TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 175

Sucre, 06 de abril de 2015

Expediente: 560/2010-S

Demandante: Edgar Raúl Vilches Calanis

Demandado: Automóvil Club Boliviano

Distrito        : La Paz

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 103 a 106 vta., interpuesto por Rodolfo Poepsel Ballivian, en representación legal de la Empresa Automóvil Club Boliviano, contra el Auto de Vista N° 154/2010 de 3 de agosto (fs. 91 vta.), emitido por la Sala Social y Administrativa Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso social por reliquidación de beneficios sociales y otros derechos laborales que sigue Edgar Raúl Vilches Calanis contra la Empresa recurrente; sin respuesta de la parte contraria; el Auto de fs. 110 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1 Sentencia

Que, interpuesta la demanda social de fs. 2 a 3, enmendada de fs. 6, 8, y aclarada a fs. 10, la Juez de Partido Segundo de Trabajo y Seguridad Social de La Paz, pronunció la Sentencia No 025/2010 de 15 de marzo (fs. 72 a 77), por la que declaró probada en parte la demanda de reliquidación de beneficios sociales, y probada en parte la excepción perentoria de pago, ordenando a la Empresa demandada, a través de su representante legal, cancelar a favor del actor en reliquidación por los conceptos de indemnización, desahucio, sueldos devengados, aguinaldo, vacación, menos lo cancelado y más la multa del 30%, la suma total de Bs.25.274,87.-, conforme al detalle que la misma resolución contiene. Sin costas.

I.2 Auto de Vista

En grado de apelación deducida por la entidad demandada (fs. 80 a 83 vta.), la Sala Social y Administrativa Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, mediante Auto de Vista Nº 154/2010 de 3 de agosto (fs. 91 vta.), revocó en parte la Sentencia N° 025/2010 de 15 de marzo, cursante de fs., 72 a 77, absolviendo así el pago del desahucio a la Empresa demandada.

II. RECURSO DE CASACIÓN - MOTIVOS

Rodolfo Poepsel Ballivian, en representación legal de Automóvil Club Boliviano, interpuso recurso de casación en el fondo y en la forma, expresando como fundamentos del mismo, lo anotado a continuación, aclarando que el orden y la ubicación de cada reclamo que se establece en el resumen, corresponde a este Tribunal, en razón su necesidad didáctica para resolver tales reclamos como corresponde de acuerdo a Ley:

II.1 Recurso de casación en el fondo

Refirió que, el fallo recurrido, al igual que la sentencia, efectuó una errónea apreciación de la prueba referida al acuerdo transaccional suscrito y posteriormente refrendado ante el Ministerio de Trabajo, puesto que en dicho acuerdo ya se consignó el pago del aguinaldo, las vacaciones, y sueldos devengados, y que, la disposición judicial de pagar nuevamente aquellos conceptos, constituiría un pago doble de los mismos. Sobre el mismo punto también, refirió que, existe una interpretación errónea del art. 66 del Código Procesal del Trabajo (CPT), al haberse demostrado el pago de tales conceptos a través del documento aludido.

II.2 Recurso de casación en la forma

Acusó que, la resolución recurrida en casación no se pronunció sobre todos los agravios llevados en apelación, al haberse corregido únicamente el desahucio, olvidándose de la vacación, aguinaldo y sueldo devengado, que fueron cancelados en instancias del Ministerio de Trabajo. Al respecto, señaló que el fallo de instancia incurrió en las causales establecidas por el art. 252 del Código de Procedimiento Civil (CPC), al no cumplirse las normas de orden público, conforme manda el art. 90 del Adjetivo Civil citado, lo que motiva la disminución de las garantías en el proceso, privando del derecho a la defensa plena en juicio.

Acusó también que, el Auto de Vista no se pronunció sobre el punto segundo y tercero contenido en el recurso de apelación.

Reclamó que, en ninguna de las instancias del proceso se consideró las pruebas de descargo presentadas en vigencia del término de prueba, que acreditaban la causal de despido, pago de vacación y aguinaldo; sin embargo, la presentada por el actor, pese a no haber sido ratificada, fue considerada en sentencia; peor aún, no existe notificación alguna que se haya efectuado con la prueba de cargo. 

II.3 Petitorio

Concluyó solicitando al Tribunal de Casación, dictar Auto Supremo, anulando obrados conforme al art. 271.3) del CPC, o casando el Auto de Vista recurrido, conforme al art. 271.4) del Adjetivo Civil citado, bajo el razonamiento que no pueden pagarse beneficios sociales a una persona que se le canceló.

CONSIDERANDO II:

       II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Que, así planteado el recurso de casación en ambos efectos, se ingresa a su análisis con relación al Auto de Vista recurrido, considerando para ello los antecedentes del proceso y las normas aplicables al caso, no sin antes señalar que, se resolverá en primer término la casación en la forma, de modo que, sólo ante la hipótesis de encontrar como no evidente aquella denuncia, se ingresará a resolver las cuestiones de fondo; exponiéndose así como fundamentos del presente fallo, los siguientes:

II.1 En cuanto al recurso de casación en la forma:

Que, el reclamo se concentra, inicialmente, en una probable falta de pronunciamiento del Tribunal de Alzada, respecto a algunos de los agravios llevados en apelación por la parte demandada, más concretamente, en cuanto se refiere a los derechos laborales de vacación, aguinaldo y sueldo devengado, que la empresa demandada extraña, al sostener que se corrigió el desahucio, sin comprender que el mismo documento demostraba la cancelación de los demás conceptos; al respecto, revisada la resolución recurrida de casación, se observa que el Tribunal de Alzada emitió pronunciamiento expreso con relación a los conceptos extrañados y así se puede advertir, que en el último párrafo del considerando segundo, refirió: “…los demás puntos demandados y otorgados por la a-quo, relacionados al pago del salario por los 6 días del mes de noviembre de 2008, el aguinaldo de la gestión 2008 y las vacaciones de la última gestión trabajada, éstos fueron valorados de manera correcta, como se compulsa de las literales de fs. 1, 34, 35 y 56 a 63 de obrados” (sic); por lo que no resulta evidente lo acusado por la parte recurrente, en sentido de una falta de pronunciamiento al respecto, consiguientemente no puede concluirse que el Tribunal de Alzada hubiere vulnerado el derecho a la defensa plena en juicio de la empresa demandada, o el art. 90 del CPC, en su consideración del cumplimiento obligatorio de las normas de orden público.

Cabe aclarar que, en la práctica forense muchos entienden que el art. 90 del CPC, al señalar que las normas procesales son de orden público y que las estipulaciones contrarias serían nulas, autorizaría al juez a anular todo el proceso en el que se hubiere incurrido en cualquier defecto en su tramitación aunque tal hecho no estuviere expresamente sancionado con nulidad; ello no resulta así, pues, cuando el art. 90 del CPC, dispone que las normas procesales son de orden público y de cumplimiento obligatorio, sólo establece el carácter publicista del proceso, que no permite, bajo sanción de nulidad, a convenir renuncias a las reglas del procedimiento como se lo hacía en el procedimiento anterior, por lo tanto la nulidad a la que se refiere dicha norma, expresa tan solo las renuncias que se convienen de las reglas del proceso y nunca a los simples errores en la tramitación de los juicios, por cuanto las nulidades procesales se rigen, entre otros, por el principio de especificidad o legalidad consagrado por el art. 251.I del CPC, al reservarse a la Ley, la determinación de las nulidades procesales.

Por otra parte, se acusa también que el Tribunal de Alzada no se habría pronunciado respecto al punto segundo y tercero contenido en el recurso de apelación; no obstante, de la revisión del fallo aludido se establece que lo denunciado tampoco es evidente, pues el recurso de apelación de la sentencia, que cursa de fs. 80 a 83 vta., en sus puntos segundo y tercero está referido, por una parte, a la situación de hecho relacionada a la necesidad de establecer la relación laboral y causal de retiro por el periodo de 1 año, 4 meses y 11 días, que fue objeto de la sentencia, y por otra, a la renuncia voluntaria del actor como situación de hecho que hace improcedente el pago del desahucio.

Sin embargo de lo anotado, en cuanto a la manifestación expuesta en el punto segundo del recurso de apelación, en sentido que existía la necesidad de establecer la relación laboral y causal de retiro; se advierte que no se encuentra expresado como un agravio, sino como un criterio personal de parte, que no guarda mayor relevancia jurídica en cuanto no fue expuesto de manera fundamentada, por lo que no hacía necesario análisis al respecto; en consecuencia, este Tribunal encuentra infundada la pretensión de nulidad procesal por tal motivo, máxime cuando fue la propia Empresa demandada, mediante la literal de fs. 35, la que certifica el record laboral del actor con 11 años, 4 meses y 9 días, admitiendo expresamente la relación laboral del actor por el periodo sentenciado, resultando en consecuencia, intrascendente el reclamo efectuado al respecto, al igual que resulta intrascendente, el reclamo sobre la renuncia voluntaria del actor como situación que hace improcedente el pago del desahucio, cuando el Auto de Vista recurrido ya eximió a la empresa demandada, del pago por tal beneficio social, al haber concluido que la desvinculación laboral fue por renuncia voluntaria del actor, todo conforme se advierte de la parte final del decisorio del fallo recurrido.

En cuanto al reclamo de no consideración por los de instancia, respecto a las pruebas de descargo, tampoco resulta evidente, por cuanto de la revisión del fallo de primer y segundo grado, es claro que las literales extrañadas fueron valoradas y consideradas por los jueces de fondo para arribar a la conclusión que lo hicieron, y el hecho de que no hayan sido consideradas en el sentido que la parte aportante pretendió, no constituye motivo de nulidad procesal, al no encontrarse inmersa en las causales de procedencia de casación en la forma previstas en el art. 254 del CPC; similar conclusión se tiene con relación al reclamo por el que no se le habría notificado con la prueba de cargo, que a más de tal afirmación, la parte recurrente no fundamenta ni precisa la prueba al respecto, así como los reclamos que realizó en la oportunidad procesal correspondiente, y finalmente la fundamentación de la relevancia de tal observación.

Por lo señalado, éste Tribunal no encuentra razones fundadas y suficientes que conlleven a disponer la nulidad de obrados pretendida por la parte demandada ahora recurrente, de modo que su recurso de casación en la forma resulta ser infundado.

II.2 En cuanto al recurso de casación en el fondo:

Que, ciertamente el reclamo se concentra en la valoración probatoria, en el entendido que la parte recurrente reclama errónea apreciación o valoración de la prueba referida al acuerdo transaccional suscrito y posteriormente refrendado ante el Ministerio de Trabajo, prueba con la cual se demostraría -en criterio de la empresa recurrente- el pago del aguinaldo, las vacaciones y sueldo devengado, condenados por los jueces de instancia, que de mantenerse constituiría un pago doble de los mismos; por lo que, al estar inserta la causal de reclamo, en la previsión del art. 253.3) del CPC, corresponde a éste Tribunal de Derecho, aperturar su competencia para efectuar revalorización de la prueba referida, a fin de establecer si el reclamo es evidente.

Que, la prueba referida como erróneamente valorada, cursa a fs. 32, y consiste en un acta de conciliación suscrito entre Edgar Raúl Vilches Calanis (actor) y Julián Félix Aliaga Palza en representación de Automóvil Club Boliviano (empresa demandada) con intermediación de funcionarios de la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, dependiente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en el que, se acuerda pagar por la empresa a favor del ex trabajador y hasta una fecha determinada, por concepto de derechos laborales (sin especificar), la suma total de bs.16.895,84.-.

Como se señaló en paréntesis, si bien tal documento no especifica en detalle los conceptos por los cuales se acordó el pago del monto arribado anotado, no es sino el finiquito de fs. 1 y 34, el que representa a detalle los conceptos extrañados, documento que ciertamente refiere como conceptos pagados, los siguientes: indemnización por 1 año, 4 meses y 9 días; aguinaldo de navidad de 10 meses y 6 días; vacación de 9 días; y, sueldo del mes de noviembre 5 días.

Ahora bien, debe considerarse que el ex trabajador formuló demanda de reliquidación de beneficios sociales y derechos laborales (fs. 2 a 3, 6, 8 y 10), en el entendido que el finiquito elaborado y pagado no representaba lo correcto, al haberse incluido un tiempo de servicios menor al prestado, un promedio indemnizable distinto al que corresponde, y finalmente con la exclusión de beneficios sociales y derechos laborales, a los que consideró tener derecho.

En ese sentido, si bien el finiquito de fs. 1 y 34, evidentemente señala que dentro del pago efectuado por la empresa demandada a favor de su ex trabajador, contempla también los conceptos de aguinaldo y vacación, nótese que en realidad lo dispuesto por los jueces de instancia, no corresponde sino a la diferencia existente tanto del promedio indemnizable como del tiempo de prestación de servicios que fueron considerados por los jueces de fondo (no controvertidos), que guarda diferencia con el usado por la Empresa demandada en el finiquito mencionado, por lo que no constituye un pago doble como erróneamente sostiene el recurrente en su recurso de casación, pues de lo contrario, no se habría considerado en la liquidación final efectuada en la sentencia, lo pagado en la suma total de Bs.16.895,84.-, conforme a dicho finiquito; En cuanto al salario devengado, se advierte que el mismo finiquito, establece un pago por 5 días, sin embargo, los jueces de fondo, en función a la demanda del actor, concluyeron como fecha de conclusión de la relación laboral, el 6 de noviembre de 2008 (hecho no controvertido por la parte demandada), por lo que el monto condenado en ambas instancias, no representa sino, también la diferencia existente tanto del promedio indemnizable como de la fecha de conclusión de la relación laboral que fueron considerados por los jueces de fondo, no existiendo un pago doble como se entiende por la Empresa recurrente y menos se advierte una posible vulneración al art. 66 del CPT, respecto al principio de la inversión de la prueba que rige materia laboral, por los fundamentos anotados.

Que, en todo caso, la norma contemplada en el art. 48.III de la Constitución Política del Estado (CPE), establece la irrenunciabilidad de los derechos y beneficios reconocidos a favor de las trabajadoras y trabajadores, castigando con la nulidad cualquier convenio que sea contrario a tales derechos o que tiendan a burlar sus efectos, contenido que también se encuentra inserto en el art. 4 de la Ley General del Trabajo (LGT), por lo que, es plenamente posible que el trabajador pueda demandar la reliquidación de los derechos laborales y beneficios sociales a los que considere tener derecho o que no fueron pagados conforme a Ley, aún en la circunstancia que éste haya convenido o acordado un pago previo, como ocurrió en el caso de análisis.

Por lo relacionado, no siendo evidentes las infracciones acusadas por la parte recurrente, corresponde resolver el recurso en la forma que prevén los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables al caso de autos por mandato de la norma permisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 103 a 106 vta., interpuesto por Rodolfo Poepsel Ballivian, en representación legal de la Empresa Automóvil Club Boliviano, contra el Auto de Vista N° 154/2010 de 3 de agosto (fs. 91 vta.), emitido por la Sala Social y Administrativa Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz. Con costas.

No se regula honorario profesional de abogado, en razón de no constar respuesta de la parte contraria al recurso de casación interpuesto.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera