TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA



Auto Supremo No 030

Sucre, 10 de febrero de 2015

Expediente: 379/2014-S

Demandante: Juan Carlos Mora Alvis

Demandada: Sociedad Industrial del Sur S.A.

Distrito        : Chuquisaca

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: El recurso de casación (fs. 176 a 177 vta.) interpuesto por Paola Patricia Álvarez Banzer en representación de la Sociedad Industrial del Sur S.A. (SIDS S.A.), contra el Auto de Vista N° 588­­­­­/2014 de 27 de octubre (fs. 170 a 172 vta.), pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; dentro del proceso social por reintegro de beneficios sociales promovido por Juan Carlos Mora Alvis contra la Sociedad Industrial Sur S.A. representada por Paola Patricia Álvarez Banzer; el Auto de fs. 180 vta. que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1. ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.11 Sentencia

Iniciada la demanda social, tramitada ésta, el Juez Segundo de Partido de Trabajo y Seguridad Social del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emitió la Sentencia N° 48/14 de 16 de junio (fs. 149 a 153), por la que declaró: i) Probada en parte la demanda interpuesta por Juan Carlos Mora Alvis de fs. 10 a 12, sin costas; ii) Improbada la excepción perentoria de pago opuesta de fs. 124 a 126; iii) El pago a favor del actor, por los conceptos de desahucio, doble aguinaldo y quinquenio, más la multa del 30% dispuesto por el Decreto Supremo (DS) N° 28699 de 1 de mayo de 2006, la suma total de Bs.8.595,09. Todo conforme al detalle que se tiene asentado en la misma Sentencia.

I.1.2 Auto de Vista

La anotada resolución fue recurrida en apelación por la empresa demandada (fs. 157 a 158 vta.), mereciendo así el Auto de Vista Nº 588/2014 de 27 de octubre (fs. 170 a 172 vta.), por el cual la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, resolvió revocar parcialmente la Sentencia N° 48/14 de 16 de junio, de fs. 149 a 153, disponiendo que no corresponde el pago del quinquenio y del doble aguinaldo, manteniendo probada en parte la demanda por la calificación del beneficio del desahucio y declara probada en parte la excepción perentoria de pago, a los fines de proseguir la causa conforme a Ley, estableciendo como nuevo monto a cancelar por concepto de desahucio la suma de Bs.5.327,43.-.

I.2 Recursos de casación

Dicha resolución motivó que la parte demandada interponga recurso de casación (fs. 176 a 177 vta.), mismo que previa trascripción de fragmentos del Auto de Vista que impugna y relación de antecedentes de hecho, plantea como problemática a resolver.

Que el Tribunal de Alzada, infringió el art. 253.1).3) del Código de Procedimiento Civil (CPC), referente al recurso de casación en el fondo, por interpretar erróneamente el art. 12 de la Ley General del Trabajo (LGT), donde se hubiera asignado al pre aviso otros elementos que la norma no prevé ni reconoce. Señala también que existió un error en la apreciación de la prueba, ya que no se habría valorado el verdadero contenido e intención del memorando de despido de fecha 14 de octubre de 2013, como del preaviso de fecha 16 de julio de 2013.

Finalmente solicita que el Tribunal Supremo de Justicia case el Auto de Vista N° 588/2014 y declare probada la excepción de pago, con costas.

CONSIDERANDO II:

II.1 FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte recurrente, trae a casación en esencia el reclamo vinculado a una errónea interpretación del art. 12 de la LGT por parte del Tribunal de alzada, aspecto que en su criterio “ha infringido” (sic) el art. 253.1).3) del CPC; bajo ese parámetro en principio, emerge necesario contextualizar los hechos que condujeron al Tribunal de alzada a la conclusión refutada en casación por la recurrente.

Sobre el particular el punto medular se halla inscrito a fs. 87, pues con el rótulo de “PREAVISO” (sic) y la referencia “sanción pecuniaria y preaviso” (sic), el 16 de julio de 2013, Beatriz Álvares Bánzer, se dirige Juan Carlos Mora, ante un supuesto hecho descrito en ese documento manifiestando “…se le hace conocer que de conformidad con los arts. 62 y 65.a) del Reglamento Interno de Personal de la SIDS S.A., se le descontarán 15 días de haber de la papeleta del mes de julio, bajo advertencia de que de reincidir en esta conducta, se dará aplicación al art. 67 del reglamento Interno de Personal de la SIDS SA concordante con la LGT y se procederá a su despido” (sic).

Ahora bien, fue tal proceder en posición de la parte demandada constituyó la emisión de un preaviso en cumplimiento del art. 12 de la LGT, y sobre el que el Tribunal de alzada a tiempo de pronunciarse sobre la viabilidad del pago de desahucio señaló “esta nota no constituye un preaviso de conclusión laboral, ya que es una nota de imposición de una sanción con una advertencia…es decir existe una condición suspensiva sujeta a una determinada conducta del trabajador para que se efectúe el despido, y si este no incurre en la conducta reprochada no se efectuaría el despido, en ese entendido esta nota, no constituye una nota de preaviso de desvinculación laboral, ya que el preaviso establecido por norma de 90 días para hacer conocer al trabajador que ya no continuará que efectúa y culminará la relación laboral” (sic).

Así los hechos la Sala concluye, el art. 12 de la LGT, por una parte, establece la forma de realización de contratos laborales, señalando que éstos pueden ser pactados por tiempo indefinido, cierto tiempo o por realización de obra o servicio y, por otra, también regula la forma de rescindirlos, como es la obligación de otorgar el preaviso correspondiente, sea por parte del empleador, como por parte del propio trabajador, aclarando que, en cuanto al término del preaviso, el DS No 6813 de 3 de julio de 1964 modificó en parte el dispositivo contenido en el art. 12 de la LGT, en sentido que el preaviso de retiro tanto para obreros como para empleados, es de 90 días después de tres meses de trabajo ininterrumpidos.

La esencia del preaviso, radica en la notificación o comunicación anticipada, que de manera expresa la parte quien decide desvincularse de la relación laboral realiza a la otra parte, con el fin de no causar perjuicio, o que, inevitable que sea éste, tenga el menor efecto posible. Tal instituto constituye para el trabajador la garantía, de impedir ser sorprendido por a una ruptura brusca de la relación laboral, teniendo el tiempo necesario para poder acogerse a una nueva fuente laboral como resultado de la próxima cesantía; y desde la perspectiva del empleador tiene como cometido el garantizar que la producción o bien la actividad laboral no se vea perjudicada o interrumpida como emergencia del alejamiento súbito del trabajador, otorgando un lapso razonable para cubrir aquella vacancia.

En la especie, el documento de fs. 87, denominado como preaviso de 16 de julio de 2013, no cumple con el propósito principal que señala la norma mencionada precedentemente sobre el preaviso, puesto que no tiene como propósito dar a conocer al trabajador una determinación de desvinculación laboral dentro del término de 90 días, sino que por dicho documento se sanciona al empleado con 15 días de haber en base al Reglamento Interno del Personal de la entidad demandada, así como se previene al empleado, que de reincidir en dicha conducta, se procederá a su despido, por lo tanto, queda claro que el documento señalado no constituye un aviso de desvinculación laboral, como erróneamente sostiene la parte recurrente. Pues es lógico suponer que ante una llamada de atención, si bien persistía una amenaza de sanción sobre la desvinculación laboral del trabajador, ésta no repercutió en las formas previstas por el art. 12 de la LGT, por cuanto, el trabajador al no tener una fecha exacta en la que la relación laboral cesaría, como tampoco tuvo las condiciones descritas anteriormente para asumir el periodo de cesantía, es que se vio frente a un despido intempestivo; sin que lo alegado por la recurrente pueda interpretarse ni de modo lejano como la equivalencia a un preaviso en rigor.

Así entonces, los de instancia al concluir que tal literal no constituye un pre aviso, sino una nota que impone una sanción, interpretaron correctamente los hechos, sin incurrir en infracción legal alguna.

Por consiguiente, se concluye que no son evidentes las infracciones normativas denunciadas en el recurso de casación de fs. 176 a 177 vta., conforme los fundamentos antes expuestos, correspondiendo por lo tanto dar aplicación a las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por la norma permisiva contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 176 a 177 vta., interpuesto por Paola Patricia Álvarez Banzer en representación de SIDS S.A. Con costas.

No se regula el honorario profesional del abogado por no existir respuesta al recurso de casación.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.


Firmado: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

              Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

Ante mi   Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

Secretario Sala Contenciosa y Contenciosa Adm. Social y Adm. Primera