TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA



Auto Supremo Nº 153

Sucre, 19 de marzo de 2015

Expediente: 234/2010-A

Demandante: Alcaldía Municipal de Caquiaviri

Demandado: Mario Quispe Choque y otro

Distrito        : La Paz

Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

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VISTOS: El recurso de casación de fs. 326 a 327 vta., interpuesto por Mario Quispe Choque, contra el Auto de Vista Nº 71/10 de 20 de marzo de fs. 323 vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso coactivo fiscal seguido por la Alcaldía Municipal de Caquiaviri contra Mario Quispe Choque y Emiliano Montaño Gonzáles, el Auto Nº 303/10 de 27 de julio de fs. 332 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1. Sentencia

Tramitado el proceso coactivo fiscal, el Juez Tercero de Partido en Materia Administrativa Coactiva, Fiscal y Tributaria de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, emitió la Sentencia 08/2009 de 18 de febrero de fs. 311 a 314, declarando probada la demanda de fs. 228 a 229 y el memorial de subsanación de fs. 233, interpuesta por la Alcaldía Municipal de Caquiaviri, disponiendo: Primero: Girar Pliego de Cargo contra Mario Quispe Choque y Emiliano Montaño Gonzáles por la suma equivalente a $us. 1.938.- (Un mil novecientos treinta y ocho 00/100 dólares americanos), más intereses legales, Segundo: mantener las medidas precautorias de ley dispuestas mediante Nota de Cargo N° 050/2003 de fecha 8 de octubre.

I.2. Auto de Vista

Contra la  resolución de primera instancia, Mario Quispe Choque, interpuso recurso de apelación de fs. 317 vta., que tramitado por la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial de La Paz, mereció el Auto de Vista N° 71/10 de 20 de marzo, que confirmó en todas sus partes la Sentencia apelada.

II. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN   

Dicha resolución motivó el recurso de casación en el fondo de 326 a 327 vta., interpuesto por Mario Quispe Choque quien señaló:

Que, “La resolución impugnada, solo observa el fundamento de la apelación, señalando que no cumple con el art. 22 de la  Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal (fundamentación de agravios), de lo que se desprende que ha presentado descargos con juramento de reciente obtención, pero contradictoriamente señala que no cuenta con los requisitos establecidos por las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, pero demuestran que el proyecto generador del proceso, se cumplió y presta servicios en la Comunidad de Caquiaviri, provincia que se encuentra alejada de la ciudad y no cuentan con personal  capacitado para hacer cumplir con eficacia las normas  del sistema de contratación, y su persona con esfuerzo pudo reunir la prueba aportada que merecía valoración en base a la sana crítica, ante la imposibilidad de presentar la documentación para asumir defensa por la negativa del Municipio de colaborar con la prueba pertinente, incumpliendo con el art. 36 de la Ley SAFCO.” (Textual)

Que, no se consideró  el art. 379 de la norma adjetiva civil.

Que, la resolución 71/2010, vulnera el derecho a la defensa que se encuentra previsto  por la Constitución Política del Estado al no hacer ningún tipo de valoración a los descargos presentados por su parte.

Bajo el rótulo “FUNDAMENTACIÓN DE DERECHO”, cita los arts. 115, 116, 46, 47, 119.i y 120, sin señalar a qué norma pertenecen y el art. 483 del Código Procedimiento Civil (CPC).

II.1. Petitorio

Concluyó su recurso, manifestando que, analizando los fundamentos expuestos y las pruebas aportadas  en el transcurso del proceso, case la Resolución impugnada y deliberando en el fondo, declare improbada la demanda interpuesta por el Gobierno Municipal de Caquiaviri.

CONSIDERANDO II:

FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Corresponde inicialmente establecer que, conforme la jurisprudencia sentada por este  Tribunal Supremo de Justicia, congruente con la ya emitida por la extinta Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación, considerado como último mecanismo de impugnación de la jurisdicción ordinaria, se equipara a una demanda nueva de puro derecho, deducida para invalidar una Sentencia o Auto definitivo en los casos expresamente señalados por ley, pudiendo invocarse como recurso de casación en el fondo, recurso de casación en la forma o en ambos efectos a la vez, como establece el art. 250 del CPC en previsión de las causales expresamente dispuestas en los arts. 253 y 254 de la misma norma procedimental para cada caso.

Así, se invocará recurso de casación en el fondo, cuando la resolución impugnada, hubiera  infringido la ley, interpretándola erróneamente o aplicándola indebidamente, si contuviere disposiciones contradictorias o, cuando al apreciar las pruebas, el juzgador hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho, conforme el art. 253.1), 2) y 3) de la norma Adjetiva Civil y, el recurso de nulidad o casación en la forma, por vicios o errores in procedendo, por existir vulneración a las formas esenciales de proceso, en previsión de las causales establecidas en el art. 254 del CPC, cuando en su sustanciación se hubieran  conculcado  las formas sancionadas con nulidad por la ley y cuando se ha afectado el debido proceso con incidencia en el derecho a la defensa; en ambos casos, el Tribunal de casación, analizará y resolverá, casando, si se tratare de vicios o errores in iudicando o de fondo o,  anulando  la resolución impugnada o el proceso mismo, cuando se evidencie la concurrencia de errores in procedendo para que el juez de origen emita nueva resolución. En ambos casos, es imperativo, cumplir con los requisitos establecidos en el art. 258.2) del CPC, es decir, se debe  señalar en forma clara y precisa qué disposiciones legales se han infringido en la tramitación de la causa y cuáles son las causales de nulidad  que se invocan, tratándose de recurso de casación en la forma y si es de fondo, se debe indicar en forma puntual qué disposiciones legales se han violado, aplicado indebidamente o interpretado en forma errónea, es más, cuando de prueba se trata, el recurrente debe identificar concretamente la misma e indicar cómo debía apreciarse o valorarse con arreglo a la ley, no siendo suficiente referirse a ella de manera general o citar determinadas disposiciones como infringidas sin la debida fundamentación.

Establecido lo anterior y remitiéndonos al recurso que se analiza, advertimos que inicialmente, en el punto intitulado “FUNDAMENTACIÓN DE HECHO”, refiere que la resolución impugnada sólo se remite a observar el fundamento de la apelación, empero a continuación, sin concluir con la exposición y fundamentación del supuesto agravio, refiere: “…de lo que se desprende que mi persona ha presentado descargos pertinentes con juramento de reciente obtención tal como señala el propio Auto de Vista pero contradictoriamente señala que la misma no cuenta con los requisitos establecidos…”, resultando lo expresado realmente incoherente, pues si bien en un primer momento pretende decir que el Tribunal de Alzada no ha  considerado sus agravios bajo el argumento de que el recurso no contiene los mismos, luego, sin la debida coherencia refiere la presentación de “descargos”, como prueba de reciente obtención, sin precisar como debiera, cuáles son las pruebas a las que se refiere, en qué momento de la tramitación del proceso fueron presentadas, en qué consiste cada una de ellas y cuál el hecho que hubiere demostrado con las mismas, es más ni siquiera indica la foja en que se encuentran, soslayando por un lado, lo dispuesto por el art. 253.1),2),3)  del CPC que contiene e catálogo de causales por las que se puede recurrir en casación de fondo, que establecen que el recurrente debe señalar si existe infracción de la ley, ya sea porque se ha incurrido en su interpretación errónea o porque se la ha aplicado indebidamente, o cuando para arribar a la conclusión fáctica (juicio de hecho), se hubiere incurrido en error de hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas, (artículo 253-1) y 3) del mismo Código Adjetivo Civil, debiendo señalarse expresamente las normas que se consideran conculcadas, lo que no acontece en el caso de autos; incumpliendo asimismo, con los votos del art. 258.2) de la misma norma procesal que obliga al recurrente a cumplir con  los requisitos establecidos, como se tiene fundamentado supra, pues no basta la sola manifestación a modo de queja, por cuanto el legislador con esta norma pretende que el recurso cumpla su finalidad de abrir la competencia del órgano y que éste, no incurra en arbitrariedad; refiere luego, algunas vagas consideraciones del “proyecto”, empero no precisa cuál, realizando argumentaciones respecto a la situación geográfica de la provincia de Caquiaviri, las dificultades de accesibilidad y otros  argumentos totalmente descontextualizados que en realidad no dicen nada, reiterando que “la mencionada documentación” o la “prueba aportada” merecía valoración  en base a la sana crítica, empero, incurre en los mismos yerros ya identificados que obstan que este Tribunal ingrese en su conocimiento, deficiencias imputables a la parte, que desconoce la naturaleza del recurso de casación y la técnica requerida para su planteamiento, lo que ha provocado la omisión de los requisitos formales que deben cumplirse a tiempo de interponer un recurso de casación; defectos sustanciales, pues expresamente aduce recurrir de casación en el fondo, sin embargo, acusa luego la infracción legal de elementos que hacen al aspecto procedimental del proceso como acontece con el acusado art. 397 del CPC que está referido a las facultades del juez al momento de la ponderación de las pruebas o, cuando sin fundamentación alguna, dice que: “la resolución 71/2010 vulnera el sagrado derecho a la defensa al no existir valoración de los descargos presentados por su parte...”, incurriendo en el mismo yerro, toda vez que el derecho a la defensa, como vertiente del debido proceso, está constituido como  un principio constitucional, vinculado a la forma, destinado a proteger el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, que comprende la potestad de ser escuchado, de presentar  las pruebas que estime convenientes para su descargo y la observancia del conjunto de requisitos que componen cada instancia procesal, vinculado entonces a la forma, no al fondo del asunto; empero si de valoración de prueba se trata, y su pretensión, era que este Tribunal considere nueva valoración dela misma, pudo acusar de manera fundamentada, la existencia de error de hecho o de derecho o, mala o errónea apreciación o aplicación de la ley, conforme se fundamentó supra,  en previsión de las causales establecidas en el art. 253 del CPC por lo que corresponde remitirnos  a las consideraciones precedentemente expuestas, de lo que se infiere que por los defectos señalados, este Tribunal se ve imposibilitado de ingresar en el recurso y dar lugar a la casación impetrada.

Con relación al punto denominado “FUNDAMENTACIÓN DE DERECHO”, en el que se limitó a la cita de los siguientes arts. 115 y 116, 46, 47, 119 y 120 sin especificar a qué norma o normas pertenecen, este aspecto determina que las referidas normas no sean consideradas para resolver ni emitir criterio sobre ellas y respecto al art. 483 del CPC, también aludido, el mismo está referido a la presentación de prueba en procesos sumarios, por lo tanto resulta ajeno e impertinente al proceso de Autos.

De lo anterior se infiere que las incongruencias y yerros detectados resultan determinantes para impedir que este Tribunal apertura su competencia a efectos de pronunciarse sobre el fondo de la causa.

Por los fundamentos expuestos, corresponde emitir resolución, en previsión de lo dispuesto en los arts. 271.1) y 272.1) del CPC.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley de Organización Judicial declara IMPROCEDENTE el recurso de casación de fs. 326 a 327 vta., interpuesto contra el Auto de Vista N° 71/2010. Con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera