TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL ADM.PRIMERA




Auto Supremo Nº 090

Sucre, 02 de marzo de 2015

Expediente: 198/2010-A

Demandante: Grupo Industrial de Bebidas S.A.

Demandada: Gerencia Distrital de Grandes Contribuyentes (SIN)

Distrito        : Cochabamba

Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 105 a 109 vta., interpuesto por el GRUPO INDUSTRIAL DE BEBIDAS S.A., representada legalmente por Gary Luis Lacunza Veizaga, contra el Auto de Vista Nº 045/2010 de 14 de mayo de fs. 72 a 73 vta.,pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Distrito, hoy Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; dentro del proceso contencioso tributario seguido por el GRUPO INDUSTRIAL DE BEBIDAS S.A. contra la Gerencia Distrital de Grandes Contribuyentes dependiente del Servicio de Impuestos Nacionales; el Auto que  concedió el recurso a fs. 109 vta.; los antecedentes del proceso; y: 

CONSIDERANDO I:

I.1. ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1.1. Sentencia

        Tramitado el proceso contencioso tributario, el Juez Primero de Partido en Materia Administrativa Coactiva, Fiscal y Tributaria del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitió el Auto Definitivo N° 63, de 30 de abril de 2009 que corre a  fs.61, RECHAZANDO la admisión de la demanda, manteniendo firmes y subsistentes los actos administrativos impugnados (proveídos de inicio de ejecución tributaria Nos 0037/2009, 0038/2009, 0039/2009, 0040/2009, 0041/2009, 0042/2009, 0043/2009 emitidos todos el 25 de febrero de 2009 y sus respectivas notificaciones.

          I.1.2. Auto de Vista

        Contra esa resolución de primera instancia, la Empresa demandante, interpuso  el recurso de apelación de fs. 64 a 66, que tramitado por la Sala Social y Administrativa  de la Corte Superior de Justicia del Distrito de Cochabamba, mereció el Auto de Vista  N° 045/2010 de 14 de mayo de 2010, que CONFIRMO en todas sus partes el Auto Definitivo apelado.

         I.2. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO      

        Resolución de segunda instancia que dio lugar al recurso de casación  en el fondo  por parte de la EMPRESA GRUPO INDUSTRIAL DE BEBIDAS S.A. por memorial de fs.105 a 109, bajo los siguientes argumentos:

         I.2.1. Que como consecuencia del Auto de Vista ilegal, la Empresa está sometida a un proceso violatorio del privilegio constitucional que le reconoce el art. 115 de la CPE, desconociendo el derecho a la defensa al considerar viables los Proveídos de ejecución Tributaria Nos. 0037/2009 al 0043/2009 correspondientes al IVA (F.200-2) por el período fiscal 12/2008, IT (F.400-2) por el período fiscal 12/2008, IT-RET por el período fiscal 12/2008, IUE (RET) por el período fiscal  12/2008, RC-IVA-RET por el periodo fiscal, ICE por el periodo fiscal 12/2008 y RC-IVA AR por el período fiscal 12/2008, emitidas por autoridad sin competencia para ese tipo de actos administrativos, porque cuando una empresa se encuentra en proceso de Reestructuración voluntaria por importes que han sido renegociados  por la Junta de Acreedores.(sic.)           

I.2.2. Ilegalidad del Auto de Vista N° 045/2010 de 14 de mayo de 2010.

I.2.2.1. Que, el Tribunal no ha fundamentado su decisión jurídicamente, señalando en el primer considerando…, solamente los antecedentes del proceso, la presentación de la demanda, el rechazo de su admisión por el Juez a quo.(sic)

       I.2.2.2 Que en el segundo considerando, en el punto 1) fundamentan su decisión sin consistencia alguna, “en que se trata de auto declaraciones  de conformidad a lo establecido por el art. 108 inc. 6 del Código Tributario concordante con el  art. 4 del Decreto Supremo Nº 27874 incluso hablan  que por falta de pago parcial”.

       I.2.2.3. Que en el segundo Considerando, punto 2, los Vocales dicen que los arts. 40 y 21 del Decreto Supremo N° 27310 concordante con la RND 10-0021-04 que complementó la RND 10-0012.04 establecen que las contravenciones previstas en el art. 160 de la Ley 2492 son el incumplimiento  de deberes y omisión  de pago, sin tomar en cuenta que la Empresa… por la ley de reestructuración voluntaria no tenía obligación de realizar los pagos de esos montos porque existía un Acuerdo  transaccional aprobado por la Junta de Acreedores por lo que no se puede permitir la consumación de la arbitrariedad administrativa ni la violación de principios constitucionales, normas sustantivas y adjetivas.(sic.)

       I.2.2.4. Que en el punto 3 y 4 del Considerando 2, continúan refiriéndose a “auto declaración”, sin considerar que el art. 1 de la Ley 2495 de Reestructuración voluntaria de Empresas señala… que para efectos  de esa ley que entiende por Acuerdo de Transacción, el convenio en virtud del cual el deudor y sus acreedores dirimen derechos de contenido patrimonial a través de concesiones recíprocas…,la iniciación de un proceso de reestructuración impide la aplicación de  otras disposiciones legales.(sic.)

       Que,  debe aplicarse al caso la Ley de Reestructuración Voluntaria con preferencia al Código Tributario respetando el plan de reestructuración en desarrollo para rehabilitar la empresa, toda vez que la Administración Tributaria no  tiene competencia  para realizar cobros equívocos poniendo en riesgo la empresa.

       Que el espíritu de la Ley de Reestructuración voluntaria es apoyar a las empresas con dificultades económicas para  su rehabilitación y a los acreedores para que  cobren de mejor manera, porque al Estado boliviano no le conviene el quiebre de las empresas porque generan fuentes de trabajo e ingreso. 

        Que asimismo en la página 13 del Acuerdo inc. a) se señala que la junta subsistirá hasta que BEBIDAS S.A. pague el total dela deuda reprogramada a todos y cada uno de los acreedores que suscriban el acuerdo, entonces estando subsistente, es la Junta la que debe decidir qué se debe hacer…, por lo tanto si la junta ha decidido reprogramar obligaciones, el Estado, actuando a través del Servicio de Impuestos Internos debe cumplir lo decidido, siendo necesaria una modificación al Acuerdo de Transacción, mientras tanto GRACO no puede iniciar cobranzas coactivas vulnerando el art. 17 de la Ley Nº 2495 y el art. 31 de la CPE.

       Que el art. 36 del DS Nº 27384 dice que el Acuerdo transaccional  homologado y registrado establece la forma de gobierno  y capacidad de la Junta. Es decir, GRACO no podía emitir proveídos de ejecución tributaria en contravención a lo establecido por la Junta de Acreedores.

       Que, el numeral II punto 1) del art. 109 del Código Tributario señala que contra la ejecución tributaria será admisible como causal de oposición cualquier forma de extinción de la deuda tributaria prevista por el art. 58 del mismo código, entre la que se encuentra la condonación que será aplicable en virtud a una Ley con alcance general, en este caso la Ley 2495.

       Que el art. 51 de la Ley 2492 dice que la obligación tributaria se extingue con el pago y el art. 55 autoriza a los contribuyentes, solicitar facilidades de pago: En este caso  la Administración Tributaria  pretende un cobro doble, dado que las obligaciones ya fueron cubiertas  a través de un plan de pagos y no corresponde ninguna ejecución tributaria, vulnerando derechos constitucionales.

        Que el art.83 del CT establece formas y medios de notificación de los actos administrativos, en el punto II, señala que serán nulas las que no se ajusten a las formas descritas y en este caso el representante de BEBIDAS S.A. debió ser notificado personalmente de conformidad al art. 84 del Código Tributario; por lo que, al no haberse seguido esas formalidades la Administración Tributaria… estaría manejando datos falsos porque técnicamente sería imposible para el oficial, llenar todas las notificaciones con la misma hora, siendo nulos de pleno derecho,  los segundos avisos.(sic.)

       Que, por lo expuesto, se demuestra que las notificaciones así como los proveídos que se impugnan son nulos y los adeudos que  el Servicio de Impuestos Nacionales pretende cobrar, nunca existieron en esas cuantías en algunos casos y en otros se pretende cobrar el doble.       .

I 3. PETITORIO

  Concluyó solicitando que, el Tribunal Supremo de Justicia, dicte Auto Supremo casando el Auto de Vista 045/2010  y resolviendo en el fondo, Con costas y Multas.

CONSIDERANDO II:

         II.FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

       En virtud de los antecedentes expuestos y conforme el principio de congruencia, se procederá a la resolución del recurso, en el orden en que los agravios fueron planteados, la compulsa de los antecedentes y la respuesta, de acuerdo a las siguientes consideraciones, aclarando que ante la reiteración innecesaria de los argumentos y agravios, por razones didácticas se tratará en algunos casos de manera conjunta más de un punto.

       Con relación a los puntos II.1.1. y II.2.2, corresponde inicialmente señalar que el derecho a la defensa, como componente esencial del debido proceso, establecido en el art. 115 de la Constitución Política del Estado, entendido por la doctrina y la jurisprudencia fundamentalmente como la privación o limitación de los medios de defensa dentro de un proceso, por la indebida actuación de los órganos judiciales y/o por la aplicación inequitativa del principio contradictorio o de igualdad entre las partes,  incluido el derecho sobre los medios pertinentes de defensa que se vinculan materialmente con la  protección en condiciones de igualdad que otorga el legislador en el ejercicio de los derechos, frente a cuya vulneración quien se siente afectado, tiene el derecho de impedir su estado de indefensión, lo que no ocurre en este caso porque el recurrente ha estado a derecho en todos los momentos procesales y con la posibilidad efectiva de hacer uso de todos los recurso que la ley le franquea, sin ninguna limitación en resguardo y ejercicio de la garantía al debido proceso, en consecuencia ante la ausencia de las referidas pruebas, se concluye en este punto que no existe conculcación alguna respecto al agravio acusado, siendo preciso aclarar que la sola referencia de una presunta vulneración al derecho a la defensa sin ninguna demostración que ello fuera evidente hacen inviable lo argumentado.

Con relación a los puntos I.2.2.1. y  I.2.2.2, en los mismos el recurrente se limita a la transcripción textual de algunas partes de la resolución de Alzada, acusando de manera general la ausencia de fundamentación, mas no señala cuál la afectación que le habría ocasionado ni cual el vicio  o error que le causa agravio, sin embargo, revisado el Auto de Vista N° 045/2010 se advierte que lo manifestado, no resulta evidente, toda vez que la fundamentación hecha por el Ad quem, resulta pertinente y precisa para comprender a cabalidad los fundamentos por los que confirmó la resolución de primera instancia.

Con relación al punto I.2.2.3., cabe señalar que analizado el Auto de Vista en el punto que se acusa, en relación a los argumentos del recurso, se evidencia que lo manifestado es la copia  textual del análisis que realiza el Ad quem del contenido de los arts. 40 y 21 del DS Nº 27310 referidos, a efecto de contextualizar la resolución a emitir, sin realizar en ese punto ninguna consideración de fondo sino solamente la referida a la atribución que tienen las Administradoras Tributarias, de dictar resoluciones administrativas que contengan el detalle de las sanciones impuestas a la contravención y de establecer los instrumentos para proceder a la aplicación de la sanción, procedimiento que se enmarcaría a la emisión de los proveídos cuya nulidad pretende el recurrente, bajo argumento totalmente distinto, no encontrándose en lo manifestado ningún motivo de agravio para el recurrente, al margen de que ante la inexistencia en obrados de prueba que demuestre el proceso de Reestructuración Voluntaria en que supuestamente estaría la Empresa demandante, los argumentos esgrimidos de manera reiterada en extremo y no resultan pertinentes, porque este Tribunal no puede emitir criterio sobre asuntos que no han merecido pronunciamiento previo.

Respecto al numeral I.2.2.4. compuesto por varios acápites, cuyo fundamento radica en el análisis doctrinal del Código Tributario y la facultad que tiene la Administración Tributaria  para proceder con la determinación de la deuda tributaria, en previsión de los arts. 21, 40 y 90, al respecto y de los distintos puntos expuestos en este acápite  se advierte que todos ellos confluyen  en el mismo tema de reclamo, es decir, la aplicación preferente al caso, de la Ley Nº 2495 de Reestructuración Voluntaria de Empresas, el contenido de los arts. 1, 13 y 17 de la misma, así como del art. 20 de su Reglamento; la reiterada suscripción del Acuerdo Transaccional de Reestructuración Voluntaria de Bebidas S.A. en cuyo caso la Junta de Acreedores registrados sería la única que podría tomar decisiones al respecto, motivos por los que GRACO no podía emitir proveídos de ejecución tributaria por la inaplicabilidad del CT, en concreto, la competencia de la Autoridad de Administración Tributaria para emitir los proveídos de ejecución tributaria y sus notificaciones, motivo que dio lugar al presente recurso, al respecto, corresponde inicialmente señalar que, analizados los proveídos de fs. 1 a 14 vta., así como sus notificaciones, se advierte que los mismos, son proveídos de inicio de ejecución tributaria, emitidos en virtud de las declaraciones juradas realizadas por el propio contribuyente como consta de las copias legalizadas de los Formularios 200 el de fs. 2, Form. 400 de fs. 4 vta.; el Form. 410 el de fs.6 vta.; Form.570 el de fs. 8 vta., Form. 604 el de fs. 10 vta. For. 650 el de fs. 12 vta. y Form. 608 el de fs.14 vta. los mismos que a la fecha de emisión de los proveídos de iniciación de ejecución tributaria, se encontraban ejecutoriados, por consiguiente habiendo adquirido la calidad de cosa juzgada inamovible, se constituyen en títulos exigibles para el cumplimiento de las obligaciones declaradas por el contribuyente por incumplimiento total o  parcial de las mismas, como establece el num. 6 del art. 108 de la Ley Nº 2492; en consecuencia ante el incumplimiento de pago  por parte del administrado titular de la deuda tributaria declarada, la Administración Tributaria es la autoridad competente para proceder a la exigibilidad y cumplimiento de la obligación, procedimiento que se inicia precisamente con la notificación con los proveídos que le hacen conocer el inicio de la ejecución, proceso que no puede suspenderse sino en los casos expresamente dispuestos por el art. 109 de la norma señalada que dice: “I. La ejecución tributaria se suspenderá inmediatamente en los siguientes casos:

1. Autorización de un plan de facilidades de pago, conforme al Artículo 55° de este Código;

2. Si el sujeto pasivo o tercero responsable garantiza la deuda tributaria en la forma y condiciones que reglamentariamente se establezca.

Causales que resultan procedentes, solo si se las invoca hasta antes de la conclusión de la fase de ejecución tributaria, sin embargo, no existe en  obrados ningún antecedente ni prueba de que el recurrente se hubiera acogido a cualquiera de estas causales y que la misma hubiera sido admitida y cumplido su cometido por parte del administrado; en consecuencia no aplicable al caso porque como se tiene manifestado, se trata de títulos ejecutivos que tienen la calidad de cosa juzgada y se encuentran en fase de ejecución, por lo que, no puede suspenderse por ningún recurso ordinario ni extraordinario, como correctamente concluyó el a quo en el Auto Interlocutorio Definitivo de 30 de abril de 2009, cuando decidió rechazar la admisión de la demanda  contencioso tributaria incoada por el hoy recurrente en la que solicita se dejen sin efecto los PIETs 0037/2009 al 0043/2009, todos de fecha 25 de febrero de 2009 por la supuesta ilegalidad de que estarían viciados por falta de competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria, fallo que luego de interpuesto el recurso de apelación por la empresa demandante, fue confirmado en todas sus partes por el Auto de Vista N° 045/2010 de 14 de mayo.

Al respecto, la Sentencia Constitucional Nº 1648/2010 de 25 de octubre, respecto de las resoluciones emitidas por la administración tributaria estableció que: “La tarea de administración y gestión pública, encomendada por el constituyente al ejecutivo, encuentran fundamento jurídico-constitucional en la llamada 'potestad administrativa', en virtud de la cual, toda la estructura - que forma parte de la administración pública - encargada de la gestión pública, se somete al marco normativo denominado 'bloque de legalidad', para cuyo cumplimiento, asume decisiones con efectos jurídicos, denominados actos administrativos, que consiste en toda declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o particular, emitida en ejecución de la potestad administrativa, normada o discrecional, cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos por Ley, que produce efectos jurídicos sobre el administrado...”

Según el entendimiento  de la SC Nº 1865/2010-R de 25 de octubre: “El proceso de cobranza coactiva de adeudos tributarios en favor del fisco, es un procedimiento administrativo, por tanto, las excepciones en ejecución coactiva, así como las emergentes de la aplicación de medidas establecidas en el Código Tributario, deben sustanciarse en sede administrativa. Con la emisión del Pliego de Cargo 084/93, y una vez notificado el Auto Intimatorio, se dio inicio al cobro coactivo conforme lo establece el art. 304 del CTB. 1992; por tanto, en aplicación de lo establecido en los arts. 305 y 307 de la misma norma, ninguna autoridad administrativa podría modificar las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada y la ejecución coactiva, no puede suspenderse por ningún recurso ordinario ni extraordinario.”; en el caso de Autos los proveídos impugnados a través de la presente demanda Contencioso Tributaria de fs. 36 a 40 vta., se constituyen en actos administrativos que emergen de la facultad de la Administración Tributaria en fase de ejecución, conforme prevé el art. 105 del CT.

En consecuencia, conforme a la normativa específica y la jurisprudencia glosada supra, se establece que, al haber resuelto el Tribunal de Apelación confirmar en todas sus parte el Auto Interlocutorio Definitivo  de 30 de abril de 2009, obró conforme el marco legal pertinente.

Por lo relacionado, corresponde resolver el recurso planteado, en la norma prevista por los arts. 271. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por permisión de los arts. 214 y 297. II de la Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992 y art. 74. 2 del CT Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad que le confieren los arts. 184. 1 de la Constitución Política del Estado y 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 105 a 109 de obrados, interpuesto por el GRUPO INDUSTRIAL DE BEBIDAS S.A. representado legalmente por Gary Luis Lacunza Romero. Con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera