TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 176

Sucre, 06 de abril de 2015

Expediente: 530/2010-S

Demandante: Hernán Raymundo Laruta Rodríguez

Demandado: Cooperativa de Teléfonos La Paz Ltda.

Distrito        : La Paz

Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

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VISTOS: El recurso de casación de fs. 112 a 114, interpuesto por Roberto Álvaro Guzmán Durán y Julieta Gladys Pacuanca Escalier, en representación de la Cooperativa de Teléfonos Automáticos La Paz Ltda. (COTEL), contra el Auto de Vista Nº 25/10-SSA-I de 2 de febrero cursante de fs. 106 y vta., emitido por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Justicia en el Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso de pago de beneficios sociales seguido por Hernán Raymundo Laruta Rodríguez contra COTEL; el Auto de 3 de agosto de 2010 a fs. 123 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1 ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1.1 Sentencia

Planteada la demanda de pago de beneficios sociales que cursa a fs. 2 y vta., al término del trámite, el Juez de Partido Primero del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, pronunció la Sentencia Nº 75/2007 de 16 de agosto, declarando probada en parte la demanda debiendo COTEL, a través de su representante legal cancelar en favor del actor Bs.36.341,80.- por concepto de indemnización, desahucio, vacación y aguinaldo, conforme lo dispuesto en aquel Fallo.

I.1.2 Auto de Vista

Interpuesto los recursos de apelación por el demandado y el demandante de fs. 83 a 84 y 86 y vta., respectivamente, mediante Auto de Vista Nº 25/10-SSA-I de 2 de febrero, emitido la Sala Social y Administrativa de Corte Superior de Justicia de La Paz, confirmó la Sentencia Nº 75/2007 de 16 de agosto.

I.2 RECURSO DE CASACIÓN

De la revisión del recurso de casación, se extrae que El Auto de Vista impugnado, no compulsó adecuadamente la prueba aportada incurriendo en las previsiones de los arts. 250 y 253 del CPC, 120 del Código Procesal del Trabajo (CPT), y la aplicación errada de los arts. 3.j), 155 del CPT, 90 del CPC; por cuanto no consideró hechos que acreditados por prueba corroboran que al actor no le son correspondientes el pago de beneficios sociales, señalando al particular que:

1) Los contratos firmados entre el empleador y el demandante cursante de fs. 48 a 58, constituyen  una relación enteramente de carácter civil conforme al art. 519 del Código Civil (CC) cuyas cláusulas constituyen ley entre partes; tal es así que en la cláusula sexta se establece la obligación del contratado para emitir factura o en su defecto descontársele el 15.5% de su haber a efectos de cumplir con el régimen impositivo, recibiendo un trato diferente a los trabajadores de la Cooperativa que se les descuenta el 10% a efectos de aportar a la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP).;

2)  La desvinculación laboral le es atribuible al demandante pues éste asumió la decisión de rescindir el contrato conforme fue previsto por la cláusula decima del contrato aspecto que no constituye un despido intempestivo., menciona también que el contratado conocía perfectamente sus derechos y obligaciones, más cuando tal criterio estaría señalado en el Reglamento Interno en el Subsistema de Movilidad Funcionaria;

3) Señala que no quedó plenamente demostrado que el actor hubiera sido dependiente con horario de trabajo, además de indicar que si no se presentó planillas fue por que no existen en la Cooperativa, no pudiendo interpretarse este hecho como de certidumbre en favor del actor, “pues las presunciones por equidad están a favor de ambas partes” [sic];

4) El Tribunal de primera instancia, por una parte reconoce que los contratos son de orden civil pero que contrariamente concluye estar fundadas en normas sociales sin tomar en cuenta que ambos ámbitos son totalmente diferentes.;

5) Señala que los contratos continuos que son de orden civil, son erradamente interpretados como de orden laboral convirtiéndose en contrato a plazo fijo.

El recurso finaliza en sentido que se violaron los arts. 155 y 3 inc. j) del Código Procesal del Trabajo (CPT), proponiendo que la defensa en materia laboral es amplia, dónde en las pruebas deben apreciarse conforme la sana crítica, dónde el término probatorio constituye un lapso que sirve al Juez para conocer la verdad de los hechos, ocurriendo que en el particular no se consideró las pruebas de manera integral sino aisladamente, y a pesar de resaltar esa situación en el recurso de apelación el Tribunal de alzada no tuvo en cuenta tal extremo

I.2.1 Petitorio

La parte recurrente pide que la Corte Suprema de Justicia, case el Auto de Vista impugnado y deliberando en el fondo declare improbada la demanda.

CONSIDERANDO II:

II.1 FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

II.1.1. Sobre  la interpretación del contrato civil como laboral

A efectos de resolver el presente punto inicialmente corresponde señalar que el derecho laboral en base a sus principios y normas jurídicas tiene por objeto la tutela del trabajo humano que es realizado por cuenta ajena, en relación de dependencia y a cambio de una contraprestación; en ese sentido, la Constitución Política del Estado (CPE), como norma jurídica fundamental, consagra el derecho al trabajo y al empleo, en su Título II, Capítulo V, Sección III, estableciendo como una obligación del Estado la protección del ejercicio del trabajo en cualquiera de sus formas, prohibiendo toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución, normando el art. 48, que: “I. Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio... III. Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos”, lo que guarda plena concordancia con lo dispuesto por el art. 4 de la LGT, que reconoce la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores, así como la nulidad de cualquier convención en contrario; protección que anteriormente -años 1994-2005-, no se encontraba adecuadamente regulada por el Estado, haciendo un uso indiscriminado los empleadores de los contratos de consultoría o de prestación de servicios, entre otros, para evadir o burlar los derechos laborales de los trabajadores emergentes de relaciones típicamente laborales y pese a que en ellas concurrían las características esenciales de una relación laboral previstas en los arts. 1 y 2 del DS N° 23570 de 26 de julio 1993, hecho que al presente conforme a la nueva visión de la justicia boliviana implementada por el Estado Plurinacional de Bolivia fue regulado, emitiéndose varias normas protectivas a los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores sin discriminación alguna, por constituir estos la base del orden social y económico de la nación, encontrándose entre ellas el DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, cuyo art. 5 prevé: “Cualquier forma de contrato, civil o comercial, que tienda a encubrir la relación laboral, no surtirá efectos de ninguna naturaleza, debiendo prevalecer el principio de realidad sobre la relación aparente”.

Así también, se emitió el DS Nº 107 de 1 de mayo de 2009, cuyo objeto fue precisamente garantizar el cumplimiento de la legislación laboral y el goce pleno de los derechos laborales de los trabajadores asalariados dependientes de las empresas, cualquiera sea la modalidad de su contratación y el DS Nº 521 de 26 de mayo de 2010, que prohíbe de manera taxativa la evasión de normas laborales mediante cualquier forma o modalidad de contratación, subcontratación, tercerización, externalización, enganche u otras modalidades en tareas propias y permanentes del giro del establecimiento laboral.

Por otra parte, debe tenerse presente que el art. 2 del DL Nº 16187 de 16 de febrero de 1979, prohíbe la suscripción de contratos a plazo en tareas propias y permanentes de las Empresas, estableciendo que: “No está permitido más de dos contratos sucesivos a plazo fijo, tampoco están permitidos contratos a plazo en tareas propias y permanentes de la empresa. En caso de evidenciarse la infracción de estas prohibiciones por el empleador, se dispondrá que el contrato a plazo fijo se convierta en contrato por tiempo indefinido” (las negrillas son nuestras).


Bajo esta perspectiva el Auto de Vista impugnado dispuso: “Por otro lado afirman que entre las partes no existió relación de trabajo ya que suscribieron contratos de naturaleza civil sobre obra y producto determinado en los que no se consignan derechos sociales ni beneficios  afirmando además que solo se suscribió dos contratos, sobre este punto de los actuados procesales se llega a evidenciar que las partes suscribieron cuatro contratos sucesivos tal cual consta de las literales de fs. 48 a 58 prueba que no ha sido desvirtuada por la parte empleadora como era su obligación al tenor de los art. 66 y 150 del CPT por lo que lo manifestado es errado,  como también errada la posición que adopta al calificar o pretender disfrazar la relación laboral con un contrato de carácter civil cuando las características del vínculo se acomodan a las previstas en el art. 2 de la LGT y art. 2 del DS Nº 28699, en este entendido se advierte la intensión de la parte demandada de burlar los derechos del actor los cuales se hallar protegidos por el estado ….” (sic).

De lo precedentemente referido se advierte que de fs. 48 a 58 cursan contratos sucesivos, mismo que si bien tienen el denominativo de contratos de prestación de servicios, no es menos cierto que entre los contratantes, se ha generado una relación con las características previstas por el art. 2 del DS Nº 28699, en lo referente: a) La relación de dependencia y subordinación del empleado respecto del empleador; b) La prestación de trabajo por cuenta ajena; y c) La percepción de remuneración o salario, en cualquiera de sus formas y manifestaciones. Consideraciones que, si fueron precisadas por el Tribunal de Alzada que acertadamente reconoce la relación laboral atribuyéndole a los contratos carácter laboral, extremo que no pudo ser desvirtuado por el recurrente durante la tramitación del proceso, en consecuencia no existe errada interpretación de los contratos pre citados ni inadecuada aplicación de la ley.

II.1.2. Sobre la valoración de la prueba

Sobre la falta de apreciación o valoración de la prueba por parte del Tribunal de apelación que se limitó a confirmar la Sentencia y la interpretación errónea del art. 2 de la LGT, que complementan el art. 1 de la LGT, debe considerarse que el art. 48.II de la CPE previene que “Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador”, ello en razón a que desde sus inicios el Derecho laboral vino reconociendo que el trabajador es la parte débil de la relación laboral y, por ende, que existe una desigualdad en la realidad contractual del trabajo, por lo que el mandato constitucional glosado trata de amparar a una de las partes para lograr una justicia social en condiciones humanas con el empleador. Así pues que el proteccionismo que se aplica en el derecho laboral lo diferencian del resto de las ramas del derecho. De esta manera, consiste el principio protector en darle mayor defensa al trabajador frente al poder del empleador, principio protector reconocido también en el art. 3.g) del CPT.

Bajo dicho contexto, al ser manifiesta la desigualdad existente entre el trabajador y el empleador, a tiempo de tener acceso a la prueba idónea para acreditar o desvirtuar determinados asuntos laborales, como por ejemplo a la prueba documental, el legislador con el ánimo de compensar esta situación, ha previsto que en los procesos laborales la carga de la prueba es obligatoria para la parte patronal y facultativa para el trabajador, conforme disponen los arts. 3.h) j), 66 y 150 del CPT; es decir, que en materia laboral rige el principio de inversión, correspondiendo al empleador desvirtuar los hechos afirmados por el trabajador, siendo simplemente una facultad del actor trabajador la de ofrecer prueba, más no una obligación y la facultad del administrador de justicia aplicando la sana critica.

En el caso presente, el recurrente pretende que en casación se ingrese a la censura de las resoluciones de grado acusando que las mismas habrían formado convicción sobre prueba insuficiente, desconociendo que en tales casos la ley autoriza fallar con sustento en el principio in dubio pro operario, de tal modo que, de existir duda sobre los hechos, se estará a lo que más favorezca al trabajador, lo que no sería posible en caso de que el demandado hubiese desvirtuado con prueba fundante las pretensiones del demandante, lo que no ocurrió en autos.

De admitirse la pretensión del recurrente, el resultado no sería otro que el de distorsionar las bases fundamentales del principio proteccionista, trocando la inversión de la prueba a favor del empleador, abandonar al sujeto más débil de la relación laboral  para proteger al más fuerte. De ahí que al recurrente le constreñía la obligación de desvirtuar que entre los demandantes y la entidad haya existido relación de dependencia laboral, lo que no ocurrió en autos, máxime si en el expediente se advierte la existencia de 4 contratos que determinando la permanencia del demandante conforme al art. 2 del Decreto Ley Nº 16187 de 16 de febrero de 1979 y art. 4.b) del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, además que el juzgador tiene facultades para aplicar la sana critica a efectos de formar una convicción.

II.1.3 Respecto a la transgresión del art. 155 del CPT

En lo referente a la vulneración de la norma citada cabe señalar que una vez revisado el recurso de apelación de fs. 83 a 84, el ahora recurrente no denuncia la transgresión de dicha norma por lo que no corresponde ingresar al análisis de la misma. De la misma forma en lo que concierne e la valoración de la prueba este extremo ya fue contestado en el punto II.1.2 del presente fallo.

Con base en lo expuesto, esta Sala concluye que el Tribunal de apelación al confirmar la resolución del Juez de primer grado, no incurrió en infracción legal alguna.

Finalmente con respecto al memorial a fs. 120 sobre el desistimiento y aceptación del mismo, cabe señalar que dicho memorial fue presentado posterior al Auto de Vista Impugnado y al recurso de casación, además se advierte en obrados que los documentos glosados con dicho memorial, no cursan en el proceso, en consecuencia no pueden ser objeto de análisis en esta instancia de casación.

Bajo esos parámetros se concluye que, al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación de la parte demandada al carecer de sustento legal, corresponde resolverlo en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por la norma permisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 112 a 114, interpuesto por COTEL Ltda., representada por Álvaro Guzmán Durán y Julieta Gladys Pacuanca Escalier. Debiendo en ejecución de fallos descontarse depósitos o cancelaciones de montos que hubiera hecho la parte recurrente en favor del demandante.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera