SALA PLENA


SENTENCIA:                            574/2017.

FECHA:                                Sucre, 12 de julio de 2017.

EXPEDIENTE:                        512/2014.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Servicio de Impuestos Nacionales Gerencia Distrital Oruro contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria. 

MAGISTRADO RELATOR:        Fidel Marcos Tordoya Rivas.


Pronunciada dentro del proceso contencioso administrativo seguido por la Servicio de Impuestos Nacionales Gerencia Distrital Oruro contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contenciosa administrativa de fs. 41 a 49, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico Nº AGIT-RJ 0327/2014 de 5 de marzo, pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), la respuesta de fs. 79 a 83, la réplica de fs. 87 a 91, la dúplica de fs. 94 a 95, el decreto de “Autos” de fs. 116, los antecedentes procesales y de emisión de la Resolución impugnada.


I.- CONTENIDO DE LA DEMANDA:


I.1.- Antecedentes de la demanda.


La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, representada legalmente por Verónica Jeannine Sandy Tapia, en virtud a Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0211-14 de 28 de marzo de 2014, se apersona e interpone demanda contenciosa administrativa contra la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0327/2014 de 5 de marzo, amparada en los arts. 23.I inc. c) del Decreto Supremo 27350, concordante con el art. 2012.I inc. c) de la Ley Nº 3092, 70 de la Ley Nº 2341, y 778 al 781 del Código de Procedimiento Civil, expresando lo siguiente:


Manifestó que la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT) al confirmar la resolución de alzada y revocar totalmente el Proveído Nº 24-0896-13 de 25 de julio de 2013,  incurre en una incorrecta aplicación y comprensión de la Ley, al declarar prescrita la facultad de la Administración Tributaria por la deuda contenida en las Declaraciones Juradas del IVA de los periodos fiscales febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2004 y del IT de los periodos enero, abril mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2004, sin tomar en cuenta que dentro los cuatro años se ejerció ininterrumpidamente la acción de cobro de la deuda al contribuyente.


I.2.- Fundamentos de la demanda


Refiere que el plazo de prescripción en etapa de ejecución (cobranza coactiva), corresponde por analogía y subsidiariedad aplicar las previsiones del Código Civil, que señala en el art. 1492 que los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece. Asimismo el art. 1493, dispone que la prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo, de lo que se concluye que del proveído de la Administración Tributaria, no existió inactividad por parte del SIN Oruro, por lo que la prescripción solo opera cuando se demuestra la inactividad del acreedor, durante el termino de cinco años, es decir, que el sujeto activo haya dejado de ejercer su derecho por negligencia, descuido o desinterés.

Expresó que el argumento expuesto por la AGIT es incorrecto, al manifestar que las solicitudes de información a las diferentes instituciones para que se haga efectivo el cobro coactivo no están establecidas en la Ley Nº 2492, criterio errado ya que una vez que la Resolución Sancionatoria o Determinativa adquiere calidad de título de ejecución tributaria, sigue el cobro coactivo de la deuda tributaria, realizando las medidas coactivas establecidas en el art. 110 de la Ley Nº 2492. En ese sentido la Administración Tributaria, constantemente envío notas y solicitudes de información a la Alcaldía Municipal de Oruro, hipoteca judicial enviada al Organismo Operativo de Tránsito, Hipotecas judiciales enviadas a Derechos Reales y otros, infiriéndose que en ningún momento dejó inactivas las acciones de cobro coactivo, por lo que no se encuentra prescrita la facultad de la Administración Tributaria para el cobro coactivo del IVA e IT.


Sostiene que la Administración Tributaria para ejercer su facultad de Ejecución Tributaria, tiene el plazo de 4 años, tal como refiere el núm. 4 del parágrafo I del art. 59 de la Ley Nº 2492, cuyo cómputo del plazo de prescripción se efectúa desde el 1 de enero del año siguiente a la fecha de vencimiento del periodo de pago respectivo y, de la revisión de antecedentes se notificó con el Proveído de Ejecución Tributaria dentro del plazo previsto por la norma referida. Añadió que deberá considerarse que los proveídos de ejecución tributaria Nos. GDO/DJ/UCC/PET Nº 1604/2008, 1605/2008, 1606/2008, 1607/2008, 1608/2008, 1609/2008, 1610/2008, 1611/2008, 1612/2008, 1613/2008, 1614/2008, 1615/2008, 1616/2008, 1617/2008, 1618/2008, 1619/2008, 1620/2008, 1621/2008, 1622/2008, 1623/2008, todos de 24 de abril de 2008, se encuentran a la fecha con remate de un bien inmueble de Ferrari Ghezzi Ltda., y los demás se encuentran hipotecados por el Servicio de Impuestos Nacionales, hecho por el que se constata que no existió inacción por parte de la Administración Tributaria.


Señaló que los Proveídos de Ejecución Tributaria fueron emitidos en fecha 24 de abril de 2008 y notificados en la misma fecha conforme establece el art. 85 de la ley 2492, e interrumpió la prescripción conforme prevé el art. 61 del Código Tributario. Reiteró que en fechas 13, 22 de agosto y 6 de noviembre de 2008, la Administración Tributaria emitió notas de solicitud a las diferentes instituciones como el Organismo Operativo de Tránsito, Honorable Alcaldía Municipal de Oruro, Superintendencia de Valores y Seguros, Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, Derechos Reales y Dirección Departamental de Migraciones, dando inicio a las medidas coactivas correspondientes.


Mencionó que la Ley Nº 291 que modificó el art. 59 de la Ley Nº 2492, establece que la facultad de ejecutar una deuda tributaria determinada, es imprescriptible; y considerando que el presente caso se encuentra en etapa de ejecución tributaria, por tanto, la facultad de la Administración Tributaria es imprescriptible.


Aduce que el art. 61 de la Ley Nº 2492, solo considera como causal de interrupción de la prescripción en ejecución tributaria, el reconocimiento de la deuda o solicitud de facilidades de pago, actuados que están condicionados a la voluntad del sujeto pasivo, sin considerar actuaciones destinadas al cobro efectuado por la Administración Tributaria, existiendo un vacío jurídico, ya que no hace mención a la emisión de los PIETs o la ejecución de medidas coactivas como las solicitudes de retención de fondos, anotaciones preventivas o inscripción de hipotecas en Derechos Reales, como actos que interrumpan la prescripción en ejecución tributaria, por lo que por analogía se debe aplicar los arts. 340 y 1503.II del Código Civil, que establece que la prescripción se interrumpe por cualquier acto que sirva para constituir en mora al deudor, por lo que dichas actuaciones deben considerarse como mecanismos que interrumpen la prescripción, negando la AGIT la aplicación por analogía y supletoriedad del Código Civil, lesionando los derechos de la Administración Tributaria.


Finalmente, señaló que la AGIT, vulnera el derecho al debido proceso en su vertiente de igualdad jurídica de las partes y no discriminación, cuando la AGIT ya poseía lineamiento sobre el tema relacionado al vacío legal y la aplicación de la analogía y supletoriedad del Código Civil, citando la Sentencia Constitucional 0948 de 24 de junio de 2013 en relación al principio de igualdad en su vertiente de igualdad de trato y de no discriminación.


I.3. Petitorio.

Concluyó el memorial solicitando que, en virtud de los fundamentos expuestos se pronuncie resolución declarando probada la demanda; y se revoque totalmente la Resolución AGIT-RJ 0327/2014 de 5 de marzo y en consecuencia, confirmar el Proveído 24-0896-13 de 25 de julio de 2013 emitido por la Administración Tributaria, manteniéndola firme y subsistente en todas sus partes.

II.- DE LA CONTESTACION A LA DEMANDA 


Que admitida la demanda por decreto de fs. 51 y citada la autoridad demandada, se apersona Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo General a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria y contesta negativamente la demanda mediante memorial de fs. 79 a 83 de obrados, luego de una relación de los argumentos expuestos por la demandante, remarcó y preciso lo siguiente:

Señaló que los art. 59.4 y 60.II de la Ley Nº 2492 disponen que prescriben a los 4 años las acciones de la Administración Tributaria para ejercer la facultad de ejecución tributaria, siendo que el término se computa desde la notificación con los Títulos de Ejecución Tributaria; asimismo refiere que las causales de interrupción y suspensión se encuentran previstos en los arts. 61 y 62 del mismo cuerpo legal. Acotó que todos los proveídos fueron notificados el 15 de mayo de 2008, y el cómputo de la prescripción es a partir de dicha notificación, concluyendo el 16 de mayo de 2012, fecha hasta el cual la Administración Tributaria podía ejercer la facultad de ejecución para el cobro de las deudas emergentes de las Declaraciones Juradas del IVA y del IT, por lo que al no haber hecho efectivo el cobro de dichas deudas tributarias, sus facultades para cobrarlas prescribieron.

Precisó que los plazos y el cómputo para la ejecución de la deuda determinada se encuentran establecidas en la Ley Nº 2492, motivo por el cual no existe vacío legal y no corresponde la aplicación supletoria de ninguna otra normativa.

Indicó que la Ley Nº 291 que efectuó modificaciones referentes a la prescripción, enfatizó que la imprescriptibilidad en materia tributaria solo está dispuesta respecto a la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, la misma entró en vigencia el 11 de diciembre de 2012, por tanto, considerando que se trata de deudas cuya ejecutoriedad se produjo con anterioridad a la vigencia de dichas modificaciones, no corresponde la aplicación de las mismas.

II.2.- Petitorio

Concluyó el memorial solicitando que, en mérito a los fundamentos expuestos, este Supremo Tribunal de Justicia emita sentencia declarando improbada la demanda interpuesta por la Gerencia Regional Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, manteniendo firme y subsistente la Resolución AGIT-RJ 0327/2014 de 5 de marzo, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

III.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES

Continuando el trámite del proceso, se presentó el memorial de réplica que cursa de fs. 87 a 91, en el que reiteró los argumentos expresados en la demanda; fue providenciado a fs. 92, disponiéndose el traslado para la dúplica; presentada la misma por memorial de fs. 94 a 95, en el que del mismo modo se ratificó lo manifestado en el memorial de contestación a la demanda, fue providenciado a fs. 96, teniéndosela por absuelta. No habiéndose apersonado el tercero interesado pese a su notificación cursante a fs. 113, por providencia de fs. 116, se decretó autos para sentencia.

Que el procedimiento Contencioso Administrativo, constituye una garantía formal que beneficia al sujeto administrado en el ejercicio del Poder Público, a través del derecho de impugnación contra los actos de la administración que le sean gravosos, logrando el restablecimiento de los derechos lesionados con la interposición del proceso contencioso administrativo, en el que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa.

En este marco legal, el art. 778 del Código de Procedimiento Civil, establece que "El proceso contencioso administrativo procederá en los casos en que hubiere oposición entre el interés público y el privado y cuando la persona que creyere lesionado o perjudicado su derecho privado, hubiere ocurrido previamente ante el Poder Ejecutivo reclamando expresamente del acto administrativo y agotando ante ese Poder todos los recursos de revisión, modificación o revocatoria de la resolución que le hubiere afectado".

Que así establecida la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, en relación con los art. 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, reconocida la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena para la resolución de la controversia, por la naturaleza del procedimiento contencioso administrativo que reviste las características de juicio de puro derecho, cuyo objeto es conceder o negar la tutela solicitada por la demandante, teniéndose presente que el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la Resolución del Recurso Jerárquico, corresponde a este Supremo Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por la parte demandante y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

En el desarrollo del proceso en sede administrativa, se cumplieron las siguientes fases, hasta su agotamiento, de cuya revisión se evidencia:

Revisados los antecedentes administrativos que dieron origen a la interposición de la demanda en análisis, se verifica que la Empresa Ferrari Ghezzi Ltda., presentó Declaraciones Juradas declarando tributos con un saldo a favor del fisco del Impuesto al Valor Agregado (IVA), correspondiente a los periodos fiscales febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2004 (fs. 2, 49, 98, 137, 176, 214, 252, 290, 328 y 404 de antecedentes administrativos); y del Impuesto a las Transacciones (IT) correspondientes a los periodos de enero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, de 2004 (fs. 366, 442, 480, 518, 556, 594, 632, 670, 708 y 746).

       Por lo anterior, la Administración Tributaria en fecha 24 de abril de 2008, emitió los Proveídos de Ejecución Tributaria Nos. GDO/DJ/UCC/PET Nº 1604/2008, 1605/2008, 1606/2008, 1607/2008, 1608/2008, 1609/2008, 1610/2008, 1611/2008, 1612/2008, 1613/2008, 1614/2008, 1615/2008, 1616/2008, 1617/2008, 1618/2008, 1619/2008, 1620/2008, 1621/2008, 1622/2008, 1623/2008, anunciando que conforme a lo establecido en el art. 108 de la Ley Nº 2492 y art. 4 del Decreto Supremo Nº 27874, se dará inicio a la ejecución tributaria relativo a las Declaraciones Juradas con Nos de Orden 10576062, 9922410, 10581371, 9576893, 11738269, 12412684, 10560679, 12557812, 8101320, 4030000052, 8661675, 10505046, 10499627, 10499628, 8002832, 11901978, 11901981, 10478245, 8229799 y 4030000053, al tercer día de su legal notificación, a  partir del cual se realizarán las medidas coactivas correspondientes, conforme establece el art. 110 del Código Tributario (fs. 4 a 7, 51 a 53, 100 a 102, 139 a 141, 178 a 180, 216 a 218, 254 a 256, 292 a 294, 330 a 332, 368 a 370, 406 a 408, 444 a 446, 482 a 484, 520 a 522, 558 a 560, 596 a 598, 634 a 636, 672 a 674, 710 a 712 y 748 a 750 de antecedentes administrativos).

En fecha 13 de agosto de 2008, la Administración Tributaria realizó solicitudes de retención de fondos ante la Superintendencia de Bancos de las cuentas del sujeto pasivo; de información a la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros sobre el cargo laboral, sueldo mensual percibido, numero de ítem y domicilio laboral del contribuyente Carlos Ferrari Quevedo; de información a la Dirección Departamental de Migraciones respecto al movimiento migratorio del contribuyente; e información a la Gerencia General de COTEOR Ltda. con relación a las cuotas o participación inscrita a nombre de Ferrari Ghezzi Ltda.; información a Derechos Reales, sobre los registros de bienes inmuebles a nombre del contribuyente; e información a la Honorable Alcaldía Municipal de Oruro, sobre los registros de bienes inmuebles, como en el Registro único Automotor a nombre del contribuyente (fs. 9 a 22, 55 a 68, 104 a 117, 143 a 156, 181 a 194, 219 a 232, 257 a 270, 295 a 308, 333 a 346, 371 a 384, 409 a 422, 447 a 460, 485 a 498, 523 a 536, 561 a 574, 599 a 612, 637 a 650, 675 a 688, 713 a 726 y 751 a 674 de antecedentes administrativos).

El sujeto pasivo, representado legalmente por Carlos Leonardo Ferrari Quevedo, por memorial de 9 de julio de 2013, solicitó la prescripción del derecho de cobro del sujeto activo, respecto de los proveídos de ejecución tributaria mencionados en párrafos precedentes, de 24 de abril de 2008  (fs. 82 a 83 vta. de antecedentes administrativos); la cual fue rechazada por la Administración Tributaria mediante proveído Nº 24-00896-13 de 25 de julio de 2013, con el fundamento que la Ley Nº 291 modificó el art. 59.IV de la Ley Nº 2492 que establece que la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible (fs. 89 de antecedentes administrativos)

Interpuesto el recurso de alzada por Carlos Leonardo Ferrari Quevedo en representación legal de la Empresa Ferrari Ghezzi Ltda., de acuerdo con el memorial de fs. 16 a 19 vta. de Anexo 1, el mismo fue resuelto a través de la Resolución ARIT-LPZ/RA 1203/2013 de 3 de diciembre, disponiendo revocar totalmente el proveído 24-00896-13 de 25 de julio de 2013 emitido por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales; consecuentemente declaró prescrita la facultad de la Administración Tributaria de ejecución tributaria del Impuesto al Valor Agregado de los periodos fiscales febrero, abril, mayor, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2004, así como el Impuesto a las Transacciones relativo a los periodos fiscales enero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2004, establecidos en las Declaraciones Juradas Form. 143 con Nos. De Orden 10576062, 9922410, 10581371, 9576893, 11738269, 12412684, 10560679, 12557812, 8101320, 4030000052, 8661675, 10505046, 10499627, 10499628, 8002832, 11901978, 11901981, 10478245, 8229799 y 4030000053, de conformidad a los arts. 59, 60 y 61 de la Ley Nº 2492 (fs. 57 a 68 de Anexo 1).

En virtud de lo anterior, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial de fs. 85 a 87 vta. del Anexo 1, dedujo recurso jerárquico contra la Resolución pronunciada en alzada, el que fue resuelto mediante la Resolución AGIT-RJ 0327/2014 de 5 de marzo (fs. 106 a 115 del Anexo I), decidiendo confirmar la Resolución ARIT-LPZ/RA 1203/2013 de 3 de diciembre; en consecuencia, revocar totalmente el proveído Nº 24-00896-13 de 25 de julio de 2013, declarando prescrita la facultad de ejecución tributaria de la Administración Tributaria por el IVA de los periodos fiscales febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2004, así como del IT de los periodos fiscales enero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2004, contenidos en los Proveídos de Ejecución Tributaria GDO/DJ/UCC/PET Nº 1604/2008, 1605/2008, 1606/2008, 1607/2008, 1608/2008, 1609/2008, 1610/2008, 1611/2008, 1612/2008, 1613/2008, 1614/2008, 1615/2008, 1616/2008, 1617/2008, 1618/2008, 1619/2008, 1620/2008, 1621/2008, 1622/2008, 1623/2008, de 24 de abril de 2008.

IV. DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Expuestos los antecedentes administrativos e ingresando a efectuar el control de legalidad sobre la aplicación de la ley, se establece:

       Que el motivo de la litis dentro del presente proceso, tiene relación con las supuestas vulneraciones que se hubieran producido por la Autoridad Jerárquica al pronunciar la Resolución hoy impugnada, de acuerdo con el siguiente supuesto: 1) Si es evidente que la Autoridad Jerárquica, al emitir la resolución impugnada, vulneró la aplicación del art. 59.IV de la Ley N° 2492 modificada por la Ley N° 291 que establece que la facultad de la Administración Tributaria para ejecutar la deuda tributaria es imprescriptible.

V. ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente del proceso, se evidencia lo siguiente:

V.1.- Análisis y fundamentación

Con carácter previo a dilucidar el problema planteado en la litis, corresponde dejar establecido, que el instituto de la prescripción se sustenta en el principio de seguridad jurídica, que al decir de Cesar García Novoa consiste en: “(…) la garantía básica de la seguridad jurídica que la Constitución y las Leyes reconocen en favor de los ciudadanos ha de traducirse, en los procedimientos tributarios destinados a la adopción del acto de liquidación, en el derecho a que las situaciones jurídicas no se mantengan indefinidamente abiertas. Al logro de esta finalidad en el ámbito tributario sirven tanto el acto de liquidación, como el instituto de la prescripción de la facultad administrativa de liquidar, pues a través de una y otra figura se pone fin a un estado de pendencia, resolviendo sobre la existencia y cuantía de la deuda tributaria en un caso, o consolidando definitivamente la situación del contribuyente como consecuencia de la pérdida del derecho a liquidar, en el otro. (…) se apoya en la necesidad de conceder una estabilidad a las situaciones jurídicas existentes dando, de esta manera, claridad al tráfico jurídico".


Por otra parte, al decir de Josué Ignacio Buitrago, “El fundamento del instituto de la prescripción estriba en evitar la inseguridad que trae aparejada el transcurso del tiempo sin el ejercicio de un derecho. En otros términos, su objeto es evitar la falta de certeza en las relaciones jurídicas, producto de la inactividad de un sujeto titular de un derecho.


El fundamento de este instituto se encuentra basado en los principios de certeza y seguridad jurídica, vinculada a la consolidación de las situaciones jurídicas como consecuencia de la inacción de un derecho o de la extinción de una facultad prevista por el ordenamiento jurídico para el ejercicio en un plazo determinado. Es una institución que desde el punto de vista técnico no extingue la obligación en sí, sino la exigibilidad de ella, es decir la acción del sujeto activo para hacer valer su derecho al cobro del tributo establecido.


El instituto de la prescripción, se encuentra contemplado en la sección VII de la Ley Nº 2492 Código Tributario, como una de las formas de extinción de la obligación tributaria y de la obligación de pago en aduanas. Es así que el art. 59.I  de la citada ley dispone que: “Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: (…) 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria”, norma que es complementada con el parágrafo II del art. 60 del mismo cuerpo legal, que refiere: “En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria”.

Ahora bien, las disposiciones legales aludidas, se refieren a los títulos de ejecución tributaria que han adquirido la calidad de firmes, porque no han sido impugnados mediante los recursos que franquea la ley, teniendo la calidad de cosa juzgada, o como en el caso en estudio, de Declaraciones Juradas por el sujeto pasivo o contribuyente, a lo que se denomina autodeterminación, que refleja una deuda tributaria con un saldo a favor del fisco que no fue cancelado.

En el análisis del caso en estudio, la Declaración Jurada, Form. 143, Impuesto al Valor Agregado (IVA), y Form. 156, Impuesto a las Transacciones (IT), se constituyen en una autodeterminación del impuesto correspondiente a los periodos fiscales febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2004 respecto del IVA; y de los periodos fiscales enero, abril, mayor, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2004, respecto al IT.

Si bien es evidente que la Administración Tributaria emitió los Proveídos de Ejecución Tributaria Nos. GDO/DJ/UCC/PET Nº 1604/2008, 1605/2008, 1606/2008, 1607/2008, 1608/2008, 1609/2008, 1610/2008, 1611/2008, 1612/2008, 1613/2008, 1614/2008, 1615/2008, 1616/2008, 1617/2008, 1618/2008, 1619/2008, 1620/2008, 1621/2008, 1622/2008, 1623/2008, en fecha 24 de abril de 2008, anunciando el inicio a la ejecución tributaria relativo de las Declaraciones Juradas por el  IVA de los periodos fiscales febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2004; así como del IT de los periodos fiscales enero, abril, mayor, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2004, con Nos de Orden 10576062, 9922410, 10581371, 9576893, 11738269, 12412684, 10560679, 12557812, 8101320, 4030000052, 8661675, 10505046, 10499627, 10499628, 8002832, 11901978, 11901981, 10478245, 8229799 y 4030000053; dichos proveídos fueron notificados al sujeto pasivo el 15 de mayo de 2008. Es decir, que no es menos evidente que dentro del plazo señalado por el art. 60.II de la ley Nº 2492, no hizo valer sus derechos para efectivizar el cobro de la deuda tributaria por los medios que le faculta la Ley.

En ese marco, la Empresa Ferrari Ghezzi Ltda., por memorial de 9 de julio de 2013, apersonándose a la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, solicitó la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria de los proveídos de ejecución señaladas en el párrafo precedente; solicitud que fue rechazada por la Administración Tributaria mediante proveído Nº 24-00896-13 de 25 de julio de 2013 (fs. 14 de antecedentes administrativos), arguyendo que la normativa aplicable en el presente caso es la Ley Nº 291, la cual señala que la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible. Disposición legal que modificó el art. 59 de la Ley Nº 2492, sin observar que las Declaraciones Juradas y los Proveídos de Ejecución Tributaria, han acaecido antes de la vigencia de la referida Ley modificatoria.

Al respecto, si bien la Ley Nº 291 de 22 de septiembre de 2012, en su Disposición Adicional Quinta, modificó el art. 59 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, estableciendo que la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada es imprescriptible, no es menos cierto que dicha norma legal, no es aplicable al caso de autos, por expresa prohibición del art. 123 de la Constitución Política del Estado, que dispone: “La Ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo (…)”, concordante con el art. 116.II del mismo supremo cuerpo legal que señala: “Cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible”.  En ese marco, los títulos de ejecución tributaria corresponden a la gestión 2004; asimismo, el inició la ejecución tributaria con los Proveídos PET Nos. GDO/DJ/UCC/PET Nº 1604/2008, 1605/2008, 1606/2008, 1607/2008, 1608/2008, 1609/2008, 1610/2008, 1611/2008, 1612/2008, 1613/2008, 1614/2008, 1615/2008, 1616/2008, 1617/2008, 1618/2008, 1619/2008, 1620/2008, 1621/2008, 1622/2008, 1623/2008, fueron emitidos el 24 de abril de 2008, y notificados el 15 de mayo del mismo año, amparándose en la normativa sobre la cual regirán sus acciones de cobro y ejecución, es decir, antes de la vigencia de la Ley Nº 291, por lo que corresponde aplicar para el cómputo de la prescripción, lo dispuesto por los arts. 59.I.4), 60, 61 y 62 del Código Tributario.

En ese sentido, el art. 60.II del Código Tributario, determina que el término se computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. En autos, el cómputo de la prescripción de las acciones de la Administración Tributaria para ejercer su facultad de ejecución tributaria, se inició con la notificación con los títulos de ejecución tributaria -15 de mayo de 2008-, corriendo a partir de ese momento el término de 4 años para la ejecución tributaria, conforme lo determina la citada norma legal, concluyendo el 15 de mayo de 2012, no habiendo la Administración Tributaria ejercitado su facultad plena de ejecución tributaria; coligiéndose que esa su facultad para ejecutar la deuda tributaria establecida en las Declaraciones Juradas con Nos de Orden 10576062, 9922410, 10581371, 9576893, 11738269, 12412684, 10560679, 12557812, 8101320, 4030000052, 8661675, 10505046, 10499627, 10499628, 8002832, 11901978, 11901981, 10478245, 8229799 y 4030000053, se encuentran prescritas a momento de la emisión del Proveído Nº 24-00896-13 de 25 de julio de 2013.

Sobre el argumento expuesto por la Administración tributaria referido a la presentación de oficios a diferentes entidades sobre medidas precautorias, que según su entendimiento habrían interrumpido la prescripción; se debe dejar claramente establecido que las causales de interrupción y suspensión del término de la prescripción en materia tributaria, se encuentran establecidas en el art. 61 y 62 de la Ley Nº 2492, no constituyendo los actos precautorios, actos que interrumpan o suspendan el término de la prescripción.

Respecto a la aplicación por analogía de las normas del Código Civil, el art. 5.II de la Ley Nº 2492, señala en cuanto a la aplicación de la norma supletoria, únicamente cuando exista un vacío legal en el Código Tributario, en ese entendido, la ley especial instituye las formas de extinción de la obligación tributaria, entre ellas la prescripción, así como el cómputo, la interrupción y suspensión, no existiendo un vacío normativo pretendido como refiere la demandante, concluyéndose que la prescripción dispuesta por la autoridad demandada, fue correcta. 

VI. CONCLUSIONES

Que, del análisis precedente, y de las pretensiones deducidas en la demanda, se establece que no es evidente lo denunciado en la presente demanda, toda vez que prescribió la faculta de la Administración Tributaria para ejecutar la deuda tributaria, concluyéndose que la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), al pronunciarse a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0327/2014 de 5 de marzo, no incurrió en ninguna conculcación de normas legales, al contrario, se limitó a la correcta interpretación y aplicación de las normas jurídicas, de manera tal que se ajustan a derecho; máxime si los argumentos expuestos en la demanda no desvirtúan de manera concluyente los fundamentos y razones expuestas en los documentos cuya impugnación fue base de la presente demanda.

       POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución contenida en los arts. 4 y 6 de la Ley N° 620 de 29 de diciembre de 2014 y los arts. 778 al 781 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de los fundamentos expuestos, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda contencioso administrativa de fs. 41 a 49, interpuesta por Verónica Jeannine Sandy Tapia en su condición de Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria; en consecuencia, mantiene firme y subsistente la Resolución AGIT-RJ 0327/2014 de 5 de marzo, pronunciada en recurso jerárquico por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT).

No suscribe la Magistrada Maritza Suntura Juaniquina, por emitir voto disidente.

       Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad demandada. Sea con las formalidades de rigor.


Regístrese, notifíquese y archívese.



Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

PRESIDENTE

Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

DECANO

Fdo. Rómulo Calle Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena