TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

   SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

                                           

Auto Supremo Nº 100

Sucre, 02 de marzo de 2015

Expediente : 374/2010-S

Demandante: Néstor Mamani Tancara

Demandado: Empresa de Transporte “Renacer”

Distrito : La Paz

Magistrado Relator : Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

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VISTOS: El recurso de casación interpuesto por la Empresa de Transportes

“Renacer”, representada legalmente por Gina Magaly Balboa Rubín de Celis (fs. 361 y vta.), contra el Auto de Vista No 208/2009-SSA-II de 15 de septiembre (fs. 313 y vta.) pronunciado por la Sala Social y Administrativa Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz;   dentro   del     proceso social por demanda de beneficio sociales incoado por Néstor Mamani Tancara contra la Empresa de Transporte “Renacer”; el Auto No 172/2010-SSA-II de 21 de mayo (fs. 363) que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1. ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1.1. Sentencia

Tramitado el proceso del exordio, la Juez Segundo de Trabajo y Seguridad Social de El Alto, pronunció la Sentencia No 03/2009 de 17 de enero, declarando probada en parte la demanda y disponiendo el pago de Bs.5.780,00.- por concepto de los beneficios sociales pretendidos.

I.1.2. Auto de Vista

En conocimiento del precitado fallo la parte demandada (fs. 126 y vta.) presentó recurso de apelación, resuelto por el Auto de Vista descrito al prefacio, que determinó revocar en parte la Sentencia, realizando una nueva liquidación arrojó el pago de Bs.8.500,00.-, al entender el Tribunal de alzada que el inferior valoró parcialmente las pruebas relativas a las boletas de pago cursantes en obrados.

II.2. RECURSO DE CASACIÓN

En conocimiento de aquel Auto de Vista, la Empresa de Transportes “Renacer”, representada legalmente por Gina Magaly Balboa Rubín de Celis, presentó recurso de casación, manifestando:

La conclusión de ausencia de agravio en el recurso de apelación del Auto de Vista impugnado resulta “irreal y contradictorio” (sic.) por ratificar una Sentencia que de sí misma reconoce que el demandante no presentó o ratificó prueba de cargo y pese a ello declara probada la demanda.

Exterioriza que si el demandante actuó de manera negligente en el proceso, la consecuencia lógica fuera declarar improbada la demanda, empero ello no sucedió. Tal extremo se demostraría en la conclusión de la Sentencia a fs. 289, que afirma un hecho sin que éste haya sido probado por parte del actor.

Alega que tal situación vulneró el art. 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE) ya que de modo contradictorio e incongruente el Auto de Vista valoró elementos ni propuestos ni ratificados en el trámite, situación que se hallara en torno a los sueldos devengados.

Por último señala que las pruebas que acompañó demuestran claramente que las causales inmersas en el art. 9 incs. a) y g) del Reglamento de la Ley General del Trabajo (LGT) fueron presentes, siendo que el Tribunal de alzada erróneamente interpretó aquella norma al reconocer el pago de beneficios sociales.

II.2.1 Petitorio

El recurrente, pide previa valoración de antecedentes se revoque el fallo impugnado y se declare improbada la demanda por no haberse ofrecido y ratificado prueba literal.

CONSIDERANDO II

II.1 FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL AUTO SUPREMO

II.1.1 Consideraciones previas

Por el principio fundamental de la jurisdicción ordinaria que está establecido en el art. 180.II de la CPE, se garantiza a todo litigante, el derecho de impugnación en los procesos judiciales. Esta norma constitucional precisa que, las resoluciones judiciales pronunciadas en la jurisdicción ordinaria son recurribles, empero para su procedencia el recurrente tiene la carga procesal de cumplir con los requisitos establecidos en las normas procesales.

Cabe anotar que, el recurso de casación en el fondo, conforme el diseño de la legislación nacional es aquel medio de impugnación contra las resoluciones del inferior que contuvieren violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, cuando contuvieran disposiciones contradictorias y cuando en la apreciación de las pruebas se hubiera incurrido en error de hecho o de derecho, conforme lo precisa el art. 253 del Código de Procedimiento Civil (CPC); en tanto que, el recurso de casación en la forma, se funda en errores en el procedimiento, referidos a la infracción de normas adjetivas incumplidas o mal aplicadas en la tramitación del proceso, enumeradas igualmente para cada caso en concreto por el art. 254 del CPC.

Si bien en materia laboral por el carácter protector donde se asienta, la interposición de los recursos no debe estar reatada a formalidades rigurosas o excesivas; dicho de otro modo, su planteamiento no debe regirse a una expresión sacramental del formulismo procesal; sin embargo, tampoco es menos cierto que la actividad recursiva se halle en terreno discrecional, ya que deben necesariamente estar investidos requisitos referidos al señalamiento de la norma que se reclama violada o que haya sido interpretada de manera errónea o bien de las formas en los que el recurrente propone se operó una aplicación indebida de la Ley; es decir  el que impugna en casación, debe señalar específicamente su queja, proporcionando los argumentos de hecho en los que el reclamo tenga origen, citando concretamente las disposiciones legales que considere violadas o erróneamente aplicadas; identificar un agravio concreto planteado no de manera hipotética o vaga, no bastando, entonces, simples remisiones al proceso, al expediente o a la resolución impugnada.

El art. 253.3 del CPC, señala como una de las causales de procedencia del recurso de casación “Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador”; tal causal de procedencia, dicho sea de paso, se encuentra replicada en el art. 271.I del CPC.

En ese último caso, la Sala considera que un error de hecho puede ser emergente por dos razones fundamentales, que son, por no darse por probado un hecho, estándolo; o bien, por tener un hecho por establecido, sin que aquél sea así. Es de recalcar que este tipo de error ocurre por la mala apreciación o la falta de apreciación de la prueba considerada en sí misma, mas no, con relación a las normas, es decir, el error de hecho denota un ataque o cuestionamiento al razonamiento del juzgador, a la lógica, secuencia de ideas o conclusiones arribadas sobre la integralidad del cuerpo probatorio, o bien sobre una determinada prueba en específico, claro, en la perspectiva de que aquel razonamiento sea por sí mismo conducente a un absurdo, o, que del resultado de defectuosa valoración o falta de ésta sobre una prueba en específico, tenga la suficiente trascendencia para la modificación del Fallo; no bastando entonces, que la argumentación recursiva en torno a un supuesto error de hecho incida sobre algunos medios probatorios del total, si los que restan, por sí mismos muestren suficiencia para apoyar la decisión del Fallo.

III.2 Análisis del recurso

En la lectura del memorial del recurso, se desprende un hecho significativo que ciertamente es su pilar, a saber, el planteamiento sobre actividad probatoria previa a la Sentencia relativa a una supuesta no presentación y no ratificación de la de cargo por parte del demandante. El escrito propone la premisa de que si ésa no fue presente mal pudo declararse un Fallo a favor del demandante. Sin embargo aquella posición más allá de lo reiterativa, no supera la insinuación y el vago cuestionamiento, dado que como no le son acompañados secuencia de hecho y derecho.

Tal aspecto en el recurso en análisis es ausente, pues ni se señaló cual elemento de prueba fuera el cuestionado, o bien cuál el error en la apreciación de la misma.

La única vinculación jurídica tenida por el recurso se basa en el señalamiento del art. 66 del CPT, sin que a más de afirmar la eventualidad (no imperativa) de ese articulado sobre la actividad probatoria del trabajador, al igual que el resto del recurso carece del cumplimiento de los requisitos procesales inscritos en el código de procederes en materia civil, es decir su debida argumentación, más cuando la estructura procesal del derecho al trabajo se halla orientado dentro del principio procesal de inversión de la prueba.

Igual situación ocurre con el señalamiento de que el trabajador incurrió en las causales del art. 9 incs. a) y g) del R-LGT, donde a más del señalamiento de esa norma y la precaria alegación de que la parte demandada cumplió con probar la concurrencia de la misma, no supera la sugerencia y la disconformidad con los resultados del proceso.

Por lo expuesto, corresponde aplicar lo advertido por los arts. 271.1 y 272.2 del CPC, aplicables en virtud de la expresa remisión del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la Empresa de Transportes “Renacer”, representada por  Gina Magaly Balboa Rubín de Celis cursante a fs. 361 y vta.

Regístrese, notifíquese y devuélvase

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera