TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

   SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 026

Sucre, 11  de febrero de 2015

Expediente: 385/2014-S

Demandante: Marcelo Vargas Almendras

Demandada: Empresa de Servicio Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario

Distrito        : Cochabamba

Magistrado Relator: Pastor Segundo Mamani Villca

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 171 a 172, interpuesto por Carmen Paola Ivana Camacho Vega, en representación del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (SEMAPA), contra el Auto de Vista Nº 144/2014 de 11 de junio, de fs. 151 a 152 vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; dentro del proceso social de reincorporación seguido por Marcelo Vargas Almendras contra la empresa recurrente; la respuesta de fs. 174 a 175; el Auto a fs. 176 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES

Tramitado el proceso social de reincorporación, el Juez de Partido Tercero de Trabajo y Seguridad Social del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitió la Sentencia de 24 de agosto de 2012, de fs. 125 a 128 de obrados, que declaró probada la demanda de reincorporación, sin costas, disponiendo que SEMAPA, a través de su representante legal Jared Biljha Blacutt Paniagua reincorpore a su fuente de trabajo al señor Marcelo Vargas Almendras, al mismo puesto que ocupaba al momento de su despido, más el pago de salarios devengados y otros derechos adquiridos previstos por ley hasta la fecha de su reincorporación, previo juramento de no haber percibido sueldos como emergencia de otro trabajo durante el tiempo de su cesantía, averiguable en ejecución de Sentencia, sea dentro de tercero día de ejecutoriada la Resolución, bajo alternativa de ley.

Fallo impugnado por Jared Biljha Blacutt Paniagua, en representación legal de SEMAPA, mediante memorial de fs. 131 a 132, resuelto por Auto de Vista No 144/2014 de 11 de junio, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, confirmó la Sentencia apelada, sin costas por disposición del art. 39 de la Ley No 1178 y 52 del Decreto Supremo (DS) No 23215. Con los siguientes fundamentos: (i) Quedó demostrada la existencia de la relación de dependencia del demandante Marcelo Vargas Almendras con la Empresa de Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado desde el 1 de abril de 2004 hasta el 9 de julio de 2009, hecho que pretendió ser tergiversado por el demandado pero que fue aclarado en la Sentencia pronunciada por el a quo y que no ha sido observada; (ii) El art. 48.II.III de la Constitución Política del Estado (CPE), impone de manera rígida la estabilidad laboral a favor del trabajador en su fuente de trabajo, por considerarse al mismo la principal fuerza productiva de la sociedad, derecho irrenunciable, siendo nulo cualquier convenido que burle sus efectos, mandato constitucional que fue tomado por el art. 10.I del DS No 28699 de 1 de mayo de 2006, de donde la normativa vigente en SEMAPA sobre incompatibilidad funcionaria no puede ser tomada en cuenta sobre el mandato del art. 410 constitucional, además la incompatibilidad funcionaria no está tipificada en el art. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT) y 9 del Decreto Reglamentario a la Ley General del Trabajo (DR-LGT) como causal de despido del trabajador de su fuente de trabajo; (III) A petición del demandante se tramitó en la Jefatura Departamental del Trabajo, dependiente del Ministerio del Trabajo, el procedimiento administrativo de reincorporación, donde la autoridad administrativa a establecido que el despido del actor fue injustificado, disponiendo su reincorporación, determinación confirmada en demás instancias, resoluciones que tiene fuerza ejecutiva y deben ser cumplidas sin observación.

MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

El fallo mencionado, motivó la interposición de recurso de casación (fs. 171 a 172), que sostiene que el Auto de Vista Nº 144/2014 de 11 de junio, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental del Justicia de Cochabamba, viola y lesiona los intereses de la Empresa a la que representa, porque no realizó una correcta valoración de la prueba presentada, especialmente del memorando SEM.GG.MEN-N 719/2009, que establece como motivo de retiro del actor la incompatibilidad funcionaria, establecida en el art. 10.6) del Reglamento de Regulación de Inhabilidades, Incompatibilidades y Prohibiciones de SEMAPA, puesto que en la misma trabajaban Fernando Vargas Carrillo y Marcelo Vargas Almendras (demandante), padre e hijo, por lo que se agradeció los servicios del último, que estaba como personal eventual, el incumplimiento de la normativa generaría responsabilidad a la Máxima Autoridad Ejecutiva, conforme lo dispone el art. 28.a) de la Ley de Administración y Control Gubernamental.

Continuo señalando que por mandato de la Resolución Biministerial Nº 003 de 1 de julio de 2011, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, se aprobó la estructura orgánica y escala salarial del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cochabamba, compuesta por 326 ítems, distribuidos en 24 niveles con un costo mensual de Bs.971.325.- y un costo anual de Bs.110655,900.-  con recursos específicos de la empresa a partir del 2011, razón por la que se agradeció los servicios del actor, ya que la MAE no puede permitir situaciones de nepotismo ni modificar la estructura laboral determinada en la Resolución Bi-Ministerial citada para mantener a un trabajador.

Concluyó su recurso, solicitando al Tribunal Supremo de Justicia case el Auto de Vista impugnado y deliberando en el fondo declare la nulidad de la Sentencia de 24 de agosto de 2012, de fs. 125 a 128.

II.2 Respuesta al recurso

Raúl Francisco Gareca Ricaldi, en representación de Marcelo Vargas Almendras contestó el recurso de casación mediante memorial de fs. 174 a 175, con los siguientes argumentos: a) Su mandante no infringió el art. 16 de la LGT, es más, cumpliendo sus funciones en SEMAPA sufrió un grave accidente que le dejó secuelas permanentes hecho del que la Empresa no se hizo responsable; b) La reincorporación tiene importancia como principio jurídico elemental porque garantiza el derecho del trabajador a conservar su empleo durante su vida laboral garantizando su subsistencia y el mantenimiento de su familia en condiciones dignas. En el mismo sentido, el art. 48.II.III de la CPE dispone la estabilidad laboral a favor del trabajador. Por lo expuesto, solicitó se confirme el Auto de Vista impugnado.

CONSIDERANDO II: FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El recurrente interpone el  recurso de casa ción solicitando case el Auto de Vista Nº 144/2014 de 11 de junio, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, y deliberando en el fondo declare la nulidad de la Sentencia de 24 de agosto de 2012, de fs. 125 a 128, porque viola y lesiona los intereses de la Empresa recurrente, al no haber realizado una correcta valoración de la prueba presentada, especialmente del memorando SEM.GG.MEN-N 719/2009, que establece como motivo de retiro del actor la incompatibilidad funcionaria, establecida en el art. 10.6) del Reglamento de Regulación de Inhabilidades, Incompatibilidades y Prohibiciones de SEMAPA, puesto que el citado y su padre trabajaban en la Empresa, cuya estructura y escala salarial aprobada por una Resolución Bi-Ministerial no puede ser modificada.

Para ingresar a analizar la problemática traída a casación es importante hacer referencia a los principios rectores que establece nuestra Constitución Política del Estado, que consagra el derecho al trabajo como un derecho fundamental, así el art. 48.II, establece: "Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador".  En el mismo sentido el  DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006 en su art. 4 se refiere a la vigencia plena en las relaciones laborales del principio protector con sus reglas del in dubio pro operario y de la condición más beneficiosa, así como los principios de continuidad o estabilidad de la relación laboral, de primacía de la realidad y de no discriminación; asimismo el art. 11.I del mismo precepto legal establece: "Se reconoce la estabilidad laboral a favor de todos los trabajadores asalariados de acuerdo a la naturaleza de la relación laboral, en los marcos señalados por la Ley General del Trabajo y sus disposiciones reglamentarias". Estos criterios básicos están también establecidos en el art. 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, señala que: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo que le asegure a ella como a su familia, una existencia con forme a la dignidad humana”.

El parágrafo III del art. 49 de la CPE, prescribe que “El Estado protegerá la estabilidad laboral. Se prohíbe el despido injustificado y toda forma de acoso laboral. La ley determinará las sanciones correspondientes”; en coherencia con ello el DS Nº 28699, sobre los contratos laborales, en el párrafo onceavo de su parte considerativa ilustra que “la regla son los contratos laborales indefinidos; ya que la causa de despido debe estar debidamente justificada, fundamentada y comprobada en el marco del respeto a los derechos laborales vigentes en nuestro país”.

A ese efecto el Convenio C-158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “Sobre la terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador”, en su art. 4, establece que: “No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio. En su art. 8, establece el derecho del trabajador a recurrir ante la autoridad competente cuando considere que la terminación de su relación de trabajo es injustificada. Estas disposiciones establecen el derecho del trabajador de conservar su empleo durante su vida laboral (estabilidad laboral), por ello se protege al trabajador de un despido arbitrario e injustificado por parte del empleador.

Para que un despido pueda ser calificado como justificado debe producirse por causas que dentro de un margen de razonabilidad objetiva y previa probanza, estén relacionadas a la conducta del trabajador, y que -entre otros aspectos- eventualmente conlleven la afectación grave de los medios de producción o la estructura organizativa; entonces, existe un límite claro en la desvinculación laboral atribuible al empleador y es el establecimiento veraz y objetivo de la justa causa del despido, siendo ese el límite que impide un accionar discrecional al empleador que es coherente con los principios protectores establecidos en la Legislación Constitucional y ordinaria en el Estado.

Todo lo expuesto lleva a concluir, que en los casos de desvinculación laboral basada en los supuestos de los citados arts. 16 de la LGT y 9 del DR-LGT, o en su caso por vulneración del Reglamento donde se denuncie lo injustificado del despido o su ilegalidad, es deber de los Juzgadores determinar si el despido estuvo debidamente justificado y se adecúa a lo previsto en la legislación laboral, la reglamentación específica a cada caso (si ésta se hallase dispuesta), siempre dentro de una valoración e interpretación desde la Constitución Política del Estado. Dicho sea acá, que corresponde al juzgador laboral dentro de las facultades y atribuciones que por Ley le han sido conferidas, una actuación que siempre precautelando los derechos de los trabajadores se enfrasquen en los arts. 3.d), 4 y 56 del Código Procesal del Trabajo (CPT).

Debido proceso

La jurisprudencia constitucional ha señalado en la Sentencia Constitucional Nº 1756/2011-R de 7 de noviembre lo siguiente: “En mérito a lo anteriormente desarrollado, y tomando en cuenta el nuevo entendimiento asumido por el Tribunal Constitucional mediante su jurisprudencia, es necesario concluir recalcando que este derecho fundamental no se satisface solamente con el cumplimiento mecánico de las reglas formales, sino que tiene una naturaleza protectora de fondo, es decir, que si bien es importante el tratar de que se logre el objetivo de llevar adelante un proceso -sea este administrativo o judicial- sin errores formales, es aún más importante, si cabe el término, el velar por un orden justo, o mejor dicho en otras palabras, velar por la justicia material” . Es importante tener presente que en cualquier etapa que un procedimiento judicial o administrativo se deben respetar los derechos subjetivos e intereses legítimos del encausado, de forma tal que estos no resulten lesionados por actuaciones arbitrarias o actos discrecionalmente opuestos a la norma constitucional, cualquiera sea naturaleza. Por ello, se debe velar que todo procedimiento que en su generalidad involucre el establecimiento de un eventual cargo para la también eventual imposición de una sanción, sea desarrollado y materializado de forma objetiva, teniendo como finalidad determinar la verdad de los hechos y el ejercicio del derecho a la defensa.

Realizadas esas consideraciones, corresponde analizar la problemática venida en casación misma que fue identificada al inicio del presente considerando, que impugna el Auto de Vista pronunciado en apelación porque no hubiera valorado la prueba, especialmente el memorando de despido del actor que establece como motivo de la desvinculación laboral la incompatibilidad funcionaria, pues padre e hijo trabajaban en la misma Empresa.

Inicialmente debe puntualizarse que la valoración de la prueba es atribución privativa de los jueces de grado incensurable en casación a menos que se demuestre error de hecho o de derecho como exige el art. 253.3) del Código de Procedimiento Civil (CPC), extremo que en el caso no fue demostrado con documentos o actos idóneos a fin de establecer la equivocación del Juez, pues si bien, el recurrente acompañó el Reglamento de Regulación de Inhabilidades, Incompatibilidades y Prohibiciones, éste por sí mismo no demuestra la existencia de  error por parte del Juez, más aún cuando el mismo no fue homologado por las autoridades del Ministerio de Trabajo ni está adecuado a la Constitución Política del Estado y las normas laborales (DS No 28699) promulgadas a partir del 7 de enero de 2009. Un Reglamento Interno no puede ir en contra de Decretos Supremos, leyes y la propia Constitución, pues se vulneran los principios de jerarquía normativa y supremacía constitucional.

La Constitución Política del Estado y la Ley ampara la estabilidad laboral y al  trabajador si éste se discapacitó en el desarrollo de las tareas que cumplía en la Empresa que lo despidió.

En el caso, la desvinculación laboral emerge del memorando SEM.GG.MEM-N 719/2009 de 9 de julio, por el que se agradece los servicios del actor por incompatibilidad funcionaria, amparándose en el art. 10.6 Reglamento de Inhabilidades, Incompatibilidades y Prohibiciones de SEMAPA, que establece como incompatibilidad: “Estar vinculados con miembros del Directorio, con Ejecutivos o con cualquier funcionario público de la empresa en general, por lazos de parentesco dentro del segundo grado de afinidad o consanguineidad, conforme al cómputo establecido por el Código de Familia, sin importar si estos tienen unidades familiares independientes o no”.

Sin embargo, para la aplicación del Reglamento al caso concreto, una primera exigencia es este adecuado a la Constitución Política del Estado y las leyes normas laborales promulgadas con posterioridad al 7 de febrero de 2009, lo que en el caso no acontece pues el mismo data del año 2007; una segunda exigencia es que el Reglamento debía estar homologado por las autoridades del Ministerio de Trabajo, solo de ese modo se garantiza que los Reglamentos sean concordantes con la Constitución y la ley, lo que tampoco ocurre con el Reglamento aplicado y, finalmente dicho instrumento debía establecer un procedimiento para su aplicación, en el caso, la sustanciación de un Proceso Administrativo Interno, en el que se permita al actor asumir su defensa y al empleador demostrar la razonabilidad y legalidad de su determinación, situación que en el caso no existe, motivos estos que nos permiten concluir que la  determinación del memorando per no obstante de estar amparada en el art. 10.6 Reglamento de Inhabilidades, Incompatibilidades y Prohibiciones de SEMAPA, es arbitraria e ilegal, vulnera el principio de jerarquía normativa y el debido proceso, por lo que el despido resulta injustificado, por lo que el fundamento del recurso de casación carece de sustento legal y constitucional.

Asimismo, de la revisión de antecedentes se advierte que el actor solicitó su reincorporación por la vía administrativa habiéndose agotado las instancias correspondientes, existiendo determinación firme que dispuso su reincorporación que no fue acatada por la Empresa recurrente, y si bien el art. 10.III del DS No 28699, prevé la posibilidad en caso de negativa de cumplir la determinación del Ministerio del Trabajo el trabajador puede iniciar la acción ante el Juez de trabajo, esta disposición desde y conforme a la Constitución debe ser entendida como una situación de última ratio, pues todo empleador debe cumplir con carácter obligatorio las determinaciones asumidas por el Ministerio del Trabajo, porque de lo contrario se delita dolosamente la resolución de un caso, en desmedro del derecho a la celeridad proceGsal.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm. Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 171 a 172 interpuesto por Carmen Paola Ivana Camacho Vega, en representación del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. Con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

              Dr. Pastos Segundo Mamani Villca

Ante mi   Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

  Secretario Sala Contenciosa y Contenciosa ADM. Social y ADM. Primera