SALA PLENA


SENTENCIA:                            602/2017.

FECHA:                                Sucre, 22 de agosto de 2017.

EXPEDIENTE:                        664/2014.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Gerencia Regional Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.      

MAGISTRADO RELATOR:        Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contenciosa administrativa cursante de fs. 22 a 30 vta., interpuesta por la Gerencia Regional Oruro de la Aduana Nacional representada por Wilder Castro Requena, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0745/2014 de 19 de mayo, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT); la contestación de fs. 72 a 76; los antecedentes del proceso y la emisión de la Resolución impugnada.


  1. CONTENIDO DE LA DEMANDA.


I.1. Antecedentes de hecho de la demanda.


Manifiesta el demandante que mediante carta CITE UFIOR Nº 0112/2011 de 28 de septiembre la Gerencia Regional Oruro en coordinación con la Jefatura de la Unidad de Fiscalización, instruyó y comunicó la aplicación del Procedimiento de Control Diferido a la Declaración Única de Importación 2011/432/C-1983 de 27 de septiembre de 2011.


En fecha 28 de septiembre de 2011 se efectuó el reconocimiento físico del vehículo con VIN 1FTRX14WX7KD30606 en presencia del representante de la Agencia Despachante de Aduana Gran Poder Ltda.


El 5 de octubre del mismo año se notificó a la Agencia Despachante de Aduana Gran Poder Ltda., haciéndole conocer las observaciones del examen documental y reconocimiento físico, requiriendo la presentación de documentos, información y/o explicaciones complementarias escritas.


En fecha 5 de octubre se notificó al taller EULOGAS la Diligencia USUARIO TALLER, donde se hizo conocer las observaciones y en la misma fecha se notificó a Zona Franca Oruro S.A. con la carta UFIOR Nº 117/2011 solicitando documentación y/o información sobre el vehículo.

Que mediante carta s/n de 10 de octubre, el taller de conversión a GNV EULOGAS en respuesta a la Diligencia presentó el Informe Técnico sobre instalación de equipo de gas natural vehicular y fotocopia de la Licencia de Operación.


En fecha 13 de octubre la Administración de Zona Franca Oruro S.A. presentó el Informe ZFO-OPE2/2011 de la Jefatura de Operaciones de 6 de octubre con relación al vehículo y la Agencia Despachante Gran Poder Ltda. responde presentando toda la documentación y señala que el importador no cuenta con otra documentación adicional al requerido para el despacho aduanero.


Señala que el vehículo automotor consignado en la DUI 211/432/C-1983, a su ingreso a Zona Franca Oruro presentaba signos de siniestro según Nota de Recepción de Vehículos Registro Nº 0048282 siendo prohibido su ingreso a zona franca en consideración a lo establecido en el art. 34. III del Decreto Supremo Nº 470 al tener una abolladura en el lateral derecho trasero, rajadura en el parabrisas, el stop derecho quebrado y abolladura puerta lateral izquierda que no se constituyen en daños leves.


Asimismo indica que en el reconocimiento físico del vehículo se evidenció que no existe conversión a GNV porque el conducto de alimentación desde el tanque hasta el regulador está cortado, en tal sentido, no se encontraría en condiciones óptimas de viabilidad, y que el vehículo con VIN 1FTRX14WX7KD30606 fue adquirido de la empresa COPART con daños, cuyo titulares de venta refieren los siguientes aspectos; 2007 FORD F150 SALVAGE (salvamento) y WRECK EH (destrozado). Por lo que, mediante Resolución Sancionatoria AN GROGR ULEOR Nº 049/2013 de 17 de junio, se declaró probada la comisión del ilícito de contrabando contravencional disponiendo el comiso definitivo del vehículo en cuestión.


El sujeto pasivo interpuso recurso de alzada, emitiéndose la Resolución de Recurso de Alzada ARIT- LPZ/RA 0170/2014, que revocó la Resolución Sancionatoria AN GROGR ULEOR Nº 049/2013 de 17 de junio, dejando sin efecto el comiso del vehículo.


La Gerencia Regional, interpuso recurso jerárquico, que fue resuelta mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0745/2014 de 19 de mayo, que determinó confirmar la resolución de alzada.


I.2. Fundamentos de la demanda.


