TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 167

Sucre, 26 de marzo de 2015

Expediente: 558/10-S

Demandante: Alberto Augusto Irazoque Anaya

Demandada: Empresa Lloyd Aéreo Boliviano S.A. 

Distrito        : Cochabamba 

Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

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VISTOS: El recurso de casación o nulidad interpuesto por Grover Villanueva Tapia en representación legal de la Empresa Lloyd Aéreo Boliviano S.A. (LAB S.A.) de fs. 85 vta., contra el Auto de Vista N° 174/2010 de 6 de septiembre  de fs. 81 a 83, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso social seguido por Alberto Augusto Irazoque Anaya contra la Empresa recurrente; el auto de 16 de octubre de 2010 de fs. 88 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1. Sentencia

Tramitada la causa, la Juez de Partido Primero de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Cochabamba, emitió la Sentencia de 11 de septiembre de 2008 de fs. 48 a 52), mediante la cual declaró probada la demanda en lo que respecta al pago de beneficios sociales e improbadas las excepciones perentorias de pago y prescripción en consecuencia conminó que la Empresa Lloyd Aéreo Boliviano S.A., a través de su representante legal cancele el monto total de Bs.170.990,00.- a favor del demandante por los conceptos de sueldo, indemnización, desahucio aguinaldo, vacaciones y salarios devengados, conforme al detalle que se tiene asentado en la sentencia, más la multa del 30% del monto total incluyendo el mantenimiento de valor conforme determina el art. 9 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.

I.2. Auto de Vista

En grado de apelación deducida por Martin Roger Pérez Anturiano, en representación legal del LAB S.A. de fs. 62 vta., la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, mediante Auto de Vista N° 174/2010 de 6 de septiembre, confirmó la sentencia apelada, con la modificación de excluirse de la liquidación efectuada en sentencia los salarios adeudados del mes de noviembre de 2006 a marzo de 2007 manteniéndose el pago de los meses de diciembre de 2005 (50%), de enero a junio de 2006 y de abril al 10 de septiembre de 2007, Asimismo se excluyó las duodécimas de aguinaldo de enero a marzo de 2007 y se mantuvo las que corresponden de abril al 10 de septiembre de 2007, siendo el monto total a cancelar la suma de Bs. 142.088,42.- Sin costas por la modificación.



II. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

La resolución de segunda instancia, motivó que Grover Villanueva Tapia en representación legal de la Empresa  Lloyd Aéreo Boliviano S.A., mediante memorial de fs. 85 vta., interponga recurso de casación o nulidad, bajo los siguientes argumentos:

a) Denunció que el Auto de Vista recurrido infringió lo establecido en el art. 253.1).3) del  Código de Procedimiento Civil (CPC), al realizar una aplicación indebida e interpretación errónea de la Ley toda vez que el Auto de Vista al consentir la falta de pago oportuno de salarios como causal de retiro indirecto incurrieron en la causal de casación en el fondo establecido en el art. 253.1 del CPC, al no tomarse en cuenta el Decreto Supremo (DS) de 9 de marzo de 1937 que refiere  única y exclusivamente a la rebaja de sueldo, no estando legislada la figura del retiro indirecto por falta de pago oportuno de sueldos, no pudiendo aplicarse en el presente caso tal entendimiento, bajo el pretexto de existir jurisprudencia al respecto, por ser ésta supletoria a la norma jurídica y adjetiva, y conforme al art. 228 de la Constitución Política del Estado de 1967 (CPE 1967) debe aplicarse con preferencia a las leyes y estas con preferencia a cualquier otra resolución.

b) Arguye que el actor, al no haber acompañado prueba que advierta que el Ministerio de Trabajo hubiese aprobado el Reglamento específico del DS Nº 28699 conforme a su art. 13 que no es aplicable al presente caso.

c) Finalmente acusó que el Auto de Vista recurrido fue pronunciado alterando el orden cronológico de resolución, vulnerando el orden establecido para resoluciones de la Sala Social, infringiendo normas de orden público establecidas en el art. 267 del CPC y fuera del plazo legalmente establecido por Ley.

II.1. Petitorio

Solicita que el Tribunal de casación case o en su caso anule el Auto de Vista impugnado, con costas.

CONSIDERANDO II:

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Planteado el recurso de casación en el fondo y en la forma, revisado los antecedentes del proceso y las normas aplicables a la materia se ingresa a resolver los reclamos traídos a esta instancia, iniciando lógicamente por el recurso propuesto en la forma, para luego, ante la eventualidad de que el mismo no sea evidente, ingresar a resolver recién el recurso en el fondo, conforme a los siguientes fundamentos:

En cuanto a la presunta alteración del orden cronológico para la resolución del proceso infringiendo normas de orden público, corresponde indicar que conforme a lo señalado por el art. 267 del CPC la distribución de causas se realiza mediante sorteo en función a su fecha de ingreso, distribución que se hará pública en la secretaría de cada Sala, aspecto que éste Tribunal considera cumplido a mérito que, de la revisión de obrados, no se evidencia documentación alguna que establezca la modificación del orden legal del sorteo aludido; por tanto no siendo evidente la denuncia efectuada por la empresa recurrente.

En mérito a la precitada argumentación se advierte que el punto recurrido en cuanto a la casación en la forma no constituye razón suficiente que haga viable la nulidad de obrados pretendida en ese entendido este Tribunal no encuentra fundado el recurso y mantiene subsistente el fallo recurrido en cuanto al cuestionamiento de errores in judicando en que hubiera incurrido el Tribunal ad quen al emitir su resolución.

Referente al recurso de casación en el fondo en sentido a la infracción del art. 253.1).3) del CPC se establece por una parte que esta denuncia está incorrecta e incongruente planteada, pues esas disposiciones se limitan a describir las causales de procedencia del recurso de casación en el fondo.

Sin embargo, a fines de brindar respuesta efectiva a la parte recurrente, en vistas al principio de tutela judicial efectiva, la Sala considera, en cuanto al reclamo que la falta de pago oportuno de salarios no constituye causal de retiro indirecto, debe puntualizarse que si bien el art. 2 del DS de 9 de marzo de 1937 establece que en caso de rebaja de sueldos, los empleados tendrán la facultad de permanecer en el cargo o retirarse de él, entendiendo por ello que se produce el despido indirecto del trabajador, así también dicho despido indirecto se configura en función también a la culpa atribuible al empleador que incita y obliga al trabajador a tomar decisiones como consecuencia de la alteración de condiciones de la relación laboral, al modificar de manera sustancial la armonía de la actividad laboral, pudiendo ser ésta por alteración del horario de trabajo, reducción de salario, traslado del trabajador a un puesto de trabajo inferior o falta del pago del salario.

En el caso que se analiza, conforme a la revisión de obrados se tiene que ante la falta oportuna del pago de salarios a los trabajadores, se produjo su despido indirecto, forzoso e injustificado atribuible a la entidad demandada, toda vez que se alteraron las condiciones normales existentes en el desarrollo del trabajo; más cuando, los arts. 162 de la CPE de 1967 y 48 de la Constitución Política del Estado (CPE), prescriben unánimemente que los derechos sociales reconocidos a los trabajadores son irrenunciables. Es deber del Estado entonces, a través de la jurisdicción laboral, brindarles la tutela efectiva conforme con los principios proteccionistas que rigen y sustentan a la legislación laboral, más aún al tratarse del salario, que conforme a lo dispuesto por el art. 53 de la Ley General del Trabajo (LGT) los periodos de tiempo para el pago de salarios, no podrán exceder de quince días para obreros y treinta días para empleados y domésticos.

Considerarse también que, conforme al art. 52 de la LGT, concordante con el art. 46.III de la CPE, el trabajo prestado por cuenta ajena, sea que se origine en acuerdo verbal o escrito, tiene como contraprestación ineludible el salario. Consiguientemente, el incumplimiento de esta obligación por parte del empleador constituye incumplimiento del contrato de trabajo que conlleva la carga perjudicial para el trabajador y su familia, dada la categoría social que reviste el salario, más aún si conforme al art. 53 del citado sustantivo laboral, su pago no puede exceder de 15 días. En este caso se produce un perjuicio mucho mayor al de la rebaja de salario, cuya acción es también reconocida como despido indirecto (art. 2 DS de 09 de marzo de 1937).

De tal forma, no se vulneró de ninguna manera el principio de jerarquía normativa menos lo instituido por el art. 228 de la CPE (abrogada), ya que los juzgadores de instancia no emitieron falló alguno en contra de ningún principio constitucional, más al contrario se hizo una interpretación del DS de 9 de marzo de 1937, conforme a la tutela efectiva que se debe otorgar al trabajador en resguardo de sus derechos laborales consagrados en la Constitución Política del Estado.

En cuanto al pago de la multa del 30% dispuesto por el DS Nº 28699, conforme a la amplia jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, es preciso considerar que, si bien es evidente que conforme al art. 13 de dicho Decreto, el Ministerio de Trabajo, en un plazo no mayor a 30 días, debió aprobar mediante Resolución Ministerial el Reglamento específico que respalde los procedimientos, no es menos evidente que dicho artículo se encuentra referido al procedimiento administrativo de adecuación de reglamentos internos de trabajo y no así a la imposición de la multa del 30% por incumplimiento del pago oportuno de los derechos laborales del trabajador.

Dicha reglamentación se encontraba aprobada y vigente al momento de plantear el recurso de casación por la entidad demandada, que es objeto de análisis, toda vez que por DS Nº 28913 de 8 de noviembre de 2006 al haber vencido el plazo de 30 días señalado en el art. 13 del DS Nº 28699 para la elaboración del Reglamento, otorgó nuevos 30 días al Ministerio de Trabajo, en consecuencia en fecha 6 de diciembre de 2006, por Resolución Ministerial (RM) Nº 551/06 se aprobó los procedimientos administrativos establecidos en el DS Nº 28699, modificándose posteriormente su art. 10 mediante DS Nº 0495 de 1 de mayo de 2010, no siendo necesario como insinúa la entidad recurrente, que el trabajador deba adjuntar como prueba la normativa señalada ya que a partir de su publicación se asume su cumplimiento obligatorio, no pudiendo alegar su desconocimiento.

Bajo estos parámetros se concluye que al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación y/o nulidad de fs. 85 vta., carecen de sustento legal; ajustándose el Auto de Vista recurrido a las leyes en vigencia, no observándose violación de norma legal alguna, por lo que corresponde resolver en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2) y 273 del CPC, con la facultad conferida por el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Grover Villanueva Tapia en representación legal de la Empresa  Lloyd Aéreo Boliviano S.A. Sin costas por no existir contestación al recurso.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera