SALA PLENA


SENTENCIA:                            532/2017.

FECHA:                                Sucre, 12 de julio de 2017.

EXPEDIENTE:                        622/2014.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.    

MAGISTRADO RELATOR:        Rómulo Calle Mamani.


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 14 a 16 vlta. de obrados, impugnando la Resolución R.J. No. 0529/2014, pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, la contestación de fs. 36 a 40, los antecedentes procesales.


I CONTENIDO DE LA DEMANDA.


I.1 Antecedentes de hecho de la demanda.


Señaló la entidad demandante que en uso de sus atribuciones, emitió los Autos Iniciales de Sumario Contravencional, contra el contribuyente Tribunal Constitucional al haberse verificado incumplimiento a deberes formales de presentación e información de Libros de Compras IVA, posteriormente se emitieron las Resoluciones Sancionatorias, actos administrativos definitivos mediante los cuales se confirmaron las multas de UFVs 500 (Quinientas 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda), para cada incumplimiento a deber formal, haciendo un total de UFVs 1.000 (Mil 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda), determinaciones que se revocaron totalmente en la instancia de alzada y anulada  en la instancia jerárquica. 


I.2 Fundamentos de la demanda.


1.- La entidad actora mencionó que la Autoridad demandada, anuló la resolución de recurso de alzada que le precedió hasta el vicio más antiguo, esto es hasta las Resoluciones Sancionatorias, debiendo la Administración Tributaria emitir nuevas resoluciones mediante las cuales se identifique plenamente al responsable de la contravención de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 151 del Código Tributario Boliviano, sin embargo de la exposición jurídica de la resolución impugnada se puede identificar con claridad que la misma no respeta el principio de congruencia, toda vez que a tiempo de presentarse el recurso jerárquico, la Administración Tributaria había hecho notar que el tema de la extinción de la sanción ( lo resuelto en alzada ), no había sido un aspecto reclamado en el recurso de alzada, por tanto a tiempo de emitirse resolución sobre un punto no reclamado implica un pronunciamiento extra petita y vulneración al principio de congruencia, toda vez que se considera que el punto de la extinción era parte del objeto de la litis, lo cual de ninguna manera es evidente, según se puede evidenciar en el expediente respectivo, donde en el recurso de alzada el sujeto pasivo en ningún momento plantea el tema de la extinción de la multa respectiva.


2.- En este marco, se entiende que la resolución de Recurso Jerárquico en su punto xv claramente identifica que la Ley 212 no determina la extinción de la sanción sino define el proceso de transición institucional procediendo la comisión liquidadora del consejo de la magistratura a transferir tanto activos como pasivos al nuevo Tribunal Constitucional sin extinguir éstos últimos; sin embargo y simultáneamente en el punto xvi de la resolución jerárquica impugnada se expone con claridad no la extinción de la sanción por la extinción de la persona jurídica punible, sino la aplicación del artículo 151 del Código Tributario que atribuye responsabilidad por la comisión de ilícitos tributarios a las personas jurídicas que los cometieron, de acuerdo a la argumentación jurídica de la Resolución impugnada la controversia a dilucidar sería la existencia o inexistencia de responsabilidad del nuevo Tribunal Constitucional, lo que no corresponde al objeto de la impugnación al no haber sido cuestionada la existencia de responsabilidad por el contribuyente, sino un aspecto meramente formal que se halla de manera meramente referencial, consignado junto al nombre del sujeto pasivo sancionado, el nombre del actual Tribunal Constitucional Plurinacional, en la realidad de los hechos la emisión de Resoluciones Sancionatorias fueron realizadas identificando con plenitud al sujeto pasivo es decir el Tribunal Constitucional, la incoherencia y por lo tanto la incongruencia de la Resolución de Recurso Jerárquico es clara por una parte al sostener sus premisas en un objeto de controversia diferente del que ha sido establecido por el mismo contribuyente en la tramitación del recurso de alzada.

I.3. Petitorio.


Pide se declare probada la demanda, y se Revoque totalmente la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0529/2014 manteniéndose firme y subsistente en su integridad las Resoluciones Sancionatorias, o en su caso se anule la Resolución de Recurso Jerárquico hasta emitirse una resolución conforme a derecho.


II. De la contestación a la demanda.


Corrido en traslada la demanda y citada legalmente la Autoridad demandada, en tiempo hábil se apersona Daney David Valdivia Coria Director Ejecutivo General a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, quien por memorial de fs. 36 a 40, contesta a la demanda en forma negativa, expresando en síntesis lo siguiente:


1.- La Autoridad demandada señaló que la Administración Tributaria basó su fundamento en que al momento de presentarse el recurso jerárquico se hizo notar que la extinción de la sanción no había sido un aspecto reclamado en el recurso de alzada, porque a tiempo de emitirse la resolución sobre un punto no reclamado implica un pronunciamiento extra petita y vulnera el principio de congruencia, sobre estos aspectos se tiene que aclarar que los artículos 115, Parágrafos I y II, 117, Parágrafo I y 119 Parágrafo I de la Constitución Política del Estado y 68 Numeral 6 de la Ley 2492 (CTB), establecen que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos, teniendo derecho al debido proceso y sobre todo a que las partes en conflicto gocen de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan, igualmente se tiene que inmerso en la Garantía del Debido Proceso se encuentra el denominado derecho a la defensa el cual se traduce en el derecho al contribuyente a ser oído y presentar todas las pruebas que hagan a su descargo durante la sustanciación del proceso, es así, que el debido proceso tiene por objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento  para garantizar la justicia al recurrente, concretamente es el derecho que toda persona tiene a un justo y equitativo proceso en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar por lo que la potestad tributaria no es ni puede ser absoluta sino que se halla sometida a la Ley.


2.- Mencionó además que se debe considerar que las causales de anulabilidad y que nuestro ordenamiento jurídico señala que para que exista anulabilidad de un acto por infracción de una norma establecida en la ley, deben ocurrir los presupuestos establecidos en los Artículos 36, Parágrafo II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo 27113 (RLPA), aplicados supletoriamente en materia tributaria en mérito al Numeral I del Artículo 74 de la Ley No. 2492 (CTB) es decir, que los actos administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados; esta instancia Jerárquica en la correspondiente Resolución señaló lo siguiente: “ En ese marco, de la revisión del Recurso de Alzada interpuesto por el TCP, se observa que el Sujeto Pasivo expuso entre sus argumentos que efectuó la devolución de las notificaciones cedularias de los Autos Iniciales de Sumario Contravencional al amparo del Artículo 2 de la Ley No. 212, y que al ser una institución nueva no puede responder por otra persona jurídica diferente; finalmente pidió que se dicte Resolución donde se disponga la revocatoria de las Resoluciones Sancionatorias, dejando sin efecto el acto administrativo y la sanción impuesta en contra del Tribunal Constitucional Plurinacional, siendo que al respecto la Administración Tributaria presentó memorial de Contestación, en el que se expuso argumentos respecto a la validez de la notificación de sus actuaciones y objetó la legitimación activa del Tribunal Constitucional Plurinacional”.


3.- Finalmente acotó que si bien es cierto que al 31 de diciembre de 2011, las multas que son objeto del presente caso, no se constituyeron en pasivos existentes o ejecutoriados del Tribunal Constitucional, debe considerarse que la Administración Tributaria, al evidenciar que el Tribunal Constitucional incurrió en una contravención tributaria inició el proceso sancionador en el marco de lo previsto en el Artículo 168 de la Ley 2492 con la notificación de los correspondientes Autos Iniciales de Sumario Contravencional, contra los que no se presentó prueba que demuestre el cumplimiento oportuno del deber formal extrañado, motivo por el que se pretendió la imposición de la sanción a través de las Resoluciones Sancionatorias, las cuales mencionan el deber formal extrañado y la sanción; empero identifican de forma errónea al Sujeto Pasivo contraventor, toda vez que se menciona tanto al Tribunal Constitucional, como al Tribunal Constitucional Plurinacional, siendo que el deber formal en cuestión fue incumplido sólo por el Tribunal Constitucional, al respecto es pertinente hacer notar que la Administración Tributaria en el marco de la facultad normativa dispuesta por el Artículo 64 de la Ley 2492, emitió la Resolución Normativa de Directorio No. 10-0037-07 en cuyo Artículo 17, inciso 3), Caso 3. expone los requisitos de la Resolución Sancionatoria, entre los que se exige la identificación del contribuyente que en el presente caso ha sido incumplido en las Resoluciones Sancionatorias, que simultáneamente pretenden imponer la sanción al Tribunal Constitucional y al Tribunal Constitucional Plurinacional ya que sólo el Tribunal Constitucional es el responsable de las contravenciones identificadas por la Administración Tributaria, siendo que los periodos son: enero y febrero de 2010, año en que el TC se encontraba vigente como institución conforme a la anterior CPE y la Ley No. 1836 de 1 de abril de 1998 (ahora abrogada por la Ley No. 027), por lo expuesto se advierte falta de fundamentación en la Resolución de Alzada, ya que si bien se hizo mención a todos los antecedentes del caso y se consideraron los argumentos expuestos por las partes, no se expuso la norma en la que la ARIT se apoyó para considerar la extinción del Tribunal Constitucional como una causal de extinción de las sanciones emergentes de las contravenciones tributarias, toda vez que la Ley 212 no dispuso tal extremo, ya que tiene por objeto la transición, traspaso, transferencia y funcionamiento ordenado y transparente de la administración financiera, activos y otros del Poder Judicial al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional, en ese entendido siendo evidente que se configuró el incumplimiento de deberes formales, que desde la interposición del Recurso de Alzada se expuso que el Sujeto Pasivo de las sanciones es el Tribunal Constitucional, no correspondía que la ARIT, deje sin efecto una multa por incumplimiento a deberes formales, sino sólo debió anular obrados hasta la emisión de las Resoluciones Sancionatorias a fin de que se identifique correctamente al responsable de la contravención, tomando en cuenta lo dispuesto por el Artículo 151 de la Ley 2492, por lo que al haberse evidenciado que la Resolución de Alzada no cumplió con el requisito de fundamentación y que las Resoluciones Sancionatorias no contemplan el requisito mínimo de identificar al contribuyente contraventor correspondió anular la Resolución del Recurso de Alzada.                


II. 1. Petitorio.


Solicita se dicte sentencia declarando improbada la demanda, manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0529/2014.


III ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.

Que, el 3 de octubre de 2011 la Gerencia Distrital de Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 001179307803 y 001179307804 ambos de fecha 3 de octubre de 2011, por los cuales se instruye Sumario Contravencional en contra del contribuyente Tribunal Constitucional por no haber presentado la información del Libro de Compras y Ventas IVA (Da Vinci) de los periodos Enero  y Febrero 2010 respectivamente, que al ser insuficientes y no válidos  los descargos presentados por el contribuyente, porque no cumplen con la Normativa Tributaria vigente, se emiten las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-000117-13 y 18-000118-13 ambas de fecha 19 de junio de 2013 por las cuales se sanciona con una multa de UFVs 500 por cada Resolución Sancionatoria, debidamente notificado el contribuyente con las mencionadas Resoluciones interpuso el correspondiente Recurso de Alzada, luego de realizados los trámites pertinentes el Recurso es resuelto mediante la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0223/2013 de 30 de diciembre, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca que resolvió Revocar Totalmente las Resoluciones Sancionatorias, dejando sin efecto las multas por incumplimiento a deberes formales, por UFVs 500 (Quinientas Unidades de Fomento a la Vivienda), en conocimiento de dicha determinación, la Gerencia Distrital a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales de Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales interpuso en contra de la citada Resolución el Recurso Jerárquico, por lo que el 31 de marzo de 2014 la Autoridad demandada emite la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0529/2014 por la cual Anula la Resolución de Alzada, consiguientemente se anulan obrados con reposición de actuados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-000117-13 y 18-000118-13, inclusive, debiendo la Administración Tributaria emitir nuevas Resoluciones mediante las cuales identifique plenamente al responsable de la contravención, acto administrativo que dio lugar al presente proceso contencioso administrativo.


2. En el curso del proceso contencioso administrativo, se dio cumplimiento al procedimiento de puro derecho señalado por los arts. 781 y 354-II y III del Código de Procedimiento Civil.


3. Concluido el trámite se decretó autos para sentencia.


IV. DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.


Establecidos los antecedentes de hecho y de derecho, a efecto de pronunciar resolución, se desprende que el objeto de controversia, se circunscribe al siguiente hecho puntual:


1.- Si la Autoridad General de Impugnación Tributaria en la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0529/2014 de 31 de marzo, que anuló obrados hasta el vicio más antiguo, es decir hasta las Resoluciones Sancionatorias, obró de forma correcta.


V. ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO.


1.- Si la Autoridad General de Impugnación Tributaria en la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0529/2014 de 31 de marzo, que anuló obrados hasta el vicio más antiguo, es decir hasta las Resoluciones Sancionatorias, obró de forma correcta.


Antes de ingresar a resolver la controversia, corresponde señalar que vistos los antecedentes del proceso, la fundamentación de derecho y reconocida como se encuentra la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena, para la resolución de la controversia, tomando en cuenta la naturaleza del proceso contencioso administrativo que reviste las características de un juicio de puro derecho, en el que el Tribunal sólo analiza la correcta aplicación de la ley a los hechos expuestos, en este caso por la parte demandante, corresponde realizar el control judicial sobre los actos ejercidos por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.


El acto administrativo impugnado en el presente proceso, se encuentra contenido en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0529/2014 de 31 de marzo, que anuló la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA Nº 0223/2013 de 30 de diciembre, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, que a su vez, revocó totalmente las Resoluciones Sancionatorias Nos18-000117-13 y 18-000118-13 ambas de 19 de junio, emitidas por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales en mérito a la conclusión de funciones y extinción institucional del Tribunal Constitucional el 31 de diciembre de 2011.


De la revisión de los antecedentes que cursan en el proceso y los Anexos con antecedentes de actuados en sede administrativa, se tiene:


La Administración Tributaria, el 3 de octubre de 2013 emitió los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 001179307803 y 001179307804 porque el Tribunal Constitucional incumplió con la presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA  través del Software Da Vinci Módulo LCV, correspondiente a los periodos fiscales Enero y Febrero 2010 respectivamente, por lo que instruye sumario contravencional por estar su conducta prevista como incumplimiento al deber formal de información establecido en los Artículos 71 y 162 de la Ley Nº 2492.


Que, al haberse determinado que los descargos presentados por el contribuyente son insuficientes y no válidos, porque no cumplen con la Normativa Tributaria vigente, que además no desvirtuó la contravención imputada emitió las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-000117-13 y 18-000118-13 por las que se sanciona al contribuyente Tribunal Constitucional con UFVs 500.- (Quinientas 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda), por cada Resolución Sancionatoria.


La Administración Tributaria, sustentó que en la emisión de las Resoluciones Sancionatorias fueron realizadas identificando con plenitud al sujeto pasivo; es decir el Tribunal Constitucional, es por ello que lo que determina la Resolución de Recurso Jerárquico que se deben emitir nuevas Resoluciones Sancionatorias no es lógicamente exigible al fundamentar dicha conclusión con premisas impertinentes al objeto de controversia en alzada, el cual pertenece a otro análisis con otras premisas.


La Autoridad General de Impugnación Tributaria, al contestar la demanda refiere que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos, teniendo derecho al debido proceso y sobre todo a que las partes en conflicto gocen de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan, igualmente se tiene que inmerso en la Garantía del Debido Proceso se encuentra el denominado “derecho a la defensa”, el cual se traduce en el derecho del contribuyente a ser oído y presentar todas las pruebas que hagan a su descargo durante la sustanciación del proceso, es así que el debido proceso tiene por objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la justicia al recurrente; concretamente es el derecho que toda persona tiene a un justo y equitativo proceso, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar, por lo que la potestad tributaria no es ni puede ser absoluta  sino que se halla sometida a la Ley; y que en el caso presente es evidente que se configuró el incumplimiento de deberes formales, que desde la interposición del Recurso de Alzada se expuso que el Sujeto Pasivo de las sanciones es el Tribunal Constitucional, no correspondía que la ARIT, deje sin efecto una Multa por Incumplimiento de Deberes Formales; sino debió anular obrados hasta la emisión de las Resoluciones Sancionatorias, a fin de que se identifique correctamente al responsable de la contravención, tomando en cuenta lo dispuesto por el Artículo 151 de la Ley Nº 2492 que establece que la responsabilidad por los ilícitos tributarios recae en las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones, consecuentemente al haberse evidenciado que la Resolución de Alzada no cumplió con el requisito de fundamentación y al haberse evidenciado que las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-000117-13 y 18-000118-13 no contemplan el requisito mínimo de identificar al contribuyente contraventor, en el marco de lo previsto por los Artículos 36, Parágrafo II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo No. 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente en materia tributaria en mérito al Numeral 1 del Artículo 74 de la Ley 2492, corresponde a esta instancia anular la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0223/2013 de 30 de diciembre de 2013, con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-000117-13 y 18-000118-13, inclusive debiendo la Administración Tributaria emitir nuevas Resoluciones mediante las que identifique  plenamente al responsable de la contravención, tomando en cuenta lo dispuesto por el Artículo 151 del citado Código.


Respecto a la norma invocadas por la Autoridad demandada, corresponde señalar que el Artículo 151 del Código Tributario Boliviano señala: “(RESPONSABILIDAD POR ILÍCITOS TRIBUTARIOS). Son responsables directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o disposiciones reglamentarias.


De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán establecidas conforme a los procedimientos del presente Código.

De la comisión de un delito tributario, que tiene carácter personal, surgen dos responsabilidades: una penal tributaria y otra civil”.


En el caso presente y de acuerdo a lo alegado por las partes así como de la cita anterior, a efecto de acoger o no la controversia suscitada por la Administración Tributaria, corresponde puntualizar que de la revisión de las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-000117-13 y 18-000118-13 ambas de 19 de junio se evidencia que en la parte resolutiva de las mismas textualmente señalan: “Sancionar al contribuyente TRIBUNAL CONSTITUCIONAL con NIT: 1016061020 ahora TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL…”, así mismo corresponde señalar que la Administración Tributaria emitió las Resoluciones Sancionatorias en el marco de lo establecido por el Artículo 64 de la Ley 2492 que establece: “(NORMAS REGLAMENTARIAS ADMINISTRATIVAS). La Administración Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos constitutivos”, sin embargo se hace necesario señalar también que la Resolución Normativa de Directorio No. 10-0037-07 de 14 de diciembre en su Artículo 17, Inciso 3), Caso 3) dispone: “Si se hubieran labrado Actas de Infracción como resultado de operativos efectuados en distinta jurisdicción a la del contribuyente, la valoración de descargos corresponderá al Departamento que constate la contravención y una vez elaborado el Informe con los antecedentes, en los términos del párrafo precedente se remitirán al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva de la jurisdicción competente, para la emisión de la Resolución Sancionatoria.


La Resolución Sancionatoria será emitida en un plazo de veinte (20) días, término que se computará a partir de la fecha de vencimiento para presentar descargos y contendrá, como mínimo, la siguiente información:


  1. Número de Resolución Sancionatoria.
  2. Lugar y fecha de emisión.
  3. Nombre o razón social del contribuyente.
  4. Número de identificación tributaria (cuando se encuentre inscrito).
  5. Número de Auto Inicial de Sumario Contravencional o del Acta de Infracción.
  6. Acto u omisión que origina la posible contravención y norma específica infringida.
  7. Sanción aplicada señalando la norma legal o administrativa donde se encuentre establecida.
  8. Relación de las pruebas de descargo, alegaciones, documentación e información presentadas por el sujeto pasivo y la valoración realizada por la Administración Tributaria.
  9. Deber de cumplir con la presentación de la documentación faltante o el deber formal extrañado.
  10. Plazos y recursos que franquean las Leyes para impugnar la Resolución Sancionatoria y el anuncio de medidas coactivas que adoptará la Administración Tributaria vencido dicho plazo.
  11. Firma y sello del Gerente Distrital GRACO o Sectorial y del Jefe del Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva”.


De todo lo relacionado precedentemente se evidencia que la Administración Tributaria en la emisión de las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-000117-13 y 18-000118-13 ha incumplido con la obligación de identificar al contribuyente ya que y como se mencionó líneas arriba en la parte Resolutiva de las mismas impone la sanción tanto al Tribunal Constitucional como al Tribunal Constitucional Plurinacional, teniendo como único responsable de las contravenciones al Tribunal Constitucional, aspecto que se resalta toda vez que las contravenciones corresponden a los periodos enero y febrero del año 2010, gestión en la que se encontraba plenamente vigente el Tribunal Constitucional, cuyas funciones fueron concluidas por mandato dispuesto en el Parágrafo I del Artículo 2 de la Ley 212 de 23 de diciembre de 2011 que señala: “Se dispone la conclusión de funciones y extinción institucional de la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Agrario Nacional, Consejo de la Judicatura y Tribunal Constitucional el 31 de diciembre de 2011”, consecuentemente la decisión asumida en la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0529/2014 de 31 de marzo  es correcta.


IV.4. Conclusiones.                  

                                                                                                                                                                                                                                       

Del análisis precedente, éste Tribunal Supremo habiendo verificado los actos administrativos sobre los que la autoridad jurisdiccional ejerce control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa, determina que la Autoridad General de Impugnación Tributaria al haber pronunciado la Resolución ahora impugnada no ha causado agravio alguno a la Administración Tributaria,  por lo que conforme a los fundamentos expuestos corresponde confirmar la resolución de recurso jerárquico.


POR TANTO: La Sala Plena a del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por los arts. 4 y 6 de la Ley No. 620 de 29 de diciembre de 2014 y, lo dispuesto en los arts. 778 y 781 del Código Procedimiento Civil, declara IMPROBADA la demanda contencioso administrativa de fs. 14 a 16 vlta., de obrados interpuesta por la Gerencia Distrital a.i. Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, declarándose firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT R.J. No. 0529/2014 de 31 de marzo, pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.


No suscriben la Magistrada Maritza Suntura Juaniquina, los Magistrados Pastor S. Mamani Villca, Antonio Guido Campero Segovia por emitir voto disidente.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.



Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

DECANO

Fdo. Rómulo Calle Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena