho menos en las acusadas por el recurrente.

2.- En lo concerniente a la prescripción resumidos en los puntos c) y d) supra, éste Tribunal concluye:

La interpretación sobre el régimen de la prescripción previsto en los arts. 120 de la LGT y 163 del DR-LGT, debe someterse a la actual estructura normativa prevista por la Constitución Política del Estado, más precisamente lo inscrito en sus arts. 48 y 123, sobre la imprescriptibilidad de los derechos sociales el primero, y sobre la retroactividad de la norma el segundo. De tal cuenta, conforme lo dispuesto por el art. 48.IV de la CPE, vigente desde el 7 de febrero de 2009 "...los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles...". Tal mandato por imperio del art. 410.II Constitucional, haría presente una aparente contradicción en cuanto a la imprescriptibilidad de los derechos laborales con lo señalado por el art. 120 de la LGT y el art. 163 del DR-LGT; empero, se aclara que sólo en el caso de que el cómputo de los 2 años previsto en esas normas especiales, se haya producido antes de la vigencia de la actual Constitución (7 de febrero de 2009), se aplica lo dispuesto por el art. 120 de la LGT y el art. 163 del DR-LGT, guardando de tal forma relación con el art. 123 de la CPE, en cuanto a la irretroactividad de la ley; sin embargo, si el cómputo del plazo de los 2 años no llegó a su término antes de la vigencia de la CPE de 9 de febrero de 2009, dicho plazo se interrumpe en cumplimiento a lo dispuesto por el parágrafo IV de su art. 48.

En la especie, el cómputo para una eventual prescripción de los derechos demandados, debe computarse a partir de la desvinculación laboral, independientemente de la causal que haya tenido ésta; es decir, a partir del 21 de diciembre de 2011.

En éste marco, debe tenerse presente que, conforme bien concluyeron los de instancia, aún a pesar de que en apariencia formal el demandante hubiese estado figurando como dependiente de otras empresas, no es menos evidente que en todas ellas, como se tiene expuesto supra, aparece el demandado ya sea en vinculación directa como empleador o en asociación con aquellas otras y, siendo así, no cabe duda de una relación laboral continua con el demandado desde el inicio de la relación laboral.

3.- En cuanto a las causas de la desvinculación laboral y el pago del desahucio, el Tribunal de apelación concluyó que la desvinculación laboral obedeció a la falta de pago oportuno de sus haberes mensuales y que a esas emergencias corresponde el pago del desahucio, conclusión que en la interpretación de éste Tribunal resulta correcta, a mérito que, conforme al art. 2 del DS de 9 de marzo de 1937 “En caso de rebaja de sueldos, los empleados tendrán la facultad de permanecer en el cargo o retirarse de él…”; potestad que otorga la ley cuando el empleador, en abuso del ius variandi, con la finalidad de inducir al trabajador a renunciar o cualesquier otro interés ajeno a los fines empresariales, injustificadamente cambia las condiciones laborales del trabajador, con menoscabo de sus derechos y beneficios laborales.

Corresponde reiterar que, el despido indirecto tiene los mismos efectos que el despido injustificado, por el que se reconoce al ex trabajador, el derecho de percibir todos los derechos y beneficios sociales emergentes de la ruptura laboral por culpa atribuible al empleador, quien incita y obliga al trabajador a tomar decisiones como consecuencia de la alteración de condiciones de la relación laboral, modificando de manera sustancial la armonía de la actividad laboral, pudiendo ser ésta por alteración del horario de trabajo, reducción de salario, traslado del trabajador a un puesto de trabajo inferior o, como en el caso presente, el impago del salario.

En autos, se establece que la renuncia del trabajador fue inducido por el empleador en tanto le privó de sus haberes mensuales y del sistema de seguridad social, aspectos que certifica el acta de conciliación ante la Inspección del Trabajo de fs. 2 lo que ciertamente constituye despido indirecto, ergo, forzoso e injustificado atribuible al empleador, pues la doctrina en la materia señala que no solamente la rebaja de salarios constituye causal de aplicación del art. 2 del DS de 9 de marzo de 1937, sino también cualquier otro hecho que altere las condiciones normales existentes en el desarrollo del trabajo. En esa línea esta Sala ratificó la jurisprudencia anterior en sentido que la falta oportuna de pago de salarios, se constituye en una causal de retiro indirecto.

En efecto, sobre el caso, el Tribunal de Casación tiene sentado:

“…conforme al art. 52 de la Ley General del Trabajo, concordante con el art. 5º de la Constitución Política del Estado, el trabajo prestado por cuenta ajena, sea que se origine en acuerdo verbal o escrito, tiene como contraprestación ineludible el salario. Consiguientemente, el incumplimiento de esta obligación por parte del empleador constituye incumplimiento del contrato de trabajo que conlleva la carga perjudicial para el trabajador y su familia, dada la categoría social que reviste el salario, más aún si conforme al art. 53 del citado sustantivo laboral, su pago no puede exceder de 15 días. En este caso se produce un perjuicio mucho mayor al de la rebaja de salario, cuya acción es también reconocida como despido indirecto (art. 2 D.S. de 09 de marzo de 1937).

Que el perjuicio moral y fundamentalmente económico originado por el empleador con el incumplimiento de sus deberes legales y contractuales, traducido en la privación del salario, coloca al trabajador en situación tal que no le permite continuar trabajando en la empresa, por lo que la desvinculación laboral producida en estas circunstancias al ser imputable al empleador éste contrae la obligatoriedad del art. 13 de la Ley General del Trabajo, en el entendido que el retiro es producido por causas no imputables al trabajador”. (AS. Nº 180-Social, de 17/09/03).

Siguiendo el razonamiento anterior y tomando en cuenta la previsión del art. 48 de la CPE, que consagra la irrenunciabilidad de los derechos sociales reconocidos a los trabajadores, así como el art. 52 de la LGT en cuya definición el salario constituye una contraprestación al trabajo efectivo del trabajador y se emplea para su sustento y el de su familia, no pudiendo demorar su pago fuera de los plazos establecidos por Ley, precisamente por su finalidad de subsistencia al que responde, por lo que la falta de pago adquiere mayor trascendencia que la simple rebaja. Así entonces, la desvinculación laboral asumida en tales condiciones trae consigo la necesidad del trabajador de conseguir otra colocación que le permita su subsistencia diaria, circunstancias en la que resultaría inadmisible y contrario a todo principio laboral, la exigencia de presentar un pre aviso o de privarle del derecho al desahucio.

En mérito a lo señalado, la Sala concluye  que no siendo  evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación, estas devienen infundadas, correspondiendo en consecuencia resolver de acuerdo a lo establecido por los arts. 271.2 y 273 del CPC, aplicables al presente caso con la permisión contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 265 a 271 vta. Con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera