TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


AUTO SUPREMO Nº 165

Sucre, 02 de marzo de 2015

Expediente: 407/2014-S

Demandante  : Juan Maraza Quispe

Demandado: Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR)

Distrito : La Paz                                                                                       

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: El recurso de casación interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR) representado legalmente por Juan Edwin Mercado Claros  de fs. 153 a 155, contra el Auto de Vista No 22/2014-SSA-I de 20 de enero pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz de fs. 148 a 149; dentro del proceso social de Reclamación de Derecho Habiente seguido por Juan Quispe Maraza y Otro contra la entidad hoy recurrente; el Auto  de fs. 163  que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

         I.I.  ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1.1 Resolución de la Comisión de Calificación

Que mediante  Resolución Nº 00003197/2013 de 17 de abril de  fs.119 a 120, la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, resolvió desestimar la Renta Única de Viudedad solicitada por Juan Maraza Quispe.

I.2.2 Resolución de Comisión de Reclamación

Posteriormente, interpone el recurso de Reclamación presentado por el solicitante de fs. 126 a 127 la Comisión de Reclamación del SENASIR mediante Resolución Nº 00571/2013 de 19 de agosto  de fs. 131 a 133,  resolvió  CONFIRMAR la Resolución Nº 00003197 de 17 de abril de 2013 de fs. 119 a 120.

I.2.3 Auto de Vista

Interpuesto por el asegurado el recurso de apelación contra la Resolución 00571/2013 de 19 de agosto de fs. 131 a 133, mediante  Auto de Vista Nº 22/2014-SSA-I de 20 de enero de fs. 148 a 149, la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, revocó la Resolución Nº 00571/2013 de 18 de agosto  de fs. 131 a 133 de obrados, disponiendo que el SENASIR otorgare a favor de Juan Maraza Quispe la Renta Única de Viudedad, debiendo procederse a su pago, siempre y cuando no tenga la calidad de rentista. 

II Motivos del recurso de casación

Dicha resolución motivo que el SENASIR por intermedio de su representante legal, presente recurso de casación de acuerdo al memorial de fs.153 a 155 bajo los fundamentos siguientes:

a) Denuncia el recurrente que el Auto de Vista impugnado denota aplicación errónea de la ley y de lógica apreciación jurídica, alegando que si bien es cierto el art. 45 de la Constitución Política del Estado (CPE),  reconoce derechos en favor de los asegurados, los mismos tienen que estar acorde con las normas que rigen la materia conforme dispone el art. 67.II de la supra ley citada y que no se puede entender que únicamente los ciudadanos tengan derechos sino también tienen obligaciones, es en ese sentido que el entendimiento de igualdad al que hace referencia el art. 5.a) de la Ley Nº 045 “Ley contra el racismo y toda forma de discriminación” la igualdad se refiere al reconocimiento de las diferencia físicas de las personas entre hombre y mujer, es decir existe un reconocimiento de diferencias entre personas, por tal razón, en el caso presente no corresponde otorgar la renta de viudedad en favor del solicitante pues el mismo contaba con una edad menor a 55 años en el momento del fallecimiento de su causante edad que se encuentra reglada y prevista por los arts. 87 del Reglamento del Código de Seguridad Social (RCSS), 39 del DL Nº 13214 de 24 de diciembre de 1975 y 32 de la Resolución Secretarial N° 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997.

Petitorio

Por lo expuesto precedentemente solicito al tribunal Supremo deliberando en el fondo deberá dictar Auto Supremo casando el Auto de Vista Nº22/2014-SSA-I de 20 de enero y se confirme la Resolución Nº 0003197 emitido por el SENASIR, sea las formalidades de rigor.

CONSIDERANDO II:

II. Fundamentos Jurídicos del Fallo

A fin de dilucidar la presente problemática es menester señalar que el art. 45 de la CPE establece I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social. II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social. III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales. IV. El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo...”. El art. 13.I de la CPE, establece que: “Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos”; en concordancia con lo establecido en el art. 109.I de la supra norma citada que refiere: “Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección".

La Sentencia Constitucional Nº 55/2013 de 11 de enero, establece como entendimiento sobre la jubilación el siguiente criterio: “..Por la exigencia de conformar un silogismo que otorgue sustentación a la fundamentación de la presente Resolución, es imprescindible analizar en primer término las normas contenidas en la Norma Suprema de nuestro país, que regulan a la jubilación como parte integrante del derecho a la seguridad social; debiendo para ello revisar la Constitución Política del Estado. En ese orden, de la revisión del compilado normativo supremo, se puede evidenciar que el art. 45 referido a los derechos a la seguridad social, inmerso en el Capítulo Quinto de la Primera Parte denominado Derechos Sociales y Económicos, en la Sección II, dispone que todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social, agregando a continuación que ésta se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia, y tanto su dirección como su administración corresponde al Estado, con control y participación social. En el parágrafo IV determina que el Estado garantiza el derecho a la jubilación con carácter universal, solidario y equitativo”.

De lo señalado es posible extraer que los derechos a la seguridad social constituyen un conjunto, en el que se encuentra el de la jubilación, y tanto el acumulado de potestades como cada uno de esos derechos de forma individual, gozan de proclamación y regulación constitucional propia, encontrando cada uno de ellos su contenido intrínseco, de ese modo es que tal como se señaló en la SCP 0280/2012 de 4 de junio, la jubilación protege “…a la persona humana de las contingencias propias de la vejez -como hecho natural- por su deterioro físico y psicológico, convirtiéndose en la base para el goce y disfrute de otros derechos fundamentales…”.

II.1 El Derecho a la Seguridad Social en convenios internacionales

En el mismo sentido la renta de viudez se encuentran inserto como derecho a la seguridad social en el art. 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), que establece: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez, u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad…” .

El art. 22 de la DUDH, “toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social…”, es decir, que se sustenta el principio de universalidad, cuya protección debe llegar a todos los miembros de la colectividad, principio que rige en Bolivia mediante su reconocimiento bajo el art. 45.II de la CPE.

También el art. 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), indica que: “Cada uno de los Estados parte en el Pacto se compromete a adoptar medidas para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos", y en el art. 9 del mismo Pacto, establece que: “Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señaló la obligación de los Estados para proteger y promover los derechos sociales: “Los Estados miembros deberán adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que la observancia de los derechos económicos, sociales y culturales no sea disminuida en ningún aspecto con el transcurso del tiempo” (CIDH, Informe sobre Colombia 1993). La Comisión también recomendó, en el caso peruano, que el Estado debía tomar medidas para garantizar que se respeten los derechos adquiridos en materia de pensiones y que el monto de las mismas sean suficientes para cubrir como mínimo, el costo de la canasta familiar básica (CIDH, Informe sobre Perú, 2000).

Estas recomendaciones están dadas en virtud al carácter progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales, reconocidos en el art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que señala que: “Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura…”.

De lo citado precedentemente se advierte que el derecho a la renta de viudez, como elemento de los derechos a la seguridad social, tiene un contenido propio, cual es el de garantizar a las personas recursos necesarios para subsistir de modo compatible con su dignidad humana intrínseca, preservando la seguridad jurídica, los derechos adquiridos, así como la protección adicional que requieren las personas que acceden a ese beneficio y que al ser convenios internacionales son de aplicación plena por el Estado Boliviano.

II.3 Análisis del caso

En el caso de autos, de la revisión de antecedentes se advierte que la entidad recurrente mediante Resoluciones Nº 00571/2013 de 19 de agosto cursante de fs. 131 a 133, y Nº 3197 de 17 de abril de 2013 de fs. 119 a 120., desestimó la renta única de viudedad solicitada por  Juan Maraza Quispe debido que el mismo contaba con 48 años de edad al fallecimiento de su causante Evarista Huanca Apaza.

Sobre el particular, se debe considerar que el art. 45 de la CPE reconoce la seguridad social a la viudedad, misma que tiene que ser una prioridad del Estado, debiendo otorgarse bajo los principios de equidad, solidaridad y oportunidad, pues si bien es cierto que los arts. 87 del RCSS y 33 de la Resolución Secretarial N° 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997, establecen una edad de 55 años, como un requisito que debe tener el varón al momento del fallecimiento de su causante a efectos de beneficiarse con la renta de viudedad y el art. 39 del Decreto Ley (DL) Nº 13214 de 24 de diciembre de 1975, excluye únicamente a la mujer respecto al requisito de la edad para ser beneficiaria a renta de viudez; no es menos cierto que dichos articulados, deben ser interpretados desde y conforme la Constitución Política del Estado. Consiguientemente, no puede entenderse una norma que sea excluyente y discriminadora por razón del sexo, en el mismo sentido lo prevé el art. 13 de la CPE, además que dicho derecho a la renta por viudedad  se debe interpretar de conformidad a los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia, como ser el art. 22 y 25.1 de la (DUDH), 2.1 del (PIDESC), así como el entendimiento de La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en lo referente a la progresividad de los derechos, consecuentemente las normas bolivianas tienen que estar subordinados a la supremacía de la constitución conforme lo prevé el art. 410 de la CPE, siempre tomando en cuenta el principio de favorabilidad y pro actione, por el cual, los derechos deben ser siempre progresivos, cuando se trata de garantizar la aplicación de un derecho, en consecuencia en virtud de los fundamentos constitucionales de seguridad social citados anteriormente.

Siendo que las normas deben adecuarse conforme a la Constitución Política del Estado, corresponde manifestar que el solicitante se constituye legalmente y por justicia en beneficiario de la renta de viudedad invocada porque, el privar de dicho beneficio implicaría la privación de su única fuente de recursos que permite su subsistencia, pero además de afectar no sólo materialmente sino emocionalmente su calidad de vida y salud.

En el mismo sentido se pronunció ésta Sala al resolver un caso de similitud fáctica, señalando:

“Si bien, el inciso d) del artículo 102 del Reglamento del Código de Seguridad Social establece el reconocimiento de renta vitalicia para el viudo en tanto hubiera cumplido la edad de vejez que señala para el hombre el artículo 87 del mismo cuerpo legal, estableció en 55 años, todo ello concordante con los artículos 51 y 45 del Código de Seguridad Social, cabe establecer, que dichas disposiciones se encuentran modificadas por el artículo 39 del Decreto Ley Nº 13214 de 24 de diciembre de 1975, mismo que ha sido elevado a rango de ley mediante Ley Nº 006 de 1ro. de mayo de 2010 y que a la fecha se encuentra vigente.

Dicha norma establece por un lado, que la renta de viudedad equivaldrá al 40 % de la renta de invalidez o de vejez, y por otro en el tema que atañe, que la renta será vitalicia y se concederá a la viuda, independientemente de su edad y del número de hijos que tuviera, cesando con la muerte del beneficiario o al matrimonio o concubinato de la viuda o conviviente, situación por la cual recibirá un pago global equivalente a tres anualidades de renta.

Tal cual señala la norma descrita ut supra, se advierte que la renta de viudedad de forma específica se concederá a la viuda independientemente de su edad, omitiendo mencionar al viudo, que dadas las características del concepto de viudez, tal cual lo establece la Enciclopedia Jurídica Omeba en su tomo XXVI "...la viudez es el estado civil en que se encuentra la persona cuyo cónyuge ha fallecido...", corresponde otorgarle el mismo trato, ya que la calidad de viudez no hace distinción entre varón o mujer, más aún cuando la actual Constitución Política del Estado se funda en valores de igualdad, de equidad social y de género conforme al parágrafo II de su artículo 8, señalando además en el parágrafo. II. de su artículo 14 que el Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, etc., siendo uno de sus fines y funciones esenciales el construir una sociedad justa sin discriminación, encontrando como deber garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución Política del Estado.

Por otra parte, la seguridad social en Bolivia, cubre no solo la atención por enfermedad, maternidad y paternidad, riesgos profesionales, invalidez y otros relacionados, sino también a la viudez, bajo la garantía que todas las bolivianas y bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social, conforme lo establece expresamente los parágrafos I y III del artículo 45 de la Constitución Política del Estado.

Asimismo, conforme lo establece el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social, es decir, que se sustenta el principio de universalidad, cuya protección debe llegar a todos los miembros de la colectividad, principio que rige en Bolivia y se reconoce en el parágrafo II del artículo 45 de la Constitución Política del Estado.

De tal forma, al establecerse la universalidad de la seguridad social, se promueve el principio de igualdad y equidad que tiene por objeto, que en igualdad de circunstancias, los sujetos reciban iguales prestaciones, tal es el caso de la calidad de viudez, equidad reconocida por la Constitución Política del Estado en el parágrafo II de su artículo 45.

Por lo que, siendo que la calidad de viudez no distingue el sexo del conyugue supérstite, es que corresponde el pago de renta por viudedad conforme a los principios, valores y derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado, en cumplimiento al parágrafo II de su artículo 410, toda vez que se constituye en la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa”. (Auto supremo Nº 13, de 23/02/2012-S. Social).

Bajo estas premisas, se concluye que no son evidentes las vulneraciones a las normas acusadas en el Auto de Vista recurrido, por el contrario la resolución impugnada se ajusta a las disposiciones legales en vigencia, que protegen el capital humano, consagrados en los arts. 158 y 162 de la CPE de 1967, 45 y 67 de la CPE vigente, correspondiendo resolver el recurso conforme la permisión del art. 271.2) 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por disposición del art. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social (R-CSS).

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm.; Social y Administrativa Primera del Tribunal  Supremo de Justicia, con la facultad prevista  en los art. 184.1 de la Constitución Política del Estado y art. 42.I.1, de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 153 a 155. No se aplica costas en aplicación del art. 39 de la Ley 1178 (SAFCO) de 20 de julio de 1990 y 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Para Resolución, según convocatoria a fs.176, interviene el Magistrado de la Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

Se constituye en disidente el Magistrado de la Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, Dr. Pastor       Segundo Mamani Villca, con los fundamentos contenidos en el libro de disidencia Cursantes en Secretaria de Sala.

PRIMER RELATOR      : Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

SEGUNDO RELATOR   : Dr. Antonio Guido Campero Segovia

Regístrese, notifíquese y devuélvase

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera