TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENSIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 056

Sucre, 25 de febrero de 2015

Expediente: 306/2011-A

Demandante: Jaime Francisco Arias Blacutt

Demandado: Servicio Nacional del Sistema de Reparto

Distrito        : La Paz

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 304 a 307, interpuesto por Diego Alejandro Mark Baldivieso en representación de Yony Yamil Exeni León Director General Ejecutivo a.i. del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), contra el Auto de Vista Nº 118/11 de 21 de abril a fs. 104 vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior de Justicia de La Paz, dentro el proceso de reclamación seguido por Jaime Francisco Arias Blacutt contra la entidad recurrente; el Auto a fs. 117 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

  1. ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1 Resolución Comisión de Calificación de Rentas

Que dentro del recurso de reclamación de renta única de vejez interpuesto por Jaime Francisco Arias Blacutt, la Comisión de calificación de rentas de la Dirección General de Pensiones, mediante Resolución Nº 523 de 26 de enero de 1998 (fs. 54), resolvió otorgar a favor del asegurado renta única de vejez, equivalente al 100% de su promedio salarial, correspondiendo a la básica 60% y a la complementaria el 40%, renta que se pagaría a partir del mes de septiembre de 1997.

Posteriormente la Comisión de calificación de rentas del SENASIR, mediante Resolución Nº 0005940 de 12 de agosto de 2010 (fs. 76), resolvió otorgar a favor de Jaime Francisco Arias Blacutt recalculo de renta única de vejez, equivalente al 100% de su promedio salarial en el monto de Bs.3.312,88 (Tres mil trescientos doce 88/100 Bolivianos), correspondiendo a la básica el 60% Bs.1.442,60, a la complementaria el 40% Bs.961,74, más incrementos de Ley, que se pagara a partir del mes de septiembre de 1997, estableciéndose un monto por cobro indebido de Bs.20.996,52 (Veinte mil novecientos noventa y seis 52/100 Bolivianos), que deberá ser descontado en el equivalente al 20% mensual de la renta recalculada.

I.2 Resolución Comisión de reclamación

Ante el recurso de reclamación por parte del asegurado (fs. 79 a 80), la Comisión de reclamación del SENASIR, mediante Resolución Nº 007/11 de 10 de enero (fs. 89 a 93), resolvió confirmar la Resolución Nº 0005940 de 12 de agosto de 2010 cursante a fs. 77 emitida por la Comisión de Calificación de Rentas, por encontrarse conforme a datos del expediente y normas vigentes que regulan la materia.

I.3 Auto de Vista

En recurso de apelación deducido por Jaime Francisco Arias Blacutt (fs. 94 a 96), la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista Nº 118/11 de 21 de abril de fs. 104 y vta., revocó en parte la Resolución Nº 007 de 10 de enero de 2011, cursante a fs. 89 a 93, dejando sin efecto el descuento del 20% dispuesto por la Resolución a fs. 89 a 93, quedando firme y subsistente el nuevo cálculo de la renta única de vejez, tanto en el régimen básico como complementario.

II. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Dicha Resolución motivó el recurso de casación en el fondo a fs. 304 a 307, interpuesto por Diego Alejandro Mark Baldivieso en representación de Yony Yamil Exeni León Director General Ejecutivo a.i. del SENASIR, quien acusó que el SENASIR tiene la facultad de revisión de oficio o a denuncia de parte en mérito al art. 477 del Reglamento del Código de Seguridad Social (RCSS), de las rentas otorgadas bajo pena de responsabilidad, teniendo además la facultad de recuperar cobros indebidos en conformidad de lo dispuesto por el art. 4. c) del Decreto Supremo (DS) Nº 26189 de 418 de mayo de 2001, considerando que el pago de estas rentas son mediantes recursos del Tesoro General de la Nación según la Ley Nº 2197 de 9 de mayo de 2001 que modifica el art. 57. III de la Ley de Pensiones Nº 1732, debiendo el SENASIR aplicar lo dispuesto en el art. 1 de la Resolución Ministerial (RM) Nº 1361 de 4 de diciembre de 1997, considerándose además la RM Nº 1719.07 y el art. 9 del DS Nº 27991 de 18 de enero de 2005.

Refirió también que el asegurado indujo en error al SENASIR al presentar las 24 últimas boletas de pago tal como se evidencia a fs. 26 a 49, debiendo haber considerado el Tribunal ad quem que el ente gestor tiene la obligación de recuperar los montos de prestaciones otorgadas por errores de cálculo, conforme lo dispone la  Resolución Administrativa (RA) Nº 044 de 18 de julio de 2001, el DS Nº 27066 de 6 de junio de 2003 y la RM Nº 384 de 11 de junio de 2004, con el objeto de precautelar los intereses económicos del Estado Plurinacional Boliviano, contando con la obligación de efectuar la revisión a efectos de determinar el daño económico provoca al Estado, debiendo efectuar las correcciones debidas, por cuanto entiende que las prestaciones pecuniarias otorgadas en forma indebida, constituyen un enriquecimiento económico injusto.

II.1        Petitorio

Concluyó solicitando que la Corte Suprema de Justicia case en parte el Auto de Vista Nº 118/2011 de 21 de abril cursante a fs. 104, sea previa las formalidades de rigor.

CONSIDERANDO II:

II.        FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Que así planteado el recurso, ingresando a su análisis en relación a los datos del proceso y las disposiciones legales cuya infracción se acusa, se tiene que:

El art. 35 y siguientes y 45. II y IV de la Constitución Política del Estado (CPE), consagran la irrenunciabilidad de los derechos sociales imponiendo al Estado la obligación de defender el capital humano, protegiendo la salud de la población, asegurando la continuidad de sus medios de subsistencia, rehabilitación y mejorando las condiciones de vida del grupo familiar, cuyos regímenes de seguridad social se inspiran en los principios de universalidad, solidaridad, unidad de gestión económica, oportunidad y eficacia, para cubrir la vejez entre otras contingencias.

Dentro de ese marco, analizando el caso en cuestión, el Tribunal de Alzada a través del fallo recurrido, al revocar en parte la Resolución Administrativa Nº 007 de 10 de enero de 2011, emitida por la Comisión de reclamación del SENASIR, compulsó adecuadamente los antecedentes del proceso, pues el objeto de la impugnación refiere a que al momento de determinarse el recálculo de renta de vejez del asegurado se consideró la existencia de un importe indebidamente percibido de Bs. 20.996,52, procediéndose al descuento del 20% mensual de la renta recalculada.

En ese contexto y de la atenta revisión de la resolución de vista impugnada de casación, se advierte con meridiana claridad que el Tribunal ad quem, no ha puesto en duda la facultad que tiene el SENASIR para proceder a la revisión, de oficio o a denuncia, de las rentas en curso de pago y en curso de adquisición, facultad expresamente reconocida en el art. 477 del RCSS, concordante con lo establecido en el art. 9 del DS Nº 27991 de 28 de enero de 2005, señalando que en la referida resolución se revocó en parte la Resolución Administrativa Nº 007, disponiendo que la Comisión de reclamación del SENASIR ordene la suspensión de los descuentos establecidos indebidamente en la Resolución a fs. 89 a 93.

Ahora bien, es menester dejar claramente establecido que, para el ejercicio de la facultad anteriormente señalada, revisión de rentas, es preciso tener en cuenta que el art. 477 del RCSS establece que “Las prestaciones en dinero concedidas podrá ser objeto de revisión de oficio, o por denuncia a causa de errores de cálculo o de falsedad en los datos que hubieran servido de base para su otorgamiento: La revisión que revocare la prestación concedida o redujere el monto, no surtirá efecto retroactivo respecto a las mensualidades pagadas, excepto cuando se comprobare que la concesión obedeció a documentos, datos o declaraciones fraudulentas. En este último caso la Caja exigirá la devolución total de las cantidades indebidamente entregadas”.

De igual manera, el art. 9 del DS Nº 27991 de 28 de enero de 2005 y el art. 2. b) de la RA Nº 044 de 18 de julio de 2001, autorizan primero a la Dirección de Pensiones y luego al SENASIR, a revisar de oficio o por denuncia justificada las calificaciones de rentas y pagos globales concedidos, siendo los documentos cursantes en archivos, prueba para ejecutar dichas revisiones, estando para ello “autorizadas a realizar descuentos por planillas en mérito a la variación de cálculos”.

Ahora bien, de la ratio legis de la norma en análisis, se infiere que a efectos de proceder al descuento de los montos que hubiesen sido “cobrados indebidamente” por el asegurado, es necesario determinar, que el cálculo de la prestación que se le otorgó, fue realizado en base a documentación, datos o declaraciones fraudulentas proporcionadas por él, única situación en que procede la devolución de prestaciones indebidamente recibidas por un trabajador, surtiendo además efectos retroactivos, situación que no sucedió en el caso de autos, por ello, el Tribunal ad quem, al haber revocado en parte la Resolución Administrativa Nº 007 de 10 de enero de 2011, actuó acertadamente, porque el error no se debió a datos o declaraciones fraudulentas como exige el mencionado art. 477 del RCSS, sino a una mala aplicación de la citada norma por parte de los funcionarios del SENASIR que procedieron al descuento arbitrario del 20% de la renta mensual recalculada, por ello no podía determinarse la devolución de los pagos, debiendo precisar que el asegurado no participó en la labor de calificación de renta única de vejez, y ante ello cualquier error de cálculo proviene de la institución gestora y no del asegurado.

En ese sentido, y conforme a la irretroactividad de efectuar reducciones de las prestaciones en las mensualidades ya pagadas al asegurado dispuesta por la norma precitada, no corresponde efectivizar ningún tipo de descuento, ya que de los datos del proceso se verifica que el asegurado facilitó oportunamente toda la documentación necesaria a efectos de la calificación de su renta de vejez.

Por ello, el afectar pagos anteriores con el descuento del 20% mensual al asegurado, es arbitrario y confiscatorio de los derechos adquiridos que tiene todo trabajador, así como contrario a los principios instituidos en el art. 45. I, II y III de la CPE, puesto que toda persona tiene derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana, así el acto administrativo de recalculo de renta, no puede de ninguna forma reducir o desmejorar las rentas de los beneficiarios en forma retroactiva al momento de realizar observaciones.

Por lo anteriormente señalado, debe puntualizarse que dicha institución en base al derecho de repetición que le asiste como emergencia del cumplimiento del deber que tiene el SENASIR de efectuar las revisiones a efectos de determinar responsabilidades, se encuentra facultada para iniciar las acciones administrativas y legales en contra de los funcionarios responsables de cualquier error en el desempeño de sus labores.

Este Tribunal advierte con frecuencia que los funcionarios del SENASIR desconocen el verdadero sentido y obligación que tiene el Estado de proteger y defender el capital humano otorgando las prestaciones que establece la ley, derechos que no pueden confiscarse ni privarse en detrimento de los asegurados, porque se tratan de contribuciones que emergen de los salarios de los propios asegurados siendo derechos irrenunciables conforme previene el art. 45, 48 y 67 de la CPE vigente.

En ese entendido es preciso determinar que los aportes que realizan los beneficiarios durante su etapa laboral, es esencialmente para que durante el periodo jubilatorio puedan acceder al beneficio de la renta de vejez, pues cuando ejercieron la actividad laboral, aportaron al Sistema de Seguridad Social, no siendo correcto que ahora se les niegue un derecho que les corresponde.

Bajo estas premisas, este Tribunal Supremo de Justicia no advierte que el Auto de Vista impugnado contenga violación, aplicación indebida, o errónea interpretación de la ley, por el contrario concluye que las razones de decisión del citado fallo, objeto del recurso, responden al espíritu proteccionista con que el legislador boliviano instituyó el régimen del Seguro Social, en aras del cuidado y protección del capital humano del Estado, por ello, corresponde resolver la acción intentada en la forma prevista por los arts. 271. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por la norma permisiva contenida en los arts. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social y 15 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición aprobado por Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1987.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por los arts. 184. 1 de la CPE y 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 304 a 307, interpuesto por Diego Alejandro Mark Baldivieso en representación de Yony Yamil Exeni León Director General Ejecutivo a.i. del SENASIR.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera