TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 174

Sucre, 06 de abril de 2015

Expediente: 556/2010-S

Demandante: Alberto Ichazo Guerrero

Demandado: Servicios Eléctricos de Tarija S.A.

Distrito        : Tarija

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma, interpuesto por Freddy Andrés Ruiz Ruiz, en representación legal de Servicios Eléctricos de Tarija S.A. (SETAR S.A.) de fs. 455 a 457 vta., contra el Auto de Vista de 27 de septiembre de 2010 (fs. 446 a 448 vta.), emitido por la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior de Justicia en el Distrito Judicial de Tarija, dentro del proceso social de pago de beneficios sociales, seguido por Alberto Ichazo Guerrero contra SETAR S.A.; el Auto de 15 de octubre de 2010 (fs. 463) que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1 ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1.1 Sentencia

Planteada la demanda de pago de beneficios sociales incoada por memorial de fs. 134 a 135 vta., la Juez de Partido Segundo de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Tarija, pronunció la Sentencia de 03 de mayo de 2010, cursante de fs. 410 a 411, declarando probada en parte la demanda, y, disponiendo que SETAR S.A. una vez ejecutoriada la Sentencia cancele a favor de Alberto Ichazo Guerrero el monto de Bs. 980.220.- (ochenta mil doscientos veinte 00/100 bolivianos). Con costas.

I.1.2 Auto de Vista

En grado de apelación deducida por ambas partes, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito de Tarija, mediante Auto de Vista de 27 de septiembre de 2010 (fs. 446 a 448 vta.), confirmó parcialmente la Sentencia apelada; reconociendo el derecho a aguinaldo 2008, duodécimas aguinaldo 2009 y el bono estímulo, siendo el total a pagar a favor del demandante Bs. 95.500.- más la multa del 30 % que establece el Decreto Supremo (DS) N° 28699 de 1 de mayo de 2006.

I.2 RECURSO DE CASACIÓN

Dicha Resolución motivó el recurso de casación en el fondo y la forma de fs. 455 a 457 vta., interpuesto por Freddy Andrés Ruiz Ruiz, Gerente General de la Empresa SETAR S.A., quien señala:

En el Fondo

Dentro del Auto de Vista impugnado existen errores de apreciación de normas, existiendo una “inadecuada aplicación del derecho a la pretensión de la parte contraria” (sic), al dejar de lado prueba documental presentada por la Empresa recurrente; prosigue en sentido, que la parte demandada demostró que no correspondían el pago de indemnización por cuanto se los canceló como honorarios profesionales con la presentación de facturas por diferentes montos, conforme a las derivaciones de atenciones médicas que realizaba el seguro médico de SETAR S.A.

Extrayendo una porción del Auto Supremo Nº 64 de 4 de enero de 1998, sugiere el recurrente que el Auto de Vista que impugna no posee debida fundamentación enrolada “al deber de examinar todas las pruebas” (sic).

Señala también que en la especie no se cumple con los requisitos esenciales para la existencia de una relación laboral, tales como: a) Dependencia y subordinación; b) sujeción a un horario fijo preestablecido; c) trabajo permanente y exclusivo a favor de tercera persona y, d) la percepción de un sueldo mensual o salario, y que en ausencia de una o más de esas características, una relación de trabajo es inexistente, y que en el presente caso nunca hubo ni ha existido relación de dependencia y subordinación entre el actor y SETAR S.A., como tampoco se cobraron sueldos mensuales, ni el demandante estaba sujeto a horario fijo de trabajo; por consiguiente, no se advierte situación que pueda estar comprendida en el art. 2 de la Ley General del Trabajo (LGT) concordante con el art. 4 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo (DR-LGT).

En la Forma

Señala que no es posible aceptar un fallo de segunda instancia dictado sin base legal y que no se pronuncia sobre lo argumentado en la Sentencia, cuando más bien esta Resolución no se contradice en el fondo, toda vez que la misma abunda de sustento jurídico valedero en derecho.

I.2.1 Petitorio

Concluye solicitando que dicten Auto Supremo casando el Auto de Vista recurrido, y deliberando en el fondo declaren improbada la demanda principal en todas sus partes.

CONSIDERANDO II:

II.1 FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL AUTO SUPREMO

Previamente manifestar que los recursos de casación en el fondo y en la forma pueden ser interpuestos al mismo tiempo, y en ambos casos el Tribunal de casación resuelve de distinta manera, por cuanto en el fondo se constriñe a los errores in iudicando y en la forma a los errores in procedendo, que atañen a la nulidad del proceso, siendo que en la eventualidad de confirmarse la nulidad, no es necesario que el Tribunal de casación resuelva el fondo; razón por la cual, en el memorial del recurso de casación, interpuesto Freddy Andrés Ruiz Ruiz por SETAR S.A. de fs. 455 a 457 vta., al existir aspectos tanto de fondo como de forma, sin alterar los fundamentos del recurrente o vulnerando el principio de congruencia, la Sala pasa a responder en el siguiente orden:

Resolviendo el recurso de casación en la Forma

La parte demandada acusa en su recurso de casación, la falta de base legal en el fallo de Segunda Instancia y que no se pronunció sobre lo argumentado en la Sentencia.

Al respecto cabe señalar, que el Tribunal de Alzada resolvió los recursos de apelación de ambas partes fs. 421 a 423 vta., y fs. 429 a 430 vta., absolviendo de manera clara, concreta y con base legal respecto a las normas que sustentan su decisión, pues señaló el Auto de Vista que el trabajo del actor se adecuaba al art. 2 de la LGT, y que el contrato entre las partes estaba dentro de las modalidades establecidas dentro del art. 12 del Decreto Ley (DL) N° 16187 de 16 de febrero de 1979, ya que las actividades del empleador tomando a su dependencia el seguro médico delegado y las funciones cumplidas por el actor, eran tareas propias y permanentes de la entidad demandada, constituyendo una prestación de servicio médico a los trabajadores y/o beneficiarios de SETAR S.A. Señaló también que cualquier contrato por el cual se pretenda simular una relación civil encubriendo una de tipo laboral, será nulo; asimismo es de advertir que la Resolución impugnada, fundamentó su posición refiriendo los principios que rigen en materia laboral, y la normativa aplicable, señalando al art. 48 de la CPE como la base legal, citada además por el Juez de primera instancia.

Respecto a que el Auto de Vista no se pronunció sobre lo argumentado en Sentencia, es menester recordar; que el art. 236 del Código de Procedimiento Civil (CPC), aplicable en materia social por previsión del art. 252 del Código Procesal del Trabajo (CPT), previene que: “El auto de vista deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación y fundamentación a que se refiere el artículo 227, excepto lo dispuesto en la parte final del artículo 343” (sic); de lo que se infiere que el Tribunal de apelación está en la obligación de resolver todos los puntos que le hubieren sido llevados como agravios para su conocimiento y resolución por la parte apelante, respecto de los cuales dicho Juez hubiere emitido pronunciamiento; ahora bien, de una revisión minuciosa del recurso de apelación del demandante, se evidencia que fundamentó como agravios: la falta de pronunciamiento sobre aguinaldos devengados, bono estímulo y la multa del 30% del DS N° 28699; a partir de lo que el Auto de Vista recurrido, se pronunció al respecto de tales agravios, cuando dicho fallo, en su Tercer Considerando, en el título de “III. Apelación del actor” resolvió en los numerales 1, 2 y 3 del mismo, referidos a los reclamos del actor, por lo que se pronunció conforme el art. 236 del CPC, resolviendo los puntos que fueron motivo de apelación, por cuanto la pretensión de casación en la forma carece de asidero.

Resolviendo el recurso de casación en el Fondo

Para resolver el recurso en el fondo, previamente es necesario dilucidar si existió o no una relación laboral entre las partes; por lo que debemos tomar en cuenta que el nuevo escenario constitucional instaurado a partir de 2009, amplía la visión de protección laboral, constitucionalizando de esa manera determinados principios del derecho laboral adjetivo, tal cual señala el art. 48.II de la CPE; además, otras medidas tendientes a proteger al trabajador, como imprescriptibilidad e irrenunciabilidad de derechos laborales, entre otros, son reguladas por los arts. 46 y sgts. de la CPE.

A pesar de tal protección sobre los derechos laborales, a efectos de su aplicación, se debe profundizar el análisis de cada controversia particular, de modo que el resultado permita al juzgador, en lo posible, arribar a una conclusión fáctica lo más cercana a cómo ocurrieron los hechos, para luego aplicar a ese resultado las normas sustantivas correspondientes. Una herramienta de importancia en esa tarea, es la aportada por el principio de primacía que es entendido por la doctrina como, la valoración preferente de las condiciones reales que presentasen en los hechos, los cuales se superponen a los contenidos que consten documentalmente. Dicho principio establece que “en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos”. (Plá Rodríguez, Américo. “Los principios del Derecho del Trabajo”,  1990, pág. 243). En análoga dirección se ha dicho que "...Conforme a [este principio], cuando no hay correlación entre lo que ocurrió en los hechos y lo que se pactó o se documentó, hay que dar primacía a los primeros. Prima la verdad de los hechos (no la forma) por sobre la apariencia". (Vialard Vásquez, Antonio; citado en el Auto Supremo Nº 007 de 28 de marzo de 2012).

Siguiendo el razonamiento anterior, debe tenerse en cuenta que todo trabajo manual o intelectual es una prestación a favor de otro, existiendo siempre la realización de un acto, la prestación de un servicio o la ejecución de una obra; dónde corresponde observar el papel realizado por cada una de las partes, pues ante las exigencias que pueden ser impuestas por el empleador, es posible que se pretenda ocultar o encubrir la realidad bajo apariencias de una relación no laboral. De tal cuenta entonces, la doctrina del derecho laboral destaca entre los varios componentes de la relación laboral, a la dependencia o subordinación, según la cual, quien recibe el trabajo, tiene la facultad y atribución de dirigirlo e imponer sus reglas y tomar sus frutos.

De lo anotado, para que un determinado caso sea considerado como una relación de carácter laboral, deben concurrir las características esenciales que hacen a ésta. La legislación nacional a través de los Decretos Suprtemos Nº 23570 de 26 de julio de 1993,  y Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, que para el reconocimiento de una relación laboral deben concurrir: 1. La relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto al empleador, 2. La prestación de trabajo por cuenta ajena, y 3. La percepción de remuneración o salario, en cualquiera de sus formas y manifestaciones.

Analizando el caso de autos bajo la perspectiva anteriormente expuesta, en cuanto a la relación de dependencia y subordinación del trabajador, se advierte que el Seguro Médico en el que trabajaba el demandante dependía y era administrado por la Empresa SETAR S.A., el que nombraba a los miembros del Directorio del Seguro Médico era su Gerente General; también se advierte que el demandante trabajó en dicho seguro como médico hasta el mes de abril de 2009, conforme el acta de confesión provocada a dicho gerente (fs. 406), en el caso de autos mérito de dicha declaración, el Gerente General de la empresa demandada hizo conocer actos de dependencia y subordinación del actor en su trabajo como médico de tal seguro. Además, de acuerdo al memorándum de fs. 128 fue precisamente la gerencia general de ese entonces (10 de diciembre de 1998) que nombró al actor como Jefe Médico del Seguro Social por sus antecedentes profesionales y a la buena voluntad en la atención a los asegurados, desprendiéndose también que aquel ya trabajaba como médico en la Empresa y que luego fue nombrado en ese cargo.

Por otro lado, el Presidente del directorio del seguro era el que controlaba que evidentemente haya prestado sus servicios de especialidad, medicina general y emergencia de los asegurados y/o de sus beneficiarios, así como el detalle de sus atenciones médicas y una revisión de las facturas que emitía por atención médica, contabilizándose el pago al actor por servicios de especialidad y jefe médico conforme se aprecia de las documentales de fs. 193 a 227. Tales aspectos denotan la existencia una relación en la que se manifiesta tanto dependencia como subordinación del actor respecto a SETAR S.A.

Respecto a un horario fijo, cabe señalar que de una revisión de los datos del proceso, se tiene que el actor entraba a trabajar a las hrs. 15:00 a 16:00 todos los días en el consultorio del seguro médico de la Empresa y de acuerdo a la confesión provocada a fs. 406 realizada a Luis Sebastián Paz Ide, Gerente General de SETAR S.A., manifestó que el demandante trabajaba una hora por las tardes y cuando era necesario también lo hacía en su consultorio propio cuando los asegurados no iban al consultorio de la Empresa demandada en su horario de atenciones médicas fijado por la Empresa (de hrs. 15:00 a 16:00), situación confirmada con las testificales de cargo cursantes a fs. 407 y 408 vta., sabiéndose además que si no abastecía tales atenciones los asegurados se apersonaban al consultorio personal del actor.

Por último, en cuanto a la percepción de un sueldo o salario mensual a favor del demandante, de una revisión de las facturas emitidas por sus servicios prestados en medicina general, clínica y cirugía, ginecología obstetricia, jefatura médica y emergencias se percibe que era por sus honorarios profesionales o sueldos, los cuales después de una verificación, eran efectivizados dichos pagos, conforme a las documentales a fs. 280, 286, 291, 299, 300 de obrados, se canceló la suma de Bs. 5730.- por los meses trabajados de enero, febrero, marzo y abril de 2009, como también de la confesión provocada y las testificales de cargo cursantes a fs. 406 a 408 vta., se verifica que existía un salario mensual como remuneración a favor del trabajador a cambio de su servicio como médico en el Seguro.

Ahora bien, es necesario referirse que entre las causales para que exista la relación de carácter laboral el recurrente, en su recurso señaló: “…c) trabajo permanente y exclusivo a favor de tercera persona…”, sobre este particular, cabe señalar que así como la subordinación se considera elemento indispensable en el contrato de trabajo, la nota de exclusividad admite cierta relatividad; ya que más que un requisito fundamental, sirve para fijar la naturaleza del vínculo, para permitir caracterizarlo en situaciones dudosas cuando uno no se encuentra subordinado a otro en la prestación de sus servicios, no es trabajador, sin embargo a lo mencionado y en la estricta acepción jurídica laboral, aquel que presta sus servicios sin la nota de exclusividad puede estimarse como sujeto de contrato de trabajo, y dotada de carácter laboral su relación jurídica. La exclusividad constituye una presunción favorable a la existencia del contrato de trabajo; pero no integra un elemento indispensable para que se dé tal convenio, por lo que no amerita mayor análisis al respecto y más aún cuando ya se demostraron que existió la dependencia y subordinación del trabajador en el presente fallo.

De todo lo señalado, se evidencia que el demandado contrató al actor para que preste sus servicios como médico en el Seguro del SETAR S.A. y, siendo así, mal podría negarse de tal realidad, que no existió una relación laboral puesto que se demostró que se dieron los presupuestos procesales de una relación de carácter laboral como ser la relación de dependencia, subordinación, continuidad en la prestación de sus servicios médicos y un salario real que era cancelado de manera mensual a favor del demandante, cumpliendo con las tres características de una relación de carácter laboral entre el trabajador y la Empresa demandada establecidas en el DS Nº 23570 de 26 de julio de 1993 en su art. 1 y art. 2 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.

En cuanto a que los de instancia dejaron de lado su prueba documental de la empresa recurrente; cabe señalar, que en los argumentos esgrimidos en el recurso sobre este reclamo, se advierte la existencia de una condición que es la emisión de para poder percibir su salario o remuneración, no siendo motivo suficiente para que se crea que era una relación de carácter civil como se alegó a lo largo del proceso,  incluso la parte empleadora le cancelaba aguinaldos al actor, conforme la planilla de pago de aguinaldos por duodécimas del trabajador correspondiente a la gestión 2009 como se acredita a fs. 414, pago que refuerza la existencia de una relación laboral, al ser emerger concepto directamente de la misma.

La Sala concluye manifestando que el Tribunal de apelación valoró correctamente las pruebas tanto individual como en su conjunto, conforme a la facultad conferida por los arts. 3.j), 158, 169, 178 y 200 del CPT, en virtud a la cual no se encuentra sujeto a la tarifa legal de la prueba y por lo tanto puede formar libremente su convencimiento, claro está, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, lo que ocurrió en el caso de autos y por consiguiente no siendo evidente que se dejaran de lado las facturas de la parte empleadora ya que fueron valoradas de manera conjunta con todo el elenco probatorio presentado en el desarrollo del proceso.

Bajo esos parámetros se concluye que al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 455 a 457 vta., al carecer de sustento legal; no se observa violación de norma legal alguna; correspondiendo resolver en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Adm., Social y Adm., Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 455 a 457 vta., interpuesto por Freddy Andrés Ruiz Ruiz, en representación legal de SETAR S.A. Con costas.

Se regula honorario profesional de abogado, en la suma de Bs. 500.- (quinientos 00/100 bolivianos) que mandará pagar el Tribunal ad quem.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera