TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo No 087

Sucre, 02 de marzo de 2015

Expediente: 400/2010-S

Demandante: Carlos Quispe Mamani y Juana Mendoza Velasco

Demandado: Empresa Municipal de Ár eas Verdes, Parques y Forestación

Distrito        : La Paz

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 331 a 332 vta., interpuesto por María Gabriela Sossa Lizarraga, en representación legal de Jaime Oviedo Bellot, Gerente General a.i., de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE), contra el Auto de Vista N° 043/10-SSA-I de 17 de febrero (fs. 322 y vta.), emitido por la Sala Social y Administrativa Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso de pago de beneficios sociales, seguido por Carlos Quispe Mamani y Juana Mendoza Velasco contra EMAVERDE; la respuesta a fs. 335 y vta.; el Auto N° 55/10-SSA-I de 6 de abril a fs. 336 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1 Sentencia

Que, planteada la demanda de pago de beneficios sociales que cursa a fs. 37 y vta., subsanada a fs. 39 y vta., y ampliación de la misma a fs. 68 y vta., la Juez Segundo de Trabajo y Seguridad Social del distrito de La Paz, pronunció la Sentencia No 111/2008 de 15 de noviembre de fs. 291 a 297, declarando probada en parte la demanda a fs. 37 y vta., subsanada a fs. 39 y vta., para el señor Carlos Quispe Mamani e improbada la ampliación a la demanda a fs. 68 y vta., por la señora Juana Mendoza Velasco, sin costas, debiendo la empresa EMAVERDE a través de su representante legal cancelar únicamente al co-demandante Carlos Quispe Mamani la suma de Bs.11.536,59.- (once mil quinientos treinta y seis 59/100 bolivianos) por concepto de indemnización, desahucio, vacación por la gestión 2006-2007 y la multa del 30%. Montos referentes a la indemnización y desahucio serán actualizados en ejecución de fallos de acuerdo a ley.

I.2 Auto de Vista

En grado de apelación deducida por la entidad demandada a fs. 300 y vta., las respuestas al mismo de fs. 302 y vta., y a fs. 305 de obrados; la Sala Social y Administrativa Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, mediante, Auto de Vista Nº 043/10-SSA-I de 17 de febrero (fs. 322 y vta.), confirmó la Sentencia N° 111/08 de 15 de noviembre de fs. 291 a 297. Sin costas.

II. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

María Gabriela Sossa Lizarraga, en representación legal de Jaime Oviedo Bellot, Gerente General a.i., de EMAVERDE, interpuso recurso de casación en el fondo, enunciando lo siguiente:

Recurso de casación en el fondo

1) Señaló que, el Tribunal ad quem, no consideró que la primera relación laboral fue del 03 de enero de 2006 al 03 de enero de 2007 (1 año) y la segunda o segundo contrato del 03 de enero de 2007 al 03 de enero de 2008, no existiendo otro contrato suscrito con el demandante ni siquiera a título de reconocimiento de días trabajados ya que reconocer tácitamente un hecho no implica la habilitación de un derecho que no es corroborado documentalmente, la empresa acostumbraba suscribir contratos anuales, mismos que debían ser respetados por los trabajadores con su asistencia a su fuente de trabajo y no con el abandono de su fuente laboral, existiendo calificación y aplicación errónea de los arts. 12, 13 y 19 de la Ley General del Trabajo (LGT) respecto al derecho a pago de beneficios sociales que no corresponden de acuerdo a ley, menos desahucio y vacaciones que nunca se otorgan cuando se suscriben dos contratos a tiempo definido.

2) Expresó también que no cumplieron a cabalidad con lo dispuesto por el art. 2 del Decreto Ley (DL) N° 16187 de 16 de febrero de 1979, y que los contratos con el trabajador están debidamente documentados y acreditados conforme fs. 98 a 112, 133 a 144 de obrados, violando dicha norma, la cual estaba en vigencia a la fecha de valoración de la relación laboral, no existiendo tercer contrato y menos tácita reconducción por lo que no existe relación laboral que se sujete a la Ley General del Trabajo.

3) Indicó que, por segunda vez existe mala interpretación y aplicación errónea del art. 137 del Reglamento Código de Seguridad Social (RCSS) respecto a la obligación de la empresa a recontratar servicios de trabajadores incapacitados no son obligación integra del empleador.

II.1 Petitorio

Concluyó solicitando que la Corte Suprema de Justicia, en aplicación del art. 271 del Código de Procedimiento Civil (CPC) case en el fondo el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo declare improbada la demanda de fs. 37 a 39 de obrados, sea con todos los recaudos de ley.

CONSIDERANDO II:

  1. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Que así planteado el recurso de casación en el fondo, ingresando a su análisis con relación al Auto de Vista recurrido y a los antecedentes del proceso, se tiene lo siguiente:

  1. Para resolver este recurso, es preciso absolver en conjunto a los numerales 1), y 2) expresados como agravios por el actor, ahora recurrente, por cuanto los mismos, guardan relación, y de ellos se identificó la problemática planteada referida a los contratos de trabajo, que no existió una tácita reconducción y las normas supuestamente vulneradas, razón por la cual, se analiza de manera global.

Respecto a que no consideró los contratos de trabajo a tiempo definido, como tampoco hubo un tercer contrato suscrito con el demandante y no corresponde tácita reconducción, porque se estaría aplicando erróneamente los arts. 12, 13 y 19 de la LGT; cabe precisar; que la Ley General del Trabajo y su Decreto Reglamentario ambas normas coincidentemente en su art. 5, establecen que el contrato de trabajo es el medio por el cual una o más personas se obligan a prestar servicios manuales o intelectuales a favor de otra u otras personas, de ello se comprende claramente que la fuente de la relación laboral y consecuente amparo de la Ley General del Trabajo emerge precisamente del denominado contrato de trabajo; ahora bien, en el Derecho Laboral Boliviano, es cuestión firme, que con el fin de distinguir y determinar la relación laboral propiamente dicha de la gama de negocios jurídicos emergentes de la práctica contractual, se reconozcan condiciones y características materiales, plasmadas en hechos concretos más no en la literalidad gramatical de los documentos, que denoten la existencia de aquella relación.

De todo lo manifestado, la problemática planteada en el recurso recae en que el trabajador suscribió dos contratos colectivos; el primero del 03 de enero del 2006 hasta el 03 de enero del 2007 de fs. 133 a 144 de obrados, y el segundo contrato colectivo que cursa de fs. 98 a 112, fue suscrito el 03 de enero de 2007 hasta el 03 de enero de 2008, y que no existió un tercer contrato a tiempo definido ni una tacita reconducción.

Ahora bien, de una revisión del contrato colectivo de fs. 97 a 112 de obrados, en cuya cláusula DÉCIMO CUARTA.- (DE LA DURACION), se establece que, el tiempo de duración “será de un (1) año a partir de su suscripción (sic)”. De una interpretación literal y racional de esta cláusula contractual, que es ley entre partes, se tiene que el aludido contrato de trabajo colectivo fue por un año, tomando en cuenta que el año tiene 365 días, cuyo plazo corrió tal como menciona la cláusula - a partir de su suscripción, es decir del 03 de enero de 2007, debió finalizar el 03 de enero de 2008 conforme a dicho contrato por el periodo 2007; lo cual no fue así, puesto que el trabajador continuó prestando servicios hasta el 06 de enero del 2008.

De lo expresado, es oportuno resaltar que uno de los principios medulares que hacen al derecho laboral es el de primacía de la realidad, este principio tanto es instrumento esclarecedor para el Juez laboral, como una garantía del trabajador sin discriminación alguna, a fin de impedir cualquier evasiva tendiente a eludir la relación laboral o los efectos y cargas sociales que subyacen a ella; en el caso que motiva este análisis, y aplicando dicho principio salta a la vista la existencia de una relación laboral, pues a más de tenerse presente las funciones propias del trabajo es evidente su continuidad material en el desarrollo de sus funciones y tratándose de contratos a plazo fijo, si al vencimiento del término correspondiente persisten las actividades para las que el trabajador fue contratado se convierte en contrato a tiempo indefinido, por lo que el cumplimiento del término pactado no constituye ipso facto la culminación de la relación laboral.

Además que, así confirmó el propio demandado, la continuidad en el desempeño de sus funciones el trabajador a la fecha de conclusión, precisamente en su contestación a la demanda de fs. 160 a 163 de obrados, que de manera literal, señaló: “Primeramente, debo señalar que el ahora demandante hizo abandono de sus fuente de trabajo en fecha 07 de enero de 2008, sin justificativo alguno y no fue visto nunca más en esta empresa, tal cual se desprende de su tarjeta de asistencia adjunta…”, reconociendo el mismo empleador que el actor siguió trabajando hasta el 06 de enero del 2008, operándose en su planteamiento la tácita reconducción laboral a favor del trabajador, pues a término de su segundo contrato de trabajo por la gestión 2007 (el 03 de enero de 2008), el actor continuó prestando las mismas labores hasta el 06 de enero del mismo año, de tal modo que lo alegado por el recurrente en sentido que no se hubiese suscrito un tercer contrato, no resulta aplicable al caso de autos.

Además, la confesión en materia laboral es expresa y divisible y el hecho admitido en ella no requiere más pruebas, y como sucedió en el proceso, el demandado confesó que el trabajador siguió trabajando al responder a la demanda y más aún que la parte demandada no demostró en la etapa probatoria el supuesto abandono de trabajo del actor, se debe entender que la relación laboral terminó por despido y sin causa justificada, ya que en materia laboral siendo manifiesta la desigualdad existente entre el trabajador y el empleador a tiempo de tener acceso a la prueba idónea para acreditar o desvirtuar determinados asuntos laborales, como por ejemplo a la prueba documental, el legislador con el ánimo de compensar esta situación, ha previsto que en los procesos laborales la carga de la prueba es obligatoria para la parte patronal y facultativa para el trabajador, conforme disponen los arts. 3.h), 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo (CPT), es decir, que en materia laboral rige el principio de inversión de la prueba correspondiendo al empleador desvirtuar los hechos afirmados por el trabajador, siendo simplemente una facultad del actor trabajador la de ofrecer prueba, más no una obligación.

En este contexto, en el caso objeto de análisis, se visualiza que la parte demandada no ha desvirtuado con prueba fehaciente que demuestre que no existió despido intempestivo, sin percibir que la obligación de desvirtuar los términos de las demandas era de su incumbencia. Además corresponde también referir que en materia laboral la presunción que rige en las relación de trabajo, establecida en el art. 182.c) del CPT que señala: “La relación de trabajo termina por despido, salvo prueba en contrario”, hace que exista un despido intempestivo y forzoso al trabajador, pues la norma considera como cierto o probable un hecho, razón por la cual se advierte que no es evidente las afirmaciones efectuadas por el ahora recurrente, respecto a este reclamo, como acertadamente dilucidaron los de Instancia, no siendo cierto errónea aplicación de los arts. 2 del DL N° 16187, 12, 13 y 19 de la LGT respecto al derecho a pago de beneficios sociales reclamados por la parte demandada.

  1. Por último el agravió del numeral 3), en cuanto a la mala interpretación y aplicación errónea del art. 137 del RCSS, es importante resaltar, que bajo el paradigma que el trabajo y el capital humano gozan de protección del Estado éste tiene la obligación de defender el capital humano protegiendo la salud de la población; asegurando la continuidad de los medios de subsistencia y rehabilitación de las personas inutilizadas; asimismo, está obligado al mejoramiento de las condiciones del grupo familiar; y que en ese entendido los regímenes de seguridad social se inspiran en los principios de universalidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad y eficacia, cubriendo las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez, muerte, paro forzoso, asignaciones familiares y vivienda de interés social. Por ello, el derecho a la salud y seguridad social, son protegidas y garantizadas por el Estado, conforme disponen los arts. 35, 36 y 37 de la Constitución Política del Estado abrogada.

Estos principios han sido también recogidos en la actual Constitución Política del Estado (CPE) de 7 de febrero de 2009, respectivamente; disponiendo en el art. 45.II "La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social"; asimismo el párrafo III estipula que: "El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales".

El Código de Seguridad Social aprobado por Ley de 14 de diciembre de 1956 es un conjunto de normas que tienden a proteger la salud del capital humano del país, la continuidad de los medios de subsistencia, la aplicación de las medidas adecuadas para la rehabilitación de las personas inutilizadas y la concesión de los medios necesarios para el mejoramiento de las condiciones del grupo familiar.

Asimismo, es necesario precisar que el art. 3 del cuerpo legal mencionado, dispone que el seguro social tiene por objeto proteger a los trabajadores y sus familiares en los siguientes casos: a) enfermedad; b) maternidad; c) riesgos profesionales; d) invalidez; e) vejez y; f) muerte.

Por todo lo anteriormente señalado, y tomando en cuenta el estado de salud del trabajador conforme fs. 13 a 15, 34, y 212 de obrados, se evidencia que cuenta con un grado de pérdida de capacidad laboral de origen profesional por accidente del 55% el 2003, y existiendo como antecedente la prueba de fs. 224 a 226, misma que no fue objetada por la parte demandada, acredita que existió una relación laboral y por consiguiente se debía continuar empleando al trabajador en ocupaciones que estén de acuerdo a su grado de incapacidad, ya que era inferior al 60%, como lo señala el art. 137 del RCSS, correspondiéndole por consiguiente el pago de beneficios sociales establecidos adecuadamente por la Juez a quo, y confirmado por el Tribunal de Alzada, no siendo cierto la mala interpretación y aplicación errónea del art. 137 del RCSS.

Por lo relacionado, no siendo evidentes las infracciones acusadas por la demandante, corresponde resolver el recurso en la forma que prevén los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables al caso de autos por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por María Gabriela Sossa Lizarraga, en representación legal de Jaime Oviedo Bellot, Gerente General a.i., de la EMAVERDE.

Sin costas en aplicación de los arts. 39 de la Ley No 1178 de 20 de julio de 1990 y 52 del DS No 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera