TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo No 173

Sucre, 02 de abril de 2015

Expediente: 396/2014-S

Demandante: Juana Villarroel Siles

Demandada: Terminal Bimodal de Santa Cruz

Distrito: Santa Cruz

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

================================================================

VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 168 a 169 vta., interpuesto por Mario Pérez Peña en representación de la Terminal Bimodal de Santa Cruz, contra el Auto de Vista No 255/2014 de 22 de septiembre (fs. 163 a 164 vta.), pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso social seguido por Juana Villarroel Siles contra la entidad recurrente; el Auto Interlocutorio No 427/2014 de 21 de noviembre  de fs. 172 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1 Sentencia

Que, planteada la demanda de pago de beneficios sociales que cursa de fs. 30 a 31, el Juez de Partido Quinto de Trabajo y Seguridad Social del Tribunal Departamental de Santa Cruz, emitió la Sentencia No 484 de 31 de julio de 2013 (fs. 135 a 140 vta.), declarando probada en parte la excepción perentoria de pago interpuesta por la parte demandada y probada la demanda interpuesta por Juana Villarroel Siles, con costas.

I.2 Auto de Vista

En grado de apelación deducido por el representante de la parte demandada (fs. 142 a 144 vta.), la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista No 255/2014 de 22 de septiembre de fs. 163 a 164 vta., confirmó en todas sus partes la “Sentencia Nº 484 de 30 de julio de 2013” (sic), de fs. 135 a 140 vta., con costas.

II. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Dicha Resolución motivó el recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 168 a 169 vta., interpuesto por Mario Pérez Peña en representación de la Terminal Bimodal de Santa Cruz, en base a los siguientes argumentos:

II.1 En el fondo

Denuncia vulneración de los arts. 127.b), 133, 198 a 200 del Código Procesal del Trabajo (CPT) y art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), toda vez que el Tribunal de apelación, no valoró los antecedentes del proceso y la prueba de descargo, de fs. 40 a 72 y 120 a 127 vta.

Señala, que la demandante ha adecuado su conducta al art. 16.e) de la LGT y art. 9.e).h) del Decreto Reglamentario a la Ley General del Trabajo (DR-LGT), por causar desorden y caos laboral, aspecto que no fue entendido por los jueces de instancia violándose el principio de la legitima defensa.

Indica, que hubo omisión de valoración de pruebas irrefutables por parte de los jueces de instancia como los informes evacuados por los jefes de área sobre incumplimiento laboral (fs. 55 a 68); informe legal, sobre evaluación a la trabajadora (fs. 51 a 54) que demuestra la generación de conflicto por parte de la trabajadora hacia sus compañeros, la documental de fs. 120 a 127 vta., que prueba la excepción de pago de beneficios sociales.

Manifiesta, que la confirmación de la Sentencia por parte del Tribunal de segunda instancia, es el resultado de la parcialidad a favor de los malos trabajadores, indisciplinados e irresponsables.

Indica, que el Juez inferior no dio importancia al testimonio confesorio de la parte demandada, la cual se constituye en otra prueba de las muchas omitidas.

II.2  En la forma

Indica, que en atención de los arts. 127.b) y 133 del CPT, la excepción de pago debió ser resuelto conjuntamente la causa principal, es decir en Sentencia, y al no emitir pronunciamiento acorde a ley sobre la excepción de pago, vicia de nulidad el proceso y crea indefensión a la parte demandada.

II.3 Petitorio

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia case el Auto de Vista y declare en el fondo improbada la demanda.

CONSIDERANDO II:

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

II.1 En cuanto al recurso de casación en el fondo

Si bien el recurso adolece de la adecuada técnica recursiva, al no especificar en cual de causales establecidas en el art. 253 del Código de Procedimiento Civil (CPC) apoya el mismo, así como formular reclamo de vicio procesal como es la violación al debido proceso, se entiende de su contenido íntegro, que lo que se cuestiona es la valoración de la prueba efectuado por los jueces de instancia y el vicio denunciado sobre violación al debido proceso está vinculado con dicho aspecto.

Superado de esa manera aquella parte formal del proceso, corresponde ingresar a resolver en el fondo todos los puntos traídos en casación, los cuales están relacionados fundamentalmente a la valoración probatoria desarrollada tanto por el Tribunal de Apelación como por el Juez de Primera Instancia, respecto a la existencia de despido injustificado y la excepción de pago de beneficios sociales.

Sobre el particular, el Tribunal de Apelación concluyó de manera categórica que el Juez de primera instancia al dictar la Sentencia recurrida ha efectuado una correcta calificación y valoración de las pruebas a efectos del cálculo de los beneficios sociales y el pago parcial de los mismos. De lo expuesto, se tiene que, la problemática planteada tiene como elementos determinantes a establecer, si el despido de la demandante estaba justificado y si existió pago total y oportuno de los beneficios sociales de la misma por parte de la entidad demandada.

Al respecto, debemos empezar señalando, el derecho al trabajo se encuentra reconocido constitucionalmente en los arts. 46 y 48.II.III de la CPE, estableciendo que toda persona tiene derecho a un trabajo digno, a un salario o remuneración justa, equitativa y satisfactoria; asimismo, reconoce que las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y trabajadores y que los beneficios sociales reconocidos a favor de los mismos no pueden renunciarse.

        En el caso de autos y de acuerdo a los datos del proceso y contrastando el contenido de las documentales acusadas de no haber sido valoradas consistentes en los informes evacuados por los jefes de área sobre incumplimiento laboral (fs. 55 a 68); informe legal, sobre evaluación a la trabajadora (fs. 51 a 54), la documental de fs. 121 a 126., referida a la excepción de pago de beneficios sociales, se puede concluir, que dicha documentación no demuestra que la demandante haya incurrido en causal justificada de despido, sea por incumplimiento total o parcial del contrato verbal o del reglamento interno de trabajo, o haya incurrido en injurias o conducta inmoral en el trabajo como lo señala el inc. e) del art. 16 de la LGT, e inc. e) y h) del art. 9 del DR-LGT, y porque además, las documentales de fs. 55 a 68, consistentes en representaciones de la propia demandante hacia sus superiores, sólo demuestran que la actora sufría mal trato verbal y psicológico por parte de un compañero de trabajo, representaciones que no tuvieron eco en los superiores, lo que obligó a la demandante acudir incluso a instancias del Ministerio del Trabajo para hacer conocer estos hechos. Por otro lado, el informe legal de 16 de junio de 2011 sobre evaluación a la trabajadora de fs. 51 a 54, se constituye en una simple opinión, al no emerger de un debido proceso, en el que las partes involucradas hayan tenido la oportunidad de defenderse presentando las pruebas que hagan a su descargo, es decir, si la entidad recurrente consideraba que la actora habría incurrido en faltas graves que ameritaban su destitución, debió haberla sometido a un proceso interno administrativo y/o disciplinario conforme los reglamentos internos de la propia entidad , a través del cual se haya comprobado y demostrado una de las causales legales de despido establecidas en los arts. 16 de la LGT, y 9 del DR-LGT, aspecto que no ocurrió en el caso de autos; de ahí que, no existe argumento legalmente valido, para que la parte recurrente justifique el despido de la actora.

        Por otra parte, en cuanto a la documental de fs. 121 a 126 consistente en constancia sobre depósitos en custodia por beneficios sociales, tramite y solicitud de pago de finiquito por parte del Jefe de Recursos Humanos de la entidad recurrente a favor de la demandante, así como el memorando de agradecimiento de servicios, corresponde establecer que la misma fue valorada por los jueces de instancia, para declarar probada en parte la excepción de pago de beneficios sociales, porque, si bien existe la evidencia del dinero depositado en custodia por pago de beneficios sociales y disponible para realizar el cobro, este monto de dinero solo representa una fracción o parte de los beneficios sociales devengados y reclamados en la presente demanda, como acertadamente concluyeron los de instancia. 

         Finalmente, corresponde establecer que, no se puede atribuir a la responsabilidad del juzgador que el demandante no haya acudido a la convocatoria de audiencias para la producción de la prueba de cargo sobre confesión provocada, de ahí que, si la entidad recurrente  consideraba que la misma resultaba un medio de defensa para su descargo, debió concurrir a la misma de manera diligente a través de su representante, no habiéndolo hecho y no habiéndose producido, no amerita mayor análisis dicho medio probatorio.

        Por lo expuesto, se concluye que, el Tribunal ad quem no vulneró los arts. 16 de la LGT, 9 del DR-LGT, 127.b), 133, 198 y 200 del CPT,  siendo que los Tribunales de instancia no están sujeto a la tarifa legal de la prueba, sino que deben formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes.

        Corresponde en consecuencia, resolver el recurso de casación en el fondo, dando aplicación a las previsiones contenidas en los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.

        II.2 En cuanto al recurso de casación en la forma

       La entidad recurrente, señala que en virtud de los arts. 127.b) y 133 del CPT, la excepción de pago debió ser resuelto conjuntamente la causa principal, es decir en sentencia, y al no emitir pronunciamiento acorde a ley sobre la excepción de pago, vicia de nulidad el proceso y crea indefensión a la parte demandada.

Al respecto, de la revisión de antecedentes se puede apreciar que precisamente en función de la normativa acusada de violada, el Juez de la causa en la Sentencia de fs. 135 a 140 vta., resolvió la excepción perentoria de falta de pago opuesta por la parte demandante, declarándola probada en parte, decisión que formo parte de los agravios contenidos en el recurso de apelación de fs. 142 a 144 vta., aspecto que fue motivo de pronunciamiento por el Tribunal de apelación en el punto 2 del tercer considerando confirmando la decisión, es decir, se resolvió la excepción planteada conforme lo señala el art. 133 del CPT.

        Bajo estos parámetros se concluye no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación en la forma, al carecer de sustento legal; no observándose violación de norma legal alguna, por lo que corresponde resolverlo en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.

        POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 168 a 169 vta., interpuesto por Mario Pérez Peña, en representación legal de la Terminal Bimodal de Santa Cruz.

        Sin costas en aplicación de los arts. 39 de la Ley No 1178 de 20 de julio de 1990 y 52 del DS No 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera