SALA PLENA


SENTENCIA:                            483/2017.

FECHA:                                Sucre, 28 de junio de 2017.

EXPEDIENTE:                        386/2014.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.       

MAGISTRADA RELATORA:        Rita Susana Nava Durán.


Pronunciada dentro del proceso contencioso administrativo seguido por el Servicio de Impuestos Nacionales Gerencia Distrital de La Paz representada por Cristina Eliza Ortiz Herrera contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 28 a 30, impugnando la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0089/2014 de 20 de enero, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria; contestación de la demanda de fs. 62 a 68; réplica de fs.5 a 77; dúplica de fs. 82 a 83; antecedentes administrativos y recursivos.


I. CONTENIDO DE LA DEMANDA.


    1. Fundamentos de la demanda.


La Gerencia Distrital de La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales representada por Cristina Eliza Ortiz Herrera dentro el plazo previsto en el art. 780 del Código de Procedimiento Civil, interpone demanda contenciosa administrativa, con los siguientes fundamentos:


  1. Sobre la inobservancia a la aplicación supletoria; refiere que el parágrafo II del art. 5 de la Ley 2492, establece: “Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los principios generales del Derecho tributario y en su defecto los otros ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular”, que al existir vació sobre la imprescriptibilidad de las deudas por daño económico al Estado se debe recurrir a las disposiciones contenidas en la norma sustantiva civil que establece en el parágrafo I del Art. 1492 del Código Civil establece que: “Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la Ley establece”, siendo que por antecedentes del acto administrativo impugnado se puede evidenciar que no existió inacción por parte de la administración tributaria, así también el citado Código Civil establece la imprescriptibilidad de deudas al Estado, al consignar en el numeral 6 artículo 1502,modificado por el art. 39 de la Ley 004 de Lucha contra la Corrupción, enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “ Marcelo Quiroga Santa Cruz” quedando redactado de la siguiente manera: “Articulo 1502(Excepciones).La prescripción no corre:6) en cuanto a las deudas por daños económicos causados al Estado”. Agregó que si se tendría de computar la prescripción,  la misma no se habría perfeccionado  conforme  el numeral 1 del art. 341 del Código Civil que establece que el deudor queda constituido en mora mediante intimación o requerimiento judicial u otro acto equivalente del acreedor, que en el caso de autos, el contribuyente habría ingresado en mora al  ser notificado con la Vista de Cargo de manera personal de 9 de noviembre de 2012, intimación que interrumpe el término de la prescripción tal  como establece el art. 1503 numeral 2, de la misma norma, en tal sentido, la obligación tributaria se encuentra  firme y exigible, aspecto que no fue valorado por la AGIT y que  la Administración Tributaria siempre procuró el cumplimiento de la obligación, que se encontraba en mora desde el vencimiento  de la obligación, por lo que solicitó que  este Tribunal corrija la inadecuada valoración de la Autoridad recurrida.


  1. Interpretación del art.152 de la Ley Nº 2492; manifestó que la Autoridad demandada omitió establecer un criterio y fundamentación sobre el art. 152 del Código Tributario, que señala: “(Responsabilidad Solidaria por Daño Económico). Si del resultado del ilícito tributario emerge daño económico en perjuicio del Estado, los servidores públicos y quienes hubieran participado en el mismo, así como los que se beneficien con su resultado, serán responsables solidarios e indivisibles para resarcir al Estado el daño ocasionado. A los efectos de este Código, los tributos omitidos y las sanciones emergentes del ilícito, constituyen parte principal del daño económico al Estado.”, que si bien, en los fundamentos de la Resolución de Alzada, se señaló que: “el citado artículo constituye o está más precisamente referido a la responsabilidad solidaria por participación en ilícitos ( contravenciones y delitos),en los que se involucren inclusive servidores públicos y/o otros agentes, empero, se convierten para efectos de la Ley en responsables no sólo del hecho denunciado y corroborado por autoridad competente sino también por las consecuencias impositivas que este hecho conlleve; lo que permite concluir que el citado art. 152 del Código Tributario, está relacionado a temas de participación de sujetos distintos a los señalados en el art. 151 del Código Tributario,  que de ser  confirmados deben cumplir no solo con la sanciones en el orden penal tributario sino también  civil e incluso las obligaciones tributarias que constituirían en parte principal del daño económico al Estado. Los hechos descritos presentemente de ninguna manera están referidos y mucho menos coinciden con temas relacionados al prescripción de adeudos tributario de contribuyentes que en su momento omitieron voluntaria o involuntariamente el pago de tributos”, se reconoció que las obligaciones tributarias son parte principal del daño económico al Estado, (tributo omitido y sanciones), que  no se puede discriminar, que para delitos, las obligaciones tributarias son daño económico y no para los otros casos comunes, existiendo una inadecuada interpretación de la norma por parte de la ARIT que no fue valorada por la AGIT, aspecto que considera debe ser corregido.


  1. No opero la prescripción como manifestó inadecuadamente la AGIT; que la acción que tiene dicha Administración Tributaria con relación al IVA por el periodo fiscal julio 2005, fue valorado inadecuadamente en la Resolución impugnada, al no haber tomado en cuenta que en ninguna momento existió inacción por parte de la Administración, por el contrario, busco el cumplimiento de la obligación además de haber demostrado que el contribuyente ingreso en mora desde el momento del vencimiento de la obligación lo cual no le permite beneficiarse con la prescripción, para lo cual haciendo uso de la norma supletoria aplicable al presente caso, establecida en el numeral 1 del art. 341 del Código Civil, que establece que, el deudor queda constituido en mora mediante intimación o requerimiento judicial u otro acto equivalente de acreedor, asimismo el conforme el parágrafo I del art. 1492 de la citada norma, los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la Ley establece, en ese sentido no correspondía declarar la prescripción de la acción  de la Administración Tributaria.


    1. Petición.


En base a los argumentos señalados anteriormente, el demandante pide se declare probada la demanda y en consecuencia se revoque la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0089/2014 del 20 de enero, dictada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria y se mantenga firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 00499/2013 de 6de junio.


II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.


    1. Fundamentos de la contestación.


Admitida la demanda por decreto de 6 de mayo de 2014 (fs. 31) y corrido en traslado a Daney David Valdivia Coria, en representación de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, éste responde a la demanda (fs. 62 a 68), con los siguientes argumentos:


  1. Que no existe vacío legal alguno respecto al  termino para ejecutar una deuda tributaria firme y exigible como en el presente caso, habiéndose previsto el termino de 4 años para dicho efecto como se establece en el art. 59 de la Ley Nº 2492, de tal manera, que existiendo la normativa en la propia Ley, no puede aplicarse por analogía lo  términos de prescripción del Código Civil, que dicha instancia en la Resolución impugnada señalo lo siguiente: “En este sentido, cabe señalar que a la fecha se publicó la Ley N° 291, de Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2012, misma que en la Disposición Adicional Quinta, modifica el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), en cuanto al cómputo de la prescripción, estableciendo nuevos términos de prescripción para las acciones de la Administración Tributaria, las causales de ampliación a tres años de los términos de prescripción; así como el término para la ejecución de sanciones y la imprescriptibilidad de la deuda tributaria determinada. Asimismo, la Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012, incluye en sus Disposiciones Adicionales Cuarta y Décima Segunda, previsiones sobre las Reglas de Prescripción. v. De lo anterior se infiere que el régimen de prescripción establecido en la Ley N° 2492 (CTB) se encuentra plenamente vigente, con las respectivas modificaciones realizadas por las citadas Leyes Nos. 291 y 317; en ese entendido, es pertinente destacar que la imprescriptibilidad en materia tributaria sólo está dispuesta respecto a la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, tal cual establece el Parágrafo IV del Artículo 59 del CTB, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291, normativa ratificada también mediante Ley Nº 317, de 11 de diciembre de 2012. Consecuentemente, al no tener el presente caso como objeto de· la litis la prescripción de la facultad de ejecución sino de la facultad para la determinación de la deuda tributaria, que fue establecida en la Resolución Determinativa No 00499/2013, de 6 de junio de 2013, es aplicable la Ley N' 2492 (CTB), que sí reconoce la figura de la prescripción.vi. En este entendido, se debe considerar que la fijación de un término de extinción de las obligaciones tiene por finalidad servir a la seguridad general del Derecho y a la paz jurídica, conforme el marco constitucional y legal vigente. Así también, cabe señalar que el principio constitucional de seguridad jurídica en relación a la armonía social, se cristaliza en institutos que evitan la prolongación de situaciones que generan incertidumbre para el contribuyente, tal como el de la prescripción, por el cual se concede estabilidad a las situaciones jurídicas efectivas, de conformidad con el Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB); criterio que encuentra respaldo en la Sentencia 396/2013, de 18 de septiembre de 2013 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia; en consecuencia no se afecta lo establecido mediante Sentencia Constitucional 1110/2002. vii. Asimismo, en cuanto a la cita del Articulo 152 de la Ley N' 2492 (CTB), cabe señalar que dicho Artículo hace mención a la responsabilidad de servidores públicos y demás personas que participen en la comisión de ilícitos tributarios, de los cuales surja daño económico en perjuicio del Estado, así como de la obligación de éstos de resarcir el mismo. No obstante, la aplicación de tal norma -en concordancia con lo señalado en el Código Civil y sus modificaciones mediante Ley No 004- en sentido de que la misma dispondría o implicaría la imprescriptibilidad de las facultades de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones, resulta una interpretación propia del recurrente, que se aleja de lo establecido en las antes citadas Leyes No 291 y No 317, las cuales -como se mencionó anteriormente- señalan expresamente que dichas facultades sí prescriben, siendo imprescriptible únicamente la ejecución de la deuda tributaria determinada. Por tanto, lo solicitado por la Administración Tributaria con base en el citado Artículo del CTB, el Código Civil y la Ley No 004, no resulta procedente. viii. En cuanto al argumento de la Administración Tributaria referido a que la ARIT reconoce que la obligación tributaria es imprescriptible y por ende las acciones y las facultades para el cobro de la obligación tributaria; corresponde manifestar que de la lectura de la Resolución de Alzada determinó que: "( ... ) en materia tributaria la obligación impositiva no prescribe de oficio; consecuentemente, lo que se extingue por prescripción son las acciones o facultades de la Administración Tributaria por el transcurso del tiempo, por la negligencia en determinar el adeudo tributario y no as/ los tributos como tales; de lo que claramente se entiende que el tributo en sí no prescribe, lo que prescribe son las facultades de cobro, pues es la Administración Tributaria, es quien tiene las facultades y mecanismos para procurar el cobro del adeudo tributario, por tanto, dicho argumento no merece mayor pronunciamiento. En consecuencia, los aspectos  referidos por el demandante, sobre la aplicación supletoria del Código Civil, no tienen asidero legal, pues como se expuso claramente en la Resolución ahora impugnada, dicha instancia jerárquica,  basó su decisión aplicando la normativa vigente, aplicable al caso en específico, respetando la supremacía constitucional, por lo que la aplicación supletoria solicitada no resulta procedente.


  1. Transcribiendo lo señalado en los puntos ii, iii y iv de la Resolución impugnada, precisó que la entidad demandante pretende desconocer que en materia tributaria, la obligación impositiva no prescribe de oficio, lo que se extingue por prescripción son las acciones o facultades de la Administración, por el trascurso del tiempo, por negligencia en determinar el adeudo tributario y no así los tributos como tales. La prescripción como propósito de otorgar seguridad jurídica a los sujetos pasivos; en consecuencia, al ser un principio consagrado con carácter general en la Constitución Política del Estado, es aplicable  en el ámbito tributario, puesto que la capacidad recaudatoria prevista en el art. 323 de la citada norma fundamental, determinando que las entidades fiscales deben ejercer sus facultades de control, investigación, verificación fiscalización y comprobación a efectos de determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas en un determinado tiempo. Similar tratamiento merece el parágrafo II del art. 3 de la Ley Nº 154, así establecía el art. 52 de la Ley 1340 y 59 de la Ley 2492, que no se refiere a la prescripción de la deuda tributaria, sino a las acciones o facultades de la administración tributaria, por lo que su inacción para la determinación y cobro de la deuda tributaria, no puede atribuírsela al sujeto pasivo como un daño económico al Estado, debido a que la Ley otorga los medios respectivos para que el SIN efectivice su tratamiento y cobro en un determinado tiempo, consecuentemente lo expuesto con relación a la aplicación de los arts. 324 de la C.P.E. y 3 de la Ley Nº 154 no corresponde.


  1. En el presente caso, al tratarse del IVA del período fiscal julio de 2005, corresponde aplicar el Artículo 59 del Código Tributario, disposición vigente a momento del hecho generador, mismo que determina la prescripción de las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas.  En cuanto al cómputo, el Artículo 60 de la Ley N° 2492 establece que la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. Por su parte, los Artículos 61 y 62 de la citada Ley, señalan que la prescripción se interrumpe por la notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago, y se suspende con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente, la cual se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses; asimismo, se suspende por la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente, iniciándose con la presentación de la petición o recurso y extendiéndose hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo.


En el presente caso, se tiene que el cómputo de la prescripción del IVA del periodo fiscal julio de 2005, se inició el 1 de enero del año calendario siguiente al que se produjo el vencimiento de pago respectivo; es decir que en el presente caso, el cómputo de prescripción de cuatro (4) años se inició el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009. En cuanto a las causales de interrupción y suspensión de la prescripción prevista en los Artículos 61 y 62 de la Ley Nº 2492, no se verificó actuaciones que conforme a lo establecido en el Artículo 62 de la Ley Nº 2492 se hayan suscitado. En cuanto a la interrupción del curso de la prescripción, establecida en el Inciso a) Artículo 61, de la Ley Nº 2492, señaló que la Administración Tributaria, el 22 de julio de 2013 notificó personalmente a Carlos Feraude Velásquez con la Resolución Determinativa Nº 00499/2013 (fs. 8-9 de antecedentes administrativos), acto administrativo que no interrumpió el curso de la prescripción, puesto que para el lVA del periodo fiscal julio de 2005, la prescripción ya había ocurrido; es decir, que se efectuó dicha notificación cuando las acciones del ente fiscal para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas ejercer su facultad de ejecución tributaria, se encontraban ya prescritas.  Por lo que la valoración respecto de un acto que supuestamente hubiera interrumpido el término de la prescripción es alejada de la realidad.


  1. Finalizó citando doctrina tributaria contenida en las Resoluciones AGIT-RJ-0438/2013, AGIT-RJ-2282/2013, AGIT-RJ-2293/2013, AGIT-RJ-0080/2014 AGIT-RJ-0089/2014,respecto a la facultad de ejecutar la deuda y su prescripción, así como las Resoluciones AGIT-RJ-0097/2010, AGIT-RJ-2167/2013, AGIT-RJ-2231/2013, AGIT-RJ-2293/2013 y AGIT-RJ-0044/2014 respecto al cómputo de la prescripción, el Auto Supremo Nº 276/2012 de 15 de noviembre y la Sentencia de lasa Plena 396/2013 de 18 de septiembre.


    1. Petición de la contestación.


En base a los argumentos indicados anteriormente solicita se declare improbada la demanda contenciosa administrativa interpuesta por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales.


III. RESPUESTA DEL TERCERO INTERESADO.


    1. Fundamentos del tercer interesado.


El tercer interesado Carlos Feraude Velásquez fue  notificado legalmente por orden instruida (Fs. 36 a 43) se apersonó a la demanda contenciosa administrativa interpuesta por la  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial que cursa a fs. 33 a 34, con los siguientes fundamentos:

Después de citar los antecedentes suscitados en sede administrativa, propugnó la Resolución de Recurso Jerárquico impugnada que determinó dejar sin efecto legal por prescripción, la deuda tributaria correspondiente al IVA del período fiscal julio de 2005. Que la notificación con la Resolución Determinativa Nº 0049/2013, de 6 de junio de 2013, que determinó el adeudo tributario por el IVA, se efectuó recién el 22 de julio de 2013; en ese sentido, tanto la instancia de Alzada como la AGIT dentro del análisis realizado respecto a la prescripción invocada por su persona ,en aplicación de las previsiones contenidas en el art. 59 de la Ley Nº 2492 se fundamentó que  el computo de la prescripción del IVA del periodo fiscal julio de 2005, se inició el 1 de enero de año calendario siguiente a la que se produjo el vencimiento de pago respectivo; iniciándose el 1 de enero de 2006 y concluyo el 31 de diciembre de 2009,asimismo se expuso que respecto a la suspensión del curso de la prescripción, no se verifican actuaciones que conforme a los establecido en el art. 62 de la Ley Nº 2492 se hayan suscitado, en cuanto a la interrupción del curso de la prescripción,  establecida en el art.61 de la citada norma, tampoco se cumplió, en ese contexto al haber  prescrito la facultad de la Administración tributaria para determinar el adeudo tributario los argumento de la demanda carece de sustento legal, en virtud a que la resolución impugnada fue dictada conforme a los datos el proceso y en sujeción al normativa contenida en el art. 59 de la Ley Nº 2492.


    1. Petición del tercer interesado.


En base a los argumentos indicados anteriormente solicitó se declare improbada la demanda contenciosa administrativa interpuesta por la Gerencia Regional Potosí dependiente de la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales y se mantenga firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0089/2014 de 20 de enero.


IV. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS.


De la revisión de actuados en sede administrativa, se tiene los siguientes antecedentes administrativos relevantes para la resolución de la presente causa:


  1. El 9 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria, notificó personalmente a Carlos Feraude Velásquez, con la Vista de Cargo Nº de Orden 2032060479, de 9 de noviembre de 2012, intimándole a la presentación de la Declaración Jurada Form. N° 143 Impuesto al Valor Agregado IVA del período fiscal julio de 2005 o apersonarse en las dependencias de su jurisdicción a efecto de exhibir el duplicado de la citada declaración con constancia de su presentación o documentos de descargo que demuestren la presentación dentro del término de 30 días computables a partir de su legal notificación; asimismo, señala que la falta de presentación de la Declaración Juarda extrañada generaría una deuda tributaria de 2.746 UFV, importe que comprende el tributo omitido, intereses y la sanción por omisión de pago. El 12 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria, emitió el Informe CITE: SIN/GDLPZ/DRE/COF/INF/02923/2012, manifestando que el contribuyente una vez notificado con la Vista de Cargo Nº de Orden 2032060479, transcurrido el plazo de descargo otorgado de acuerdo al art. 98 de la Ley Nº 2492, no presentó ningún descargo, por lo que sugiere la emisión de la respectiva Resolución Determinativa (fs. 1 a 5 de antecedentes administrativos).


  1. El 22 de julio de 2013, la Administración Tributaria, notificó personalmente al contribuyente, con la Resolución Determinativa No 00499/2013 de 6 de junio de 2013, la cual determina de oficio la obligación impositiva del contribuyente y/o responsable por no presentación de la Declaración Jurada por concepto del IVA, correspondiente al periodo julio/2005, calculada sobre base presunta por un importe que asciende a un total de Bs4.849.-, importe que comprende el tributo omitido, interés y sanción; calificando la conducta del contribuyente como omisión de pago en aplicación al art. 165 de la Ley  2492, sancionándole con el 100% del tributo omitido (fs. 8-10 de anexo 2).


  1. El 8 de agosto de 2013, el sujeto pasivo interpuso recurso de Alzada, contra el citado acto administrativo, emitiéndose la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 1083/2013 de 4 de noviembre, que resolvió revocar totalmente la Resolución Determinativa Nº 00499/2013 de  6 de junio, declarando extinguida por prescripción la deuda tributaria del IVA correspondiente al períodos julio de 2005, resolución que fue impugnada por la administración Tributaria a través de  recurso Jerárquico presentado el 26 de noviembre de 2013, resuelta por la Resolución Jerárquico AGIT-RJ 0089/2014 de 20 de enero ahora impugnada  confirmando en su totalidad  la Resolución de Alzada(fs.4 a 93 de anexo 1).


IV. CONFLICTO JURÍDICO, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN.


4.1 Conflicto jurídico u objeto de controversia.


De la compulsa de los datos del proceso, se desprende que el objeto de controversia, se circunscribe a determinar:


1. Si evidente que la Autoridad General de Impugnación Tributaria inobservó la aplicación supletoria del numeral 1 del art. 341 y el parágrafo I del art.1492 y art. 1502 del Código Civil, por lo que no ha operado la prescripción como determinó inadecuadamente.

2. Si la Autoridad demandada omitió establecer criterio y fundamentación sobre el art. 152 del Código Tributario.


4.2 Análisis y resolución.


Una vez analizado el contenido de los actos, resoluciones administrativas y los argumentos y defensas formuladas por las partes en la presente controversia, el Tribunal Supremo de Justicia, procede a revisar el fondo de la presente causa, en los siguientes términos:

  1. Con relación al primer punto de controversia, la Administración demandante impetra la existencia de vació en el Código Tributario, sobre la imprescriptibilidad de las deudas por daño económico al Estado, en tal razón se debe recurrir a las disposiciones del Código Civil contenidas en el art. 1502, modificado por  el art. 39 de la Ley 004 de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, que establece que la prescripción no corre en cuanto a las deudas por daños económicos causados al Estado, así como al art. 341 que establece, que el deudor queda constituido en mora mediante intimación o requerimiento judicial u otro acto equivalente del acreedor  y por ultimo al art. 1492 del Código Civil, que establece, que los derechos se extinguen por la prescripción, cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la Ley establece, y conforme a la citada normativa el contribuyente habría ingresado en mora con la notificación de la Vista de Cargo, el de 9 de noviembre de 2012, acto que interrumpió  el término de la prescripción, en consecuencia la obligación tributaria se encontraría  firme y exigible, aspecto que no habría sido observado  por la Autoridad recurrida, puesto que  la Administración Tributaria en todo momento procuró el cumplimiento de la obligación, que se encontraba en mora desde el vencimiento  de la obligación, en ese sentido no correspondía declarar la prescripción de la acción.


  1. Al respecto, se debe señalar, que en términos generales, la prescripción es una figura jurídica mediante la cual el simple transcurso del tiempo produce la consolidación de las situaciones de hecho, permitiendo la extinción o adquisición  de derechos, en el ámbito tributario tiene características propias, porque no constituye en sí un medio de extinción de la obligación tributaria, sino que constituye una limitación para la Administración Tributaria, en relación a la exigibilidad del cobro pretendido contra el sujeto pasivo, porque vencido el plazo, el deudor tributario queda liberado previa declaración expresa de la acción de la Administración Tributaria, que aun cuando hubiera determinado la deuda tributaria, no podrá ya exigir los pagos o aplicar multas, constituyendo en sí, un instrumento de seguridad jurídica, puesto que de otro modo, la Administración Tributaria tendría facultades para perseguir el cobro de impuestos en todo tiempo.


  1. Realizada esa precisión, se tiene que el art.  59 parágrafo I del Código Tributario establece que: “Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria.”, norma que es aplicable al caso, sin las modificaciones posteriores tomando en cuenta que el presente caso versa sobre, la no presentación de Declaración Jurada, por concepto del IVA, correspondiente al período julio 2005. (Las negrillas fueron añadidas).



  1. De lo anotado se puede establecer que no existe vacío legal respecto a la prescripción de la facultad de determinar la deuda tributaria, habiéndose previsto el termino de 4 años para dicho fin como se establece en el citado art. 59 de la Ley Nº 2492, en consecuencia no corresponde aplicar por analogía lo términos de prescripción del Código Civil, en razón al principio de seguridad jurídica y certeza del derecho, reconocido por nuestra norma constitucional. Por consiguiente al haberse confirmado la Resolución de Alzada que revocó totalmente la Resolución Determinativa Nº 00499/2013 de 6 de junio, declarando la prescripción de la deuda tributaria relativa al IVA período julio 2005, en atención a que el cómputo de prescripción, se inició el 1 de enero del año calendario siguiente al que se produjo el vencimiento de pago respectivo; es decir, se inició el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009, puesto que la  Administración Tributaria, notificó  al contribuyente  con la citada Resolución Determinativa el 22 de julio de 2013, acto administrativo que no interrumpió el curso de la prescripción, al haberse efectuado dicha notificación cuando las acciones del ente fiscalizador para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas ejercer su facultad de ejecución tributaria, se encontraban ya prescritas.


  1. En cuanto a la imprescriptibilidad de las deudas por daño económico al Estado, en tal razón se debe recurrir a las disposiciones del Código Civil contenidas en el art. 1502, modificado por  el art. 39 de la Ley 004 de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” que tiene relación  con lo establecido en el art. 324 de la Constitución Política del Estado, este Tribunal en la Sentencia Nº 396/2013 de 18 de septiembre, estableció que: “La garantía básica de la seguridad jurídica que armoniza la Constitución Política del Estado y las Leyes, reconocen en favor de los ciudadanos procedimientos tributarios destinados al acogimiento del acto de liquidación, como legítimo derecho a que las situaciones jurídicas no se mantengan indefinidamente abiertas, para lograr esta finalidad también sirve el instituto de la prescripción de la facultad administrativa de liquidar, pues a través de la aplicación de una u otra figura se pone fin a un estado de pendencia, resolviendo sobre la existencia y cuantía de la deuda tributaria en un caso o consolidando definitivamente la situación del contribuyente como consecuencia de la pérdida del derecho a liquidar”. En esa misma línea la Sentencia Nº 400/2013 de 19 de septiembre, señaló: “…la imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos al Estado, se debe entender, que hace referencia a la administración económica y financiera del Estado por medio de todas las entidades públicas, por tanto, se refiere a los actos cometidos por funcionarios públicos que causen pérdida patrimonial al Estado o por particulares que se beneficiaren indebidamente con recursos públicos y fueran causantes del daño patrimonial; en el marco legal señalado por la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990, en tal sentido no puede atribuirse al sujeto pasivo un daño económico al Estado, en consecuencia, la norma invocada como sustento de la demanda contencioso-administrativa, resulta inaplicable al caso”. En conclusión la imprescriptibilidad por daños económicos al Estado, es aplicable sólo a aspectos relacionados con la administración económica y financiera del Estado y no así a las obligaciones y multas por sanciones tributarias en contra de los contribuyentes; en ese sentido lo pretendido por la Administración demandante no es procedente, en razón al principio de seguridad jurídica y certeza del derecho reconocido por la Constitución Política del Estado.


  1. Finalmente respecto al segundo punto de controversia referido a que la Autoridad demandada omitió establecer criterio y  fundamentación sobre el art. 152 del Código Tributario, se debe precisar  que ello no resulta evidente puesto que en el subtítulo.


IV.4.3 Sobre la Imprescriptibilidad de la deuda tributaria, punto vii, pagina 16, de la Resolución Jerárquica, la Autoridad recurrida al respecto fundamentó  lo siguiente: “Asimismo, en cuanto a la cita del Articulo 152 de la Ley N' 2492 (CTB), cabe señalar que dicho Artículo hace mención a la responsabilidad de servidores públicos y demás personas que participen en la comisión de ilícitos tributarios, de los cuales surja daño económico en perjuicio del Estado, así como de la obligación de éstos de resarcir el mismo. No obstante, la aplicación de tal norma en concordancia con lo señalado en el Código Civil y sus modificaciones mediante Ley No 004- en sentido de que la misma dispondría o implicaría la imprescriptibilidad de las facultades de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones, resulta una interpretación propia del recurrente, que se aleja de lo establecido en las antes citadas Leyes No 291 y No 317, las cuales -como se mencionó anteriormente- señalan expresamente que dichas facultades sí prescriben, siendo imprescriptible únicamente la ejecución de la deuda tributaria determinada. Por tanto, lo solicitado por la Administración Tributaria con base en el citado Artículo del CTB, el Código Civil y la Ley No 004, no resulta procedente”.


En conclusión se debe manifestar que la resolución impugnada actuó correctamente al haber  confirmado la Resolución de Recurso de Alzada Nº ARIT -LPZ/RA 1083/2013  de 4 de noviembre, que resolvió revocar totalmente la Resolución Determinativa, dejando sin efecto de deuda tributaria por  efecto de la prescripción del  periodo julio 2005, en consecuencia no es evidente que se hubiera determinado  inadecuadamente la prescripción, tampoco que haya existido omitido  criterio y  fundamentación sobre el art. 152 del Código Tributario, por lo que no corresponde dar curso a las pretensiones de la demanda, por no encontrase fundamento legal.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia de conformidad a los arts. 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil y 6 de la Ley Nº 620, declara IMPROBADA la demanda contenciosa administrativa de fs. 28 a 30, interpuesta por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales representada por Cristina Eliza Ortiz Herrera, contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria, en consecuencia  queda firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0089/2014 de 20 de enero, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.




Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

PRESIDENTE

Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

DECANO

Fdo. Rómulo Calle Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena