TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

     SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM.,  SOCIAL Y ADM.  PRIMERA


Auto Supremo Nº 161

Sucre, 20 de marzo de 2015

Expediente: 474/2010-S

Demandante: Norma Esther Aguilar Gumiel

Demandado: Toyosa S.A.

Distrito: La Paz

Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

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VISTOS: El recurso de casación (fs. 101 a 107) interpuesto por Norma Esther Aguilar Gumiel, contra el Auto de Vista Nº 215/2009 de 29 de septiembre (fs. 92 a 93) pronunciado por la Sala Social y Administrativa Segunda de la entonces Corte Superior de Justicia en el Distrito Judicial de La Paz; dentro del proceso de pago de beneficios sociales incoado por la hoy recurrente contra Toyosa S.A. representada  por René Saavedra Mendizabal; el Auto Nº 190/2010 de 12 de junio (fs. 110) que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1  ANTECEDENTES DEL PROCESO.

I.1.1 Sentencia

Tramitado el proceso, la Juez Séptimo del Trabajo y Seguridad Social de la Corte Superior de Justica en el Distrito Judicial de La Paz, pronunció la Sentencia Nº 12/2009 de 23 de marzo (fs. 69 a 73), declarando: i) Probada en parte la demanda de fs. 18-19, y, ii) Disponiendo el pago a favor de la demandante de Bs.1.599,99.-, concepto de sueldos devengados por un periodo de 12 días.

I.1.2  Auto de Vista

En conocimiento del precitado fallo, la demandante opuso recurso de apelación (fs. 78 a 82 vta.), resuelto por el Auto de Vista descrito al exordio, que confirmó la Sentencia de grado.

I.2  RECURSO DE CASACIÓN

En conocimiento de aquel Fallo, Norma Esther Aguiler Gumiel presentó recurso de casación, señalando vulneración a los arts. 3.h, 79, 150, 201 y 202 del Código Procesal del Trabajo (CPT) por cuanto se quebrantó el principio de inversión de la prueba; se transgredieron los plazos y formas en la emisión de la Sentencia; y, los arts. 48 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 4 de la Ley General del Trabajo (LGT), pues se valoró erróneamente la prueba pretendiéndose transmitir la representación de una renuncia sobre derechos laborales que le corresponden. En tal sentido la recurrente propone casación tanto en la forma como en el fondo con el detalle que sigue:

I.2.1 En la forma

Señala que la Juez de grado emitió una Sentencia cuando ya había perdido competencia, prueba de ello -dice- es la secuencia de actos iniciados con la presentación del escrito de fs. 67, por el que la demandante solicitó la dictación de Sentencia; luego, y en su mérito se emitió providencia de 18 de febrero de 2009 (fs. 67 vta.), que decidió el paso a despacho para emisión de Sentencia. Más adelante, el 14 de marzo de 2009, se presentó un nuevo memorial, esta vez suscrito por la parte demandada, que mereció el decreto de fs. 68 vta. dónde se consigna “Téngase presente en su oportunidad y estese al decreto que antecede” (sic). Es de la glosa de este decreto, a partir de la que la recurrente plantea la existencia de dos momentos contradictorios, señalando: i) El hecho de tener presente un alegato hace suponer que una etapa procesal no hubo sido clausurada a pesar de la emisión del decreto de autos para Sentencia; ii) La disposición de acatar lo dispuesto a fs. 67 vta., no hace más que confirmar la pérdida de competencia de la Juez de grado, ya que “si se hubiese estado al decreto…de fecha 18 de febrero de 2009 de pasen obrados a despacho la nota debió no ser mas allá del 20 de febrero y de ninguna manera luego de la presentación del memorial de la parte contraria, luego de más de un mes” (sic).

Sobre esa plataforma señala que las normas en las que se apoya su pretensión de nulidad son los arts. 87, 191 y 252 del Código de Procedimiento Civil (CPC) y 15 de la Ley de Organización Judicial (LOJ).

I.2.2 En el fondo

a) La recurrente alega errónea valoración de la prueba, pues según la Juez de grado el retiro fue voluntario, conclusión no evidente; pues, el memorando de retiro no es lo mismo que el preaviso regulado por el art. 12 de la LGT utilizado en contratos por tiempo indefinido. En su caso, al existir tiempo definido en la duración contractual, en el supuesto de ánimo de rescisión, debió darse aplicación al art. 17 de la LGT, pues inexistiendo causal contenida en el art. 16 de esa misma norma, es aplicable su art. 13.

Sobre la conclusión de que a su persona no le era pasible el pago de indemnización y desahucio por considerarse que no habría llegado a cumplir más de tres meses de trabajo y no haber sido retirada intempestivamente, como tampoco el pago de la multa inserta en el Decreto Supremo (DS) Nº 28699, señala que en los contratos a plazo fijo no puede ser sometida a término de prueba tal cual lo dispone el art. 17 de la LGT, agregando que la parte demandada no desvirtuó lo alegado en el proceso conforme el principio de inversión de la prueba.

b) Alega que el Tribunal de Alzada, consideró que era ella quien debió presentar documentación a fin de acreditar las circunstancias de su desvinculación; es decir, que debió desvirtuar lo sostenido por la parte demandada, acción que “ha modificado…el Principio de Inversión de la Prueba que refiere el Inc. h) del Art. 3º del Código Procesal del Trabajo” (sic). Prosigue, en razón de que su persona presentó todas las pruebas que le fue posible y correspondía se aplique el principio de in dubio pro operario, no pudiendo en ningún caso darse una presunción contraria a los derechos laborales.

En planteamiento de la recurrente, las conclusiones de instancia, fueron basadas solamente en un informe del Jefe Nacional de Recursos Humanos, que al margen de ser realizado por una persona dependiente del empleador, distorsiona los hechos, pues hace ver que la desvinculación se originó en un presunto abandono de funciones, cuando en realidad aquella circunstancia emergió porque su persona fue retirada solo “por el hecho de haber acudido a trabajar vestida de jean” (sic). Indica que la forma de demostrar un supuesto abandono de funciones no se basa en declaraciones o informes, sino se demuestra a partir del libro de control de asistencia, documento que no fue presentado por la parte demandada pese a la conminatoria realizada por la Juez de grado.

I.2.1 Petitorio

La recurrente, pidió, previa concesión de su recurso, que la Corte Suprema de Justicia, anule obrados hasta el vicio más antiguo, o bien se case el Auto de Vista impugnado para que deliberando en el fondo se declare probada la demanda en todas sus partes.

CONSIDERANDO II:

II.1 FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL AUTO SUPREMO

II.1.1 Casación en la forma

La recurrente en casación pretende la nulidad de obrados a partir de una supuesta pérdida de competencia de la Juez de grado, basada en el planteamiento de que el hecho de tener presente lo inmerso en el memorial de alegato de fs. 68, constata que no se clausuró una etapa procesal o bien que se tuvo en cuenta un argumento luego de un mes de decretado autos para sentencia.

Así las cosas, la secuencia procesal que contextualiza la veracidad o la inconsistencia de lo señalado por la recurrente se inicia con el memorial presentado el 17 de febrero de 2009 (fs. 67) por ella misma, a través del que pide a la Juez de grado la dictación de Sentencia; tal petición mereció el proveído de 18 de febrero del mismo año, dónde se dispuso “conforme al estado del proceso pasen obrados a Despacho para dictar la correspondiente Sentencia sea precio cumplimiento del Art. 80 del Código Procesal del Trabajo” (sic).

La siguiente actuación, es el memorial presentado el 13 de marzo de 2009, por el que la parte demandada bajo la suma de “Alega” (sic) pide a la Juez se considere en Sentencia argumentos propios referidos a la controversia del proceso. Tal petición fue resuelta por el proveído de fs. 68 vta. cuestionado por la hoy recurrente-, a través del que la autoridad jurisdiccional decide en sentido: “Téngase presente en su oportunidad y estese al decreto que antecede” (sic). Ahora bien, lo inmediatamente posterior en el expediente es el manuscrito al pie de fs. 68 vta., dónde la Secretaria del Juzgado de grado, da constancia de que “en fecha dieciséis de marzo de dos mil nueve años, pasó obrados a Despacho para dictar Sentencia” (sic); es decir, es en esta fecha que se otorga cumplimiento efectivo a lo dispuesto en el proveído de 18 de febrero de 2009, referente al cumplimiento del art. 80 del CPT, que ordena que        Para el efectivo cómputo de los plazos de dictación de las resoluciones antedichas, el Secretario entregará el expediente al Juez, inscribiendo nota expresa del día y hora en que lo hace”.

En conclusión, la Sala advierte dos situaciones emergentes de las premisas de casación en la forma propuestas por la recurrente, la primera vinculada a la tardía actuación de la Secretaría de Juzgado que recién efectivizó materialmente el ingreso a despacho para dictación de Sentencia el 16 de marzo de 2009; y en segundo lugar, es ésta la fecha a partir de la que debe iniciarse el cómputo de los diez días otorgados por el art. 79 del CPT para la emisión de aquel Fallo. En tal consecuencia, la Sentencia Nº 12/2009 fue pronunciada el 23 de marzo, dentro del plazo procesal descrito, no siendo por tanto emitida en las condiciones planteadas en casación por la recurrente.

II.1.2 Casación el fondo

Tal como se condensó en el apartado I.2.2 de este Auto Supremo, la recurrente propone como aspectos de casación en el fondo: i) Errónea valoración de la prueba, en cuanto a la no consideración de retiro fue voluntario, planteando que  al existir una relación contractual con tiempo definido debió darse aplicación al art. 17 de la LGT en relación al art. 13 de la misma norma, lo que habilitaría el pago de indemnización, desahucio y el pago de la multa prevista por el DS Nº 28699. Sobre esta temática manifiesta que las conclusiones de instancia, fueron basadas en un Informe emanado por el propio empleador, que a más de provenir de uno de sus dependientes, distorsiona los hechos. Indica además que la forma de demostrar un abandono de funciones se basa a partir del libro de control de asistencia, documento que no fue presentado por la parte demandada; ii) Violación al principio de inversión de la prueba, por cuanto se consideró que era la hoy recurrente quien debió acreditar las circunstancias de su desvinculación, señalando que al presentar ella las pruebas que le fue posible correspondía la aplicación del principio in dubio pro operario.

II.1.2.i Sobre la causal de retiro 

De inicio, recalcar que en el curso del proceso, fue punto en común el vínculo que unió a las partes, a saber, el contrato de trabajo suscrito entre Norma Esther Aguilar Gumiel y Toyosa S.A., por el que se convino entablar una relación laboral a plazo fijo con duración de 90 días, iniciados el 12 de noviembre de 2007, y que según también- ambas partes tuvo una duración de 12 días.

Ahora bien, fue igualmente sobre esos hechos donde la controversia se generó y las posiciones se bifurcaron, pues a decir de la demandante la conclusión de la relación laboral fue propiciada por el empleador quién la retiró intempestivamente; y a decir de la parte demandada este retiro fue voluntario por parte de la actora a partir de un estado calificado de hipersensible originado en una llamada de atención sobre uso de indumentaria formal. En tal rumbo, la determinación de este hecho generará como consecuencia la aplicación o bien de los arts. 17 en relación al art. 13 de la LGT y la multa del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006 (postura asumida por la recurrente) o bien la aplicación también del art. 17 de la LGT, empero en relación al art. 16 inc. d) de esa misma norma laboral sustantiva (posición asumida por la parte demandada).

Así las cosas, las instancias precedentes a casación, concluyeron que el retiro de la trabajadora fue voluntario, originándose en una llamada de atención brindada a ésta, en efecto, por una cuestión de atuendo, pues acudió a su fuente laboral con prendas informales (jean). Este aspecto, es también coincidente en las alegaciones de las partes, tanto en la prueba aportada por la demandada (así el informe de fs. 44), como en lo aseverado por la actora (confesión provocada de fs. 66 y los propios argumentos del memorial del recurso de casación).

En conclusión, el hecho que generó la desvinculación fue en efecto la situación descrita en el párrafo precedente, que desencadenó que la demandante a partir de ese momento abandone su fuente laboral sin retornar a la misma. Este aspecto adquiere evidencia, por los antecedentes del caso, pues ante la afirmación de la actora, el empleador produjo prueba que daba fe por una parte al motivo del desencuentro entre las partes, y por otro lado solidificó la tesis de que fue la trabajadora quien a partir de tal circunstancia no retornó a su fuente laboral (esta conclusión, fue precisamente razonada a su turno tanto la Sentencia (fs. 71 a 72) y el Auto de Vista  (fs. 92 vta.). Es esa la conclusión extraída de los antecedentes del proceso, pues más allá de la relación contractual, no existe aspecto que denote una posición en contrario, pues aparte de la afirmación hecha por la actora, la prueba producida por la parte demandante desvirtuó aquella primera tesis, sin que se produjera mayor elemento que restablezca una presunción de retiro intempestivo o despido.

Queda claro también que la existencia de un contrato a plazo fijo -como lo fue el de la especie- no otorga posibilidades de producir duda sobre su culminación, no degenerando en un aspecto de potencial incertidumbre en el trabajador, al conocer anteladamente el fin de su vínculo con el empleador; siendo que, en caso que éste rescinda el contrato, tal acto se enlazará a una suerte de penalidad otorgándose el pago de desahucio e indemnización, tal cual lo señala la última parte del art. 17 de la LGT. Por partida contraria, la presencia de faltas de parte del trabajador inmersas en el catálogo del art. 16 de la LGT, no hace permisible pago de desahucio e indemnización por tiempo de servicios. Tal criterio ha sido mantenido en el tiempo a pesar de los cambios normativos, pues incluso el DS Nº 0110 de 1 de mayo de 2009 mantiene el no goce de beneficio sobre causales contempladas en el art. 16 de la LGT. Paralelamente bien es cierto que la norma, no distingue tiempos para la presencia de aquellas figuras, pues solo exige la presencia de un contrato de trabajo a plazo fijo.

Finalmente, la Sala no encuentra fundado el alegato de la recurrente de tal modo que permita la casación impetrada, por cuanto es evidente que conforme al art. 13 LGT, los primeros tres meses de una relación laboral pactada a tiempo indefinido se reputan como periodo de prueba y que, consiguientemente, la desvinculación laboral suscitada dentro de éste periodo no genera obligación alguna sobre el desahucio e indemnización.

II.1.2.ii  Sobre la transgresión del principio de inversión de la prueba

En rigor, la esencia del principio de inversión de la prueba no significa su aplicación mecánica, que ante una aseveración deba emerger necesariamente y de manera contigua otorgarle veracidad en el proceso; sino, incumbe al direccionamiento de la carga de la prueba sobre que acredite (o no) la existencia de un hecho la haga el empleador. En su face teórica este principio es el medio de equilibrio ante el natural desequilibrio de fuerzas; y, en su faz práctica se articula al hecho de que es el empleador tanto dueño de los medios de producción como el obligado a llevar registros sobre el desempeño de la actividad laboral y detentar los mismos.

Dentro del proceso laboral si bien la norma entiende que es el empleador quien se halla en mejores condiciones para probar un determinado hecho -se reitera- por la condición material de poseer y tener en resguardo los medios (generalmente documentales) para comprobar un determinado hecho relativo a la relación laboral; sin embargo, ello no supone obligación de probar un hecho del cual no se tiene posibilidad de probanza, (como es el caso de exigir probar algo lógicamente imposible; o bien, una situación alejada manifiestamente de la relación laboral), lo que en doctrina se conoce también como prueba imposible o prueba diabólica; pues sin duda acarrearía un estado evidente de indefensión, generando tanto un despropósito jurídico como la transgresión y/o afectación de derechos fundamentales como el de defensa y la tutela jurisdiccional efectiva. Acá la Sala enfatiza que el proceso no es un sacramento en sí mismo, si no el medio ordenado y sistemático para la aplicación de la ley sustantiva.

Por otra parte en los supuestos en los que la prueba fuera semiplena o insuficiente o ante el resultado de su valoración emerja una duda razonable producida por quién tiene la carga de ofrecer y producir la misma, puede ser interpretada en favor del trabajador, esta es una de las extensiones entendidas por la doctrina del Derecho laboral sobre el principio in dubio pro operario, que obliga también a adoptar una posición favorable al trabajador en caso de que la interpretación probatoria sea conducente a terrenos difusos, o bien se presente duda sobre la valoración (o no) de un medio probatorio en específico. Adviértase además, que la total carencia de prueba, sin duda, no impone al demandado la obligatoriedad de suplir esa carencia cuando a su cargo no existía deber formal y procesal.

Como ya se dijo (y así lo entendieron los de instancia) no es posible exigir al empleador elementos que, superada la inversión de la prueba, producida ésta y sometida a la libre apreciación del juzgador, tengan que desvirtuar que lo alegado por aquél no sea cierto; pues es ese el rumbo que propone en su recurso la actora, al sugerir que a más de presentarse el informe de fs. 44, cuestionado de imparcial, debía presentarse el libro de registro de asistencia, aspecto que escapa a la lógica propia de la relación fáctica del proceso, pues en el eventual caso que la veracidad recaiga sobre la afirmación de la actora es lógico que después de su retiro el 24 de noviembre de 2007, su registro no figure en el control de asistencia, pese incluso a ser un hipotético retiro intempestivo.

En consecuencia y conforme a lo expuesto, éste Tribunal concluye que el juicio del Tribunal de apelación no contiene vicios censurables que permitan la casación impetrada, resultando infundados los alegatos del recurrente. 

Bajo estos parámetros se concluye que, al no ser evidentes las infracciones normativas denunciadas en el recurso de casación en el fondo de fs. 244 a 245 vta., al carecer de sustento legal, observándose que, al contrario, el Auto de Vista recurrido se ajusta a las leyes en vigencia, corresponde resolver el recurso en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación que (fs. 101 a 107), interpuesto por Norma Esther Aguilar Gumiel, contra el Auto de Vista Nº215/2009 de 29 de septiembre.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera