TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENSIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo No 039

Sucre, 19 de febrero de 2015

Expediente: 366/2010-S

Demandante: Gery Gonzalo Acosta Montaño y Otro

Demandado: Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

Distrito: Cochabamba

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 161 a 163, interpuesto por Julio Orestes Vargas Montaño en representación del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPA) contra el Auto de Vista Nº 081/2010 de 7 de abril (fs. 158 a 159), pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba; dentro el proceso social seguido por Ibón Martha Morales de Ortega y Geysol Leticia Ortega Escalera en representación de Gery Gonzalo Acosta Montaño y Luis Fernando Pozo Silva contra la entidad que representa el recurrente; la respuesta de fs. 169 a 172 vta.; el Auto de fs. 173 vta., que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1 Sentencia

Que tramitado el proceso por pago de beneficios sociales, la Juez de Partido Primero de Trabajo y Seguridad Social de Cochabamba, emitió la Sentencia de 22 de julio de 2008 de fs. 125 a 129, por la que declaró probada en todas sus partes la demanda de fs. 3 a 5, ordenando a la parte demandada a través de su representante cancele a los actores dentro de tercero día de ejecutoriada dicha resolución bajo conminatoria de Ley, monto que en ejecución de Sentencia será actualizado y sujeto a la multa dispuesta en el art. 9 del Decreto Supremo (DS) Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, para Gery Gonzalo Acosta Montaño la suma de Bs.35.196,70.- (treinta y cinco mil ciento noventa y seis 70/100 bolivianos) por concepto de desahucio, indemnización, aguinaldo y vacación, para Luis Fernando Pozo Silva la suma de Bs.40.423,95.- (cuarenta mil cuatrocientos veintitrés 95/100 bolivianos) por concepto de desahucio, indemnización, aguinaldo y vacación.

I.2 Auto de Vista

Interpuesto el recurso de apelación por los representantes de SEMAPA (fs. 132 y vta.), mediante Auto de Vista Nº 081/2010 de 7 de abril (fs. 158 a 159), la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, confirmó la Sentencia de 22 de julio de 2008, sin costas por disposición de los arts. 39 de la Ley No 1178 y 52 del DS No 23215.

II. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Dicha Resolución motivó el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 161 a 163, interpuesto por Julio Orestes Vargas Montaño en representación de SEMAPA, quien señaló:

II.1 Recurso de casación en la forma

Que la Juez a quo incumplió lo dispuesto por el art. 73 del Código Procesal del Trabajo (CPT), al ordenar la citación cedular conforme al informe del Oficial de Diligencias de fs. 8, desconociendo la naturaleza de SEMAPA como institución pública, debiendo cumplir con dicha disposición para evitar que se declare su rebeldía, que derivo en indefensión, contraviniendo además las Sentencias Constitucionales (SC) No 136/2004-R y 1125/2003.

Refirió también que en cuanto a la confesión provocada se observa que se establece como fecha de audiencia el 16 de junio y el acta de dicha declaración se labra con fecha 16 de julio, lo que implica que no se definió claramente la fecha de la declaración, por lo que dicha confesión en rebeldía es ilegal, al margen de ello la Juez a quo no cumplió con la previsión de asegurar la igualdad jurídica de las partes, quedando inconclusa y sin concesión el recurso de apelación interpuesto mediante memorial de fs. 32, aspecto que importa también la nulidad procesal, acusando también que no se cumplió con el art. 197 del Código de Procedimiento Civil (CPC).

II.2 Recurso de casación en el fondo

Manifestó que como efecto de la ausencia de prueba que desvirtué en el fondo las pretensiones contrarias, la valoración de fondo y la correcta aplicación de la Ley se verían afectadas, por lo que la categorización de verdades jurídicas en merito a simples presunciones que a pesar de ser consideradas como medios de prueba, bajo el principio de realidad, deben ser esclarecidos en una correcta tramitación del proceso donde se permita el ejercicio del derecho a la defensa.

II.3 Petitorio

Concluyó solicitando que el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación anule obrados hasta el vicio más antiguo fs. 9 vta., es decir hasta en tanto se ordene la notificación al Fiscal de Distrito con la demanda presentada con expresa conminatoria de entregar la misma al representante legal de SEMAPA y con su resultado se compute el plazo para la contestación.

CONSIDERANDO II:

FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Que a mérito de estos antecedentes, revisado minuciosamente el recurso de casación en la forma y en el fondo, corresponde resolver el mismo de acuerdo a las siguientes consideraciones:

II.1 Resolviendo el recurso de casación en la forma

Es preciso aclarar previamente que para que la nulidad impetrada opere en el caso de autos, deben concurrir algunos principios que deben ser observados por el juzgador, estos son, los principios de especificidad, trascendencia, convalidación y protección.

En este sentido, el principio de especificidad se encuentra previsto en el art. 251.I del CPC, aplicable por la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT, mismo que establece que toda nulidad debe estar expresamente determinada en la ley, principio que descansa en el hecho que en materia de nulidad, debe haber un manejo cuidadoso y aplicado únicamente a los casos en que sea estrictamente indispensable y así lo haya determinado la ley.

Por su parte, el principio de trascendencia, en virtud del cual no hay nulidad de forma, si la alteración procesal no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa en juicio. Es decir, que se impone para enmendar los perjuicios efectivos que pudieran surgir de la desviación del proceso y que suponga restricción de las garantías a que tienen derecho los litigantes. Responde a la máxima "no hay nulidad sin perjuicio", es decir, que no puede hacerse valer la nulidad cuando la parte, mediante la infracción, no haya sufrido un gravamen.

Otro principio es el de convalidación en virtud del cual toda nulidad se convalida por el consentimiento si no se observa en tiempo oportuno, operándose la ejecutoriedad del, acto es decir, que frente a la necesidad de obtener actos procesales válidos y no nulos, se halla la necesidad de obtener actos procesales firmes, sobre los cuales pueda consolidarse el derecho, como lo afirma el tratadista Eduardo Couture, (Fundamentos de Derecho Procesal Civil, pág. 391). Lo que significa que si la parte afectada no impugna mediante los recursos que la ley le franquea y deja vencer los términos de interposición, debe presumirse que la nulidad, aunque exista, no le perjudica gravemente y que renuncia a los medios de impugnación, operándose la preclusión de su etapa procesal y, los actos aún nulos quedan convalidados. Finalmente el principio de protección, que establece que la nulidad sólo puede hacerse valer cuando a consecuencia de ella quedan indefensos los intereses del litigante, sin ese ataque al derecho de las partes, la nulidad no tiene porqué reclamarse y su declaración carece de sentido.

Ahora bien, respecto a que la Juez a quo incumplió lo dispuesto por el art. 73 del CPT, corresponde señalar que a partir de la instauración del nuevo sistema penal boliviano, el Ministerio Público pasó a cumplir el rol específico de persecución penal, de tal modo que conforme al art. 127 del CPC, modificado por la Quinta Disposición Final de la Ley Orgánica del Ministerio Público Nº 2175, de 13 de febrero de 2001, se excluye la obligatoriedad de notificar al Ministerio Público cuando la demanda es dirigida contra el Estado.

En ese sentido, este Tribunal considera que no corresponde determinar la nulidad alegada por la no intervención del Ministerio Público, por cuanto a partir de la Ley Nº 2175 de 13 de febrero de 2001, vigente desde la fecha de su publicación el 18 de febrero de 2001, la intervención del Ministerio Público, como se tiene dicho, es obligatoria únicamente en materia penal y en todos aquellos procesos que se hubiesen iniciado con anterioridad a la mencionada Ley, debiendo considerarse además la Circular de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nº 25/2004 de 21 de junio de 2004, que dispone la no intervención del Ministerio Público.

Concluyéndose que la nulidad solicitada no se justifica de manera alguna, puesto que no se adecua al principio de trascendencia antes definido, por no afectar al derecho a la defensa, al debido proceso ni a la tutela judicial efectiva o acceso a la justicia.

En efecto, de la revisión del expediente se advierte que a fs. 8 una vez admitida la demanda, la Oficial de Diligencias del Juzgado a objeto de citar con la demanda al representante legal de SEMAPA se apersonó al domicilio señalado en dos oportunidades, dejando el correspondiente aviso de citación al portero, quien se rehusó a proporcionar su nombre, poniéndosele en conocimiento que volvería a ser buscado al día siguiente, oportunidad en la que tampoco fue habido, razón por la cual, la Juez a quo, emitió el Auto de 29 de abril disponiendo la citación por cédula.

Los apoderados de la empresa demandada mediante memorial de fs. 18 y vta., se apersonaron al proceso purgando su rebeldía, incluso antes de que se lo notifique con el Auto de relación procesal, por lo que la parte recurrente contó con la posibilidad de poder defenderse y presentar los medios de prueba que creía correspondían. Por lo que, no amerita disponer la nulidad del proceso, por cuanto el acto que se reputa como viciado de nulidad cumplió con la finalidad para el que estaba instituido; es decir, poner en conocimiento al demandado las actuaciones judiciales realizadas dentro del proceso.

Por lo que se observa, no existe perjuicio alguno, pues lo contrario significaba simplemente, satisfacer aspectos formales, bajo una exigencia de excesiva solemnidad y un formalismo vacío, sin cumplir los requisitos señalados por la doctrina como: alegar el daño o perjuicio sufrido, mencionando expresamente las defensas de que se ha privado oponer con oportunidad, acreditando además dicho perjuicio, para finalmente individualizar el interés jurídico que se procura subsanar con la invalidez demandada; exigencias que no fueron satisfechas por la parte recurrente, al margen de ello, tampoco se cumplió con los presupuestos relativos al principio de especificidad antes desarrollados.

Igual razonamiento debe aplicarse en cuanto al supuesto vicio en la confesión provocada, como la alternativa de apelación toda vez que se colige que ha sido la empresa demandada -recurrente- quién por su desidia y negligencia no reclamó oportunamente el supuesto agravio que le hubiesen causado dichos actos procesales, lo que ahora tardíamente aduce en el recurso de casación, convalidándose cualquier omisión respecto al acto no reclamado.

Como también en cuanto a la falta de consulta de oficio de la Sentencia prevista en el art. 197 del CPC, correspondiendo además establecer que esta acusación resulta indebida e inoportuna, toda vez que la misma tampoco fue reclamada oportunamente ante el Tribunal de segunda instancia, sino recién en casación, concluyéndose que las partes no pueden reservar la discusión de estos aspectos de acuerdo a las resultas del proceso.

Sin embargo de ello, es preciso aclarar que si bien el art. 197 del CPC, dispone que todas las sentencias dictadas contra el Estado o entidades públicas en general, deben ser consultadas de oficio ante el superior en grado sin perjuicio de la apelación que pudiere interponerse, no menos evidente que por el carácter especial del proceso laboral -sumario-, y que busca la protección y tutela de los derechos de los trabajadores -principio de proteccionismo- conforme preceptúan los arts. 3.g) del CPT y 48.II de la Constitución Política del Estado (CPE), esta disposición no tiene efectos en materia social, más aún si se tiene en cuenta que los procesos laborales por su carácter sumario y especial, tienen autonomía en sus procedimientos y sólo se acude a otras ramas del derecho y a los principios generales del derecho procesal cuando concurren aspectos no previstos en las normas laborales, conforme prevén los arts. 2, 63 y 252 del CPT.

Además, en el caso en particular se advierte que de todas formas la Sentencia dictada en primera instancia fue puesta en conocimiento del superior en grado como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por el representante de la institución demandada, tal como se evidencia a fs. 132 y vta., y resuelta mediante Auto de Vista de fs. 158 a 159.

Sólo a mayor abundamiento, el Tribunal Supremo de Justicia, en su amplia jurisprudencia, ha determinado que la nulidad procesal no sólo constituye una decisión de última ratio, sino que además procede por razones expresamente señaladas en la ley (principio de especificidad) o cuando se ha evidenciado una flagrante vulneración de determinados derechos que hacen al debido proceso, entre ellos los de acceso a la justicia, a la defensa y otros, amén de que conforme al principio de trascendencia, el vicio procesal haya tenido incidencias en perjuicio de una de las partes de tal modo que sin la existencia de ese vicio, los resultados del fallo habrían sido distintos.

II.2 Resolviendo el recurso de casación en el fondo

Debe tenerse en cuenta previamente, que el recurso de casación en el fondo tiene por objeto modificar el contenido de un auto definitivo, sentencia o auto de vista, basado en que los jueces o tribunales de instancia a tiempo de emitir las referidas resoluciones hubiesen incurrido en “errores in judicando”, aspectos que imperativamente deberán ser exteriorizados a través de los tres presupuestos contenidos en el art. 253 del CPC, vale decir, cuando se acredite: "que la resolución objeto del recurso hubiera sido emitida en virtud a una errónea interpretación o aplicación indebida de una ley" o "cuando la referida resolución contuviere disposiciones contradictorias", y finalmente cuando se demuestre: "que en la valoración de las pruebas se hubiere cometido error de derecho o de hecho, aclarando que este último debe ser evidenciado por otros documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador".

En este contexto, corresponde puntualizar que en el caso de autos, el recurrente planteó recurso de casación en el fondo, lo que implica que debió hacer un análisis sobre la existencia de errores "in judicando" en el trámite del proceso, adecuando el recurso a una o a todas las previsiones del art. 253 del adjetivo civil, citando en términos claros, concretos y precisos las normas que se presumen infringidas, la forma en que han sido vulneradas y la posible solución jurídica a la situación planteada, indicando además las disposiciones contradictorias que contuviera la resolución o en su caso establecer de forma precisa el error de derecho o hecho en la apreciación de las pruebas, no siendo suficiente enunciar que se verían afectada la valoración de fondo y la correcta aplicación de la Ley al no habérsele permitido presentar prueba, sin precisar ni demostrar la equivocación manifiesta en la apreciación de las pruebas - error de hecho -, en la que según su criterio incurrió el Tribunal ad quem.

Bajo estos parámetros se concluye que al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 161 a 163, al carecer de sustento legal, no observándose violación de norma legal alguna, por lo que corresponde resolverlo en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 161 a 163, interpuesto por Julio Orestes Vargas Montaño en representación de SEMAPA.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley No 1178 de 20 de julio de 1990 y art. 52 del DS No 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

              Dr. Pastos Segundo Mamani Villca

Ante mi   Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

  Secretario Sala Contenciosa y Contenciosa ADM. Social y ADM. Primera