TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 149

Sucre, 19 de marzo de 2015


Expediente                        : 462/10-S

Demandante                : Miguel Ángel Mercado Melgar  

Demandada                : Club Bolívar  

Distrito                        : La Paz 

Magistrado Relator        : Dr. Pastor Segundo Mamani Villca


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 504 y vta., interpuesto por Guido Loayza Mariaca y Jorge Jaime Gemio Fernández en representación legal del Club Bolívar y el recurso de casación en el fondo de fs. 509 a 512 interpuesto por Silvia Quiroga Reyes en representación legal de Miguel Ángel Mercado Melgar,  contra el Auto de Vista N° 016/09-SSA-III de 29 enero a fs. 500 vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso laboral de pago de beneficios sociales, seguido por Silvia Quiroga Reyes en representación legal de Miguel Ángel Mercado Melgar contra el Club Bolívar, el Auto a fs. 516 que concedió los recursos los antecedentes del proceso., y:

CONSIDERANDO I:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1 Sentencia

         Que, Tramitado el proceso, la Jueza Quinto de Trabajo y Seguridad Social de la Ciudad de La Paz, emitió la Sentencia Nº 33/2009 de fecha 23 de marzo de fs. 471 a 476 de obrados, por la que declara, probada en parte la demanda de fs. 1 subsanada a fs. 4 de obrados, disponiendo que el Club Bolívar a través de su representante legal cancele al actor la suma de $us.47.100.00 (cuarenta y siete mil cien dolores americanos 00/100), conforme al detalle que se tiene asentado en la sentencia.

I.2 Auto de Vista

En grado de apelación deducida por Guido Loayza Mariaca y Jorge Jaime Gemio Fernández en representación legal del club Bolívar, y Silvia Quiroga Reyes en representación legal de Miguel Ángel Mercado Melgar, la Sala Social y Administrativa Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, mediante Auto de Vista N° 016/09-SSA-III de 29 de enero de Fs. 500 y vta., confirma la Sentencia Nº 33/2009 de fecha 23 de marzo de fs. 471 a 476 de obrados.

II. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN        

II.1 Recurso de casación de la parte demandada

La resolución de segunda instancia, motivo que Guido Loayza Mariaca y Jorge Jaime Gemio Fernández en representación legal del club Bolívar, mediante memorial de fojas 504 y vta., interpongan recurso de casación en el fondo bajo los siguientes argumentos:

Manifiestan que el Auto de vista a incurrido en interpretación errónea y aplicación indebida de la Ley, alegando que el quinquenio es inaplicable en el caso de autos, toda vez que los contratos de prestación de servicio a los que se sujeta la relación de los jugadores profesionales de futbol con las entidades deportivas implican la existencia de un honorario anual fijo mediante pagos parciales en el curso de la gestión para el que es contratado, en los que implícitamente están considerados los beneficios sociales reconocidos por ley, como aguinaldo, vacación y finiquito de cada gestión para el que es contratado, situación que fue interpretada erróneamente por la Jueza a quo y por Juez ad quem.(sic).

Refieren que es inaplicable el DS 11478 de 16 de mayo de 1974 en sus arts., 1 y 2 toda vez que estos contratos deportivos con características “suigeneris” no son contratos propiamente de trabajo sino de prestación de servicios profesionales a una persona jurídica denominada Club Deportivo bajo las características señaladas.(sic).

Los jugadores de futbol profesional Boliviano no son empleados comunes y corrientes de la actividad privada nacional, es admisible que los contratos deportivos homologados, cual si fuera contratos de trabajo normales merezca la protección que rige para los trabajadores en general es decir normas laborales.(sic).

II.2        Petitorio

Concluyen su recurso manifestando, “En consecuencia solicitamos respetuosamente se nos conceda el Recurso de Casación formulado por ante la Corte Suprema de Justicia, en la Sala Social y Administrativa que corresponda, previas las formalidades de Ley de conformidad a lo dispuesto en el artículo 260 del Código de Procedimiento Civil y 210 y siguientes del Código Procesal del Trabajo”, (sic).

II.3 Contestación al recurso

Silvia Quiroga Reyes en representación legal de Miguel Ángel Mercado Melgar, en la contestación al recurso de casación manifiesta, que los recurrentes no demuestran el supuesto error en el que incurrió el Tribunal ad quem a momento de valorar las pruebas, poniéndose en evidencia la intención dilatoria de la parte demandada, que además de improcedente es carente de fundamento legal, por lo que pide su rechazo conforme a la normativa laboral en vigencia.

II.4 Recurso de casación de la parte demandante

Asimismo la resolución de segunda instancia, motivo que Silvia Quiroga Reyes en representación legal de Miguel Ángel Mercado Melgar, mediante memorial de fs. 509 a 512, interponga recurso de casación en el fondo bajo los siguientes argumentos:

       Manifiesta  que el art. 2 del DL 16187 determina que “No está permitido más de dos contratos sucesivos a plazo fijo. Tampoco están permitidos contratos a plazo en tareas propias y permanentes de la Empresa. En caso de evidenciarse la infracción de estas prohibiciones por el empleador, se dispondrá que el contrato a plazo fijo se convierta en contrato de tiempo indefinido”, disposición legal concordante con la RM 283/62 de 13 de junio de 1962, y RM 193/72 de 15 de mayo de 1972 que regula sobre la suscripción de contratos de trabajo, y que dicha relación con la entidad fue en base a contratos anuales a partir de la segunda contratación se considera de carácter indefinido y la relación con el club sólo podía terminar por las causales establecidas en el art. 16 de la LGT conforme las previsiones del DS 28699 de 1 de mayo de 2006.(sic).

Refiere que la entidad demanda señaló como causal con la que pretende justificar el despido su mandante la suscripción de contrato de transferencia de jugadores que se efectuó entre Clubes en el que no participó su mandante como establece del contrato de fs. 431, mismo que fue suscrito en fecha 19 de julio de 2006 posterior al despido de su mandante que se produjo en fecha 21 de junio de 2006, sin embargo aunque el contrato hubiese sido suscrito por su  mandante, este hecho no libera al Club Bolívar de sus obligaciones de carácter laboral, lo único que demostraría es que se produjo la ruptura de la relación laboral por voluntad del Club Bolívar, en esa fecha sin embargo como se ha demostrado fehacientemente la ruptura se produjo casi un mes antes, prueba de ello es que el Club Bolívar no presentó papeleta de pago en el que consigne el pago de salarios de los meses de junio (30 días) y julio (18 días) de 2006, hecho que no fue considerado en sentencia.

Arguye que durante la vigencia del término de prueba, se señaló que el despido se produjo por supuesto incumplimiento al contrato de trabajo a cuyo efecto adjunta el memorándum 07/06 fechado con 18 de julio de 2006, en el que señala que el retiro se produjo por el bajo rendimiento demostrado en el plantel, empero el mismo fue emitido posterior al despido de su mandante, nunca se le hizo conocer, no cursa firma de recepción, y por último para que se evidencie bajo rendimiento esta determinación debe estar avalada por el director técnico, preparador físico y puesto en conocimiento del Directorio del Club Bolívar, así lo establece el Reglamento Interno del Futbolista y Cuerpo Técnico cursante a fs. 192 a 203 mismo que fue compatibilizado con las normas de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), Estatutos y Reglamentos de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano y demás disposiciones señaladas, en su art. 17, de la misma norma, se encuentra establecido en la cláusula novena del contrato, evidenciándose que solo el memorando de despido por la causal invocada no es suficiente para probar la existencia de despido justificado por incumplimiento de contrato y demostrar su legalidad, ya que debió ser respaldado por los informes que establece el mismo contrato supuestamente vulnerado por nuestro mandante, normativa que no fue analizada ni compulsada por el tribunal de segunda instancia, quien se limita a señalar que la causal de retiro es válida únicamente por estar señalada dentro de quien debería probar y/o desvirtuar este hecho, mismo que se encuentra desvirtuado con la sola revisión del memorándum de despido que no tiene firma y/o sello de recepción de su mandante, lo que priva a su mandante del pago de desahucio e indemnización por el último período de trabajo fuera de los quinquenios resulta lesivo a sus intereses hechos que previa compulsa de antecedentes pedimos que en justicia sea subsanado por el máximo tribunal de justicia de la Nación.(sic).

Por ultimo sostiene que el último contrato de trabajo suscrito con el Club Bolívar establece como pago la suma de $us.25.000, pagaderas en 10 cuotas, es decir de $us.2.500, suma dinero que el Club Bolívar debió abonar a mes vencido, pero no hubo continuidad en el pago de haberes de su mandante y no se le extendió copia del contrato que fue presentado por el Club Bolívar mismo que cursa a fs. 404 a 406, siendo el incumplimiento de pago de haberes despido indirecto, hecho que tampoco fue considerado en el fallo de primera instancia, debiendo haberse calculado los derechos de su mandante conforme al art. 64 del CPT, más aun cuando se encuentra establecido en la CPE el carácter irrenunciable de los derechos laborales, toda vez que la aclaración del salario básico de su mandante deviene de la prueba aportada por la entidad demandada, (fs. 404-406), constituyendo confesión de parte que al tenor del art. 167 del CPT, por lo que el cálculo de derechos de su mandante y reintegro de haberes de la gestión 2006 debe efectuarse sobre la suma de $us. 2.500, aspecto que no fue considerado por el Tribunal de segunda de instancia.

II.5        Petitorio

Concluye su recurso manifestando “por lo expuesto tomando en cuenta las normas constitucionales en actual vigencia que establecen el carácter de irrenunciabilidad, imprescriptibilidad, el principio de inversión de la prueba, de la primacía de la realidad y el principio de indubio pro operario concordante con el D.S. 28699 de 1 de mayo de 2006, presento recurso de casación contra el auto de vista de fs. 500 en cuanto a los conceptos promedio indemnizable y a la causal del retiro, solicitando al máximo tribunal de justicia, se aplique la norma laboral vigente cuyo carácter no es únicamente nominal si no de aplicación práctica sea en estricta aplicación de justicia por lo que previa compulsa de antecedentes pedimos revoque en parte el fallo debiendo incluir en la liquidación final los conceptos de indemnización y desahucio, cálculo sobre el sueldo promedio de Bs.2.500 además de los reintegros salariales correspondientes, sea con las formalidades de Ley”. (sic) 

II.6 Contestación al recurso

Guido Loayza Mariaca y Jorge Jaime Gemio Fernández en representación legal del club Bolívar, que el recurso formulado desconoce aspectos relacionados a la Ley del Deporte Profesional y su marco jurídico señalados en los arts. 11, 12, 13 y 14, así como de las normas establecidas en los arts. 73 al 78 del Reglamento a la Ley del Deporte, DS 27779 de fecha 3 de noviembre de 2004 y finalmente lo dispuesto por los arts. 14 Y 15 de los anexos al Reglamento a la Ley del Deporte.

CONSIDERANDO II:

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

II. 1 Recurso de casación de la parte demandada

La entidad demandada acusa que no correspondía la aplicación del instituto del Quinquenio en la materia, por lo que, resultaría inaplicable el DS 11478 en el que fundó su decisorio el Tribunal de Casación.

Sobre el particular debe tenerse presente que a partir de la vigencia del art. 4 del DS. 23570 de 26 de julio de 1993, “…se hallan dentro de los alcances de la Ley General del Trabajo y sus disposiciones complementarias los deportistas profesionales, en cualquier rama del deporte…”.

En el marco de la definición legal anterior, debe entenderse que independientemente a la especial naturaleza que revista el contrato laboral con los jugadores de fútbol, las normas laborales deben ser aplicadas sin excepción, lo que incluye el DS. 11478, por lo que mal pudo haber incurrido en su infracción el Tribunal de Apelación, mucho menos podría éste Tribunal tal decisión, por cuanto se limitó al estricto cumplimiento de la Ley.

II. 2 Recurso de casación de la parte demandante

Que así planteado el recurso de casación en el fondo por la parte demándate,  se tiene:

Sobre el tiempo de servicios alegados en el 1er agravio, se debe considerar que los de instancia no restringieron derecho alguno del demandante con relación al tiempo de servicios, a mérito a que independientemente a la existencia de los contratos extrañados por el recurrente, se reconoció su continuidad laboral, por lo que mal podría considerarse lesivo o causal casacional.

Por otro lado y toda vez que lo anterior viene ligado a las causales de la desvinculación laboral, conforme al planteamiento del recurrente, ha menester considerar que conforme al art. 16 de la LGT, se tiene que no habrá lugar al pago de indemnización y desahucio, al concurrir las causales de: “…a).- Perjuicio material causado con intención en los instrumentos de trabajo; b).-Revelación de secretos industriales; c).- Omisiones o imprudencias que afecten a la seguridad o higiene industrial; e).- Incumplimiento total o parcial del convenio; g).- Robo o hurto por el trabajador…”; debiendo aclararse, que sus inc. d) y f) fueron derogados por el art. 2 de la Ley de 23 de noviembre de 1944.

En la causa, el Juez a quo determinó que no corresponde al actor el pago del desahucio, toda vez que el retiro del actor, conforme bien concluye el Tribunal de apelación, se produjo conforme a lo señalado en el memorando de fs. 65: por incumplimiento de contrato, previsto en el art. 16 inc. e) de la LGT y, en relación a la indemnización, determinó que en aplicación del art. 2 del DS 11478 de 16 de mayo de 1974, la aplicación del art. 16 de la LGT, no puede afectar a los quinquenios consolidados, en ese efecto es que determinó que se le reconozca este derecho por los 2 quinquenios consolidados.

Sobre el particular, de la lectura del memorando N° 07/06 de (fs. 65) se aprecia  que “previa evaluación de antecedentes efectuada por la comisión designada en reunión de directorio del Club Bolívar, se determinó rescindir el contrato suscrito entre partes, de acuerdo a lo estipulado en la cláusula 1.6 por bajo rendimiento, inasistencia injustificada a partidos viajes, estado de ebriedad y/o consumo de drogas o sustancias dentro el deporte”, (sic). Sobre la conducta demostrada por el ahora demandante, en principio, se debe convenir que la simple inasistencia injustificada constituye incumplimiento del contrato en perjuicio del empleador, por lo que, en razón de su gravedad bien podría derivar en la desvinculación laboral como sanción, por el perjuicio en la capacidad productiva de la propio institución en este caso del Club Bolívar.

Por otro lado se debe de tener presente que una de las características esenciales de la relación de dependencia laboral constituye la subordinación, lo que supone sujeción del trabajador respecto a las directrices y órdenes del empleador, de tal modo que la actividad se a esta deportiva o empresarial se desarrolle de manera ordenada y eficiente, evitando el caos en la actividad laboral.

Sobre el particular y refiriéndose a la “facultad disciplinaria” del empleador, el profesor Antonio Vásquez Vilard, señala que: “tiene como función mantener el buen orden y la armonía dentro de la comunidad laboral, para que ésta pueda cumplir con su objetivo. Para ello se reconoce al empleador -en su carácter de coordinador, de autoridad- la posibilidad de aplicar sanciones que repriman transgresiones de ese orden.”  (Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, p. 383)

Analizando el presente caso en el marco de lo referido supra, no es difícil advertir que el empleador Club Bolívar, en el marco de sus facultades rescindió los servicios del demandante porque incumplió el contrato con la conducta misma, lo que viene a constituir la actividad laboral en actos deliberados de incumplimiento de las reglas básicas de la relación laboral, poniendo en riesgo los resultados de los objetivos empresariales.

En mérito a lo expuesto, este Tribunal no encuentra fundamento o motivo para casar el Auto de vista recurrido, puesto que ciertamente el Juez a quo al haber determinado que no corresponde el pago del desahucio y el último quinquenio al trabajador, lo cual es confirmado por el tribunal ad quem, de ninguna manera incurrió en infracción de norma legal alguna como acusa la parte recurrente, en mérito a que el actor incurrió en las causales invocadas en el memorando de despido, específicamente en la causal e) del art. 16 de la LGT.

En referencia al 2do agravio, debemos señalar, que la normativa laboral en relación al sueldo promedio indemnizable, está dispuesta en el art. 19 de la LGT, que dispone: “El cálculo de la indemnización se hará tomando en cuenta el término medio de los sueldos o salarios de los tres últimos meses”.

Por otra parte, el art. 11 del DR-LGT, establece: “El cálculo de la indemnización se hará tomando en cuenta el promedio del salario o sueldo, en los tres últimos meses tratándose de sueldo mensual; y en los últimos 75 días trabajados, tratándose de salario diario”; normativa que fue modificada por el art. único del DS Nº 3641 de 11 de febrero de 1954.

En el caso de autos, demostrado cómo se tiene la relación laboral, en base a la probanza de las características y requisitos exigidos por los arts. 1 y 2 del DS Nº 23570 de 26 de julio de 1993 y art. 2 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, el actor tiene derecho al pago a sus beneficios sociales, en base al sueldo promedio indemnizable de $us. 2000.- tal como lo dispuso la Juez de primera instancia, confirmada por el Tribunal de Alzada, más aun cuando es el propio recurrente en su demanda de fs. 1 modificada a fs. 4, señala que su haber mensual en su última gestión de trabajo alcanzo a $us. 2000.-; asimismo es necesario precisar que el Tribunal ad quem, al manifestar que el promedio indemnizable no fue motivo de controversia y confirmar la sentencia arribo a la conclusión correcta.

Ahora bien, analizando los antecedentes que informan el proceso bajo la perspectiva de lo glosado, se advierte que el Tribunal de apelación como la Jueza de primera instancia, determinaron como salario promedio indemnizable el monto de $us. 2000.- en base al cual, procedió al cálculo de la indemnización, y demás beneficios sociales, aspecto totalmente correcto, no siendo evidente lo denunciado por el recurrente; sumado a que la valoración y compulsa de las pruebas, es una atribución privativa de los Juzgadores de instancia e incensurable en casación, a menos que se demuestre fehacientemente la existencia de error de hecho en la apreciación de las pruebas o que se hubiere cometido error de derecho, caso en el que los Juzgadores de instancia, ignorando el valor que atribuye la ley a cierta prueba, le hubieran asignado un valor distinto, aspectos que en la tramitación de la causa no ocurrieron, al evidenciarse que el Tribunal ad quem valoró correctamente las pruebas aportadas por las partes conforme a la facultad conferida por los art. 3. j), 158 y 200 del CPT, en virtud a la cual el juzgador no se encuentra sujeto a la tarifa legal de la prueba y por lo tanto puede formar libremente su convencimiento, claro está, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, lo que consta haber ocurrido en el caso de autos.

En merito a lo precedentemente expuesto corresponde resolver el mismo en la forma prevista por los arts. 271-1)-2), 272.2) y 273 del CPC, con la facultad remisiva del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADOS los recursos de casación, interpuesto por Guido Loayza Mariaca y Jorge Jaime Gemio Fernández en representación legal del Club Bolívar, por una parte y el recurso de casación interpuesto por Silvia Quiroga Reyes en representación legal de Miguel Ángel Mercado Melgar. Sin costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.