TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo No 015

Sucre, 10 de febrero de 2015

Expediente: 388/2014-S

Demandante: Solano Alcoba Ríos

Demandada: Caja Nacional de Salud

Distrito        : Santa Cruz

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 96 a 100, interpuesto por Rene Teodoro Ardaya Gutiérrez en representación de la Caja Nacional de Salud (C.N.S.), contra el Auto de Vista No 192 de 16 de julio de 2014 de fs. 90 a 91 vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro el proceso social que sigue Solano Alcoba Ríos, contra la Caja Nacional de Salud; el Auto No 421 de fs. 106 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

  1. ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1 Sentencia

Que tramitado el proceso de revisión de finiquito con determinación de pago de reintegros de derechos y beneficios sociales, el Juez Tercero de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz, emitió la Sentencia Nº 493 de 18 de noviembre de 2013 (fs. 62 a 64 vta.), declarando probada en parte la demanda ordenando al ente demandado, a través de su representante legal cancele al actor la suma de Bs.33.059,56.- (treinta y tres mil cincuenta y nueve 56/100 bolivianos) por concepto de desahucio, indemnización, bono de té y refrigerio, más la multa de 30% dispuesto por el Decreto Supremo (DS) Nº 28699.

I.2 Auto de Vista

Interpuesto el recurso de apelación por el representante de la entidad demandada (fs. 77 a 79), mediante el Auto de Vista Nº 192 de 16 de julio de 2014 de fs. 90 a 91 vta., la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, confirmó en todas sus partes la Sentencia Nº 493 de 18 de noviembre de 2013, sin costas.

II. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Dicha resolución motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 96 a 100, interpuesto por René Teodoro Ardaya Gutiérrez en representación de la C.N.S., exponiendo los siguientes agravios:

II.1 Violación, interpretación errónea y aplicación indebida de la Ley

Acusó que, en la Sentencia el A quo, confundió el tenor de la demanda que en este punto refiere a que el importe de Bs.660.- por concepto de devolución de Transporte y Refrigerio que la C.N.S. paga en forma mensual a sus dependientes, se incluya o sea comprendido en el sueldo promedio indemnizable de su liquidación, lo que viola lo establecido en el art. 11.II del DS No 1592 de 19 de abril de 1959, con el impago o falta de pago de esa devolución, aspecto erróneo por cuanto se demostró dichos pagos con las planillas que corren a fs. 74, aspecto que no fue valorado por el Tribunal de Alzada.

II.2 Ilegal pago del desahucio

Que, el A quo en su Sentencia dispuso el ilegal pago del desahucio con el argumento de que no se cumplió con el pre aviso previsto en el art. 12 de la Ley General del Trabajo (LGT), sin considerar que en aplicación del art. 66 de la LGT el actor ya contaba con 70 años de edad, es decir desde su ingreso a la C.N.S. se encontraba pre avisado por ley, conforme lo establecen los Autos Supremos N° 375 del 10 de julio de 2006 y el Auto Supremo N° 35 de 9 de febrero de 2009 pronunciados por la Sala Social y Administrativa que determinó que, el retiro forzoso se produce al cumplimiento de los 65 años de edad del trabajador.

II.3 Error de hecho y de derecho en la valoración de la prueba y aplicación indebida de la Ley

Denunció que, la Sentencia condena a la CNS, el pago de la multa del 30%, como sanción por omisión de pago del finiquito, sin considerar que fue el propio actor que confesó en su demanda que solicitó prórroga; por lo que, no se valoró correctamente la prueba confesora contenida en la demanda del actor a fs. 10.

III.1 Petitorio

Concluyó solicitando que, el Tribunal Supremo de Justicia, case el Auto de Vista recurrido, revocando la Sentencia de primera instancia, reparando las transgresiones legales conforme lo prevé el art. 271.4) del Código de Procedimiento Civil (CPC).

CONSIDERANDO II:

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Que a mérito de estos antecedentes, revisado minuciosamente el recurso de casación en el fondo, corresponde resolverlo de acuerdo a las siguientes consideraciones:

Respecto a la violación, interpretación errónea y aplicación indebida de la Ley

Según lo denunciado por la entidad recurrente, el actor pretende que el importe de Bs.660.- por concepto de devolución de transporte y refrigerio que, la C.N.S. paga en forma mensual a sus dependientes, se incluya en el sueldo promedio indemnizable de su liquidación.

De la revisión de la demanda se advierte que el actor en el acápite V de su memorial, denuncia que, en el finiquito, no está incluido el pago del bono de transporte y refrigerio (Bs.660.- por mes) y que, por cada año de los 12 trabajados, le correspondería en total Bs.7.920.- (siete mil novecientos veinte 00/100 bolivianos), es decir pretende que, por cada año trabajado, se le cancele a razón de un bono mensual. Posteriormente, en el acápite siguiente es decir en el VI, solicitó la devolución del bono de refrigerio y transporte como parte integrante del sueldo o salario, entendiéndose por los fundamentos expresados que, pretendió que este bono, se incluya en el promedio indemnizable.

Compulsada la Sentencia Nº 493 de 18 de noviembre de 2013 y el Auto de Vista Nº 192 de 16 de julio de 2014 evidenciamos en principio que, el A quo otorgó al actor por concepto de bono de té y refrigerio, la suma de Bs.7.920.- por cuanto el ente gestor, pese a existir una solicitud de certificación expresa, no demostró haber cancelado dicho bono. En apelación la C.N.S., argumentó que, las devoluciones por este bono, son depositadas mensualmente en las cuentas de sus empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jesús Nazareno Ltda., corroborando con planillas que cursan de fs. 73 a 76 Bis.; el Ad quem, confirmó la Sentencia, descartando dichas planillas por ineficacia probatoria, al no estar suscritas por el actor.

Como se evidenció en autos, la pretensión del actor es que se le pague 12 bonos por los 12 años trabajados y que el monto del bono mensual forme parte del promedio indemnizable, por ello, de acuerdo a la verdad material de los hechos, haciendo prevalecer la primacía de la realidad, tenemos por una parte que, la devolución de transporte y refrigerio les son abonados mensualmente en las cuentas de los funcionarios, aspecto que no fue refutado por el actor por cuanto, entendemos que, esta realidad contractual es evidentemente materializada mensualmente, razón por la que nunca se reclamó dicho pago o devolución. Ahora bien, respecto a que si se le debería o le correspondería cancelar un bono por cada año trabajado, no existe norma ni convenio laboral bilateral sometido a análisis en la presente causa que establezca que es un derecho adquirido, tanto el de instancia como el de Alzada, soslayaron fundamentar con normativa laboral dicha pretensión, aduciendo que, por la inversión de la prueba, la pretensión del actor no fue desvirtuada, aspecto con el que no coincidimos, toda vez que, conforme a la línea jurisprudencial asumida por este tribunal, el trabajador que en justicia busque se le reconozca un derecho, por el principio de buena fe, y lealtad procesal imbuidos en el de honestidad proclamado en el art. 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE), refrendado en la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0112/2012 de 27 de abril, debe aportar las pruebas suficientes, con la finalidad de demostrar la verdad objetiva que le dé certeza al juzgador de la realidad en la confrontación del medio de prueba con el hecho objeto de comprobación, máxime si está compelido al igual que el empleador - con mayor razón - a cumplir, respetar y difundir los valores y principios que proclama la Constitución (art. 108.1.2.3 constitucional), en consecuencia los fundamentos del A quo para ordenar el pago por dicho concepto, no es legítimo, así como, tampoco es legal la pretensión de que, este bono sea parte integrante del promedio indemnizable, por mandato expreso del art. 19 de la Ley General del Trabajo, concordante con el art. 11.II del DS No 1592 de 19 de abril de 1949.

Con referencia al pago del desahucio

Mediante memorando de 29 de septiembre la C.N.S. (fs. 2), al constatar que el actor cumplió con la edad prevista en el art. 66 de la LGT, agradeció sus servicios, dando por concluida la relación laboral a partir del 1 de octubre de 2009, aplicando el art. 10.a) del Reglamento Interno de Personal de la C.N.S.

Mediante nota de 14 de octubre de 2009 (fs. 71), el actor solicitó a la C.N.S. ampliación de su estadía en la institución hasta el 31 de diciembre de dicho año, la misma fue atendida favorablemente conforme se pudo evidenciar en la nota de 29 de octubre de 2009 de fs. 3.

Estos antecedentes nos permiten establecer que, el actor tenía conocimiento de la fecha de la desvinculación laboral, en consecuencia se establece que, no fue cesado en sus funciones intempestivamente, máxime si este al contar por demás con la edad para jubilarse, ya estaba ipso jure pre avisado, aspecto que fue de su total conocimiento y consentimiento, no otra cosa denota el tenor de la nota de fs. 71, en la que refiere que la institución le entregará el memorándum de jubilación, pidiendo una ampliación para su estadía, razón por la que al estar ya establecida la fecha de desvinculación por jubilación, no le corresponde el pago del desahucio.

3. Error de hecho y de derecho en la valoración de la prueba y aplicación indebida del art. 9 DS No 28699

El art. 9 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, en cuanto a las formas de conclusión de la relación obrero patronal sobre las que debería aplicarse la multa del 30%, causó un sin fin de confusiones, principalmente en los empleadores, quienes inicialmente interpretaron que esta prerrogativa correspondía aplicarse únicamente en caso de despido intempestivo - sin causa justificada -, más no cuando ocurría un retiro indirecto, apreciación que resultaba indebida, porque el citado art. 9 del DS Nº 28699, tiene carácter general en su aplicación para el caso de retiro de las trabajadoras o de los trabajadores, disponiendo la multa sobre el monto resultante del finiquito ante su pago inoportuno, es decir, no hace excepción en caso de un despido indirecto o directo, denotando  únicamente que tal generalidad no alcanzaba al “retiro voluntario del trabajador”, lo que incidía en la dilación del pago de los conceptos demandados.

Sin embargo, regulando esta situación y en virtud a los principios protectores del trabajador que rigen en materia laboral el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en uso de su facultades y atribuciones conferidas por ley, emitió la Resolución Ministerial Nº 447 de 8 de julio de 2009, cuyo art. 1 establece que la multa del 30%, también procede en los casos de retiro voluntario.

Del análisis efectuado a esta normativa, se puede concluir que en la actualidad la multa del 30%, es aplicable ante el incumplimiento del plazo de los 15 días establecidos para cancelar los beneficios sociales y derechos laborales adquiridos que correspondan a favor de un trabajador o trabajadora a la conclusión de la relación laboral por retiro directo, indirecto o voluntario.

De la lectura de la demanda, el actor evidentemente afirma que solicitó ampliación (fs. 10), misma que le fue concedida, pero conforme se tiene establecido, esta ampliación refiere a la permanencia del actor en la institución, misma que fenecía el 31 de diciembre de 2009 y no es un ampliación para el pago de los beneficios sociales.

Bajo este contexto, en el caso se evidencia que, la finalización de la relación laboral ocurrió merced al retiro por jubilación del actor en aplicación del art. 66 de la LGT, a partir del 1 de octubre de 2009 prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2009, por lo cual, la entidad demandada tenía la ineludible obligación de cancelar los beneficios sociales y derechos laborales que le correspondían en el plazo de los quince días previsto por el art. 1.II de la Resolución Ministerial Nº 447 de 8 de julio de 2009, es decir, hasta el 15 de enero de 2010, no siendo suficiente el justificativo de que el actor hubiese solicitado la prórroga para su pago cuando en los hechos se refirió a la prórroga de su permanencia en la institución. Según el comprobante de contabilidad que cursa a fs. 5, al actor en fecha 8 de febrero de 2010, se le cancelo su finiquito, es decir después de haber transcurrido los 15 días para su pago, activándose ante este incumplimiento la sanción de la referida multa conforme estableció tanto el A quo como el Tribunal ad quem aunque con sustento en el art. 9 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, cuando debió sustentarlo en el art. 1.II de la citada Resolución Ministerial Nº 447.

Consiguientemente, se establece que, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, al confirmar la Sentencia Nº 493 de 18 de noviembre de 2013, obró incorrectamente; por todo ello, al ser evidentes las infracciones acusadas en el recurso de casación en el fondo, corresponde aplicar los arts. 271.4) y 274 del CPC, aplicables por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, CASA parcialmente el Auto de Vista Nº 192 de 16 de julio de 2014 de fs. 90 a 91 vta., y deliberando en el fondo, dispone que en ejecución de Sentencia, de la liquidación efectuada en el fallo de primera instancia, se descuenten los montos de Bs.10.902,15.- por concepto de desahucio y Bs.7.920.- por bono de té y refrigerio, manteniendo firme y subsistentes los demás conceptos.

Sin multa por ser excusable.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

              Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

Ante mi   Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

Secretario Sala Contenciosa y Contenciosa Adm. Social y Adm. Primera