TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

      SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 105

Sucre,  02  de marzo de 2015

Expediente: 62/2011-S

Demandantes: Guillermo Carvajal Balboa y otros

Demandado: Felipe Maldonado Quintana “FEMA” 

Distrito        : La Paz

Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 135 a 137 vta., interpuesto por Felipe Maldonado Quintana, contra el Auto de Vista N° 171/2010 SSA.II de 31 de agosto de fs. 132 vta, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso laboral por cobro de beneficios sociales  seguido por Guillermo Carvajal Balboa, Feliciano Yujra Quino y Feliciano Vargas Condori contra el recurrente, el auto que concedió el recurso de fs. 141 los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1 Sentencia

Que, Tramitada la causa, el Juez Primero del Trabajo y Seguridad Social de La Paz, emitió la Sentencia Nº 123/2009 de fecha 20 de noviembre, por la que declaró probada en parte la demanda de fs. 1 a 2 de obrados y de fs. 3 a 4 vta. de obrados, disponiendo que la empresa “FEMA” representada legalmente por Felipe Maldonado Quintana, cancele los siguientes montos: a favor de Guillermo Carbajal Balboa Bs.45.239,68.- (Cuarenta y cinco mil doscientos treinta y nueve 68/100); a favor de Feliciano Yujra Quino Bs.8.584,88.- (ocho mil quinientos ochenta y cuatro 88/100); y a favor de Feliciano Vargas Condori Bs.4.783,25.- (cuatro mil setecientos ochenta y tres 25/100); todo conforme al detalle que se tiene asentado en la sentencia.

I.2 Auto de Vista

En grado de apelación deducida por Felipe Maldonado Quintana la Sala Social Administrativa Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, mediante Auto de Vista N° 171/2010 SSA.II de fecha 31 de agosto, confirmó la sentencia Nº 123/2009 de 20 de noviembre cursante a fs. 110 a 118 de obrados.

II. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

La resolución de segunda instancia, motivó que Felipe Maldonado Quintana, mediante memorial de fs. 135 a 137 vta., interponga recurso de casación en el fondo bajo los siguientes argumentos:

Transcribiendo el segundo considerando del Auto de Vista, el recurrente arguye la vulneración de los arts. 90 del Código de Procedimiento Civil (CPC) y 202.a) del Código Procesal del Trabajo (CPT), refiriendo, que no se valoró las pruebas documentales tales como el certificado de inscripción de FEMA en el Ministerio de Trabajo de fs. 9, registro de asistencia de la empresa de fs. 10 a 16, planillas y salarios de todos los trabajadores que prestaron sus servicios en el periodo del tiempo demandado, donde no figura los nombres de los demandados, documento privado de 25 de agosto de 2007 sobre cancelación de trabajos de albañilería de fs. 28.

No se valoró la prueba testifical de cargo a fs. 66 de Feliciano Quispe Cayo, fs. 68 de Max Eddy Calque Flores, y a fs. 70 de Edwin Mamani Mendoza; declaraciones de testigos de descargo a fs. 76 a 78 de Antonio Limachi Choque y Tomas Alberto Limachi Choque, fs. 80 de Benjamín Félix Fernández Quisbert.

II.1        Petitorio

Concluye, manifestando “ que en merito a la relación de hechos y de derecho descritos supra existiendo vulneración e interpretación errónea de lo expresamente establecido en los artículos 1 y 2 de la Ley General del Trabajo, arts. 5 y 6 del Decreto Reglamentario y arts. 158 y 202 del Código procesal del Trabajo formalmente presento RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO CONTRA EL AUTO DE VISTA  N° 171/2010 solicitando a vuestras autoridades se sirvan concederme la misma por ante la Corte Suprema de Justicia para que en dicha instancia se proceda a declararse la casación del auto de vista de fs. 171 de obrados”.

II.2 Contestación al recurso

Guillermo Carbajal  Balboa, Feliciano Yujra Quino y Feliciano Vargas Condori, en la contestación al recurso de casación manifiestan que demostraron que fueron dependientes de FEMA y que existio relación obreropatronal, que su retiro fue en forma intempestiva.

CONSIDERANDO II:

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

De principio corresponde precisar que con base al entendimiento de la Sentencia Constitucional (SC)Nº 2210/2012, de 8 de noviembre respecto al cumplimiento de los requisitos previstos por el art. 258.2) del CPC, se ha establecido que en el marco del nuevo orden constitucional, el rol de los jueces en el resguardo y respeto de tales derechos fundamentales, es aún más activo, pero también es no ritualista ni rigorista, de tal manera que abandonando la concepción formalista, debe asumir una concepción informalista y que los Tribunales deben buscar la efectivización de la tutela judicial efectiva y la búsqueda de la verdad material, en cuyo mérito el juzgador, en la interpretación de las normas procesales relativas a los requisitos de admisibilidad o procedencia de la pretensión, debe conducirse con criterio restrictivo, lo cual implica que no debe exigir requisitos no consignados expresamente en la norma, ni que el cumplimiento de los mismos tenga lugar bajo cierta esquematización o modelo; por lo que  el Juez o Tribunal está en el deber de desentrañar los hechos y las peticiones consignados en los actos de petición de parte, que pueden encontrarse dispersos o implícitamente consignados.

Respecto al cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 258.2) del CPC, las partes, en su búsqueda de justicia material, no puede correr con las consecuencias de la impericia de su causídico, por una mala formulación del recurso, ya que como se señala en la SCP Nº 0457/2014, de 25 de febrero “…éste simplemente cumple funciones de asesoramiento y no es el titular de los derechos o intereses en juego, por lo que no sufre detrimento alguno, sino únicamente el justiciable, quien inclusive de manera irremediable podría verse afectado en sus derechos e intereses, si tanto jueces y tribunales, no asumen un rol más activista en su noble labor de impartir justicia, prescindiendo de ritualismos y formalismos innecesarios”. Sin embargo es menester aclarar que en la verificación de los requisitos de admisibilidad dentro del marco del enfoque informalista, no debe desconocerse la vigencia de otros principios reconocidos también por la propia constitución y las normas procesales de desarrollo, como son el principio dispositivo y en consecuencia el de congruencia.

Por lo expresado, y pese a que la parte recurrente no fundó la apreciación de la prueba en error de hecho o de derecho, como exige el art. 253.3) del CPC, sino como vicio in procedendo acusando infracción legal de normas adjetivas, para contradictoriamente demandar la casación y, además de ser el recurso de casación una copia fiel del recurso de apelación,  pese a ello entramos a considerar el recurso, entendiendo que el accionante quiso alegar violación de la ley por error de echo o de derecho en la apreciación de la prueba. 

Con relación al 1er agravio, relativo a falta de valoración de la prueba documental, de la revisión de los antecedentes del proceso y principalmente de la documental acusada de erróneamente valorada, como ser el certificado de inscripción de FEMA en el Ministerio de Trabajo a fs. 9, registro de asistencia de la empresa de fs. 10 a 16, planillas y salarios de los trabajadores que prestaron sus servicios en el periodo del tiempo demandado donde no figura los nombres delos demandantes y el documento privado de 25 de agosto de 2007 sobre cancelación de trabajos de albañilería a fs. 28, corresponde señalar que en autos se verifica que estos documentos fueron aceptados por los juzgadores de instancia y valorados en forma conjunta con la demás pruebas, así se tiene en la sentencia de fs. 110 a 118 en el considerando segundo y tercero de fs. 112, sentencia que fue confirmada por el Tribunal de Alzada. Por lo que no es evidente la acusación propuesta por el recurrente y menos se haya incurrido en la vulneración de los arts. 90 del CPC y 202.2) del CPT.

Bajo estos parámetros, y aparejando un contexto normativo en torno a la prueba, el art. 1286 del Código Civil (CC) y 397 de su procedimiento, las pruebas producidas deben ser apreciadas por el Juez de acuerdo a la valoración que les otorga la ley, pero sí esta no determina otra cosa, puede hacerlo conforme a su prudente criterio o sana critica; agregando además la norma de procedimiento mencionada, y que el Juez tendrá obligación de valorar las pruebas esenciales y decisivas en Sentencia.

En relación al 2do agravio, el art.1330 del sustantivo civil al fijar los límites de la eficacia de la prueba testifical, no la enmarca en el régimen de la prueba legal o tasada, sino que determina su apreciación y valoración según reglas de la sana crítica, regulación acentuada en el art. 476 del procedimiento civil.

Señaladas estas consideraciones normativas, se debe manifestar que el Juez en la Sentencia, realiza una valoración conjunta de toda la prueba existente, valorando y apreciando cada una de ellas conforme la eficacia probatoria otorgada en ley y dentro las reglas de la sana crítica, decantando las esenciales y decisivas por encima de las otras.

En el caso concreto, el recurrente en su recurso acusa que el Auto de Vista no valoró correctamente las pruebas testifícales de cargo a (fs. 66 de Feliciano Quispe Cayo, a fs. 68 de Max Eddy Calque Flores, y a fs. 70 de Edwin Mamani Mendoza; las de descargo de fs. 76 a 78 de Antonio Limachi Choque y Tomas Alberto Limachi Choque, de fs. 80 de Benjamín Félix Fernández Quisbert). Del examen de la sentencia cursante de fs. 110 a 118, como del Auto de Vista a fs. 132 y vta., se evidencia que el juzgador a quo realizó una valoración conjunta de toda la prueba aportada por ambas partes, otorgándoles a cada una de ellas, conforme se tiene en su lectura, la eficacia que la ley le asigna, y en su caso, como fueron las testificales de cargo y las de descargo mismas que fueron evaluados bajo las reglas de la sana crítica, por lo cual no pueden ser tomadas las declaraciones de los testigos mencionados en el recurso, como una prueba contundente que se imponga al resto sino como parte de un conjunto, susceptible a ser restada en su eficacia frente a otros medios probatorios que otorguen mayor convicción.

Es por ello, que el Juez a quo para llegar a la conclusión decisiva en Sentencia, se valió de toda la prueba testifical en su conjunto incluso de la confesión espontánea de la parte actora cursante a fs. 63; de igual modo el Tribunal de Alzada, sobre éste punto de agravio apelado, llegó a la misma conclusión, en lo que refiere a las declaraciones de los testigos, lo que implica que la compulsa de estos elementos probatorios se las hizo en común con las otras pruebas adjuntas al proceso, apreciación objetiva en la resolución del ad quem, más allá de la permisión que pudiere haberse anotado, por lo que queda claro que no existe el error argüido.

Por otro lado debe considerarse que el art. 48.II de la CPE previene que “Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador”, ello en razón a que desde sus inicios el Derecho laboral vino reconociendo que el trabajador es la parte débil de la relación laboral y, por ende, que existe una desigualdad en la realidad contractual del trabajo, por lo que el mandato constitucional glosado trata de amparar a una de las partes para lograr una justicia social en condiciones humanas con el empleador. Así pues que el proteccionismo que se aplica en el derecho laboral lo diferencian del resto de las ramas del derecho. De esta manera, consiste el principio protector en darle mayor defensa al trabajador frente al poder del empleador, principio protector reconocido también en el art. 3.g) del CPT.

En ese entendimiento, al ser manifiesta la desigualdad existente entre el trabajador y el empleador, a tiempo de tener acceso a la prueba idónea para acreditar o desvirtuar determinados asuntos laborales, como por ejemplo a la prueba documental y testifical, el legislador con el ánimo de compensar esta situación, ha previsto que en los procesos laborales la carga de la prueba es obligatoria para la parte patronal y facultativa para el trabajador, conforme disponen los arts. 3.h), 66 y 150 del CPT; es decir, que en materia laboral rige el principio de inversión, correspondiendo al empleador desvirtuar los hechos afirmados por el trabajador, siendo simplemente una facultad del actor trabajador la de ofrecer prueba, más no una obligación.

En el caso presente, el recurrente Felipe Maldonado Quintana, pretende que en casación se ingrese a la censura de las resoluciones de grado acusando que las mismas habrían formado convicción sobre prueba insuficiente, desconociendo que en tales casos la ley autoriza fallar con sustento en el principio in dubio pro operario, de tal modo que, de existir duda sobre los hechos, se estará a lo que más favorezca al trabajador, lo que no sería posible en caso de que el demandado hubiese desvirtuado con prueba fundante las pretensiones del demandante, lo que no ocurrió en autos.

De admitirse la pretensión del recurrente, el resultado no sería otro que el de distorsionar las bases fundamentales del principio proteccionista, trocando la inversión de la prueba a favor del empleador, abandonar al sujeto más débil de la relación laboral  para proteger al más fuerte. De ahí que al  recurrente le constreñía la obligación de desvirtuar que entre los demandantes Guillermo Carbajal  Balboa, Feliciano Yujra Quino y Feliciano Vargas Condori y el demandado Felipe Maldonado Quintana, haya existido relación de dependencia laboral, lo que no ocurrió en autos, Concluyendo que la sentencia cursante de fs. 110 a 118, como el Auto de Vista de fs. 132 y vta., se evidencia que el juzgador a quo realizó una valoración conjunta de toda la prueba aportada, otorgándole a cada una de ellas, conforme se tiene en su lectura, la eficacia que la Ley le asigna. En lo que corresponde a las pruebas documentales testificales de descargo de cargo y la confesión provocada, las mismas fueron evaluadas bajo las reglas de la sana crítica, habiéndose llegado a establecer que los demandantes tuvieron una relación laboral con Felipe Maldonado Quintana.

Por los fundamentos expuestos se concluye no ser evidentes las infracciones acusadas por el recurrente, correspondiendo resolver el recurso conforme a la previsión de los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables en virtud a lo dispuesto por el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Felipe Maldonado Quintana. Con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 500, que mandará hacer efectivo el juez a quo.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera