TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

  SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSO ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 016

Sucre, 10 de febrero de 2015

Expediente: 373/2014-S

Demandante: Cristina Juana Chacalluca Mamani

Demandado: Empresa CREDITOAMI S.R.L.

Distrito        : La Paz

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 359 a 360 vta., interpuesto por Carlos Conrado León Guzmán en representación de la Empresa CREDITAMI S.R.L., contra el Auto de Vista Nº 90/14 de 25 de agosto de fs. 354 a 356, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso laboral seguido por Cristina Juana Chacalluca Mamani contra la Empresa CREDITOAMI S.R.L.; la respuesta de fs. 363 y vta.; el Auto a fs. 365 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1 Sentencia

Que, tramitado el proceso laboral por pago de beneficios sociales, la Juez Primero de Trabajo y Seguridad Social de El Alto - La Paz, pronunció la Sentencia Nº 223/2013 de 12 de diciembre de fs. 319 a 324, declarando probada la demanda de pago de beneficios sociales cursante a fs. 3 a 5, subsanada a fs. 8 a 9 e improbada la excepción de pago de fs. 86, con costas, ordenando a la parte demandada a través de su representante cancele a la actora la suma de Bs.54.434,95.- (cincuenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro 95/100 bolivianos) por concepto de indemnización, desahucio, vacación y aguinaldo, monto que en ejecución de sentencia será actualizado y sujeto a la multa dispuesta en el art. 9 del Decreto Supremo (DS) Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, que además deberá deducirse el 46,70% correspondiente a la responsabilidad por esta obligación que tiene la actora como socia de la Empresa demandada, rechazando mediante Auto de 29 de enero de 2014 la aclaración, explicación y complementación solicitada mediante memorial cursante a fs. 333.

I.2 Auto de Vista

Interpuesto el recurso de apelación tanto por el representante de la Empresa demandada como por la parte actora (fs. 327 a 330 y 337 a 340 respectivamente), mediante Auto de Vista Nº 90/14 de 25 de agosto de fs. 354 a 356 la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, confirmó en parte la Sentencia Nº 223/13 de 12 de diciembre de fs. 319 a 324, disponiendo que la Empresa demandada cancele a favor de la actora la suma de Bs.53.763,81.- (quinientos cincuenta y tres mil setecientos sesenta y tres 81/100 bolivianos) por concepto de indemnización, desahucio, vacación y aguinaldo.

II. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Dicha Resolución motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 359 a 360 vta., interpuesto por Carlos Conrado León Guzmán en representación de la Empresa CREDITAMI S.R.L., quien acusó que en cuanto al desahucio se observaría que la desvinculación laboral obedece a que la sociedad comercial conformada por la actora decidió su resolución, trayendo como consecuencia la división de Cartera, proceso que duro aproximadamente 3 meses, empero el Auto de Vista aplicó los arts. 3 y 182. c) del Código Procesal del Trabajo (CPT), olvidando el art 150 del CPT, más aun cuando ofreció prueba abundante en el que se demostró que la actora tenia pleno conocimiento de la disolución de la sociedad, conforme las literales cursantes a fs. 115 y 125.

Refirió también que en cuanto al depósito efectuado por su persona, el sustento por el cual el Tribunal de Alzada pretende no considera dicho pago versa en las pruebas cursantes de fs. 291 a 296, mismas que no podrían ser consideradas como pruebas de reciente obtención toda vez que las mismas nacen con anterioridad a la demanda, advirtiéndose que los recibos datan de gestiones anteriores al depósito efectuado, por lo que se advertiría que no existiría una valoración correcta de las pruebas aportadas, sin aplicar los principios de la valoración de las pruebas, vulnerando el principio constitucional del debido proceso.

Por otra parte señaló el art 195 del Código de Comercio (CCom), arguyendo que no es posible que se quiera imputar al pago de lo condenado a una sola persona, cuando existen dos socios máxime cuando dicha sociedad fue disuelta por acuerdo común, aspecto que denotaría una errónea apreciación de la prueba, mellando su derecho al debido proceso.

II. 1 Petitorio

Concluyo solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia case el Auto de Vista Nº 90/14 declarando improbada la demanda, en razón a las circunstancias y hechos puestos de manifiesto que denotarían un error de derecho y hecho en la apreciación de las pruebas que evidencian el pago realizado en exceso por su persona, así como la inexistente causal de despido, sea con las formalidades de ley.

CONSIDERANDO II:

I. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Que a mérito de estos antecedentes, revisado minuciosamente el recurso de casación en el fondo, corresponde resolverlo de acuerdo a las siguientes consideraciones:

Por lo que previamente cabe indicar que el art. 48.II de la Constitución Política del Estado (CPE) establece el “principio de la relación laboral” como un principio protector de los trabajadores, señalando al efecto: “Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador”, estableciéndose que la importancia que reviste este principio es de una enorme trascendencia social y jurídica, pues se constituye este en unos de los pilares fundamentales del derecho del trabajo que busca proteger y favorecer al trabajador en las relaciones de trabajo. Por ello, desde sus inicios encontramos que en el Derecho Laboral el trabajador es la parte débil de esta; y por ende que existe una desigualdad en la realidad contractual del trabajo, por lo que el principio en mención trata de amparar a una de las partes para lograr una justicia social en condiciones humanas con el empleador. Así pues que el proteccionismo que se aplica en el derecho laboral lo diferencian del resto de las ramas del derecho.

De esta manera, consiste el principio protector en darle mayor defensa al trabajador frente al poder del empleador, principio protector reconocido también en el art. 3.g) del CPT. Bajo dicho contexto al ser manifiesta la desigualdad existente entre el trabajador y el empleador a tiempo de tener acceso a la prueba idónea para acreditar o desvirtuar determinados asuntos laborales, como por ejemplo a la prueba documental, el legislador con el ánimo de compensar esta situación, ha previsto que en los procesos laborales la carga de la prueba es obligatoria para la parte patronal y facultativa para el trabajador, conforme disponen los arts. 3. h), 66 y 150 del CPT; es decir, que en materia laboral rige el principio de inversión, correspondiendo al empleador desvirtuar los hechos afirmados por el trabajador, siendo simplemente una facultad del actor trabajador la de ofrecer prueba, más no una obligación.

En ese contexto; en el caso de autos y conforme los medios de pruebas producidos en el curso del proceso, es importante también referirnos a uno de los principios rectores del derecho laboral, como es el principio de la primacía de la realidad, que tiene vinculación con los arts. 180. I constitucional y 30. 11 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que incorporaron el principio de la verdad material y que conforme a la jurisprudencia sentada por este Tribunal, tanto en los procesos administrativos, como en la jurisdicción ordinaria debe prevalecer la verdad material sobre la verdad formal, con la finalidad de que toda resolución contemple de forma inexcusable la manera y cómo ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de las garantías procesales; es decir, dando prevalencia a la verdad pura, a la realidad de los hechos, antes de subsumir el accionar administrativo y jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia.

Ahora bien sobre el caso particular, es importante señalar que la trabajadora a tiempo de formular su demanda, refirió como antecedentes que ésta ingresó a trabajar en la empresa demandada el 1 de julio de 2008 en calidad de encargada de contabilidad y cajas, hasta el 31 de agosto de 2012 donde su empleador determinó que ya no trabajaría, produciéndose su retiro intempestivo, por lo que demandó el pago de los conceptos de desahucio, indemnización, vacación y aguinaldo más la multa del 30% previsto por el art. 9 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.

Citada que fue la empresa con la demanda social, éste mediante escrito de fs. 25 a 27 de obrados, respondió negativamente al pago de la demanda social interpuesta, memorial en el que señaló que la causal de desvinculación laboral fue por el abandono de funciones de la actora; y precisamente es dicha actuación procesal de la parte demandada, que sirvió de base para que la Juez de primer grado, emitiera el correspondiente auto de relación procesal de fecha 21 de mayo de 2013 cursante a fs. 71, entre las cuales se establecen, la causal de retiro entre otros.

La Sentencia de primer grado (fs. 319 a 324), concluyó que al no estar demostrado un retiro voluntario por inasistencia a la fuente laboral y al no existir prueba en contrario se debe aplicar la presunción prevista en el art. 182.c) del CPT, concluyéndose que existió un despido forzoso e intempestivo, aspecto confirmado por el Tribunal de segunda instancia quien además determino que en cuanto a la disolución de la sociedad comercial, determino que en obrados no cursa prueba de ello, por lo que no ameritaba referir al respecto.

Visualizándose que la parte recurrente no ha desvirtuado con prueba fehaciente que el trabajador fue despedido de manera intempestiva, sin percibir que la obligación de desvirtuar los términos de la demanda era de su incumbencia conforme prevén los arts. 3. h), 66 y 150 del CPT y no así de la actor; por lo que los de instancia establecieron válidamente en aplicación del art. 182.c) del CPT que se presume que el despido del trabajador fue de manera intempestiva, debiendo puntualizarse que la prueba en su sentido procesal se constituye en un medio de verificación de las proposiciones que los litigantes formulan en el juicio, con la finalidad de crear la convicción del juzgador sobre el hecho o hechos demandados, misma que debe ser valorada en su conjunto, debiendo además tomar en cuenta que en materia laboral el juez no se encuentra sujeto a la tarifa legal de la prueba, sino por el contrario debe formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, conforme lo dispone el art. 158 del CPT, siendo razonable señalar que al no haberse aportado los elementos suficientes que establezcan de manera indubitable, primero, que hubiere existido un abandono injustificado y, segundo, que la sociedad fue disuelta, corresponde presumir que el retiro intempestivo, toda vez que la presunción es un juicio lógico del juez, en virtud del cual se considera como cierto o probable un hecho, con fundamento en las máximas generales de la experiencia, que le indican cuál es el modo normal como se suceden las cosas y los hechos, permitiendo una correcta valoración de las pruebas; razón por la cual se advierte que no es evidente las afirmaciones efectuadas por el ahorra recurrente.

En ese marco corresponde señalar además que la valoración y compulsa de las pruebas, es una atribución privativa de los juzgadores de instancia e incensurable en casación, a menos que se demuestre fehacientemente la existencia de error de hecho en la apreciación de las pruebas que se da cuando se considera que no hay prueba suficiente sobre un hecho determinado, o que se hubiere cometido error de derecho que recaiga sobre la existencia o interpretación de una norma jurídica, o en su caso que los juzgadores de instancia ignorando el valor que atribuye la ley a cierta prueba, le hubieran asignado un valor distinto, aspectos que en la especie no concurrieron en la tramitación de la presente causa, al evidenciarse que el Tribunal ad quem valoró correctamente las pruebas aportadas por las partes, formando libremente su convencimiento, claro está, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, lo que consta haber ocurrido.

Ahora bien respecto a que debió valorarse las literales cursantes a fs. 115 y 125 en sentido de que la desvinculación laboral obedecería a que la sociedad comercial conformada por la actora decidió su resolución, trayendo como consecuencia la división de Cartera, proceso que duro aproximadamente 3 meses, cabe señalar que resulta incongruente lo manifestado por la parte recurrente toda vez que, como se anotó, precedentemente la causal que señalo fue el abandono por parte de la actora a su fuente laboral empero también de manera confusa señala que la actora se desvinculo con la empresa por la disolución de la misma, adjuntando como únicas pruebas una certificación y una comunicación dirigida al Ministerio del Trabajo, sin demostrar mediante documentos fehacientes que acrediten la disolución de la sociedad comercial, así también debió demostrar que dicha liquidación fue en cumplimiento de la escritura pública de constitución de sociedad de responsabilidad limitada que en clausula sexta determina que en caso de disolución de la sociedad se debe aplicar la norma establecida en los art. 384 al 397 del CC, por lo que no se advierte que los reclamos efectuados por el recurrente sean evidentes.

Sobre la excepción de pago documentado, el Tribunal de Alzada pronunciándose al respecto, señaló "...si bien es cierto que las literales de fs. 85, 120, 174 a 176 demuestran un deposito por la suma de Bs. 100.000 en la cuenta de la Trabajadora, no es menos evidente que en obrados no cursa prueba fehaciente o vinculante que acredite que dicho monto haya sido cobrado de forma efectiva por la trabajadora ni que dicho monto éste destinado al exclusivo pago de beneficios sociales, incumpliéndose así con los presupuestos del art. 135 del CPT...". En relación a ello, el art. 135 del CPT señala "...la excepción de pago deberá ir acompañada de la liquidación y el recibo debidamente suscrito por el demandante...", es decir que para declarar probada una excepción de pago, de forma expresa se establece que debe existir constancia de pago firmada por los demandantes, situación que no se cumple en el caso de autos, de tal forma es que el Auto de Vista recurrido fundamentó adecuadamente su determinación al respecto, al declarar de forma precisa que corresponde declarar improbada dicha excepción, resolución amparada además en el citado artículo, no siendo evidentes por lo tanto, los reclamos del recurrente al respecto.

Ahora bien en cuanto a la acusación en sentido de que las pruebas cursantes de fs. 291 a 296, no podrían ser consideradas como pruebas de reciente obtención toda vez que las mismas nacen con anterioridad a la demanda, cabe señalar que el recurrente, al interponer su recurso de apelación (fs. 327 a 330), no expresó como agravio dicho extremo, omisión que no permitió al Tribunal ad quem pronunciarse en cuanto a este aspecto, puesto que tiene la obligación de hacerlo con la pertinencia prevista en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil (CPC); es decir, respecto a los agravios que hubiesen sido objeto de apelación, por ello, se colige que ha sido la empresa demandada -recurrente- quién por su descuido no reclamó oportunamente el supuesto agravio que le hubiese causado la Sentencia respecto a la valoración de dichas literales, lo que ahora tardíamente aduce en el recurso de casación, razón por la cual, se activa la preclusión procesal establecida en los arts. 3. e) y 57 del CPT.

Al respecto, según la doctrina el proceso es concebido como la secuencia de actos que se desenvuelven progresivamente, con el objeto de resolver, mediante un juicio de la autoridad, el conflicto sometido a su decisión, siendo, un conjunto de actos jurídicos desarrollados de manera sistemática y ordenada con el fin de llegar a la resolución de un conflicto jurídico.

Ahora bien, efectivamente el proceso se desenvuelve en instancias o etapas, de modo que los actos procesales deben ejecutarse en un determinado orden; ese desenvolvimiento ordenado responde al principio de preclusión, establecido en al art. 3. e) concordante con el art. 57 ambos del CPT, señalando que el proceso consiste en el desarrollo de las diversas etapas en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, el juez impedirá el regreso a momentos procesales ya extinguidos o consumados, rechazando de oficio toda petición por pérdida de la oportunidad conferida por Ley para la realización de un acto procesal, sin necesidad de solicitar informe previo al Secretario ni otro trámite.

En el marco de lo precedentemente expuesto, es necesario mencionar que la vulneración alegada por la parte recurrente no fue oportunamente impugnada, de donde resulta inadmisible que en la vía del recurso de casación o nulidad, se pretenda regresar a momentos procesales ya extinguidos y consumados, en franca vulneración al referido principio de preclusión.

Bajo estos parámetros se concluye que al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación en el fondo de fs. 359 a 360 vta., al carecer de sustento legal; ajustándose el Auto de Vista recurrido a las leyes en vigencia, no observándose violación de norma legal alguna, por lo que corresponde resolverlo en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271. 2) y 273 del CPC, aplicables por la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contencioso Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184.I de la CPE y el art. 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 359 a 360 vta., interpuesto por Carlos Conrado León Guzmán en representación de la Empresa CREDITOAMI S.R.L. Con costas.

Se regula honorario profesional de Abogado, en la suma de Bs.500 (quinientos 00/100 bolivianos) que mandará pagar el Tribunal ad quem.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

               Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

Ante mi   Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

Secretario Sala Contenciosa y Contenciosa Adm. Social y Adm. Primera