Indica que los argumentos expuestos por la AGIT son contrarios a los hechos materiales, ya que se apreció erróneamente el contenido del Informe emitido por el Usuario Taller que realizó la conversión de combustible a GNV del vehículo amparado en la DUI C-1983, pues la AGIT estableció que el cambio de dispositivo a GNV no tuvo incidencia en las condiciones de viabilidad del motorizado, sin considerar que dicho informe de forma textual estableció que “si bien no afecta el funcionamiento del GNV peri si conlleva un riesgo”, es decir que en realidad de los hechos la conversión a GNV al contener un riesgo, afecta el normal funcionamiento del vehículo, por lo que permitir que se introduzca a territorio aduanero nacional un vehículo que no reúne las condiciones de viabilidad que garanticen la seguridad física del conductor y pasajeros, sería atentar contra la seguridad ciudadana, convirtiéndose en un riesgo para la vida la cual es garantizada en el art. 15 de la CPE.


Continua señalando que la resolución jerárquica impugnada vulneró el art. 211 del Código Tributario, y el debido proceso al fundamentar su resolución con antecedentes que están fuera de la verdad material, distorsionándose el contenido del informe citado; que por otro lado no se consideró la no presentación del Certificado de Garantía de la instalación del equipo GNV, no como requisito para el despacho aduanero, sino como documento que acredite que el cambio de dispositivo fue realizado en optimas consideraciones y que garantice el normal funcionamiento del vehículo, extremo que fue expuesto en el recurso jerárquico, sin embargo, se omitió pronunciarse al respecto.


Que al respecto indica que no se valoró los elementos probatorios, toda vez que de acuerdo a los antecedentes la fotocopia Open Invoices Lot Nº 17992041, la misma que fue presentada por la Agencia Despachante de Aduana GRAN PODER Ltda., el cual señala que el vehículo fue adquirido en los Estados Unidos de Norteamérica bajo la siguiente condición: “THIS MOTOR VEHICLE IS NOT GUARANTEED” (EL VEHÍCULO AUTOMOTOR NO SE GARANTIZA), es decir, que no se ha valorado correctamente la prueba documental, que ha sido presentada por el despachante de aduanas ha momento del despacho, que por el principio de adquisición procesal sirve a su favor como prueba para demostrar que el estado del vehículo no es el óptimo en su funcionamiento, no garantizándose el mismo. 


Por otra parte manifiesta que la información sobre la transacción comercial del vehículo con VIN 1FTRX1.4WX7KD30606 se encuentra disponible en la página http://www.autobidmaster.es, en el mismo sentido, en las imágenes de la citada página se observa que el vehículo se encontraba con el stop derecho quebrado, abolladuras en el lateral derecho e izquierdo y rajadura en el parabrisas, información que también se puede corroborar en la página http://easyexport.us, aspecto que no fue considerado por la autoridad jerárquica y señalan que no se puede introducir a territorio aduanero nacional un vehículo que no reúne las condiciones de viabilidad, y la AGIT no consideró lo previsto por el art. 77 de la Ley 2492 que determina, así como el art. 7 del DS 27310.


Asimismo, señala que en el reconocimiento físico del vehículo se evidenció que no existe conversión a GNV porque desde el conducto de alimentación hasta el regulador está cortado, en tal sentido no se encontraría en condiciones óptimas de viabilidad, y al introducir un vehículo en territorio nacional que no reúne las condiciones que garanticen la seguridad física del conductor, pasajeros y transeúntes, cuya importación se encuentra prohibida, y que al contar con daños materiales considerables, se vulneró lo dispuesto por el art. 2.I del DS 29836, que modifica el inciso w) del art. 3 del Anexo del DS 28963, que establece la prohibición de importar vehículos siniestrados, máxime que en la DUI presentada en la casilla 31 (Bultos y descripción de las mercancías), el importador describe (Descripción Arancelaria: Equipados con sistema de carburación a GAS NATURAL, descripción que no es correcta, toda vez que de los antecedentes se tiene planilla de recepción Z.F.I.O.N Parte de Recepción 432 2011 359674 MSCUHT829184 (2) “Tipo Combustible: GASOLINA”, más que en la verificación al vehículo se encontraba sin conversión a Gas Natural Vehicular, solo funciona a gasolina, no funciona el regulador ni el cilindro, no tiene conexión a GNV. El emblema del vehículo refiere XL TRITON Abolladura en el lateral derecho trasero, rajadura en el parabrisas, stop derecho quebrado y abolladura en la puerta lateral izquierda, transgrediendo lo normado en el art. 101 Declaración de Mercancías del Reglamento a la Ley 1990, adecuando el importador su acción a lo dispuesto por el art. 181 inciso f) del Código Tributario Boliviano.


I.3. Petitorio.


En mérito a los argumentos expuestos, solicita declare probada la demanda contenciosa administrativa confirmando en todas sus partes la Resolución Sancionatoria AN GROGR ULEOR Nº 049/2013 de 17 de junio.

II. DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.


Daney David Valdivia Coria en representación de la AGIT, por memorial cursante de fs. 72 a 76, contestó en forma negativa señalando que:


El art. 1 parágrafo I del DS 28963 establece el ámbito de aplicación, siendo la internación a territorio nacional e importación al territorio aduanero boliviano de vehículos automotores nuevos, y antiguos para ser reacondicionados, y al proceso de regularización de vehículos indocumentados que se acojan al arrepentimiento eficaz, estableciendo en el art. 157 del Código Tributario Boliviano, de la misma forma el inciso i), del art. 3 define el Formulario de Reacondicionamiento y Garantía como aquel “Documento firmado y sellado, emitido por el representante legal del taller autorizado y habilitado en zona franca Industrial o por el representante del taller habilitado en el territorio aduanero nacional, el cual tiene carácter de declaración jurada a efectos de su presentación para el trámite del despacho aduanero, debiendo contener la información sobre la operación de reacondicionamiento, de acuerdo al Anexo II del presente Reglamento. Adicionalmente, dicho documento otorga al comprador final la garantía, por el periodo de un año, de que la transformación del vehículo ha sido realizada en condiciones óptimas”, asimismo el art. 6 parágrafo II establece que los vehículos que hubiesen sido sometidos a cambio o incorporación del dispositivo de combustible a GNV en una zona franca industrial nacional, para su despacho aduanero, deberán presentar el Certificado de Cambio o Incorporación de Dispositivo de Combustible a GNV.


Es en ese sentido, indica que se práctico la conversión por un Usuario Taller autorizado EULOGAS, quien luego de efectuar la misma, elaboró el Formulario de Conversión a Gas Natural y conforme fechas expuestas en la Roseta, se evidencia la garantía por el periodo de un año del 16 de septiembre de 2011 al 16 de septiembre de 2012; en ese entendido, se dio cumplimiento a lo previsto por los arts. 17 y 29 del anexo al DS 28963 y lo dispuesto en la Resolución de Directorio Nº 01-016-07, toda vez que la información del Formulario de Conversión a Gas Natural Nº 603 y de la Roseta 11-116436, se encuentran insertos en la documentación de respaldo de la DUI C-1983. Que respecto al informe emitido por el Usuario Taller señala que la instalación del equipo GNV, se realizó de forma que no afecte el motor y se colocó por encima de la carrocería, aclarando que el no funcionamiento y desconexión de los dispositivos de GNV, se debe a la permanencia por tiempo prolongado del motorizado en la Zona Franca, de lo que no se evidencia, que se informe que no existe conversión a GNV porque el conducto de alimentación desde el tanque hasta el regulador este cortado. Por lo que el vehículo cuenta con el Formulario de Conversión a Gas Natural y la garantía de la conversión a GNV no tiene relación en la condición del vehículo como siniestrado.


Respecto a la información sobre la transacción comercial y la consulta de página de Internet, y que la AGIT no consideró correctamente el art. 77 de la Ley 2492; sobre este aspecto, manifiestan que si bien esta norma establece como medios legales de prueba los medios informáticos y la impresiones de la información contenidos en ellos, conforme a la reglamentación que al efecto se dicte el art. 7 del DS 27310 señala que tendrán validez probatoria las impresiones o reproducciones que obtenga la Administración Tributaria de los registros electrónicos generados por los sistemas informáticos de otras administraciones tributarias y otras entidades públicas y privadas, asimismo, dispone que las Administraciones Tributarias dictaran las disposiciones reglamentarias y procedimentales para la aplicación del citado artículo.


Es así que la página web www.autobidmaster.com, mencionada en el Acta de Intervención Contravencional y en la Resolución Sancionatoria, si se constituye en información recabada por la Administración Aduanera, conforme a sus facultades de investigación otorgadas por los arts. 21, 66, numeral 1 y 100 de la Ley 2492, que permitió a la Administración Aduanera contar con mayores antecedentes sobre la transacción comercial del vehículo; sin embargo, indica que este elemento no se puede constituir como principal para determinar que el vehículo es prohibido de importación, además que las impresiones adjuntas en los antecedentes solo se refieren a información recabada por la Administración Aduanera, de una página web y de ninguna manera es prueba informática en base al establecimiento de sistemas informáticos reglamentados por la Aduana Nacional. 


Que respecto a las condiciones de siniestro del vehículo, señala que de los documentos de embarque Carta Porte MSCUHT829184 y MIC/DTA Nº 2011 355945, con las que ingresó el vehículo, no refieren ni emiten observación alguna respecto a si este es siniestrado, habiendo ingresado a territorio aduanero nacional, con destino a Zona Franca Industrial Oruro, conforme la Planilla de Recepción Nº 89623 y el Formulario Nº 187 Nº 024992, documentos que tampoco señalan observación alguna, si bien en la Nota de Recepción de Vehículos pre impreso, conforme los gráficos refiere el stop derecho de la parte de atrás quebrado, no se evidencia acción alguna por parte del concesionario de Zona Franca para evitar su ingreso, conforme el art. 34.III del DS 470, es así que la Administración Aduanera, no evidenció ni documentó que el vehículo que fue sometido a despacho, presente daños considerables, toda vez que si bien  presenta abolladuras advertidas sólo en fotografías y un stop quebrado estos daños “no afectan a la estructura y funcionamiento del vehículo”, por lo que la conducta de Mauricio Rubén Chirvechs Burgoa, no se adecua a la tipificación de contrabando contravencional prevista en el inc. f) del art. 181 de la Ley 2492, tampoco que se haya realizado tráfico de mercancías infringiendo los requisitos exigidos por normas aduaneras, por lo que la resolución impugnada fue emitida en estricta sujeción a lo solicitado por las partes.


II.1. Petitorio.

Con base en lo expuesto, solicita se declare improbada la demanda; y, en consecuencia, se mantenga firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0745/2014 de 19 de mayo.


III. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.



IV. DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.


Que de la relación precedente se extrae que la controversia radica en la errónea interpretación y aplicación de la Ley tributaria, corresponde su análisis y consideración, estableciendo, que el objeto de la presente controversia se refiere a determinar:


Si en el caso de autos es evidente la errónea interpretación del inc. w) del art. 3 del DS 28963, modificado por el art. 2 del DS 29836, y si en la Resolución impugnada no se han valorado correctamente las pruebas.


V. ANALISIS DEL PROBLEMA JURIDICO PLANTEADO.


Una vez analizado el contenido de los actos y resoluciones administrativas y los argumentos y defensas formuladas por las partes en la presente controversia, el Tribunal Supremo de Justicia, procede revisar el fondo de la presente causa, en los siguientes términos:


1. Sobre el Proceso Contencioso Administrativo.


El Proceso Contencioso Administrativo, constituye garantía formal que beneficia al sujeto administrado, librándolo del abuso de poder que los detentadores del Poder Público, a través del derecho de impugnación contra los actos de la administración le sean gravosos, para lograr el restablecimiento de sus derechos lesionados con la interposición precisamente del proceso contencioso administrativo, en el que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa, el art. 778 del CPC establece que: “El proceso contencioso administrativo procederá en los casos en que hubiere oposición entre el interés público y el privado y cuando la persona que creyere lesionado o perjudicado su derecho privado, hubiere ocurrido previamente ante el Poder Ejecutivo reclamando expresamente el acto administrativo y agotando ante este Poder todos los recursos de revisión, modificación o revocatoria de la resolución que le hubiere afectado”.


Quedando establecida la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo y reconocida la competencia de este Tribunal Supremo, en su Sala Plena, para la resolución de la controversia, por la naturaleza del proceso contencioso administrativo que reviste las características de juicio ordinario de puro derecho en única instancia, no teniendo una etapa probatoria, cuyo objeto es conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, teniéndose presente que el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico; por consiguiente, se procede a analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por el demandante y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por AGIT y la Administración Tributaria; todo esto al tenor de lo dispuesto por el arts. 6 de la Ley Nº 620.


V.2. De la normativa aplicable.


A efecto de lograr una mejor comprensión este Tribunal se ve obligado a precisar la norma legal aplicable en razón a que la entidad demandante reclama la incorrecta interpretación de las Leyes.


1.- Ingresando al desarrollo de la controversia y control de legalidad respecto a la posible vulneración de los derechos subjetivos del actor en el acto impugnado emitido por la AGIT, por errónea aplicación e interpretación del art. 3 del DS 28963, modificado por el art. 2 del DS 29836, en base a los antecedentes del caso se establece:


Que el DS Nº 28963 de 6 de diciembre de 2006, en el art. 9 inc. a) de su Anexo establece, las Prohibiciones y Restricciones a la importación de vehículos siniestrados. En ése orden el DS Nº 28963, modificado por el DS 29836 del 3 diciembre de 2008, señala textualmente en su art. 2.- “(Modificaciones). I. Se modifica el inc. w) del Artículo 3 del Anexo al Decreto Supremo Nº 28963 de 6 de diciembre de 2006, con el siguiente texto: "w) Vehículos Siniestrados: Vehículos automotores que por efectos de accidentes, factores climáticos u otras circunstancias hayan sufrido daño material que afecte sus condiciones técnicas. No se considera siniestrado al vehículo automotor que presente daños leves en su estructura exterior sin que afecten su funcionamiento normal, entendiéndose como leves a los daños menores como raspaduras de pintura exterior, así como rajaduras de vidrios y faroles, que no alteran la estructura exterior de vehículo y no afectan su normal funcionamiento".


Asimismo, el art. 160 de la Ley 2492 CTB, señala, son contravenciones tributarias; “4) Contrabando cuando se refiera al último párrafo del art. 181”, por su parte, el art. 181 del Código Tributario (modificado por la Ley 037 de 10 de agosto del 2010) señala que comete delito de contrabando quien incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: “f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posición o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso, se encuentre prohibida”.


Así también debemos mencionar que el art. 180.I de nuestra Constitución Política del Estado (CPE) indica que: “La jurisdicción ordinaria se funda en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”, de lo transcrito desarrollamos que en el ámbito jurídico la verdad no se agota en la fría letra de la ley y en un solo caso, sino que debe adaptarse permanentemente a través de su inteligente interpretación; ese es el sentido que se debe comprender de la aplicación del principio de verdad material inserto también en el inc. d) del art. 4 de la Ley Nº 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA), que refieren a la obligación del juzgador a llegar a la verdad material de los hechos.


La Resolución de Directorio (RD) RD 01-016-07 de 29 de noviembre de 2007, modificado por la Resolución de Directorio 01-003-11 de 23 de marzo de 2011, establece los requisitos, formalidades y procedimientos para el desarrollo de operaciones de reacondicionamiento y recepción de vehículos, así como las formalidades para su venta y salida desde zonas francas industriales, en su art. 7 Num. 4 (salida de zona franca industrial del vehículo automotor reacondicionado) señalando: “Imprescindiblemente todo vehículo automotor reacondicionado o al que hubiera incorporado el dispositivo y equipo de combustible a GNV, debe obligatoriamente salir de zona franca industrial por sus propios medios, en condiciones óptimas de viabilidad que garantice la seguridad física del conducto, pasajeros y transeúntes”.


Ahora bien, de los antecedentes del proceso se tiene que la Camioneta, marca Ford, tipo F-150, sub-tipo XL, año 2007, color Blanco, chasis Nº 1FTRX14WX7KD30606, fue observada por la conversión a GNV, sin embargo conforme la Resolución de Directorio (RD) RD 01-016-07 de 29 de noviembre de 2007, modificado por la Resolución de Directorio 01-003-11 de 23 de marzo de 2011, en su art. 7, esta operación es aceptable dentro de la Zona Franca,  tal es así que el informe técnico emitido por el Taller de Conversión EULOGAS que cuenta con Licencia de Operación Nº TC GNV 036/2010 que realizó la conversión de combustible a GNV del vehículo amparado en la DUI C-1983, señalo que el cambio de dispositivo a GNV no tuvo incidencia en las condiciones de viabilidad del motorizado así como tampoco afecta el normal funcionamiento del vehículo; y respecto a la desconexión de los dispositivos de GNV, manifestó que en algunos casos, se debe a la permanencia prolongada en Zona Franca, por lo que se desconectaron los dispositivos y se vació el cilindro de GNV por razones de seguridad; es decir que lo manifestado indica que dicho procedimiento no pone en riesgo las condiciones mecánicas del vehículo, más aún si el mismo estaba y está en funcionamiento, por cuanto en la descarga del camión que lo transportó desde el Puerto, ingresó a los Almacenes de Zona Franca Oruro por sus propios medios, evidenciándose entonces que este no esta atentando contra la seguridad ciudadana y cumplió la normativa vigente. En ese contexto no se evidencia mala valoración de la prueba documental, puesto que conforme al art. 76 de la Ley 2492 CTB, quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; situación que en el presente caso no aconteció, toda vez que la AGIT consideró todos los argumentos expuestos y fundamento los mismos.


Por otra parte es necesario referirnos al principio de verdad material, instituidos en los artículos 180. I de la Constitución Política del Estado y 30. 11 de la Ley del Órgano Judicial, que  establecen este principio procesal, con la finalidad de que toda resolución contemple de forma inexcusable la manera y cómo ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de las garantías procesales; es decir, dando prevalencia a la verdad pura, a la realidad de los hechos, antes de subsumir el accionar administrativo y jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia. En ese entendido, con relación a que el vehículo fuera siniestrado, se tiene de antecedentes la fotocopia Open Invoices Lot Nº 17992041, la que señala que el vehículo Camioneta, marca Ford, fue adquirido en los Estados Unidos de Norteamérica, y cuando fue sometido a despacho la Administración Aduanera, no evidenció ni documentó que el vehículo presente daños considerables que eviten el normal funcionamiento del mismo, y si bien estableció la presencia de  abolladuras y un stop quebrado conforme sale de las fotografías de fs. 74 a 76 de los antecedentes administrativos (anexo 2) estos daños “no afectan a la estructura y funcionamiento del vehículo”, aspecto que se expusieron también en el informe pericial mecánico automotriz de fs. 113 a 133 (anexo 2), realizado al vehículo que estableció de manera clara que los daños son leves con relación a las abolladuras y el parabrisas, y respecto al stop quebrado estos pueden ser reemplazados, determinando que los daños mencionados no afecta el normal funcionamiento del motorizado objeto de la presente pericia, en consecuencia no se encuentra argumento valedero para que el mismo no sea introducido a territorio nacional, por lo que no se evidencia que la conducta de Mauricio Rubén Chirvechs Burgoa, se adecua a la tipificación de contrabando contravencional prevista en el inc. f) del art. 181 de la Ley 2492, así como tampoco que se haya realizado tráfico de mercancías infringiendo los requisitos exigidos por normas aduaneras, encontrándose que la resolución jerárquica impugnada fue emitida en estricta sujeción a la normativa vigente dando prevalencia a la realidad de los hechos.


VI. CONCLUSIÓN.


Por las consideraciones expresadas, y las pruebas presentadas por el demandante, se concluye que la AGIT ha obrado conforme a las normas vigentes, al considerar que el vehículo no estaba siniestrado en el momento de su adquisición en el país de origen, independientemente de que el motorizado fue convertido a GNV, por consiguiente, al estar el vehículo en correcto funcionamiento técnico, que garantiza la seguridad física del conductor, pasajeros y transeúntes, no se configura lo dispuesto por el art. 9 inc. a) del Anexo del Reglamento aprobado por DS 28963 de 6 de diciembre de 2008, que establece: “I. No está permitida la importación de: a) Vehículos siniestrados”, y en consecuencia no se incumplió la prohibición de importación del vehículo.


Por lo que, la Autoridad Administrativa actuó en mérito a los informes realizados por los Técnicos de la Administración Aduanera y los descargos presentados por el sujeto pasivo, habiéndose emitido una Resolución Jerárquica con sustento técnico-jurídico y no habiéndose encontrado infracción, aplicación inadecuada de la norma legal administrativa y contradictoria que vulneran derechos, actos administrativos sobre los que la autoridad jurisdiccional ejerció el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa, en consecuencia, conforme a los fundamentos expuestos corresponde confirmar la resolución de recurso jerárquico y declarar improbada la demanda.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en el ejercicio de la atribución conferida en el artículo 6 de la Ley 620 de 31 de diciembre de 2014, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda contenciosa administrativa cursante de fs. 22 a 30 vta., interpuesta por la Gerencia Regional Oruro de la Aduana Nacional representada por Wilder Castro Requena; y, en consecuencia, mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0745/2014 de 19 de mayo, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.



Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

PRESIDENTE

Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

DECANO

Fdo. Rómulo Calle Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena