TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSO ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 005

Sucre, 26 de enero de 2015

Expediente        : 382/2014-S

Demandante: Eloy Rueda Espíndola

Demandada: Industrias Agrícolas de Bermejo dependiente  de la ex - Prefectura de Tarija

Distrito: Tarija

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 121 a 123 vta., interpuesto por Sergio Fernández Espíndola en representación de Eloy Rueda Espíndola, contra el Auto de Vista Nº 236/2014 de 29 de octubre de fs. 115 a 119 vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso social que sigue Eloy Rueda Espíndola contra Industrias Agrícolas de Bermejo dependiente de la ex - Prefectura de Tarija; la respuesta de fs. 125 a 126; el Auto a fs. 126 vta. a 127 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1 Sentencia

Que tramitado el proceso por pago de beneficios sociales, el Juez de Partido Primero de Trabajo y Seguridad Social de Tarija, emitió la Sentencia de 2 de septiembre de 2013 (fs. 97 a 98 vta.), declarando improbada la demanda y probada la excepción perentoria de prescripción, sin costas.

I.2 Auto de Vista

Interpuesto el recurso de apelación por el representante de la parte demandante (fs. 100 a 102), mediante Auto de Vista Nº 236/2014 de 29 de octubre de fs. 115 a 119 vta., la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, confirmó totalmente la Sentencia de fs. 97 a 98 vta., sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178.

II. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Dicha Resolución motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 121 a 123 vta., interpuesto por Sergio Fernández Espíndola en representación de Eloy Rueda Espíndola, quien acusó que el Auto de Vista impugnado constituiría una resolución atentatoria y violatoria a derechos laborales fundamentales, mismos que por mandato de los arts. 48 y 123 de la Constitución Política del Estado (CPE) son irrenunciables, imprescriptibles e inembargables, así como poseen carácter retroactivo; por lo que al gozar la Constitución Política del Estado de primacía en su aplicación frente a otras leyes el art. 120 de la Ley General del Trabajo (LGT) resultaría inaplicable.

Asimismo refirió que el Tribunal de Alzada habría vulnerado el principio in dubio pro operario, así como el art. 4 de la LGT, el art. 3.g) del Código Procesal del Trabajo (CPT) y los arts. 46, 48 y 123 de la CPE y el art. 397 del Código de Procedimiento Civil (CPC), por lo que se evidenciaría la existencia de error de interpretación en la valoración de la prueba y de la normativa legal citada.

II. 1 Petitorio

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia case el Auto de Vista de fs. 115 a 119 vta., y deliberando en el fondo declare probada la demanda en todas sus partes e improbada la excepción de prescripción, con costas en ambas instancias.

CONSIDERANDO II:

FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Que a mérito de estos antecedentes, revisado minuciosamente el recurso de casación en el fondo, corresponde resolverlo de acuerdo a las siguientes consideraciones:

Cabe señalar previamente que conforme a lo dispuesto por el parágrafo IV del art. 48 de la CPE, vigente desde el 7 de febrero de 2009 “…los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles…”; es decir, que por mandato de la Ley suprema del ordenamiento jurídico boliviano, tal cual lo señala el parágrafo II de su art. 410, la misma goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa, empero al existir contradicción en cuanto a la prescripción de los derechos laborales con lo señalado por el art. 120 de la LGT, debe darse aplicación preferente a lo establecido por la Constitución Política del Estado; siendo necesario aclarar que sólo en el caso de que el cómputo de los 2 años se haya producido antes de la vigencia de la Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009, se aplica lo dispuesto por el art. 120 de la LGT, guardando de tal forma relación con el art. 123 de la CPE en cuanto a la retroactividad de la ley.

Por lo anotado corresponde definir también a la prescripción liberatoria como la extinción de la acción emergente de un derecho subjetivo producido por la inactividad de su titular durante el lapso señalado por ley. Por lo que la prescripción no afecta el derecho en sí, sino que priva al merecedor de la acción, con lo cual la acción queda relegada a una condición meramente natural, quedando claro que son dos los elementos que requiere la ley para que se configure la prescripción: a) el transcurso del término legal preestablecido y, b) la inacción o silencio voluntario del merecedor durante ese plazo.

En base a dichas conceptualizaciones precedentemente anotadas, se establece con absoluta claridad que en la especie, el primer referente que da inicio a la acción es el memorial que fue recepcionado el 1 de septiembre de 2011 conforme consta a fs. 11, a través del cual el recurrente pretende el pago a su mandatario de indemnización, desahucio, vacaciones, salario dominical y bono de antigüedad, más la multa del 30% conforme el Decreto Supremo (DS) Nº 28699; es decir por el periodo de ejercicio de labores comprendido entre el 1 de junio de 1972 al 31 de diciembre de 1985, con el argumento central de apoyarse en las disposiciones contenidas en el art. 48 y 123 de la CPE. Tal petición, expuesta motivó que la parte demandada opusiera excepción perentoria de prescripción, misma que fue declara probada por el Juez a quo.

Compulsados los antecedentes, es evidente que el demandante interpuso la presente acción en lapso de tiempo en el cual, el cómputo de los 2 años a los que hacen referencia los arts. 120 de la LGT y 163 de su Decreto Reglamentario (DR-LGT), ya había sido superado abundantemente, puesto que a partir del 31 de diciembre de 1985, fecha de desvinculación laboral, hasta el 1 de septiembre de 2011, fecha de la interposición de la demanda, transcurrieron más de 25 años.

Correspondiendo puntualizar que la prescripción, solo se interrumpe por la interposición de la demanda o por la presentación de un reclamo por escrito al empleador, del cual debe quedar un recibido, para poder comprobar, evidenciándose en obrados que la demanda fue presentada después de los 2 años establecidos y por otro lado no existe ningún actuado procesal que demuestre el reclamo escrito efectuado por parte del trabajador.

En tal sentido la pretensión del recurrente de aplicar el art. 123 de la CPE, que prescribe que la ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores, no corresponde ser aplicado al caso de autos por constituirse en derechos nacidos con anterioridad a la fecha de promulgación de las normas contenidas en la Constitución Política del Estado y de los cuales no se hubiese interrumpido el curso de su prescripción.

Siendo que el fundamento jurídico del principio de irretroactividad, es la necesidad de dar estabilidad al ordenamiento jurídico, porque sin el mencionado principio se presentan confusiones sobre la oportunidad de regulación, por lo se concluye que la ley no debe tener efectos hacia atrás en el tiempo, siendo así que los efectos solo operan después de la fecha de su promulgación, aspecto también establecido en el mencionado art. 123 de la CPE.

Otro entendimiento tornaría un escenario inestable en el panorama jurídico laboral en Bolivia pues la certeza, seguridad y confianza que la jurisdicción ordinaria debe otorgar a los justiciables, se diluiría tornando confusas las fechas de cómputo de diversas figuras jurídicas y generando inseguridad en la aplicación de la norma, vulnerando con ello el principio de seguridad jurídica, que es pieza fundamental en la configuración y estructura del Estado Constitucional de Derecho.

Bajo estos parámetros se concluye que al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación en el fondo de fs. 121 a 123 vta., al carecer de sustento legal; ajustándose el Auto de Vista recurrido a las leyes en vigencia, no observándose violación de norma legal alguna, por lo que corresponde resolverlo en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 121 a 123 vta., interpuesto por Sergio Fernández Espíndola en representación de Eloy Rueda Espíndola.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

              Dr. Pastos Segundo Mamani Villca

Ante mi   Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

  Secretario Sala Contenciosa y Contenciosa ADM. Social y ADM. Primera