TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 129

Sucre, 19 de marzo de 2015


Expediente                        : 502/2010-S

Demandante                : Salvador Baltazar Ricardo y Otros

Demandado                : Universidad Técnica de Oruro

Distrito                        : Oruro                                                                                             

Magistrado Relator        : Dr. Antonio Guido Campero Segovia


VISTOS: El recurso de casación de fs. 234 a 235 vta., interpuesto por David Emilio Ismael Rojas, en su condición de Rector de la Universidad Técnica de Oruro, contra el Auto de Vista Nº 17/2010 de 12 de febrero (fs. 221 a 222) pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Justicia del Distrito de Oruro; dentro el proceso laboral de reliquidación de beneficios sociales seguido por Salvador Baltazar Ricardo y Otros, contra la institución recurrente; la respuesta de fs. 239 vta.; el Auto de fs. 240 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I. Antecedentes del proceso

I. 1. Sentencia

Que tramitado el proceso laboral de reliquidación de pago de beneficios sociales, el Juez de Partido Primero del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Oruro, emitió la Sentencia Nº 12/2008, cursante de fs. 191 a 200, declarando probada en parte la demanda de fs. 96 a 99 vta., e improbadas las excepciones perentorias de cosa juzgada, pago documentado, falta de acción y derecho e improcedencia de las demandas opuestas por la parte demandada de fs. 106 a 108 ratificadas a fs. 121, sin costas; determinando que la Universidad Técnica de Oruro, mediante su personero legal proceda a cancelar a los demandantes la actualización y multa del 30% de los beneficios sociales cancelados fuera del plazo previsto por el art. 9 del Decreto Supremo (DS) Nº 28699 de 01 de mayo de 2006; sin lugar al pago del desahucio, vacaciones devengadas pretendidos por los actores, de acuerdo al siguiente detalle individual: Walter Cupertino Pinaya Escalante, la suma de Bs.10.149,76.- por los conceptos de actualización y multa del 30%; Salvador Baltazar Ricardo, la suma de Bs.9.258,29.- por los conceptos de actualización y multa del 30%; y Wildsor Favio Arandia Rojas, la suma de Bs.9.452,09.- por los conceptos de actualización y multa del 30%, haciendo la suma total de Bs.28.860,14.- (VENTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA 14/100), conforme a la liquidación efectuada en la sentencia, que deberá pagarse a tercero día de ejecutoriada dicha resolución.

I. 2. Auto de Vista

Interpuesto el recurso de apelación de fs. 204 a 205, por Jesús Gustavo Rojas, en su condición de Rector de la Universidad Técnica de Oruro, la respuesta de fs. 210 a 211 vta. de obrados, mediante Auto de Vista Nº SSA-17/2010 de 12 de febrero de 2010 (fs. 221 a 222) pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito de Judicial de Oruro, confirmó la Sentencia apelada, con costas.

I. 3. Motivos del recurso de casación, interpuesto por David Emilio Ismael Rojas, Rector de la Universidad Técnica de Oruro

Inicialmente, el recurrente en gran parte de su recurso, relacionó el proceso respecto a los antecedentes del mismo.

Posteriormente, manifestó que el Auto de Vista recurrido, que confirmó la sentencia, no habría realizado una correcta interpretación del art. 9 del DS Nº 28699, al condenar al pago de la multa del 30%, siendo que dicha norma legal se aplicaría cuando un trabajador es despedido intempestivamente o a la fuerza de su fuente de trabajo, hecho que no habría sucedido en el caso de autos, puesto que los demandantes, no fueron despedidos intempestivamente; sino que, conforme al convenio interinstitucional de fs. 30 a 39, suscrito para la gestión 2006, y emergente del propio convenio se habría concluido el contrato de administración con la entidad contratante en fecha 31 de diciembre de 2006; por lo que, no existió despido forzoso de sus dependientes; consiguientemente no sería aplicable el art. 9 del DS Nº 28699, vulnerándose dicha norma.  

I. 4. Petitorio

Solicitó a este Tribunal Supremo de Justicia, dictar Auto Supremo, casando el Auto de Vista, en su emergencia dicte resolución revocando parcialmente la sentencia (sic).

CONSIDERANDO II:

II. Fundamentos jurídicos del fallo

Que, así planteado el recurso de casación, la respuesta al mismo, los antecedentes del proceso y las normas aplicables a la materia, se tiene:

Conforme a lo anotado supra, el recurrente alega que se habría incurrido en incorrecta interpretación del art. 9 del DS Nº 28699, al condenar a la institución demandada, al pago de la multa del 30%, siendo que dicha norma legal según la entidad recurrente, se aplicaría cuando un trabajador es despedido intempestivamente o a la fuerza de su fuente de trabajo, hecho que no habría sucedido en el caso de autos, puesto que los demandantes, no fueron despedidos intempestivamente; sino que, conforme al convenio interinstitucional de fs. 30 a 39, suscrito para la gestión 2006, y emergente del propio convenio se habría concluido el contrato de administración con la entidad contratante en fecha 31 de diciembre de 2006; por lo que, no existió despido forzoso de sus dependientes.

A efectos de resolver el problema jurídico traído en casación, corresponde en principio recordar que, el art. 9.I del DS Nº 28699 de 01 de mayo de 2006, establece: “…En caso de producirse el despido del trabajador el empleador deberá cancelar en el plazo impostergable de quince (15) días calendario el finiquito correspondiente a sueldos devengados, indemnización y todos los derechos que correspondan; pasado el plazo indicado y para efectos de mantenimiento de valor correspondiente, el pago de dicho monto será calculado y actualizado en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda UFVs, desde la fecha de despido del trabajador asalariado hasta el día anterior a la fecha en que se realice el pago del finiquito...”; por su parte el parágrafo II, dispone que ante el incumplimiento de lo previamente preceptuado: “…En caso que el empleador incumpla su obligación en el plazo establecido en el presente artículo, pagará una multa en beneficio del trabajador consistente en el 30% del monto total a cancelarse, incluyendo el mantenimiento de valor…” (El remarcado nos corresponde); de la interpretación de dicha norma, se advierte que, la misma señala y sanciona el incumplimiento del pago oportuno tanto de los beneficios sociales, como de los derechos laborales reconocidos a favor de los trabajadores, correspondiendo frente a dicha inobservancia la aplicación de la multa del 30%.

Es en ese sentido, cabe señalar que, el DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, fue creado bajo el espíritu de consolidar las garantías y derechos que gozan las trabajadoras y los trabajadores, frente a la libre contratación y libre rescisión que dio lugar a diferentes excesos en los procesos de contratación laboral; en ese sentido, una de las medidas para garantizar dichos derechos conforme a su art. 9, fue precautelar el pago pronto y oportuno de los derechos y beneficios sociales de las trabajadoras y los trabajadores, una vez se haya producido la desvinculación laboral, sancionando el incumplimiento de pago de las obligaciones patronales fuera de los 15 días de haberse efectuado, con el 30% de multa del total de beneficios y derechos laborales impagos.

A ello, resulta pertinente también enfatizar que, la normativa en mención, respecto a las formas de conclusión de la relación obrero patronal sobre las que debería aplicarse la multa del 30%, causó un sin fin de confusiones, principalmente en los empleadores, quienes inicialmente interpretaron que dicha prerrogativa correspondía aplicarse únicamente en caso de despido intempestivo sin causa justificada,  más no cuando ocurría un retiro indirecto o voluntario, apreciación que resultaba indebida e incorrecta; toda vez que, el citado art. 9 del DS Nº 28699, tiene carácter general en su aplicación para el caso de retiro de las trabajadoras o de los trabajadores, disponiendo la multa del monto resultante del finiquito; es decir, que en esencia no hace excepción en caso de un despido indirecto, directo o voluntario, ya que pensar en contrario incidiría en la dilación del pago de los conceptos demandados.

Es así que, regulando esta situación y en virtud a los principios protectivos del trabajador que rigen en materia laboral, tal cual se señaló precedentemente, el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en uso de su facultades y atribuciones conferidas por ley, emitió la Resolución Ministerial Nº 447 de 8 de julio de 2009, estableciendo que la multa del 30%, también procede en los casos de retiro voluntario, disponiendo para ello en su art. 1º: “(RETIRO VOLUNTARIO). I. Se considera retiro voluntario la manifestación escrita o verbal de la trabajadora y el trabajador de concluir la relación laboral sin importar el motivo de la misma. II. En caso de producirse el retiro voluntario de la trabajadora o trabajador, luego de haber cumplido más de noventa (90) días de trabajo, el empleador deberá cancelar la indemnización por el tiempo de servicios y los derechos laborales que corresponda en el plazo de quince (15) días calendario a partir de la conclusión de la relación laboral. III. En caso que el empleador incumpla la obligación de pagar la indemnización en el plazo establecido en el parágrafo II del presente artículo, pagará el monto establecido, incluyendo los derechos laborales que correspondan, debidamente actualizado en base a la variación de la Unidad de fomento a la Vivienda-UFVs, más la multa del treinta por ciento (30%) del monto total a cancelar en beneficio de la trabajadora o del trabajador”.

Bajo lo señalado, el resguardo del pago oportuno de los derechos y beneficios sociales de los trabajadores, no sólo se sujeta al despido o retiro voluntario del trabajador, toda vez que ampliando su entendimiento, se aplica al resguardo del derecho que asiste al trabajador de percibir de forma oportuna el pago por su trabajo que garantice su subsistencia y la de su familia, una vez producida la desvinculación laboral, concluyéndose que en la actualidad la multa del 30%, es aplicable ante el incumplimiento del plazo de los 15 días establecidos para cancelar los beneficios sociales y derechos laborales adquiridos que se reconozcan a favor de un trabajador o trabajadora a la conclusión de la relación laboral por retiro directo, indirecto o voluntario, conclusión de contrato u otra particularidad, como ocurrió en el caso de autos.

Ante ello, el empleador en cumplimiento de lo que la ley le ordena, debe tomar los recaudos necesarios para efectivizar el pago de los beneficios sociales y derechos laborales adeudados, más allá de ser un retiro forzoso, indirecto o voluntario e independientemente de cuál fue la causa o forma de conclusión de la relación obrero patronal, en resguardo del derecho que asiste al trabajador de percibir de forma oportuna el pago por su trabajo, garantizando de tal manera su subsistencia y la de su familia; de tal forma, queda facultado para efectuar dicho pago en calidad de depósito y/o fondos en custodia por ante el Ministerio de Trabajo, con la debida comunicación a dicha instancia de las observaciones que considere necesarias, salvaguardando además con ello, posibles acciones dilatorias que tiendan a la obtención de un beneficio indebido, como la multa del 30% por parte del trabajador; resguardando de tal forma, el equilibrio necesario entre empleador y trabajador, toda vez que al dar cumplimiento al amparo que la ley otorga al pago oportuno de lo adeudado al trabajador, a la vez también la ley precautela los derechos del empleador, siendo este quien debe hacer uso de ellos.

De tal manera en la especie, una vez efectuada la desvinculación laboral del actor con la institución demandada ahora recurrente, esta última, debió efectuar el pago de los beneficios en el plazo que señala el DS Nº 28699 mencionado precedentemente, determinación que no asumió oportunamente, toda vez que producida la desvinculación laboral de los actores en fecha 31 de diciembre de 2006, conforme se establecen de las literales 1 a 39, debió cumplir con el pago de sus beneficios sociales y derechos laborales dentro los 15 días posteriores; es decir, hasta el 15 de enero de 2007; sin embargo, conforme a las Resoluciones de Instancia en base a los finiquitos de fs. 52, 63 y 86 de obrados, dicha obligación se efectuó en fecha 24 de septiembre de 2008; es decir,  fuera de los quince días de la conclusión obrero patronal; vale decir, después de 1 año 8 meses y 24 días; resultando que la entidad demandada incumplió con el pago oportuno de los beneficios y derechos laborales en el plazo establecido por ley; ante ello, debe ser pasible al pago del 30% como multa, tal cual debidamente se dispuso en instancia.

Asimismo, se recuerda que si bien resulta de aplicación preferente la ley especial sobre la general, conforme lo dispone el art. 15 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), no debe perderse de vista, la supremacía de la Constitución Política del Estado (CPE), tal cual prescribe su art. 410.II; por lo que, dada su prevalente y obligatoria aplicación, conforme a su mandato en la materia que hace al presente caso, las disposiciones laborales son de cumplimiento obligatorio, debiendo ser interpretadas y aplicadas bajo los principios protectivos que rigen para toda trabajadora y trabajador como principal fuerza productiva de la sociedad, siendo por ello que sus derechos son irrenunciables, tal cual se dispone en el art. 48.I.II y III de dicho texto constitucional.

Consecuentemente por todo lo señalado, no siendo evidentes las infracciones acusadas en el recurso de casación planteado por la entidad recurrente, corresponde dar aplicación a los arts. 271.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil (CPC), por mandato de la norma remisiva contenida en el artículo 252 del Código Procesal del Trabajo (CPT).

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera  del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE, y 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 234 a 235 vta., interpuesto por David Emilio Ismael Rojas, en su condición de Rector de la Universidad Técnica de Oruro.

Sin costas en aplicación de los arts. 39 de la Ley Nº 1178 (Ley SAFCO), y 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.