TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 195

Sucre, 07 de abril de 2015

Expediente: 397/2014-S

Demandante: Fanny Rosario Arzabe Armijo

Demandado: Caja Nacional de Salud

Distrito        : La Paz

Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

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VISTOS: El recurso de casación de fs. 183 a 184 vta., interpuesto por Carlos Álvares Córdova, como Administrador Regional de la Caja Nacional de Salud (CNS), contra el Auto de Vista Nº 130/2014-SSA-I de 20 de junio de fs. 178 a 179 vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; dentro del proceso de pago de beneficios sociales incoado por Fanny Rosario Arzabe Armijo, contra la entidad recurrente; el Auto de fs. 189, que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1 ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1.1 Sentencia

Tramitado el proceso del exordio, la Juez Primero del Trabajo y Seguridad Social de La Paz, pronunció la Sentencia Nº 14/2014 de 21 de enero (fs. 148 a 151), declarando: i) Probada en parte la excepción perentoria de pago; y, ii) Probada en parte la demanda de fs. 5 a 6, disponiendo el pago a favor del actor la suma de Bs.88.236,78.-, por los conceptos inmersos en dicho fallo.

I.1.2 Auto de Vista

En conocimiento de la precitada Resolución la parte demandada opuso recurso de apelación (fs. 166 a 169), resuelto por el Auto de Vista descrito al prefacio, que determinó confirmar en parte la Sentencia de grado, sólo en lo que correspondió a la otorgación del aguinaldo, liquidando la suma de Bs.78.568,11.-

I.2 RECURSO DE CASACIÓN

En conocimiento de aquel Auto de Vista, la entidad demandada presentó recurso de casación, acusando:

  1. El art. 2 del Decreto Supremo (DS) de 9 de marzo de 1937, referente al preaviso en el supuesto de rebaja de sueldos, describe una situación que se enfoca en la posibilidad de una remoción de cargo, situación distinta a la acontecida en autos, por cuanto la rebaja de sueldos dispuesta por Gerencia General de la CNS se enfrascó al cumplimiento de los arts. 1, 2, 6.b y 57 del Reglamento de Concurso de Méritos y Examen de Competencia del Colegio de Bioquímica y Farmacia de Bolivia, normas que señalarían que:

los profesionales bioquímicos farmacéuticos que ocupen cargos jerárquicos o intermedios ejercerán esas funciones por 4 años pudiendo postularse por una gestión consecutiva más, al cabo de los cuales debe volver a su cargo de base declarado en comisión mientras dure su gestión” (sic).

Respecto a lo anterior aclara que la emisión del Memorándum SMP-0197/2011 de 1 de julio, expresamente indica “restitución a ítem de base” (sic), al haberse concluido el periodo de jefatura de laboratorio la demandante debía retornar a su ítem de profesional bioquímico.

Finaliza señalando que mal puede imponerse sanción a la CNS por sólo dar cumplimiento a normativa que rige a los profesionales bioquímicos.

  1. En cuanto al pago de desahucio, indica que el mismo no es viable, habida cuenta que, en el caso presente ante el cumplimiento del periodo de cuatro años no correspondía otorgar un preaviso de tres meses de antelación, pues la trabajadora tenía conocimiento del tiempo de duración de su designación, no pudiendo aplicarse esa figura a cuestiones que son regidas por Reglamentos y Estatutos. Por ultimo reseña una porción del Auto Supremo 231 de 6 de octubre de 2001.
  2. En relación al pago diferencia del mes de julio de 2011, indica que a fs. 51, se desprende la boleta de pago de ese mes por la suma de bs.11.435,37.-, incluyéndose en su tenor la cancelación de los reintegros del mes de julio.
  3. En cuanto a la multa del 30% y su determinación impuesta por el Auto de Vista impugnado, señala que de fs. 17 a 18 cursan comprobantes de contabilidad por pago de beneficios sociales de 16 de septiembre de 2011, dentro de los 15 días dispuestos por norma para el pago de beneficios sociales; incluso -prosigue- fue la demandante quien exteriorizó el 14 de septiembre de 2011, su deseo de que esos beneficios fueran depositados en dependencias del Ministerio de Trabajo, tal cual se desprendiese del contenido de la nota cite TRLP-314-2011 cursante a fs. 29.

Bajo tal argumento el recurrente plantea que ya desde el 14 de septiembre de 2011, existía un cheque por concepto de pago de beneficios sociales, que su depósito fue realizado como fondos en custodia en el Ministerio de Trabajo a petición de la demandante, y que si el Auto de Vista concluyó que el cobro fue realizado recién el 3 de febrero de 2012, no analizó la serie de requisitos que un trabajador debe cumplir para la emisión de un cheque a su nombre en esa instancia administrativa, no pudiendo una eventual demora ser atribuible a la entidad recurrente.

I.2.1 Petitorio

La parte recurrente,  señala “el excelentísimo Tribunal de Casación debe resolver en la forma prevista en el núm. 4) del art. 271 de CPC revocando el auto de vista, con costas” (sic).

CONSIDERANDO II:

II.1 FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL AUTO SUPREMO

II.1.1 Derecho a variar

El art. 2 de la Ley General del Trabajo (LGT), precisa que “Patrono es la persona natural o jurídica que proporciona trabajo por cuenta propia o ajena, para la ejecución o explotación de una obra o empresa”, partiendo de esa definición básica, el DS Nº 23570 de 26 de julio de 1993, anuncia las características esenciales de la relación laboral, a saber: a) La relación de dependencia y subordinación del trabajador con respecto al empleador; b) La prestación del trabajo por cuenta ajena; y, c) La percepción de remuneración o salario en cualquiera de sus formas de manifestación. Sobre este particular, en similar entendimiento el art. 2 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, establece que en las relaciones laborales dónde concurran aquellas características esenciales, se encuentran dentro del ámbito de aplicación  de la LGT.

Como se advierte, la existencia de una relación laboral estima la participación de dos actores, el primero que bajo su riesgo y administración proporciona trabajo a un segundo, quien bajo dependencia y subordinación a su turno dispone hacia el primero energía para el cumplimiento de un objetivo o la generación de riqueza, sin que pueda afectarle el resultado.

Ahora bien, cuando la norma hace referencia a la subordinación como uno de los elementos esenciales de todo contrato de trabajo, entraña también la facultad del empleador para exigir a su trabajador el cumplimiento de órdenes, así como también incumbe una esfera disciplinaria en la imposición de reglamentos. Lo anterior posee el objetivo de conseguir una buena marcha de acuerdo con los fines y metas para los cuales se creó una determinada unidad laboral o empresa; dónde si bien la trabajadora o el trabajador debe acatar lo ordenado, y someterse a las reglas y cumplirlas, tal condición, de modo alguno debe afectar por sí solo su esfera privada o bien derechos que son convergentes a la relación laboral.

La subordinación y dependencia a la que es dispuesto al trabajador, confiere también al empleador, aunque implícitamente, el derecho a variar ciertas condiciones laborales, especialmente vinculadas al modo, lugar, cantidad o tiempo del trabajo. Es importante tener presente que estas determinaciones no son contrarias al principio de razonabilidad, al cual las relaciones de trabajo deben someterse, sino, le son correspondientes, por cuanto los márgenes por los que el empleador puede alterar las condiciones de la relación laboral si bien le son  discrecionales, en función a tanto la naturaleza del cargo o de la labor, las exigencias, metas y objetivos que posea la unidad laboral; empero bajo ninguna circunstancia, pueden tornarse arbitrarias. Tales modificaciones, ante todo, deberán estar sometidas a la Constitución que exige para el trabajo condiciones dignas y justas (así el sentido del art. 46.I.1 de la CPE) debiéndose también tener en cuenta las condiciones que hacen a cada caso en específico, factores como circunstancias que afectan a la trabajadora o el trabajador, la situación de su familia, las condiciones de salubridad que provoquen esos cambios, el lugar y el tiempo de trabajo, sus condiciones salariales, y otras. En cada ejercicio del Derecho a variar, el empleador deberá apreciar el conjunto de estos elementos y adoptar una determinación que los consulte de manera adecuada y coherente, siempre en el marco de que del derecho al trabajo penden también otros derechos atinentes no sólo a la persona. 

II.1.2 Derecho a la remuneración o salario

Ciertamente siguiendo el concepto clásico adoptado por la legislación boliviana- uno de los componentes, sino el más importante, que hacen al contrato de trabajo es la percepción de una remuneración o salario por parte de quien presta a un tercero una labor por cuenta ajena. Partiendo de ello y ubicado el origen de la remuneración, es necesario bosquejar su significado. En una acepción amplia según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través del Convenio Nº 95 “…el término salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar”.

En tal margen, la LGT en su art. 52, afirma que “Remuneración o salario es el que percibe el empleado u obrero en pago de su trabajo”, prohíbe convenciones o pactos destinados a su reducción en relación al mínimo establecido por norma, y prescribe que “El salario es proporcional al trabajo, no pudiendo hacerse diferencias por sexo o nacionalidad”, postura que reafirma el principio de no discriminación laboral, promoviendo la igualdad salarial ante iguales labores. A su turno el art. 39 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo (DR-LGT), amplia la comprensión de remuneración o salario al incluir dentro de aquél el pago de “comisiones y participaciones en los beneficios, cuando éstos invistan carácter permanente.”

Como se desprende del texto normativo, y tal cual lo reconoce con amplio conceso la doctrina en la materia, la remuneración o salario desde el punto de vista de la trabajadora o el trabajador, incumbe dos características esenciales, a saber: i) Su carácter retributivo, por su condición contraprestativa en el desenvolvimiento del contrato de trabajo, teniendo como punto de partida que una determinada labor es realizada a la espera de un determinado pago, en tal sentido los arts. 46.III, 54.I y II de la CPE, Su carácter sustentatorio, irradiando un sustento no solo propio del trabajador sino extensible a su núcleo familiar o dependiente, este elementos es recogido en el art. 46 de la CPE. 

II.1.3 Retiro indirecto por rebaja de salarios

La relación laboral, si bien conlleva especial atención jurídica por su propia especial naturaleza y características con las que se involucra (trabajo por cuenta ajena, medios de producción, fuerza laboral, etc.) no deja de, simultáneamente, poseer basamento contractual. Esta situación hace, sin duda, que en la eventualidad de suponerse roto el pacto, origine responsabilidades a la parte que propició tal ruptura.

De tal cuenta, existen circunstancias que si bien hacen en apariencia que la recisión del contrato de trabajo le sea atribuible al trabajador, ésta fue originada en un hecho imputable al empleador o derivada de éste; situación que es entendida por la doctrina como despido indirecto y que surte efectos equivalentes al despido sin justa causa. La eventualidad por la que trabajador se halla obligado a rescindir el contrato de trabajo se arraiga en conductas atribuibles al empleador que involucren modificaciones esenciales del contrato de trabajo, modificaciones entendidas como no esenciales (bien accidentales o bien secundarias) sobre las condiciones de prestación de las labores.

En estrecha relación, cabe señalar que el ejercicio legítimo del derecho a variar (o ius variandi) por parte del empleador, se ve limitado a ciertas condiciones relacionadas con la razonabilidad de la decisión; la no alteración esencial del contrato, no pudiendo afectarse aspectos sustanciales, y no causar perjuicio moral y material al trabajador. Este criterio, es extensivo a la rebaja de sueldos o salarios, pues como se advirtió anteladamente, forma tanto parte de las características esenciales de la relación laboral, como a la vez conforma un elemento fundamental ligado a aspectos de supervivencia de tanto el trabajador como a su núcleo familiar.

Sobre el particular el Auto Supremo Nº 458 de 7 de agosto de 2008, manifestó “En referencia al reclamo de que la falta de pago oportuno de salarios no se constituye en causal de retiro indirecto, se debe puntualizar que, si bien el art. 2 del Decreto Supremo de 9 de marzo de 1937 establece que en caso de rebaja de sueldos, los empleados tendrán la facultad de permanecer en el cargo o retirarse de él, entendiendo por ello que se produce el despido indirecto del trabajador, así también dicho despido indirecto se configura en función a que por culpa atribuible al empleador, que incita y obliga al trabajador a tomar decisiones como consecuencia de la alteración de condiciones de la relación laboral, modifica de manera sustancial la armonía de la actividad laboral, pudiendo ser esta por alteración del horario de trabajo, reducción de salario, traslado del trabajador a un puesto de trabajo inferior o impago del salario”.

II.2 ANÁLISIS DE LAS PROBLEMÁTICAS LLEGADAS A CASACIÓN

II.2.a Sobre la aplicación del art. 2 del DS de 9 de marzo de 1937

El principal planteamiento traído a casación se basa no en la negación de los cargos de rebaja de sueldos a la actora, sino en la motivación que condujo a esa acción, tal es así, señala que fue realizada como un acto administrativo y en cumplimiento de Estatutos y Reglamentos que regulasen el accionar del rubro de profesionales en bioquímica y farmacia. El recurrente esboza la tesis de que si bien la actora fue Jefa de Laboratorio Clínico, previo examen de competencia, de antemano supo que su permanencia en ese cargo estaba constreñido al cumplimiento de aquellas normas que prevén una duración de 4 años. Sobre tal postura, la proyección de la entidad recurrente, sostiene que el art. 2 del DS de 9 de marzo de 1937, no es aplicable al caso de autos, por cuanto tal norma hace referencia a una remoción.

La instructiva contenida en el memorándum SMP-0197/2011 de 1 de julio, es sin duda la principal motivante del presente proceso, pues de ella se desprende las dos posiciones en controversia, por un lado la CNS que aduce el cumplimiento de normativa y por el otro la demandante que sostiene que el mismo constituyó una acción de ilegal rebaja de salarios que fue interpretada como un retiro indirecto. Así las cosas, la Sala para despejar el camino a su decisión considera esquematizar actos previos a la emisión de aquel documento:

Conforme lo anterior la relación laboral entre las partes se inició el año 2000, asignándose a la hoy demandante condiciones tanto de Jefatura de laboratorio clínico, como el nivel 18A; este escenario se mantuvo justamente hasta la emisión del memorándum 0197/2011, es decir, si bien la entidad demandada arguye que la modificación de las condiciones en las que tanto la labor se desarrollaba, obedecieron a la aplicación de norma del rubro de bioquímica y farmacia, empero no existe razón que justifique la rebaja salarial, pues ésta se mantuvo constante a lo largo de 11 años, tiempo que supera los cuatro años que la entidad demandada dice fueron cumplidos y a cuyo término se debía restituir a la demandante a un ítem base. Cabe señalar que la variación del salario, no fue nominal pues en los hechos conforme se lee a fs. 47 y ss, el ítem 18A comprendía un haber de bs.5.300,00.-, y el 17A bs.4.805,00.-

Lo anterior, se traduce como una modificación discrecional del contrato de trabajo que repercute en la trabajadora, por cuanto si bien la facultad de administración y dirección le son potestativas a la CNS, ello no quiere decir que condiciones sustanciales de la relación laboral se vean afectadas por aquellas decisiones, aspectos que por aplicación de la norma para este tipo de casos son interpretados como un retiro indirecto, pues como se tiene dicho precedente en el punto I.2.3 de este Auto Supremo, el hecho que el empleador disponga condiciones que tiendan a producir afectación o merma a componentes sustanciales en el contrato de trabajo, como lo fue la reasignación a un nivel salarial inferior, provocaron que la en este caso- trabajadora procediera a la rescisión del contrato de trabajo, circunstancias que como bien concluyó el Tribunal de Alzada constituye retiro indirecto, siendo aplicable en consecuencia la norma en el presente caso el art. 2 del DS de 9 de marzo de 1937.

II.2.b En cuanto al pago de desahucio

Dice la entidad recurrente que el pago desahucio no es viable, al conocer la trabajadora con anticipación el tiempo de permanencia en el cargo que desempeñaba.

El desahucio constituye una indemnización, obligada del empleador al trabajador, en los supuestos en los que una decisión unilateral del primero provoque el retiro del segundo de su fuente de trabajo, sin mediar, claro, causal justificada y sin la emisión de un preaviso.

El Auto de Vista impugnado en consideración de la Sala, sobre el particular, realizó una correcta apreciación de los antecedentes y consecuente aplicación de la norma en cuanto toca al pago del desahucio, por cuanto calificado como fue la causal de desvinculación como retiro indirecto, bien corresponde la aplicación de aquella figura.

II.2.c En relación al pago de reintegro

Señala que diferencia del mes de julio de 2011, indica que de fs. 51, se desprende la boleta de pago de ese mes por la suma de bs.11.435,37.-, incluyéndose en su tenor la cancelación de los reintegros del mes de julio.

El Auto de Vista impugnado sobre el particular manifiesta en su segundo considerando acápite iv) indica que “la diferencia del salario del mes de agosto de 2011, la parte demandada asegura haber cancelado el concepto en planilla adicional, sin embargo en obrados no cursa prueba de aquel pago” (sic).

Conforme se observa de lo cursante de fs. 51, que es boleta de pago emitida en el mes de septiembre de 2011, se realizó el pago de bs.1.155,39.- a favor de Fanny Arzabe Armijo, siendo que en efecto el Tribunal de Alzada no consideró en su decisión lo contenido en esa literal, por cuanto, y sumado el reclamo expreso del recurso de casación corresponde tener presente aquel pago en la liquidación a realizar.

II.2.d  En cuanto a la aplicación de la multa del 30% prevista por el DS 28699

Sobre este punto la parte recurrente manifiesta que el Auto de Vista impugnado, toma en cuenta el cobro de los beneficios sociales sin haber analizado, la serie de requisitos que un trabajador debe cumplir para la emisión de un cheque a su nombre en esa instancia administrativa, no pudiendo una eventual demora ser atribuible a la entidad recurrente.

En tal sentido el DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, en su art. 9.I obliga que el empleador deberá: “…cancelar en el plazo impostergable de quince (15) días calendario el finiquito correspondiente a sueldos devengados, indemnización y todos los derechos que correspondan; pasado el plazo indicado y para efectos de mantenimiento de valor correspondiente, el pago de dicho monto será calculado y actualizado en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda - UFV's, desde la fecha de despido del trabajador asalariado hasta el día anterior a la fecha en que se realice el pago del finiquito”; más adelante ese mismo artículo en su parágrafo II, prevé que ante el incumplimiento del pago del finiquito en el plazo antes señalado, el empleador “pagará una multa en beneficio del trabajador consistente en el 30% del monto total a cancelarse, incluyendo el mantenimiento de valor”.

Como es evidente a norma transcrita, dispone tanto el plazo para el pago, los conceptos, así como la multa en caso de incumplimiento del mismo, en esa dirección es la Resolución Ministerial Nº 148/10 de 4 de marzo, la que prevé el procedimiento para la recepción y pago de beneficios sociales, en el caso de que esos pagos se los haga efectivos ante el Ministerio del Trabajo Empleo y Previsión Social; así en su punto I señala: 1. "La empresa o empleador, realiza el depósito del beneficio social adeudado, acordado según Convenio de Pago o Pago de Finiquito (finalización de la relación laboral) en las respectivas cuentas bancarias aperturadas en la oficina central y jefaturas departamentales de trabajo del interior del país, bajo el denominativo "Fondos en Custodia". 2. "El BANCO, recibe el dinero en efectivo o cheque girado a nombre de la cuenta "Fondos en Custodia", emite la respectiva boleta de depósito (original) como constancia de la operación realizada".

Ya en materia, el Auto de Vista impugnado sobre este particular se pronunció en sentido que “…si bien es cierto que la parte recurrente realiza el depósito de los derechos de la actora al Fondo en Custodia del Ministerio de Trabajo, no es menos evidente que el cheque con el depósito citado, fue anulado por cambio de nombre, así se infiere en el detalle de las literales de fs. 17-18, para recién en fecha 14 de septiembre de 2011, regularizarse el trámite; pese a ello en el finiquito de fs. 38 se verifica que la actora hace efectivo su cobro de sus derechos recién en 3 de febrero de 2012, tal cual se constata del sello del finiquito referido, concluyéndose que el pago efectuado no fue realizado dentro del plazo establecido en el art. 9-I del DS 28699, correspondiendo confirmar la decisión de la A-quo” (sic)

En la lectura del extracto glosado, la Sala advierte dos momentos de trascendencia en el razonamiento por el que el Tribunal de Alzada dispone la aplicación del art. 9 del DS Nº 28699. En primer lugar distingue que la entidad demandada realizó el depósito de los referidos beneficios sociales, empero su trámite fue regularizado el 14 de septiembre de 2011, ya que hubiera sido anulado por inconsistencias de forma (cambio de nombre). Un segundo momento apunta al cobro del finiquito por parte de la actora, pues en la posición del Auto de Vista impugnado éste recién se hizo efectivo el 34 de febrero de 2012, en un lapso alejado de los 15 días previstos por el art. 9.I del DS Nº 28699 y por tanto pasible al pago de la multa del 30% previsto en ese mismo art.

Lo anterior en consideración de la Sala, constituye una errónea apreciación de lo previsto en el art. 9 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, por cuanto esta norma castiga el pago inoportuno de los beneficios sociales al obligado, es decir al empleador, por tanto el plazo de 15 días para la efectivización de su pago le son imputables a éste; y de ninguna manera, el cómputo de aquel plazo puede estar sometido al cobro de esos mismos beneficios sociales por parte del beneficiario titular, es decir el trabajador. Esta afirmación se respalda, justamente en el hecho de que sea la autoridad administrativa que medie y ejerza el papel de agente de custodia de aquellos pagos evitando excesos en el ejercicio de un derecho legítimo por parte de las y los trabajadores.

En el caso que se examina, se advierte que la entidad empleadora emitió el cheque Nº 01513 de 14 de septiembre de 2011, a nombre de “FONDOS EN CUSTODIA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL” (sic) por un total de bs.135.027,31.-; sin embargo, este cheque fue anulado, habida cuenta que no se cumplieron requisitos de forma relativos al número de cuenta y aspectos formales sobre el destinatario, (en tal sentido lo cursante de fs. 22); luego, y no obstante aquella situación, el 16 de septiembre de 2011, el empleador depositó esa misma suma a favor de MTEPS Fondos en Custodia La Paz, al Nº de Cuenta 10000004669707 del Banco Unión SA; es decir dentro del plazo que el DS Nº 28699 dispone para este tipo de situaciones, no siendo pasible la aplicación de la multa revista en el art. 9.II de esa norma reglamentaria.

No obstante lo anterior, en el supuesto de pago parcial de los derechos laborales que correspondan, habida cuenta que por disposición del art. 70 del Código Procesal del Trabajo (CPT) ni la transacción, ni el desistimiento causan estado, éstos no causan estado la aplicación de la multicitada multa deberá hacerse efectiva en relación a los conceptos no liquidados.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad  conferida por los arts.  184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, CASA PARCIALMENTE el Auto de Vista 130/2014-SSA-I de 20 de junio de fs. 178 a 179 vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, deliberando en el fondo, declara probada en parte la demanda, disponiendo que la entidad demandada cancele a favor de la actora la suma de Bs.28.206,86.- por concepto de beneficios sociales, tomando en cuenta el salario promedio indemnizable y tiempo de servicios determinado en la Sentencia de fs. 148 a 151, conforme a la siguiente liquidación:  


Indemnización (11 a y 4 m)        : Bs.129.305.55.-

Desahucio                                : Bs.33.928,62.-

Sub total                                : Bs.163.234,17.-

Menos finiquito de fs. 38        : Bs.135.027,31.-

TOTAL                                        : Bs.28.206.86.-

Con más actualización y multa del 30% a calcularse sobre la base de Bs. 28.206,86.-, en ejecución de sentencia.

Sin multa por ser excusable.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera