SALA PLENA


SENTENCIA:                            492/2017.

FECHA:                                Sucre, 28 de junio de 2017.

EXPEDIENTE:                        472/2014.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.       

MAGISTRADA RELATORA:        Norka Natalia Mercado Guzmán.


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 13 a 16 vta., planteada por la Administración Aduanera impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0261/2014, emitida el 24 de febrero por la Autoridad General de Impugnación                                Tributaria, la contestación de fs. 23 a 27 vta., réplica de fs. 48, dúplica de fs. 52 a 53, citación de Miguel Pinedo Vicente en su calidad de tercero interesado, los antecedentes del proceso y de emisión de la Resolución impugnada.


I. CONTENIDO DE LA DEMANDA.


I.1. Antecedentes de hecho de la demanda.


Señaló que en la verificación del reporte emitido por la Gerencia Nacional de Sistemas respecto a treinta y cuatro (34) camiones tipo hormigonero, registrados en el sistema operador con autorización de porteo y que en el FVR registran en la clase o característica especial Camión Hormigonero, se observó la DUI 2010/234/C-872, que ampara al vehículo con número de chasis YV2H2CCA4NB492570, nacionalizado al amparo de la Partida Arancelaria 87054000000 “Camiones Hormigoneros”. Aclaró que la base de la observación consistió en que habiendo sido nacionalizado como camión hormigonero, en fecha posterior solicitaron permiso de porteo para transporte de carga internacional, situación que generó presunción de que el proceso de nacionalización fue solamente para evadir las prohibiciones del DS 29836 de 3 de diciembre de 2008.


Añadió que el Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-048/2012 permite inferir que se utilizó la figura de adecuar temporalmente un camión hormigonero y luego reacondicionarlo nuevamente a la versión originalmente concebida con el propósito de eludir la obligación establecida en el art. 9-f) del DS 29836, hecho que no fue desvirtuado por el operador, quien pudo haber presentado documentos que certifiquen que el vehículo prestaba servicios como camión hormigonero en origen; es decir, en el país del cual se importó.


Señaló que finalmente, se emitió la Resolución Sancionatoria AN-GRLGR-ULELR 178/2013, declarando probada la comisión de contrabando contravencional contra Miguel Pinedo Vicente, quien planteó recurso de alzada, instancia que confirmó la determinación de la Administración Aduanera, motivando la interposición del recurso jerárquico cuya resolución, es gravosa para los intereses del Estado y es objeto de la demanda.


I.2. Fundamentos de la demanda.


Acusó la violación de la Ley General de Aduanas, además de los procedimientos existentes para procesos aduaneros y, glosando el criterio expuesto en la resolución jerárquica respecto a que la conducta de Miguel Pinedo Vicente no se adecua a las previsiones establecidas por el art. 181-f) del CTB, señaló que no se valoró de manera objetiva todas las pruebas generadas en el caso, se tomó una determinación con total desconocimiento de las normas aduaneras, estableciendo de manera errónea que el vehículo en cuestión ingresó a territorio nacional cumpliendo las formalidades aduanera, sin embargo, no tomó en cuenta la información documentada generada por la Administración Aduanera, así como las pruebas obtenida de las páginas autorizadas y el mismo RUAT, que claramente hacen ver que el vehículo, inmediatamente después de nacionalizarse cambió las características de su estructura, así como la partida arancelaria burlándose del Estado porque ni la misma AGIT tiene prueba fehaciente para tomar su determinación, descartando las pruebas generadas y aportadas por la entidad.


Bajo esas circunstancias, se puede evidenciar de manera objetiva que la decisión tomada por la autoridad demandada, es confusa y totalmente parcializada con el sujeto pasivo, creando una total incertidumbre en la administración de justicia, que daña completamente los intereses del Estado, en virtud de no realizar un análisis técnico-jurídico sobre el fondo del problema planteado, conforme la normativa y procedimientos establecidos, interpretando la norma de una manera errónea e incoherente.


Consideró que otro aspecto importante, es que al existir incongruencia en lo físico y en lo documental, si bien con la DUI C-872 de 12 de mayo de 2010,  se ha ingresado y nacionalizado como camión hormigonero con chasis YV2H2CCA4NB492570, Partida Arancelaria 8705; sin embargo, al presente no cuenta con la mecánica correspondiente a un camión de ese tipo porque fue reacondicionado como camión, que por sus características, verificaciones informáticas (RUAT) y modificaciones ya no corresponde a la Partida 8705, sino a la Partida 8704 (camiones para transporte de mercancías) que se encuentra restringida por años de fabricación de acuerdo al art. 3 del DS 29836 de 3 de diciembre de 2008 y el Artículo Único del DS 123 de 13 de mayo de 2009, basándose en la información proveniente de la página del RUAT, información que se considera evidencia y no es ninguna presunción, tal como lo menciona la autoridad demandada.


Continuó exponiendo que no se tomó en cuenta el art. 76 (carga de la prueba) y en ese sentido, correspondía al sujeto pasivo presentar toda la documentación que respalde la mercancía objeto de control posterior, por lo referido, se establece que Miguel Pinedo Vicente no demostró los motivos suficientes o fundamentos que prueba por qué cambió la estructura si se había nacionalizado recientemente como camión hormigonero, tampoco justificó las razones del cambio, aspectos que evidencian que el importador nacionalizó el camión a sabiendas de que se encontraba prohibida la importación. La resolución jerárquica coadyuva a evadir los controles que efectúa la Administración Aduanera, permitiendo además, que dicha persona se siga burlando de las normas tributario-aduaneras que fueron emitida para evitar el ingreso de vehículos demasiado antiguos para trabajar en el transporte de carga, siendo su objetivo final el de prevenir los accidentes automovilísticos con daños a la población de vehículos.


Mencionó que los actuados realizados por la Administración, se enmarcan estrictamente en la norma citada, por lo que en ningún momento se actuó sobre presunciones o aspectos subjetivos, por ello, el mismo sistema RUAT, demuestra que está registrado como camión, teniendo el mismo chasis, DUI y demás características, lo que significa que se trata del mismo vehículo.


Concluyó señalando que el fondo del problema no está en si hay o no disposición legal que prohíba su transformación, sino es el haber nacionalizado un vehículo evadiendo los parámetros establecidos en el DS 29836, con dolo y con la única intención de sacar ventaja, importando un vehículo que a la fecha de embarque tenía una antigüedad de 18 años.


I.3. Petitorio.


Solicitó se declare probada la demanda contencioso administrativa y se revoque la resolución jerárquica y se mantenga firme y subsistente el Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR 178/2013 de 18 de julio de 2013.


II. De la contestación a la demanda.


La Autoridad General de Impugnación Tributaria, se apersonó al proceso y respondió negativamente la demanda con memorial presentado el 26 de noviembre de 2014, que cursa de fojas 23 a 27 vta., señalando que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0261/2014 de 24 de febrero de 2014, a través de sus acápites IV.4. y IV.4.A., valoró , explicó y detalló los fundamentos técnico jurídicos que respaldan lo resuelto por la AGIT, así como las pruebas presentadas por las partes, respetando sus derechos y adecuando actuados con estricto cumplimiento del principio de legalidad, tipicidad y debido proceso, en ese contexto, aclaró que las sanciones administrativas solamente podrán ser impuestas cuando hayan sido previstas por norma expresa.


Que en el presente caso, conforme a la revisión de los antecedentes, la Administración Aduanera estableció que el vehículo clase camión hormigonera, chasis YV2H2CCA4NB492570, registrado bajo  la  Partida Arancelaria 87054000000, amparado con  la  DUI  C-872  de  12  de  mayo  de  2010, habría sido modificado y alterado  en sus características originales,  con  la  finalidad de adecuarlo a  subpartidas no afectadas por  la  prohibición y que posteriormente, fue reacondicionado nuevamente a su versión original y que de ese modo, se estableció la presunta comisión  de  contravención tributaria por contrabando, de acuerdo a  lo  establecido  en el art. 181-f) del CTB, presunción que no fue refrendado más allá de la afirmación contenida en el Acta de Intervención, a través de prueba concluyente que demuestre tal aspecto, consiguientemente, la afirmación de la demandante, es una presunción sin respaldo.


Recalcó que tanto el Acta de Intervención Contravencional como la Resolución Sancionatoria de Contrabando, establecen la infracción del art. 9-I del DS 28963, modificado por el art. 3-f) del DS 29836, empero es necesario tomar en cuenta que al momento del despacho aduanero de importación de consumo de la DUI C-872 de 12 de mayo de 2010, la partida arancelaria 870540000, no se encontraba prohibida de nacionalización, aspecto que no fue desvirtuado y aclarado por la demandante.


Añadió que para la aplicación de sanciones debe existir norma específica que prohíba el cambio de estructura, en relación al principio de tipicidad, legalidad y debido proceso establecidos en los arts. 72 y 73 de la Ley de Procedimiento Administrativo, es por ello, que la conducta del sujeto pasivo no se adecua a las previsiones establecidas por el art. 181-f) del CTB, puesto que su vehículo está amparado por la DUI C-872 de 12 de mayo de 2010, por lo que extraña el argumento relativo a que el fondo del problema no es si existe disposición legal que prohíba la transformación, el cual es además, errado por ser vulneratorio de los derechos del sujeto pasivo.


Citando jurisprudencia constitucional y de este Tribunal, además de los argumentos de la resolución jerárquica, ratificó todos y cada uno de sus fundamentos.


II.1. Petitorio.


Concluyó solicitando se declare improbada la demanda contencioso administrativa. 


III. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.


A efectos de comprender los antecedentes que dieron lugar a la resolución impugnada en el proceso, la revisión del cuaderno administrativo, permite establecer lo siguiente:  


  1. Que la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-048/2012,  de  2  de  octubre  de  2012, en contra de Miguel Pinedo Vicente, importador del vehículo clase camión hormigonero, con chasis YV2H2CCA4NB492570, año modelo 1992, nacionalizado bajo la Partida Arancelaria 87054000000 (Camiones Hormigoneros) con DUl C-872 de  12  de mayo de  2010, por haberse observado que con relación al motorizado se había solicitado permiso de porteo para transporte de carga internacional, presumiéndose que la nacionalización como hormigonero se efectuó únicamente para evadir las prohibiciones del DS 29836 de 3 de diciembre de 2008.


  1. Posteriormente, se emitió la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR 178/2013 de 18 de julio de 2013, que declaró probada la comisión de la contravención aduanera y dispuso tanto el comiso definitivo del vehículo como la anulación de la DUI C-872 de 12 de mayo de 2010, acto administrativo tributario confirmado en alzada, conforme consta en la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1191/2013 de 2 de diciembre, motivando la interposición del recurso jerárquico en el que se emitió la resolución impugnada en el presente proceso, con la que se revocó totalmente el pronunciamiento de la autoridad de alzada y se revocó la Resolución Sancionatoria.


  1. En el curso del trámite del presente proceso contencioso administrativo, se cumplió el procedimiento correspondiente al ordinario de puro derecho y se citó al tercero interesado quien no compareció ante esta Sala Plena.


IV. DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.

  1. En el caso de autos, la Administración Aduanera solicita se declare probada su demanda porque considera que no se valoró de manera objetiva la prueba generada en el caso; se tomó una determinación con total desconocimiento de las normas aduaneras porque no se advirtió que el vehículo inmediatamente después de nacionalizarse, cambió las características de su estructura así como la partida arancelaria burlándose del Estado porque ni la misma AGIT tiene prueba fehaciente para tomar su determinación, descartando las pruebas generadas y aportadas por la entidad.


  1. En ningún momento se actuó sobre presunciones o aspectos subjetivos, por ello, el mismo sistema RUAT demuestra que está registrado como camión, teniendo el mismo chasis, DUI y demás características, lo que significa que se trata del mismo vehículo.


  1. Que no se tomó en cuenta el art. 76 (carga de la prueba) y en ese sentido, correspondía al sujeto pasivo presentar toda la documentación que respalde la mercancía objeto de control posterior.


  1. Concluyó señalando que el fondo del problema no está en si hay o no disposición legal que prohíba su transformación, sino es el haber nacionalizado un vehículo evadiendo los parámetros establecidos en el DS 29836, con dolo y con la única intención de sacar ventaja, importando un vehículo que a la fecha de embarque tenía una antigüedad de 18 años.


  1. ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO.


  1. Teniendo en cuenta que el hecho que fue objeto del proceso sancionatorio por contrabando contravencional emerge de la importación realizada por Miguel Pinedo Vicente de un camión hormigonero, nacionalizado al amparo de la Partida Arancelaria 87054000000, sobre el cual posteriormente, se solicitó permiso de porte para realizar transporte de carga internacional.


  1. Sobre ese hecho, la Administración Aduanera presumió conforme se señala en el Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-048/2012, de 2 de octubre - que la nacionalización como hormigonero se efectuó únicamente para evadir las prohibiciones del DS 29836 de 3 de diciembre de 2008. Con base en esa teoría del caso, se emitió finalmente la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR 178/2013, que declaró probado el contrabando contravencional.


  1. A lo largo de su demanda, la Administración Tributaria señaló que correspondía al sujeto pasivo, presentar toda la documentación que respalde la mercancía objeto de control posterior, como que lo hizo, al haber adjuntado en la etapa de descargos los siguientes documentos: Solicitud de  Traslado a Zona Franca  (Z) ,  Conocimiento Marítimo  B/L.  Reference PAHA02LOO (H)  y  Formulario  de Registro de Vehículos  (R)  Código  de  FVR:  100311500, acreditando un hecho que la propia demandante, tuvo como probado desde el inicio del procedimiento sancionatorio; es decir, la internación y consiguiente nacionalización de un camión hormigonero que fue amparado con la DUI 2010/234/C-872 de 12 de mayo de 2010.


Ahora bien, toda vez que el objeto del procedimiento sancionatorio tenía como sustento el hecho de dicha nacionalización como hormigonero se efectuó únicamente para evadir las prohibiciones del DS 29836 de 3 de diciembre de 2008, correspondía la carga de la prueba a la Administración Aduanera, pues el art. 76 del CTB,  ha sido previsto para los casos en los que el contribuyente insta un procedimiento ante la Administración Aduanera en los que evidentemente le corresponde la carga de la prueba.


  1. Con relación a la falta de valoración objetiva de la prueba, analizado el argumento planteado, se concluye que la Administración Aduanera no ha cumplido con la carga argumentativa que le corresponde, en razón de haber realizado una afirmación genérica que no proporciona ningún elemento fáctico que sustente su afirmación, motivo por el cual no puede efectuarse el control de legalidad solicitado.


  1. La demandante afirma también que, no actuó sobre presunciones o aspectos subjetivos, por ello, el mismo sistema RUAT demuestra que está registrado como camión, teniendo el mismo chasis, DUI y demás características, lo que significa que se trata del mismo vehículo. Sobre este punto, conforme lo señalado precedentemente no existe duda respecto a que el vehículo importado fue transformado para cumplir función de vehículo de transporte; empero, la Administración Aduanera al formular los cargos en su acto inicial del procedimiento sancionatorio, señaló que que la nacionalización como hormigonero se efectuó únicamente para evadir las prohibiciones del DS 29836 de 3 de diciembre de 2008; sin embargo, en la Resolución Sancionatoria no se señala ningún elemento probatorio que acredite que así ocurrió efectivamente, motivo por el cual, al sancionarse como contrabando contravencional el hecho, disponiendo el comiso del vehículo y la nulidad de la DUI, se actuó con base en una presunción y no respecto a un hecho demostrado.


  1. Finalmente, respecto a la afirmación relativa que el fondo del problema no está en si hay o no disposición legal que prohíba su transformación, sino es el haber nacionalizado un vehículo evadiendo los parámetros establecidos en el DS 29836, con dolo y con la única intención de sacar ventaja, importando un vehículo que a la fecha de embarque tenía una antigüedad de 18 años, se concluye, se tiene en cuenta que conforme prevé el art.4-c) de la Ley de Procedimiento Administrativo, establece como principio general de la actividad administrativa el de sometimiento pleno a la Ley, donde es la norma la que condiciona y determina la actuación de la Administración; consecuentemente, se trata de una afirmación no sustentada con prueba idónea.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en ejercicio de la atribución conferida en el art. 6 de la Ley N° 620 de 29 de diciembre de 2014, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda de fs. 13 a 34, planteada por la Administración Aduanera, en su mérito se mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0261/2014, emitida el 24 de febrero por la Autoridad General de Impugnación Tributaria a quien se devolverán los antecedentes administrativos.


No suscribe la Magistrada Maritza Suntura Juaniquina por emitir voto disidente.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.



Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

PRESIDENTE

Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

DECANO

Fdo. Rómulo Calle Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

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