TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM.  Y SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 190

Sucre, 07 de abril de 2015

Expediente: 268/2010-A

Demandante: Industrias Vascal S.A.

Demandada: Gerencia Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales

Distrito        : Cochabamba

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 119 a 121 vta., interpuesto por José Antonio Daza Paz, en representación legal de Industrias Vascal S.A., contra el Auto de Vista Nº 086/2010 de 30 de julio de fs. 116 a 117, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior de Justicia del Distrito de Cochabamba, en el proceso Contencioso Tributario seguido por la entidad recurrente, contra la Gerencia Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) Cochabamba; el Auto de 9 de septiembre de 2010 de fs. 122 vta., que concedió el recurso; los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1 Resolución

Que, tramitado el proceso Contencioso Tributario, el Juez Primero de Partido en Materia Administrativa, Coactiva Fiscal y Tributaria de Cochabamba, emitió el Auto Interlocutorio de 11 de noviembre de 2008 (fs. 106), rechazando la admisión de la demanda, manteniendo firmes y subsistentes los 40 Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria, ordenando el archivo de obrados.

I.1.1 Auto de Vista

Interpuesto el recurso de apelación por el representante de la entidad demandante (fs. 109 a 111 vta.), mediante Auto de Vista Nº 086/2010 de 30 de julio, de fs. 116 a 117, la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior de Justicia del Distrito de Cochabamba, confirmó el Auto de 11 de noviembre de 2008.

II. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Dicha resolución motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 119 a 121 vta., interpuesto por José Antonio Daza Paz, en representación legal de Industrias Vascal S.A., exponiendo los siguientes agravios:

I.1 Violación al derecho a la defensa, por cuanto el Auto de Vista, implícitamente ha considerado viables los ilegales Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET´s), emitidas por una autoridad que no tenía competencia para emitir dichos actos administrativos sin seguir el procedimiento llamado por ley.

I.2 Ilegalidad del Auto de Vista N° 086/2010 de 30 de julio, por afirmar que se habría notificado a la Empresa, aspecto falso, puesto nunca existió una notificación válida.

I.3 Reconocimiento en el Auto de Vista que, se debió proceder a la notificación legal del sujeto pasivo.

I.4 Que, el Tribunal ad quem, afirma que se trata de actos definitivos sin tomar en cuenta que la empresa, planteó la demanda contenciosa tributaria, para, no permitir la consumación de tal arbitrariedad ni la violación de principios constitucionales, en uso al derecho a la defensa y por la competencia de los jueces reconocida en el art. 157. B de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).

I.5 Al afirmar en el Auto de Vista recurrido que, en la fase de ejecución, no se puede interrumpir el procedimiento, existe reconocimiento de pagos parciales de la obligación.

I.6 Que, el art. 83 del Código Tributario Boliviano (CTB), establece las formas y medios de notificación de los actos administrativos, declarando nulas las notificaciones que no se ajusten a las formas establecidas. Al no haberse notificado de manera personal al representante legal de la Empresa con las formalidades establecidas en el art. 84 y 85 del CTB, al amparo de lo establecido en el art. 90 del Código de Procedimiento Civil (CPC), se debió declarar la nulidad de las notificaciones de los PIET´s y consiguiente inexistencia de los supuestos adeudos.

Que, el Juez en materia Administrativa, Coactiva Fiscal y Tributario es competente para conocer estos asuntos conforme lo establecen las Sentencias Constitucionales 028/2006 de 3 de mayo y la 076/2004 de 16 de julio, mismas que son de cumplimiento obligatorio, por mandato de lo establecido en el art. 4 y 44 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC).

II.1 PETITORIO

Concluyó solicitando que, el Tribunal Supremo de Justicia, “se digne CASAR VISTA RECURRIDO cursante a fs…. de obrados dictado mediante Auto No. 086/2010 de fecha 30 de julio de 2010, deliberando con COSTAS Y MULTAS DE LEY (sic)”.

CONSIDERANDO II:

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

De la compulsa de antecedentes del proceso, las normas aplicables, para resolver este recurso, es preciso responder de manera conjunta los puntos expresados por el recurrente como agravios en el fondo:

Del análisis e interpretación del recurso de casación, toda vez que se denunció la conculcación de derechos constitucionales, este tribunal en su rol de contralor de garantías constitucionales, identificó dos fundamentos esgrimidos por el recurrente que deben ser analizados; el primero, está referido a la nulidad de las notificaciones, por no haberse practicado de manera personal al representante legal de la empresa y, el segundo, respecto a la competencia de los jueces para conocer asuntos en etapa de ejecución tributaria.

Respecto al primer punto que, engloba todos los argumentos utilizados con la intención de anular las notificaciones de la PIET´s, comenzamos por indicar que, el Tribunal Constitucional en la SC 1845/2004 de 30 de noviembre, estableció que: “… los emplazamientos, citaciones y notificaciones (notificaciones en sentido genérico), que son la modalidades más usuales que se utilizan para hacer conocer a las partes o terceros interesados las providencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales o administrativos, para tener validez, deben ser realizados de tal forma que se asegure su recepción por parte del destinatario; pues la notificación, no está dirigida a cumplir una formalidad procesal en sí misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario (así SC 0757/2003-R, de 4 de junio), dado que sólo el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase de procesos, pues no se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso, cuando en la tramitación de la causa se provocó indefensión (art. 16:II y IV de la CPE); sin embargo, en coherencia con este entendimiento, toda notificación por defectuosa que sea en su forma, que cumpla con su finalidad (hacer conocer la comunicación en cuestión ), es válida. (El resaltado es nuestro).

Lo anotado, así como la jurisprudencia señalada y lo visto en los antecedentes que corren de fs. 10 a 89, nos permiten concluir que, la notificación por cédula de los PIET´s, fueron practicadas en el domicilio de la empresa INDUSTRIAS VASCAL S.A., ubicado en la Av. Oquendo, Edificio “Los Tiempos”, piso 12, cuyas copias fueron entregadas a la Secretaria de la empresa, Sra. Rosa Viviana Mendoza de Sandi, mismas que, cumplieron con la finalidad de hacer conocer la comunicación del inicio de la ejecución tributaria; tan cierto es lo afirmado que la empresa, aun erróneamente, ejercitó desde un principio, los medios de defensa a su alcance para impugnar el cobro coactivo; en consecuencia, no resulta jurídica ni moralmente admisible alegar que el A quo  y el Ad quem le hubiesen causado indefensión, por cuanto la Empresa si tuvo conocimiento respecto a la intención del ente fiscal, que refiere principalmente a poner en conocimiento y dar la chance al deudor tributario para que pague en tercer día lo adeudado, antes de realizarse las medidas coactivas.

En cuanto al segundo aspecto, el art. 108 de la Ley N° 2492 CTB, establece que, son títulos de ejecución tributaria entre otros la: “…Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda tributaria, cuando esta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el saldo deudor”. En consecuencia, las 40 Declaraciones Juradas (DD JJ), Formularios 54, 93, 94, 95, 143, 156, 200, 400, 570 de los diferentes periodos fiscales de las gestiones 2005 y 2006, presentadas por el sujeto pasivo, ipso jure, se convirtieron en títulos de ejecución tributaria.

       Por su parte, la norma supra aludida, establece como únicas causales de oposición a la ejecución fiscal, las establecidas en el art. 109. II comenzando con: 1. Cualquier forma de extinción de la deuda tributaria prevista por el Código Tributario de 1992 (CT) (pago, compensación, confusión, condonación, prescripción); 2. Resolución firme o sentencia con autoridad de cosa juzgada que declare la inexistencia de la deuda; 3. Dación en pago, conforme se disponga reglamentariamente. Además, establece que estas causales, solo serán válidas si se presentan antes de la conclusión de la fase de ejecución tributaria, cerrando de esta manera la posibilidad de impugnación a los títulos que adquirieron firmeza.

Con la emisión de los cuarenta (40) Proveídos de Ejecución Tributaria, y una vez notificados los mismos, se dio inicio a la ejecución tributaria o cobro coactivo de los adeudos auto determinados por el sujeto pasivo y, al no existir una de las tres causales de oposición a la ejecución fiscal, establecidas en el art. 109. II del CTB, la misma no puede ser suspendida por ningún recurso ordinario ni extraordinario.

Este entendimiento establecido en la SC Nº 1648/2010 de 25 de octubre, fue correctamente aplicado tanto por el A quo al inhibirse de conocer la demanda y rechazar su admisión por encontrarse en cobro coactivo y por el Tribunal ad quem, quienes confirmaron la resolución del de instancia con el mismo fundamento.

Consiguientemente, se establece que, la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior de Justicia del Distrito de Cochabamba, al confirmar el Auto de 11 de noviembre de 2008, obró correctamente; por todo ello, al no ser evidentes las infracciones acusadas en el recurso de casación en el fondo, corresponde aplicar los arts. 271. 2 y 273 del CPC, por mandato de la norma remisiva contenida en los arts. 214 y 297. II de la Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992 y 74.2 de la Ley Nº 2492 CTB de 2 de agosto de 2003.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm. Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la  LOJ, declara INFUNDADO, el recurso de casación de fs. 119 a 121 vta., interpuesto por Industrias VASCAL S.A., representado por José Antonio Daza Paz.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera