SALA PLENA


SENTENCIA:                            489/2017.

FECHA:                                Sucre, 28 de junio de 2017.

EXPEDIENTE:                        392/2014.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.       

MAGISTRADA RELATORA:        Norka Natalia Mercado Guzmán.


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 29 a 31 vta., en la que la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales impugna la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0093/2014, emitida el 20 de enero por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), el memorial de fs. 34 a 35 vta. presentado por Carlos Feraude Velásquez en su condición de tercero interesado, la contestación de fs. 52 a 55 vta., la réplica de fs. 74 a 75, dúplica de fs. 80 a 81, los antecedentes del proceso y de emisión de la resolución impugnada.


I. CONTENIDO DE LA DEMANDA.


I.1. Antecedentes de hecho de la demanda.


La entidad demandante señaló que al haber advertido la falta de presentación de la Declaración Jurada por el impuesto al Valor Agregado (IVA), correspondiente al periodo fiscal 2/2005, procedió a determinar la base imponible usando el método de la base presunta, utilizando como base promedio para el cálculo del impuesto, anteriores declaraciones juradas con similares características, lo cual devino en la emisión de la Vista de Cargo No. 2031673588 de 9 de noviembre de 2012, notificada en la misma fecha, estableciendo una obligación presunta por el importe de 2.584 UFV equivalente a Bs. 4.624.-, y siendo que el contribuyente no presentó descargos dentro del plazo otorgado que desvirtúe la pretensión de la Administración Tributaria, se emitió la Resolución Determinativa CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/00494/2013 de 6 de junio, notificada personalmente en 22 de julio de 2013, la misma que determinó una deuda tributaria de UFV 2.470 equivalente a Bs. 4.541, acto que fue impugnado por el contribuyente a través de Recurso de Alzada, limitándose a solicitar la prescripción de la obligación, emitiéndose la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1087/2013 de 4 de noviembre, la cual revocó totalmente la Resolución Determinativa, por lo que la Administración Tributaria interpuso recurso jerárquico, resuelto con Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ/0093-2014, que confirmó la resolución de alzada.


I.2. Fundamentos de la demanda.


Alegó la inobservancia a la aplicación supletoria de la norma, señalando que el parágrafo II del art. 5 de la Ley 2492 establece: “II. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular”. Al respecto, señaló que al existir un vacío jurídico sobre la imprescriptibilidad de las deudas por daño económico al Estado, recurrieron a las disposiciones del Código Civil que en su parágrafo I del art. 1492 establece que: “Los derechos se extinguen por prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la Ley establece”; y que por los antecedentes del acto administrativo impugnado no existió inacción por parte de la Administración Tributaria. Añade también que el Código Civil establece la imprescriptibilidad de deudas al Estado al consignar en el numeral 6 art. 1502 modificado por el art. 39 de la Ley 004 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” que la prescripción no corre: 6) En cuanto a las deudas por daños económicos causados al Estado. Agregó a manera de ejemplo, que si se tendría que computar la prescripción, tampoco se hubiera perfeccionado conforme dispone el numeral 1 del art. 341 del Código Civil respecto a que el deudor queda constituido en mora mediante intimación o requerimiento judicial u otro acto equivalente del acreedor; por lo que el contribuyente habría ingresado en mora al ser notificado con la Vista de Cargo de manera personal el 9 de noviembre de 2012, intimación que interrumpe el cómputo de la prescripción conforme establece el numeral 2 del art. 1503 del Código Civil, en tal sentido la obligación tributaria se encuentra firme y exigible, aspectos que no fueron valorados por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.


Sobre la aplicación e interpretación del art. 152 de la Ley Nº 2492, indicó que la autoridad demandada se limitó a señalar que la resolución de alzada realizó un amplio análisis respecto a la aplicación preferente de la Constitución y daño económico, sin embargo omitió establecer un criterio y fundamentación sobre la citada norma que señala: “(Responsabilidad Solidaria por Daño Económico). Si del resultado del ilícito tributario emerge daño económico en perjuicio del Estado, los servidores públicos y quienes hubieren participado en el mismo, así como los que se beneficien con su resultado, serán responsables solidarios e indivisibles para resarcir al Estado el daño ocasionado. A los efectos de este Código, los tributos omitidos y las sanciones emergentes del ilícito, constituyen parte principal del daño económico al Estado”. Agregó que, si bien en los fundamentos de la resolución de recurso de alzada se reconoció que las obligaciones tributarias son parte principal de daño económico al Estado (tributo omitido y sanciones), no se puede discriminar que para los delitos las obligaciones tributarias son daño económico y no para los otros casos comunes, existiendo una inadecuada interpretación de la norma por parte de la autoridad de alzada que no fue valorada por la autoridad jerárquica, debiendo corregirse esta omisión.


Considera que no operó la prescripción como manifiesta inadecuadamente la Autoridad General de Impugnación Tributaria en su resolución jerárquica, respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA) por el periodo fiscal 2/2005, al no haber tomado en cuenta que en ningún momento existió inacción por parte de la Administración Tributaria, además de haberse demostrado que el contribuyente ingresó en mora desde el momento del vencimiento de la obligación lo cual no le permite beneficiarse con la prescripción, conforme establecen el numeral 1 del art. 341 y el parágrafo I del art. 1492, ambos del Código Civil, por tanto, no correspondía declarar la prescripción de la acción de la Administración Tributaria.


I.3. Petitorio.


Concluyó su argumentación solicitando se declare probada la demanda, en consecuencia se revoque la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ/0093/2014 de 20 de enero, y en consecuencia se mantenga firme y subsistente la Resolución Determinativa No. 00494/2013, de 6 de junio.


II. DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.


La Autoridad General de Impugnación Tributaria, se apersonó al proceso y respondió negativamente, mediante memorial presentado el 28 de octubre de 2014, cursante de fs. 52 a 55 vta., señalando que el régimen de la prescripción establecido en la Ley Nº 2492 se encuentra plenamente vigente, con las respectivas modificaciones realizadas por las Leyes Nos. 291 y 317 ambas del año 2012, aclara también que la imprescriptibilidad en materia tributaria sólo está dispuesta respecto a la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, conforme a la Disposición Transitoria Quinta de la Ley Nº 291 y la Ley Nº 317 de 11 de diciembre de 2012, aspecto que no se suscitó en el presente caso, toda vez que el objeto de la litis es la prescripción de la facultad para la determinación y no así de la ejecución, por lo que no corresponde la aplicación de las mismas, además, la obligación impositiva no prescribe de oficio, siendo que la prescripción versa sobre las acciones o facultades de la Administración Tributaria como consecuencia del no ejercicio del derecho (cobro) durante el tiempo fijado por la norma.


Alegó que el art. 324 de la Constitución Política del Estado, que dispone la imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos al Estado, dicha norma se halla incorporada en la parte que regula la Política Fiscal del Estado Plurinacional, por lo que su entendimiento no puede ser independiente de lo dispuesto en la Sección II, Capítulo Tercero, Título I, Cuarta Parte de la CPE, y en virtud a ello, esa instancia jerárquica ha adoptado como línea doctrinal en sentido que el art. 324 de la CPE en una interpretación sistematizada y armónica con el art. 322 de la misma CPE, se refiere a la deuda como ingresos extraordinarios que puede percibir el Estado, y no así a los ingresos coactivos como son las obligaciones tributarias.


Respecto al inc. 3 de la Ley Nº 154, que manifiesta que los impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptible, recalcó que lo que prescribe son las acciones o facultades de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria, sanciones o ejercer su facultad de ejecución, no así el tributo como bien establece la citada norma, abriéndose otros procesos de responsabilidad si fuera el caso, ejecutivo, administrativo, civil o penal, contra los funcionarios públicos responsables de la inacción de la Administración Tributaria respecto a la deuda tributaria, previstos por la Ley Nº 1178, a efectos de recuperar la deuda tributaria no determinada o sanción no cobrada.


En cuanto a la cita del art. 152 de la Ley Nº 2492, indicó que esa instancia jerárquica en la resolución emitida señaló que, dicha norma hace mención a la responsabilidad de servidores públicos y demás personas que participen en la comisión de ilícitos tributarios de los cuales surja daño económico en perjuicio del Estado. No obstante la aplicación de tal norma en concordancia con lo señalado en el Código Civil y sus modificaciones mediante Ley Nº 004 en sentido de que la misma dispondría la imprescriptibilidad de la facultad de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones, resulta una interpretación propia del recurrente que se aleja de lo establecido en las citadas Leyes Nºs 291 y 317, las cuales señalan que dichas facultades prescriben, siendo imprescriptible únicamente la ejecución de la deuda tributaria determinada, por tanto el argumento de la Administración Tributaria sobre la aplicación supletoria solicitada con base en dicha normativa no resulta procedente. Asimismo, que en el presente caso se tiene que el cómputo de prescripción del IVA del periodo fiscal febrero de 2005, se inició el 1 de enero del año calendario siguiente al que se produjo el vencimiento de pago respectivo; es decir que el cómputo de prescripción se inició el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009. Respecto a la suspensión del curso de la prescripción expresó que, no se verificaron actuaciones que conforme a lo establecido en el art. 62 de la Ley Nº 2492 se hayan suscitado; y, en cuanto a la interrupción del curso de la prescripción establecida en el inc. a) del art. 61 de la Ley Nº 2492 (CTB), señaló que la Administración Tributaria, el 22 de julio de 2013 notificó personalmente a Carlos Feraude Velásquez con la Resolución Determinativa, acto administrativo que no interrumpe el curso de la prescripción, puesto que para el IVA del periodo fiscal  febrero de 2005, la prescripción ya había ocurrido, es decir, que se efectuó dicha notificación cuando las acciones del ente fiscal para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscaliza, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas, ejercer su facultad de ejecución tributaria, se encontraban ya prescritas.


Concluyó citando Doctrina Tributaria contenida en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ/0146/2010, y como respaldo a lo señalado citó el Auto Supremo No. 276/2012 y la Sentencia de Sala Plena 396/2013.


II. 1. Petitorio.


La autoridad demandada solicitó se declare improbada la demanda contencioso-administrativa planteada por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales.


III. CONTESTACIÓN DEL TERCERO INTERESADO.


Con memorial que cursa de fs. 34 a 35 vta., Carlos Feraude Velásquez, en su condición de tercero interesado, se apersonó al proceso y propugnó la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0093/2014 de 20 de enero, señalando que la notificación con la Resolución Determinativa No. 00494/2013 de 6 de junio, que determinó el adeudo tributario por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), correspondiente al periodo febrero/2005, se  efectuó recién el 22 de julio de 2013, en ese sentido tanto la instancia de alzada como la jerárquica con respecto a la prescripción invocada, determinaron que operó la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para la determinación del adeudo tributario del Impuesto al Valor Agregado (IVA), correspondiente al citado periodo, en aplicación de las previsiones contenidas en el art. 59, 61 inc. a) y 62 de la Ley 2492, por consiguiente los argumentos de la entidad demandante carecen de sustento legal.


III. 1. Petitorio.


Concluyó solicitando se declare improbada la demanda contencioso administrativa interpuesta y se mantenga firme y subsistente la resolución AGIT-RJ 0093/2014, de 20 de enero, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.


IV. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.


Continuando el trámite del proceso, la entidad demandante presentó el memorial de réplica de fs. 74 a 75, en el que reiteró los argumentos que fueron desarrollados en la demanda y que fue providenciado a fs. 86, disponiéndose su traslado para la dúplica, que fue presentada mediante memorial de fs. 80 a 81, en el que asimismo la autoridad demandada se ratificó en los términos de la contestación de la demanda y que fue providenciado a fs. 22, por lo que no habiendo más que tramitar, se decretó Autos para sentencia.


Que, el proceso contencioso administrativo previsto en el art. 778 al 781 del Código de Procedimiento Civil, en relación con los artículos 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, reconoce la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena para la resolución de la controversia; y, por la naturaleza del procedimiento contencioso administrativo que reviste las características de juicio de puro derecho, cuyo objeto es conceder o negar la tutela solicitada por la demandante, teniéndose presente que el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico, corresponde a este Supremo Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por la parte demandante y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.


En el desarrollo del proceso en sede administrativa, se cumplieron las siguientes fases, hasta su agotamiento, de cuya revisión se evidencia:


1.- El 9 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria, notificó a Carlos Feraude Veláquez, con la Vista de Cargo Nº de Orden 2031673588, de 9 de noviembre de 2012, mediante la cual le intima a la presentación de la Declaración Jurada Form. 143 Impuesto al Valor Agregado (IVA) del período fiscal febrero de 2005, asimismo, señala que la falta de presentación de la Declaración Juarda extrañada generaría una deuda tributaria de 2.584 UFV, importe que comprende el tributo omitido, intereses y la sanción por omisión de pago (fs. 1 a 2, Anexo 2).


2.- El 12 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria, emitió el Informe CITE: SIN/GDLPZ/DRE/COF/INF/02913/2012, manifestando que el contribuyente una vez notificado con la Vista de Cargo Nº de Orden 2031673588, no presentó ningún descargo en el plazo otorgado, por lo que sugiere la emisión de la respectiva Resolución Determinativa (fs. 5, Anexo 2).


3.- El 22 de julio de 2013, la Administración Tributaria, notificó a Carlos Feraude Velásquez, con la Resolución Determinativa Nº 00494/2013 de 6 de junio, la cual determinó de oficio la obligación impositiva del contribuyente por no presentación de la Declaración Jurada por concepto del IVA, correspondiente al periodo febrero/2005, calculada sobre base presunta por un importe que asciende a un total de Bs. 4.451.-, importe que comprende el tributo omitido, interés y sanción; calificando la conducta del contribuyente como omisión de pago en aplicación al art. 165 de la Ley No 2492 (CTB), sancionándole con el 100% del tributo omitido (fs. 8 a 10, Anexo 2).


4.- El sujeto pasivo interpuso recurso de alzada, el cual fue resuelto por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de La Paz mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1087/2013 de 4 de noviembre, que resolvió revocar totalmente la Resolución Determinativa No. 00494/2013 de 6 de junio, por consiguiente declaró extinguida por prescripción, la deuda tributaria relativa al Impuesto al Valor Agregado del periodo fiscal febrero/2005 (fs. 46 a 54 vta., Anexo 1). 


5.- La Administración Tributaria planteó recurso jerárquico con los fundamentos contenidos en el memorial de fs. 58 a 61 del Anexo 1, impugnación que dio lugar a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0093/2014 de 20 de enero, que confirmó la resolución de alzada, dando origen a la presente acción contencioso administrativa planteada por la entidad actora (fs. 84 a 94 del Anexo 1). 


V. DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.


Expuestos los antecedentes administrativos e ingresando a efectuar el control de legalidad sobre la aplicación de la ley, se establece:


Que el objeto de la controversia en el presente proceso, se circunscribe a determinar lo siguiente: 1) Si es evidente que la Autoridad Jerárquica, al emitir la resolución impugnada, no observó la aplicación supletoria del numeral 1 del art. 341, numeral 6 del art. 1502 y numeral 2 del 1503 del Código Civil, respecto a la prescripción. 2) Si es evidente que la Autoridad demandada omitió establecer criterio y fundamentación sobre el art. 152 de la Ley Nº 2492.


VI. ANÁLISIS DEL PROBLEMA PLANTEADO.

Previamente corresponde señalar que la prescripción, es un medio en virtud del cual una persona en su carácter de sujeto pasivo de una obligación, obtiene la liberación de la misma por inacción del sujeto activo, titular del derecho, por el transcurso del tiempo previsto por Ley, además la prescripción constituye un medio de defensa conferido al demandado en proceso, para modificar o destruir la acción, en observancia de su objeto, que es otorgar seguridad jurídica a los contribuyentes, entendida como la condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran.


En el caso planteado, la entidad demandante sostiene que existe vacío legal en el Código Tributario respecto a la imprescriptibilidad de la deuda por daño económico al Estado, por lo que se debe recurrir a las disposiciones contenidas en los arts. 341, 1502, modificado por el art. 39 de la Ley 004 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y art. 1503, todos del Código Civil.


Ahora bien, el art. 59 de la Ley N° 2492, (sin las modificaciones posteriores), determina que las acciones de la administración, prescribirán en cuatro años, para: 1.- Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2.- Determinar la deuda tributaria. 3.- Imponer sanciones administrativas. 4.- Ejercer su facultad de ejecución tributaria.

La norma señalada precedentemente es aplicable al presente caso, al tratarse del Impuesto al Valor Agregado (IVA), correspondiente al periodo fiscal febrero/2005, en atención a que era la disposición vigente al momento de producirse el hecho generador.


En el caso concreto, se tiene que no existe vacío legal alguno respecto a la facultad de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria, considerando que el citado art. 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que las acciones de la Administración para la determinación de la deuda tributaria prescribirán en cuatro años, razón por la cual, al existir normativa o disposición expresa no corresponde aplicar supletoriamente o por analogía normativa civil.


En el contexto descrito anteriormente, se tiene que la Administración Tributaria notificó al contribuyente Carlos Feraude Velazquez con la Resolución Determinativa No. 00494/2013 el 22 de julio de 2013, conforme se evidencia a fs. 10 del Anexo 2 de antecedentes administrativos, acto que no interrumpió el curso de la prescripción para el IVA del periodo fiscal febrero/2005, por cuanto la misma ya se había producido, en razón a que el cómputo de la prescripción del periodo fiscal antes señalado se inició el 1 de enero del año calendario siguiente al que se produjo el vencimiento del pago respectivo, conforme dispone el art. 60 de la Ley Nº 2492, es decir, el plazo se inició el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009, además tampoco se observa en antecedentes causales de suspensión e interrupción de la prescripción en el marco de lo dispuesto en los arts. 61 y 62 de la citada Ley. Por consiguiente, la Autoridad General de Impugnación Tributaria al haber confirmado la resolución de alzada que declaró extinguida por prescripción la deuda tributaria relativa al Impuesto al Valor Agregado del periodo fiscal febrero/2005, actuó con estricto apego a la ley.  


Sobre la imprescriptibilidad de las deudas por daño económico al Estado prevista en el art. 324 de la Constitución Política del Estado y en el art. 1502 del Código Civil, modificado por el art. 39 de la Ley 004 (Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz), corresponde puntualizar que si bien las señaladas normas establecen la imprescriptibilidad por daños económicos causados al Estado, el Tribunal Supremo de Justicia en numerosas sentencias emitidas -entre otras- las SE 005-2014 y SE 212-2014, ha establecido claramente que el precepto constitucional antes citado está relacionado con la responsabilidad por la función pública; es decir, con actos cometidos por funcionarios públicos que causen menoscabo patrimonial al Estado o por particulares que se beneficiaren indebidamente con recursos públicos o fueran causantes del daño patrimonial en el marco legal señalado por la Ley  1178 de 20 de julio de 1990, Ley de Administración y Control Gubernamentales, por lo que la normativa invocada por la entidad demandante resulta inaplicable al caso.

En relación a la acusación de la entidad demandante en sentido que la Autoridad General de Impugnación Tributaria omitió establecer criterio fundamentado respecto al art. 152 del Código Tributario Boliviano, se deja establecido que no es evidente, puesto que en la fundamentación técnico jurídica de la resolución jerárquica, en el punto vii., de manera precisa señaló que, la referida norma hace mención a la responsabilidad de servidores públicos y demás personas que participen en la comisión de ilícitos tributarios, de los cuales surja daño económico en perjuicio del Estado, así como de las obligaciones de éstos de resarcir los mismos, no obstante la aplicación de tal norma en concordancia con lo señalado en el Código Civil y sus modificaciones mediante Ley 004 en sentido de que la misma dispondría la imprescriptibilidad de la facultada de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones, resulta una interpretación propia del recurrente que se aleja de lo establecido en las citadas Leyes Nºs 291 y 317, las cuales señalan que dichas facultades prescriben, siendo imprescriptible únicamente la ejecución de la deuda tributaria determinada, por tanto el argumento de la Administración Tributaria sobre la aplicación supletoria solicitada con base en dicha normativa no resulta procedente.


Del análisis precedente, el Tribunal Supremo de Justicia concluye que la autoridad demandada efectuó una correcta valoración e interpretación en su fundamentación técnica jurídica, por lo que no corresponde acoger la pretensión de la entidad demandante.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida en los arts. 4 y 6 de la Ley Nº 620; falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda y en su mérito firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0093/2014 emitida el 20 de enero, por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.


Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

PRESIDENTE

Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

DECANO

Fdo. Rómulo Calle Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena