SALA PLENA


SENTENCIA:                            501/2017.

FECHA:                                Sucre, 28 de junio de 2017.

EXPEDIENTE:                        476/2014.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Gerencia Regional Potosí de la Aduana Nacional de Bolivia contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.       

MAGISTRADA RELATORA:        Maritza Suntura Juaniquina.


Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por la Gerencia Regional Potosí de la Aduana Nacional de Bolivia, representada legalmente por Manuel Félix Sangueza Guzmán, contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), representada por Daney David Valdivia Coria.


VISTOS EN SALA PLENA:La demanda contencioso administrativa de fs. 28 a 32, en la que se impugna la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0216/2014 de 20 de febrero, pronunciada por la AGIT; la providencia de admisión de fs. 34; la respuesta de fs. 68 a 72 vta.; la notificación al tercero interesado de fs. 47, los memoriales de réplica y dúplica de fs. 79 a 81 vta. y 84 a 86, respectivamente, los antecedentes procesales y los de emisión de la Resolución impugnada.


I. CONTENIDO DE LA DEMANDA.


I.1. Antecedentes de hecho de la demanda.


La Administración Aduanera señala que, mediante Acta de Intervención Contravencional GRPTS-C 0284/2013 de 3 de junio, se establece que cuando el Comando de Control Operativo Aduanero (COA), realizaba el control de vehículos indocumentados y mercancías en la ciudad de Potosí, se procedió al control del vehículo conducido por Bernardino Puma Martínez, con las siguientes características: clase Volqueta, marca Volvo, placa de control 1389-AAP, chasis Ilegible, color Azul combinado, en el momento de la intervención el propietario presentó documentación del medio de transporte, según consta en el Acta de Comiso Nº 002858, realizando una verificación en el sistema RUAT, se confirmó que la placa de control 1389-AAP, corresponde a un camión Volvo F-10, año 1989, color rojo, ante dicha anormalidad y presumiendo el ilícito de contrabando se procedió al comiso del motorizado, siendo trasladado al depósito de la Aduna Interior Potosí, emitiéndose el Acta de Intervención Contravencional GRPTS-C 0284/2013 de 3 de junio.


Agrega que, con base en el Acta de Intervención, Informe Técnico y demás actuados, se dictó la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-SPCC-RA Nº AN-GRPGR-SPCC-RS Nº 0278/2013 de 29 de julio, la cual resolvió declarar probada la comisión de contravención aduanera por contrabando, dispuesto en el art. 181 inc. b) de la Ley Nº 2492, en contra de Bernardino Puma Martínez, disponiendo el comiso definitivo del Ítem 1 del Acta de Intervención GRPTS-C 0284/2013.


Manifiesta que, de la revisión de los documentos presentados se determina que no corresponden al vehículo comisado, en vista de que la Declaración Única de Importación (DUI) Nº 2005/301/C-298 de 17 de enero de 2005 a nombre de Rene Waldo Roger Torrez, documento idóneo que no demuestra la legal internación del vehículo conforme a las observaciones que se detallan en el cuadro comparativo del Informe Técnico AN-GRPGR-SPC-IT Nº 054/2013 de 22 de julio.


I.2. Fundamentos de la demanda.


Citando extractos de la Resolución Jerárquica impugnada, indica que el Acta de Intervención Contravencional cumple con todos los requisitos señalados en el art. 96.II de la Ley Nº 2492; asimismo, la valoración y fundamentación exhaustiva realizada en el Informe, evidencia la correcta valoración de la prueba de descargo, dando cumplimiento a lo señalado en el art. 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, concordante con el Decreto Supremo (DS) 0748 de 2 de febrero de 2011, que trata de los requisitos que deben cumplir las DUIs.


Agrega que, respecto al proceso penal iniciado por el sujeto pasivo contra el Administrador y Responsable de la SPCC, aclara que el mismo no es para determinar la validez o no del Acta, sino la de determinar quién y en qué grado fue o fueron responsables de la elaboración y uso del referido documento; es decir, atribuir el hecho punible a un determinado sujeto, debiendo considerarse que el proceso penal es intuito persona; en ese sentido, el accionar de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, al no pronunciarse en cuanto a la contravención aduanera obstaculiza el cumplimiento de las funciones que debe cumplir la Administración Aduanera, vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y aeropuertos del país  e intervenir en el tráfico internacional de mercancías para los efectos de la recaudación tributaria.


Finalmente, la entidad demandante realizó la transcripción de los arts. 76, 65 y 181 inc. b) de la Ley Nº 2492 y 2 del DS 708.


I.3. Petitorio.


Solicitó se declare probada la demanda contencioso administrativa interpuesta, revocando totalmente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0216/2014 de 20 de febrero, emitida por la AGIT, la cual confirmó la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0213/2013 de 22 de noviembre y por consiguiente se confirme la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-SPCCR-RS Nº 0278/2013 de 29 de julio.


II. DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.


La AGIT, se apersonó al proceso y respondió negativamente a la demanda de autos a través del memorial presentado el 21 de octubre de 2014, cursante en obrados de fojas 68 a 72 vta., bajo los siguientes términos: 


Refirió que, se debe aclarar que conforme establece el art. 197.II inc. b) de la Ley 3092, a la AGIT no le competen las cuestiones de índole civil o penal, atribuidas por ley a la jurisdicción ordinaria, por lo que se ve impedida de emitir pronunciamiento sobre los aspectos recurridos que conciernen a la materia penal, específicamente para pronunciarse sobre la autenticidad o falsedad del Certificado Medioambiental, motivo de controversia, teniendo la entidad demandante las vías legales correspondientes para dicho fin, en cumplimiento del último párrafo del art. 217 de la Ley antes citada, referido a un proceso judicial previo, lo contrario sería atentar contra los derechos del sujeto pasivo.


Indica que, lo que pretende la parte demandante es ingresar a temas de fondo, sin considerar y desvirtuar lo señalado anteriormente, siendo evidente que no se puede ingresar al análisis de fondo, toda vez que, resolver el fondo del asunto con base en una prueba cuya legalidad está observada, constituiría infracción del inciso b) del parágrafo II del artículo 197 de la Ley Nº 3092.


Este criterio, según el demandado, constituye línea doctrinal de la AGIT en el Sistema de Doctrina Tributaria SIDOT V.2 invocando las Resoluciones AGIT-RJ/0558/2011,  AGIT-RJ/1382/2012, AGIT-RJ/1383/2013, AGIT-RJ/1385/2013, AGIT-RJ/1386/2013, AGIT-RJ/1387/2013, AGIT-RJ/1388/2013, AGIT-RJ/1389/2013, AGIT-RJ/1390/2013, AGIT-RJ/1391/2013, AGIT-RJ/1393/2013; asimismo, invocó la SC 0824/2012 de 20 de agosto referida a la garantía del debido proceso en su componente de acceso a la justicia.         


Finalizó señalando que, la demanda contencioso administrativa interpuesta carece de sustento jurídico-tributario y no existe agravio ni lesión de derechos que se le hubieren causado al actor con la Resolución impugnada.


III.- Del Tercero Interesado.


Mediante notificación que cursa a fs. 47, se advierte la legal citación de Enrique Huanaco Cuiza, en su calidad de tercero interesado, quien no se apersonó al presente proceso.


Asimismo, corrida en traslado la respuesta, fue formulada la réplica y consiguiente dúplica, disponiéndose a fs. 87, “Autos” para sentencia.                    


IV. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.


A efectos de resolver la controversia planteada, corresponde señalar que los antecedentes verificados en sede administrativa y los que cursan en el cuaderno del proceso informan lo siguiente:


  1. El 14 de agosto de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Bernardino Puma Martínez y Enrique Huanaco Cuiza con la Resolución Sancionatoria de Contrabando Contravencional AN-GRPGR-ULEPR-RS 72/2012 de 27 de diciembre, que en virtud al Acta de Intervención AN-GRPTS-SPCC-RS N° 0278/2013 de 29 de julio, por la cual declaró probada la comisión de contrabando contravencional en su contra, disponiendo el comiso definitivo del Ítem 1 del Acta de Intervención GRPTS-C 0284/2013 (fs. 124 a 130 y fs. 131 del Anexo 1).


  1. Planteado recurso de alzada por Enrique Huanaco Cuiza, en el que manifiesta que el Acta de Intervención lleva firmas adulteradas, y al tratarse de delitos de orden público presentó querella contra los funcionarios intervinientes en dicha Acta, como también contra Álvaro Linares Luna y Dominica Mónica Enriques, en su condición de ex Administrador y ex Supervisora (fs. 13 a 15 del Anexo 1); ante lo cual, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0213/2013 de 22 de noviembre, anuló la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-SPCCR-RS Nº 0278/2013 de 29 de julio, hasta que previamente se resuelva en jurisdicción ordinaria penal, la autenticidad del Acta de Intervención GRPTS-C-0284/2013 y posteriormente se emita, si corresponde, nueva resolución sancionatoria (fs. 75 a 80 del Anexo 1).


  1. Planteado el recurso el recurso por la Gerencia Regional Potosí de la Aduana Nacional (fs. 93 a 95 vta.), el mismo fue resuelto a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0216/2014 de 20 de febrero, por la que la AGIT confirmó la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0213/2013 (fs. 111 a 117 del Anexo 1).


V. DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.


En el caso de autos, la Administración Aduanera controvierte la decisión de las autoridades de Alzada y Jerárquica, de anular obrados con reposición de obrados hasta la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-SPCCR-RS Nº 0278/2013 de 29 de julio, de modo que, una vez se establezca la autenticidad o no del Acta de Intervención GRPTS-C-0284/2013 en la vía penal, la Administración Tributaria Aduanera dicte si corresponde, nueva resolución sancionatoria, omitiendo pronunciarse con respecto a la contravención aduanera.


V.1. Sobre el Proceso Contencioso Administrativo.


El Proceso Contencioso Administrativo, constituye garantía formal que beneficia al sujeto administrado, librándolo del abuso de poder que los detentadores del Poder Público, a través del derecho de impugnación contra los actos de la administración le sean gravosos, para lograr el restablecimiento de sus derechos lesionados con la interposición precisamente del proceso contencioso administrativo, en el que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa, el art. 778 del CPC establece que: “El proceso contencioso administrativo procederá en los casos en que hubiere oposición entre el interés público y el privado y cuando la persona que creyere lesionado o perjudicado su derecho privado, hubiere ocurrido previamente ante el Poder Ejecutivo reclamando expresamente el acto administrativo y agotando ante este Poder todos los recursos de revisión, modificación o revocatoria de la resolución que le hubiere afectado”.


Quedando establecida la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo y reconocida la competencia de este Tribunal Supremo, en su Sala Plena, para la resolución de la controversia, por la naturaleza del proceso contencioso administrativo que reviste las características de juicio ordinario de puro derecho en única instancia, no teniendo una etapa probatoria, cuyo objeto es conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, teniéndose presente que el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico; por consiguiente, se procede a analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por el demandante y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por AGIT y la Administración Tributaria; todo esto al tenor de lo dispuesto por el arts. 6 de la Ley 620.


V.2. Respecto a la determinación de anular obrados con reposición hasta el vicio más antiguo (Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-SPCCR-RS Nº 0278/2013 de 29 de julio), de modo que, una vez se establezca la autenticidad o no del Acta de Intervención GRPTS-C-0284/2013 en la vía penal, la Administración Tributaria Aduanera dicte si corresponde, nueva resolución sancionatoria.


De un análisis de la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-SPCCR-RS Nº 0278/2013 de 29 de julio, la misma tiene como antecedente el Acta de Intervención GRPTS-C-0284/2013, dicha Acta consigna como funcionarios intervinientes a: My. Jhonny Vega Gareca, Cap. Cristian René Gómez Caero, Tte. Roberto Torrez Cardozo, Sgto. 2do. Freddy Huanca Sillerico, Cbo. Henry Méndez Quisbert y Cbo. Rubén Siñani Flores, quienes suscriben en la parte in fine del referido actuado (fs. 3 a 4 del Anexo 1), por otra parte a fs. 9 del mismo Anexo, cursa el Acta de Comiso Nº 002858, actuado en el cual intervienen como Agentes COA los mismos funcionarios, habiendo el sujeto pasivo contrastado dichos actos administrativos, advirtiendo que las firmas de los funcionarios actuantes no coincidían entre uno y otro documento, por lo que consideró que se encontraba ante un hecho de falsificación de documentos, situación que fue puesta en conocimiento de la Administración Aduanera, sin que haya sido objeto de pronunciamiento alguno en la Resolución Sancionatoria, la cual se sustenta precisamente en el Acta de Intervención GRPTS-C-0284/2013, actuado administrativo que está cuestionado en su validez, existiendo una denuncia pendiente de resolución ante el Ministerio Público, a efectos de que producto de dicha investigación en la vía penal se establezca la validez o no del referido documento, por lo que es de trascendental importancia que previamente se resuelva en la instancia correspondiente, la autenticidad del Acta de Intervención GRPTS-C-0284/2013, que se encuentra cuestionada en su legalidad; consecuentemente, la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-SPCCR-RS Nº 0278/2013, se funda en un acto administrativo sobre el cual pesa una denuncia penal pendiente de resolución en el Ministerio Público, a efectos de establecer su autenticidad, por ello, de los resultados de la referida investigación depende la legalidad del proceso administrativo emergente de dicha Acta.


Como se advierte, el fundamento para la determinación del hecho contravencional y su posterior sanción es el contenido en el Acta de Intervención GRPTS-C-0284/2013, así lo ha establecido la Resolución Sancionatoria; sin embargo, la Administración Aduanera tenía la obligación de dar aplicación al mandato del art. 217 de la Ley Nº 2492, que en su parágrafo final prevé que la prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sea declarada su falsedad por fallo judicial firme; es decir, que siendo la base de la determinación de una responsabilidad contravencional un documento público presumiblemente falso, en aras del respeto al debido proceso la Administración Aduanera no podía arrogarse la competencia de la jurisdicción ordinaria penal y así determinar la falsedad o no del acto administrativo cuestionado, si no que esa es atribución de la instancia competente a través de un debido proceso. En todo caso, ante una situación como la presente la Administración Tributaria, ante la duda sobre la veracidad del Acta de Intervención GRPTS-C-0284/2013, con carácter previo y ante la solicitud del sujeto pasivo, debió activar la instancia penal correspondiente para la determinación de la falsedad o no de dicha Acta así como la determinación del o los responsables del mismo, teniendo en cuenta que el sujeto pasivo mediante escrito de 10 de junio de 2013 (fs. 92 a 93 del Anexo 1), advirtió a la Administración Aduanera de la comisión de los ilícitos de falsedad ideológica, ya que de la comparación de las firmas estampadas en el documento de comiso y en el Acta de Intervención son totalmente distintas, situación reiterada por Enrique Guanaco Cuiza, por memorial de 21 de agosto de 2013 (fs. 148 a 149 vta.), sin recibir ninguna respuesta por parte de la Administración Aduanera.


Por todo lo señalado precedentemente, en correcta aplicación del derecho la AGIT concluyó que, para determinar si los hechos generadores de responsabilidad tributaria acaecieron o no, dando como resultado el nacimiento de una contravención aduanera de la cual sería responsable el sujeto pasivo, se requiere previamente el pronunciamiento sobre la veracidad o falsedad del Acta de Intervención GRPTS-C-0284/2013, estando por lo mismo la Administración Aduanera, imposibilitada por mandato expreso del parágrafo II, inc. b) del art. 197 de la Ley 2492, de pronunciarse sobre la autenticidad o falsedad del Acta cuestionada, teniendo en todo caso que resolverse previamente ante la instancia correspondiente la legitimidad de las firmas de los funcionarios actuantes en dicha Acta de Intervención.


V.3. Conclusión.


Por todo lo expuesto, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, al emitir la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0216/2014 de 20 de febrero, resolviendo confirmar la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0213/2013 de 22 de noviembre, realizó una correcta valoración e interpretación de la normativa aplicada, como ya se explicó precedentemente, en resguardo de los principios que rigen el procedimiento administrativo y precautelando el debido proceso.


En tal virtud, corresponde a este Tribunal confirmar la nulidad de obrados hasta la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-SPCCR-RS Nº 0278/2013 de 29 de julio, inclusive, dispuesta en la Resolución Jerárquica, instruyendo a la Administración Aduanera, esperar el pronunciamiento en la vía penal, y a partir del mismo, si corresponde, dicte una nueva resolución sancionatoria.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en ejercicio de la atribución conferida en el art. 6 de la Ley N° 620 de 29 de diciembre de 2014, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda de fojas 28 a 32, interpuesta por la Gerencia Regional Potosí de la Aduana Nacional; y en su mérito, mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ N° 0216/2014 de 20 de febrero, dictada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, ratificándose la nulidad de obrados hasta la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-SPCCR-RS Nº 0278/2013 de 29 de julio, inclusive, y disponiendo que con los resultados determinados en la vía penal, la Administración Aduanera, si corresponde, dicte una nueva resolución sancionatoria.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.



Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

PRESIDENTE

Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

DECANO

Fdo. Rómulo Calle Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena