TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo No 057

Sucre, 25 de febrero de 2015

Expediente: 54/2011-A

Demandante: Juan Chambilla Maydana

Demandada: Servicio Nacional del Sistema de Reparto

Distrito        : La Paz

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 126 a 128, interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), representado legalmente por Diego Alejandro Mark Baldivieso, contra el Auto de Vista Nº 120/2010 de 30 de abril de fs. 118 y vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera de la entonces Corte Superior de Justicia de La Paz, dentro el proceso administrativo de renta única de vejes seguido por Juan Chambilla Maydana, contra la entidad recurrente; la respuesta de la parte contraria de fs. 133 y vta.; el Auto No 517/10 a fs. 134 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

  1. Antecedentes del proceso

I.1 Resolución

Que tramitado el proceso administrativo de conformidad con las normas que regulan la materia, la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, emitió la Resolución Nº 017189 de 14 de noviembre de 2005 de fs. 74 a 75, por la cual resolvió desestimar la renta única de viudedad con reducción de edad, solicitada por la señor Chambilla Maydana Juan, en virtud a las disposiciones expuestas en la parte considerativa de la resolución.

I.2 Resolución de reclamación

Ante el recurso de reclamación interpuesto por la señor Juan Chambilla Maydana (fs. 79), la Comisión de Reclamación del SENASIR, mediante Resolución Nº 270/07 de 14 de febrero (fs. 89 a 90), resolvió confirmar la Resolución Nº 017189 de 14 de noviembre de 2005, de fs. 74 a 75 de obrados, emitida por la Comisión de Calificación de Rentas, por haberse emitido conforme a las normas que rigen la materia.

I.3 Auto de Vista

En grado de apelación deducido por el señor Juan Chambilla Maydana (fs. 109 y vta.), la Sala Social y Administrativa Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, pronunció el Auto de Vista Nº 120/2010 de 30 de abril (fs. 118 y vta.), por el cual revocó la Resolución No 270/07 de 14 de febrero de la Comisión de reclamación; en consecuencia se otorgó renta básica de vejez con reducción de edad a Juan Chambilla Maydana, a partir del mes de octubre de 2009, más incremento y beneficios previstos por ley, correspondiendo al SENASIR determinar el monto previo informe actuarial en cuento a la renta complementaria previa verificación de la  creación del fondo complementario respectivo al que hubiere aportado conceder la respectiva renta y/o pago global.

I.4 Motivos del recurso de casación en la forma y en el fondo

Dicha resolución motivó el recurso de casación en la forma y en el fondo (fs. 126 a 128) interpuesto por el SENASIR, representado legalmente por Diego Alejandro Mark Baldivieso, que en relación a los puntos controvertidos expresó lo siguiente:

Casación en la forma

Señaló que el Tribunal de Alzada, en el tercer considerando del Auto de Vista infundado, habría actuado en forma ultra petita, al aplicar el instructivo 01 de 13 de enero de 2006, siendo que el asegurado jamás habría solicitado dicha aplicación, violando de esa manera el art. 236 del CPC; por lo que, la resolución emitida no tendría valor por otorgar cosa no pedida en el recurso de apelación de fs. 109 y vta., bajo el principio de “tanto debe ser juzgado cuanto lo debatido o litigado”.

Casación en el fondo

De igual manera manifestó que, el Tribunal de Alzada, a tiempo de pronunciarse en el tercer considerando del Auto de Vista infundado, no habría considerado el art. 14 del Decreto Supremo (DS) No 275433 de 31 de mayo de 2004, disponiendo que: “en caso de inexistencia de planillas y comprobante de pago en los archivos del SENASIR, del periodo comprendido de enero de 1957 a abril de 1997, el SENASIR, certificará los aportes con la documentación que curse en el expediente del asegurado, a la fecha de publicación del presente Decreto Supremo bajo presunción juris tantum”. En ese sentido, la institución recurrente, señaló que el asegurado jamás habría presentado documentación probatoria de haber trabajado en la empresa Importaciones Radio, TV, CINE “La Paz” desde el 01 de enero de 1966 hasta el 23 de febrero de 1974, por lo que la calificación de la renta se estableció con la documentación que él mismo presentó.

Asimismo, el Auto de Vista, en el mismo párrafo, refirió al art. 83 de la Resolución Secretarial No 10.0.0.87 de 21 de julio de 1997, situación que implicaría la aplicación indebida de la ley y contravendría lo establecido por el art. 192.2) del CPC, ya que no habría efectuado una sumarial del derecho que se litiga, ni habría realizado un análisis de las leyes que se funda.          

I.5 Petitorio

       Solicito a la Corte Suprema de Justicia, deliberando en el fondo casar el Auto de Vista No 120/2010 de 30 de abril. 

CONSIDERANDO II:

II.1 Fundamentos jurídicos del fallo:

Que así planteado el recurso de casación en la forma como en el fondo, la respuesta de contrario, ingresando a su análisis en relación a los datos del proceso y las disposiciones legales cuya infracción se acusa, se tiene:

En relación al recurso de casación en la forma

La problemática central y única, traída a casación en la forma por la institución recurrente, radica en determinar y establecer si el Auto de Vista, habría actuado en forma ultra petita, al aplicar el instructivo 01 de 13 de enero de 2006, siendo que el asegurado jamás habría solicitado dicha aplicación, violando de esa manera el art. 236 del CPC; por lo que, la resolución emitida no tendría valor por otorgar cosa no pedida en el recurso de apelación de fs. 109 y vta., bajo el principio de “tanto debe ser juzgado cuanto lo debatido o litigado”.  

Previamente debemos dejar establecido que la abundante jurisprudencia desarrollada por este Tribunal Supremo de Justicia, en sentido de que el recurso de casación ya sea en la forma como en el fondo, se equipara a una nueva demanda de puro derecho; por consiguiente, se debe cumplir con los requisitos exigidos por el art. 258 del CPC, debiendo en función de su numeral 2) fundamentarse por separado de manera precisa y concreta las causas que motivan la casación ya sea en la forma, en el fondo o en ambos, no siendo suficiente la simple cita de disposiciones legales, tampoco la enunciación de aspectos de inconsistentes e intrascendentes; sino, demostrar conforme señala la ley en qué consiste la infracción que se acusa y es reclamada, todo ello en concordancia con lo previsto por los arts. 253 y 254 del CPC.

En el caso concreto, la recurrente en su afán de invalidar el fallo de segunda instancia, no cumplió con la técnica recursiva para el caso concreto al interponer el recurso de casación en la forma o nulidad; siendo que, al interponer el mismo, cuestionó erróneamente que el fallo emitido por el Tribunal de Alzada seria ultra petita; al respecto, tal acusación resulta incorrecta y fuera de toda lógica jurídica; siendo que los juzgados de instancia a tiempo de emitir sus resoluciones están obligados a revisar y aplicar las normas legales que crean convenientes a efectos de fundar sus resoluciones y fundamentos y el hecho de que el Tribunal de Alzada, habría aplicado el instructivo 01 de 13 de enero de 2006, para fundamentar su resolución, no amerita la nulidad de la misma; por cuanto, dicho instructivo utilizado como tal, obedece a la necesidad jurídica de la problemática planteada por el apelante y también obedece al argumento u obiter dicta de los fundamentos del fallo emitido por el Ad quem, siendo que dicho instructivo está relacionado a la materia objeto de la Litis y que además fue solicitado se tome en cuenta por el asegurado conforme consta en el memorial de fs. 133 y vta.; en consecuencia, no existe razón, fundamento precisó en relación a cuales aspectos fueron concedidos por el Ad quem, más allá de lo reclamado en el recurso de apelación, toda vez que el Tribunal de Alzada confirmó lo resuelto por el inferior en grado, mismo que dispuso revocar la Resolución No 270/07 de 14 de febrero; advirtiéndose que si bien dicho Auto de Vista no contiene una ampulosa argumentación empero, resolvió todos los puntos, en términos claros, positivos y precisos, que fueron objeto de la apelación, advirtiéndose con claridad que el proceso se ha desarrollado sin vicios de nulidad, en el marco del debido proceso y que los intereses de las partes han sido debidamente sustanciados; asimismo, advertimos que, el recurso de casación en la forma no contiene los requisitos exigidos en el art. 258.2) del CPC, imposibilitando a este Tribunal realizar mayor análisis al respecto; es más, el recurrente en su petitorio no pidió la nulidad del Auto de Vista; por lo que el Tribunal de Alzada, no violó el art. 236 del CPC, como erróneamente sostuvo la entidad recurrente.

En relación al recurso de casación en el fondo

La problemática principal en esta parte del recurso, está referida a que el Tribunal de Alzada no habría considerado el art. 14 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, “tratamiento extraordinario para la certificación de aportes al Sistema de Reparto”, como medida destinada a facilitar el tratamiento de certificaciones de aportes, a cuyo efecto corresponde indicar.

Que, el DS No 27543 de 31 de mayo de 2004 y la Resolución Ministerial (RM) No 559 de 3 de octubre de 2005 son dos dispositivos normativos que tienen por objeto el otorgar mayor facilidad para que los titulares y beneficiarios puedan acceder al beneficio de las Rentas que otorga el SENASIR, de modo que no se desconozcan los años de servicio que los mismos alegan tener por su labor efectivamente prestada a distintos empleadores, aunque con los límites del caso, cuando se trata sobre todo de aquellos métodos bajo presunción “iuris tantum”; es decir, que admiten prueba en contrario, empero, no es menos cierto, que estos dispositivos no son los únicos que prevén dicho procedimiento supletorio; en efecto, sobre el mismo tema, el art. 83 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición (MPRCPA), aprobado por Resolución Secretarial y no por Resolución Suprema Como señaló erradamente la entidad recurrente, previene que cuando por algunos periodos de tiempo no existieran planillas en sus archivos, se complementará la verificación de aportes con los Avisos de Afiliación del Trabajador, de Baja y Reingreso, del Asegurado, complementados por certificados de trabajo, récords de servicios y finiquitos de pago de beneficios sociales. También los arts. 1 y 2 de la RM Nº 550 de 28 de septiembre de 2005, posibilitan al SENASIR la emisión del certificado de aportes para compensación de cotizaciones por procedimiento manual, mediante la modalidad de documentos acreditables, como los consistentes en partes de afiliación y baja de las cajas de salud, finiquitos, certificados de trabajo y otros.

En ese sentido, cuando el art. 14 del DS No 27543 autoriza la consideración de determinados documentos en caso de inexistencia de planillas y comprobantes de pago a partir de la fecha de su publicación, no está limitando su aplicación sólo a los trámites del sistema de reparto tanto en rentas en curso de pago como rentas en curso de adquisición, como erróneamente se interpreta por la entidad recurrente, sino que, como norma general está instituyendo que, cuando el SENASIR no cuente con planillas y comprobantes de pago en sus archivos, como es el caso, éste tiene que certificar los aportes con la documentación que cursa en el expediente del asegurado, conforme resolvió el Tribunal de Apelación, de manera correcta, por cuanto no resultaría justo desconocer la documentación que aparejó el asegurado, conforme se demuestra por el certificado de trabajo a fs. 103 y la certificación otorgada por el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social de fs. 102, literales por las que se acredita de manera contundente y fehaciente que Juan Chambilla Maydana, trabajó el 01 de enero de 1966 hasta el 23 de febrero de 1974 en la Empresa Importaciones Radio TV, CINE “La Paz”; vale decir, por el tiempo de 8 años, un mes y 23 días, aportaciones con los que alcanza tener más de 180 cotizaciones  para el régimen básico y complementario, conforme disponen el DS No 27543 y la RM No 559 de 3 de octubre de 2005.

Lo contrario, significaría, desconocer aquellos años de trabajo alegados y demostrados por el trabajador, a través de los documentos supletorios presentados para su consideración y posterior certificación en base a ellos, bajo la errónea interpretación del SENASIR, que al no estar autorizado expresamente por el Decreto Supremo mencionado, de emitir certificaciones para trámites de Compensación de Cotizaciones, aplicando el método de la “Utilización de documentos que cursan en el expediente”, previsto en el art. 14 del cuerpo normativo citado; se estaría desconociendo la esencia misma que hace a la seguridad social como un derecho fundamental previsto en el art. 45 de la Constitución Política del Estado (CPE), desconociendo inclusive, que constituye obligación del Estado el garantizar el derecho a la jubilación con carácter universal, solidario y equitativo; pero además, significaría desconocer totalmente, el derecho de las personas adultas mayores como colectivo a proteger, a que tengan una vejez digna, con calidad y calidez humana y sin discriminación, pues el hecho de que el art. 18 del mismo Decreto Supremo no mencione que para la compensación de cotizaciones se pueda utilizar el art. 14, no significa que no se pueda hacerlo, porque operando de esa manera se otorga un trato igualitario para ambos trámites, cumpliendo de tal manera el principio de universalidad previsto en el art. 3 de la Ley Nº 065 de 10 de diciembre de 2010, otorgando el acceso a la seguridad social de largo plazo sin discriminar si se trata de compensación de cotizaciones o rentas en curso de pago y adquisición, del sistema de reparto, por su puesto, bajo la presunción “iuris tantum”; es decir, hasta en tanto no se demuestre lo contrario por la entidad gestora, aunque claro está, con los límites que la misma norma en su art. 15 dispone (DS No 27543).

Bajo tales parámetros, lo razonado por el SENASIR, respecto a que, en trámites de Compensación de Cotizaciones sólo sería aplicable el art. 18 del Decreto Supremo referido, no constituye sino una interpretación equivoca y por tanto desconocedora del derecho del trabajador, para que se le reconozcan años de servicio no certificados por el SENASIR pero acreditados mediante documentos supletorios (certificación extraordinaria), olvidando considerar que es el Estado boliviano el que tiene la obligación de proteger al ser humano, asegurando los medios de subsistencia, pues, en tratándose de años de servicio efectivamente prestados por los trabajadores, éstos no pueden ser desconocidos por una errónea interpretación de la entidad estatal, al ser años que no se recuperan y constituye, en muchos casos, el único patrimonio que permite a este grupo vulnerable sobrellevar una vejez digna, permitiendo de esa manera cumplir el núcleo esencial de la Constitución Plurinacional Comunitaria, el VIVIR BIEN. Se olvida también considerar que, la obligación de la consignación de la cotización y los aportes, es una responsabilidad del empleador y no así del trabajador.

Por consiguiente, se concluye que no son evidentes las infracciones normativas denunciadas en el recurso de casación en el fondo de fs. 126 a 128, recayendo los reclamos en infundados, al carecer de sustento legal, por cuanto se observa que el Auto de Vista recurrido se ajusta a las leyes en vigencia, no observándose violación de norma legal alguna, correspondiendo por tanto dar aplicación a las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil (CPC), aplicables por la norma remisiva contenida en el art. en los arts. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social (RCSS), y 15 del MPRCPA aprobado por Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 126 a 128, interpuesto por el SENASIR, representado legalmente por Diego Alejandro Mark Baldivieso.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley No 1178 de 20 de julio de 1990 y art. 52 del DS No 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera