SALA PLENA


SENTENCIA:                            452/2017.

FECHA:                                Sucre, 28 de junio de 2017.

EXPEDIENTE:                        387/2014.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.       

MAGISTRADO RELATOR:        Jorge Isaac von Borries Méndez.


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contenciosa administrativa de fs. 22 a 24, interpuesta por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Cristina Elisa Ortiz Herrera, en la que impugna la Resolución de Recurso  Jerárquica AGIT-RJ 0092/2014, de 20 de enero, pronunciada por el Director Ejecutivo General a.i. de la Autoridad  General de Impugnación Tributaria, representado por Daney David Valdivia Coria; apersonamiento del tercer interesado de fs. 27 a 28; contestación de fs. 52 a 59; réplica de fs. 65 a 67; la dúplica de fs. 71 a 72, los antecedentes del proceso y de emisión de la resolución impugnada.


I. CONTENIDO DE LA DEMANDA.


I.1. Antecedentes de hecho de la demanda.


Manifiesta, que al haber advertido la falta de presentación de la Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente al periodo 8/2005, esa Administración Tributaria, procedió a determinar la base imponible usando el método de base presunta, utilizando como base promedio para el cálculo del impuesto, anteriores declaraciones juradas con similares características, lo cual derivó en la emisión de la Vista de Cargo Nº 2032067174 de 9 de noviembre de 2012, la cual establece una obligación presunta por el importe de UFV 2595 (dos mil quinientos noventa y cinco unidades de fomento a la vivienda) equivalente a Bs4644 (cuatro mil seiscientos cuarenta y cuatro 00/100 bolivianos), intimando la presentación de la Declaración Jurada extrañada, para lo cual el contribuyente pudo apersonarse a las dependencias de la Gerencia Distrital a efectos de exhibir lo solicitado o presentar los descargos que correspondan, sin embargo como no lo hizo se emitió la Resolución Determinativa Cite: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/00500/2013 de 6 de junio, que determina una deuda de UFV 2495, equivalentes a Bs4587 (Cuatro mil quinientos ochenta y siete 00/100 bolivianos). Acto que fue impugnado por el contribuyente a través de Recurso de Alzada, limitándose a solicitar la extinción de la obligación.


I.2. Fundamentos de la demanda contenciosa administrativa.


I.2.1.- Agravio sobre la inobservancia a la aplicación supletoria.


Manifiesta que, el art. 5 Parág. II de la Ley Nº 2492, establece la supletoriedad a este código -cuando existen vacíos en el mismo-, de los principios generales del derecho tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. Por lo que en referencia a la imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos al Estado que se encontraría establecida en el art. 324 de la CPE, existe un vacío jurídico, por lo que se debe recurrir a las disposiciones contenidas en la norma sustantiva civil que en su art. 1492 Parág. I del Código Civil, dispone que los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece, siendo que en el acto administrativo impugnado no existió inacción por parte de la Administración Tributaria.  Así también el Código Civil establece la imprescriptibilidad de deudas al Estado al consignarlo en el Núm. 6 del Art. 1052 modificado a su vez por el art. 39 de la Ley 004. Para el caso el contribuyente ingresó en mora al ser notificado con la Vista de Cargo Nº 2032067174, la cual le intima la presentación de la declaración jurada o en su defecto se proceda al pago de la deuda, intimación que interrumpe el cómputo de la prescripción como lo establece el Núm. 2 del art. 1503 del Código Civil Boliviano, en tal sentido la obligación se encuentra firme y exigible, aspectos que no fueron valorados por la AGIT. 


I.2.2.- Interpretación del artículo 152 de la Ley Nº 2492.


El demandante transcribe el  artículo 152 de la Ley Nº 2492 y parte de la resolución del recurso de alzada, para concluir que se reconoce que las obligaciones tributarias son parte principal del daño económico al Estado (tributo omitido y sanciones) , y no se puede discriminar que para delitos las obligaciones tributarias son daño económico y no para los otros caso comunes, existiendo una inadecuada interpretación de la norma por parte de la ARIT, que no fue valorada más bien omitida por la AGIT, debiendo corregirse esa omisión. 


I.2.3.- No opero la prescripción como inadecuadamente manifiesta la AGIT.


Ratifica que no operó la prescripción de la acción que tiene la Administración Tributaria con respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA) por el periodo 08/2005, toda vez no existió inacción por parte de esa administración tributaria, por el contrario buscó el cumplimiento de la obligación, además de haber demostrado que el contribuyente ingresó en  mora desde el momento del vencimiento de la obligación lo cual no le permite beneficiarse con la mal intencionada prescripción, en base a la norma supletoria aplicable  contenida en los arts. 341 num.1 y 1493 Parág. I del Código Civil.


I.3 Petitorio.


Concluye que por todos los fundamentos de derecho expuestos en la presente demanda, al amparo de los artículos 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, solicita, se declare probada la demanda, en consecuencia se revoque totalmente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ/092/2014 de 20 de enero y se mantenga firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 00500/2013 de 6 de junio.


II. De la contestación de la demanda


Indica que, no existe vacío legal alguno respecto al término para ejecutar una deuda tributaria firme y exigible como en el presente caso, habiéndose previsto el término de 4 años para dicho efecto como se tiene del art. 59 de la Ley Nº 2492, de tal manera que al existir normativa propia, no puede aplicarse por analogía los términos de prescripción del Código Civil. El régimen de prescripción establecido en la Ley Nº 2492, se encuentra plenamente vigente, con las respectivas modificaciones realizadas en las Leyes 291 y 317, en ese sentido, es pertinente destacar que la imprescriptibilidad en materia tributaria sólo está dispuesta respecto a la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, tal cual lo establece el parágrafo IV del art. 59 de la Ley Nº 2492.


En cuanto a la cita del art. 152 de la Ley Nº 2492, este hace referencia a la responsabilidad de servidores públicos y demás personas que participen en la comisión de ilícitos tributarios de los cuales surja daño económico en perjuicio del Estado, así como la obligación de resarcir el mismo, por lo que, lo solicitado por el demandante en relación a la aplicación de otra normativa no es procedente. Acota que el demandante pretende una aplicación incorrecta de la norma puesto que pretende desconocer que en materia tributaria -como lo dijo anteriormente- la obligación impositiva no prescribe de oficio, lo que se extingue por prescripción son las acciones o facultades de la administración tributaria por el transcurso del tiempo, por la negligencia en determinar el adeudo tributario y no así los tributos como tales, por lo que su inacción para la determinación y cobro de la deuda tributaria, no pude atribuirse al sujeto pasivo como un daño económico al Estado, debido a que la ley otorga los medios respectivos para que el SIN efectivice su determinación y cobro en un determinado tiempo. Similar tratamiento merece el Parág. II del Art. 3 de la Ley 154, referido a la prescripción de la deuda tributaria sino a las acciones o facultades de la Administración Tributaria, consecuentemente no corresponde la aplicación del art. 324 de la CPE y 3 de la Ley Nº 154.


En lo relativo a que no operó la prescripción puesto que no hubo inacción por parte de la administración tributaria, señala que al tratarse del IVA del periodo fiscal agosto de 2005, corresponde aplicar el art. 59 de la Ley 2492, disposición vigente al momento de gestarse el hecho generador. En cuanto al cómputo del art. 60 de esta ley establece que la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo del pago respectivo. Por su parte los arts. 61 y 62 de la citada ley, señalan que la prescripción se interrumpe por la notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades del pago y se suspende con la notificación del inició de fiscalización individualizada en el contribuyente por seis meses, asimismo se suspende por la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente, iniciándose con la presentación de la petición o recurso y extendiéndose hasta la recepción formal de expediente por la Administración Tributaria. Por lo que en el caso para el periodo de agosto de 2005, la Resolución Determinativa Nº 00500/2013 de 6 de junio de 2013, fue emitida cuando ya se encantaba prescritas las facultades de la administración tributaria.


II.1. Petitorio


Que, en mérito a los antecedentes y fundamentos anotados precedentemente, solicita declarar improbada la demanda Contenciosa Administrativa, interpuesta por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, manteniendo firme y subsistente la Resolución Jerárquica AGITRJ 0092/2014, de 20 de enero, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.


III. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES


A efecto de resolver, corresponde señalar que los antecedentes cumplidos en sede administrativa y los que cursan en el cuaderno del proceso informan lo siguiente:


1.- La Administración Tributaria al haber advertido la falta de presentación de la Declaración Jurada por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente al periodo 8/200,  procedió a determinar la posible deuda tributaria, lo cual derivó en la emisión de la Vista de Cargo Nº 2032067174 de 9 de noviembre de 2012, que establece una obligación presunta por el importe de UFV 2595 (dos mil quinientas noventa y cinco unidades de fomento a la vivienda) equivalente a Bs4644 (cuatro mil seiscientos cuarenta y cuatro 00/100 bolivianos), intimando la presentación de la Declaración Jurada extrañada del referido periodo, sin embargo como no lo hizo se emitió la Resolución Determinativa Cite: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/00500/2013  de 6 de junio, que determina una deuda de UFV 2495, equivalentes a Bs4587 (Cuatro mil quinientos ochenta y siete 00/100 bolivianos). Acto que fue impugnado por el contribuyente a través de Recurso de Alzada, que dio origen a la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1086/2013 de 4 de noviembre que en su parte resolutiva revocó totalmente la Resolución Determinativa, consecuentemente declaro extinguida por prescripción de la deuda tributaria sobre el IVA del periodo fiscal agosto de 2005.


Contra la resolución de alzada la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, interpuso recurso jerárquico que culminó con la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0092/2014 que confirmó la resolución de alzada que revocó la resolución determinativa, por consiguiente dejó sin efecto legal por prescripción la deuda tributaria referida por el IVA, del periodo fiscal agosto de 2005.


2.- En el desarrollo del proceso contencioso administrativo, se dio cumplimiento al procedimiento de puro derecho señalado por los arts. 781 y 354-II y II del Código de Procedimiento Civil, toda vez que aceptada la respuesta a la demanda por decreto de fs. 60, en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 354-II del mismo cuerpo legal, se corrió traslado al demandante para la réplica que sale a fs. 65 a 67 la que ratificó los términos de la demanda; apersonamiento del tercer interesado de fs.27 a 28 que propugna la resolución jerárquica y pide se declare improbada la demanda; dúplica de fs.71 a 72 que ratifica los términos de la respuesta a la demanda.


3.- Concluido el trámite se decretó a fs. 73 autos para sentencia.


IV. DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO.


Que del análisis y compulsa de lo anteriormente señalado, en relación con los datos procesales y la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT RJ-0092/2014, que resuelve el Recurso Jerárquico impugnado,  se establece que para el caso, el punto de controversia radica en determinar si operó la prescripción conforme al art. 59 de la Ley Nº 2492 en contradicción a lo dispuesto por el art. 152 de la misma ley y art. 324 de la Constitución Política del Estado sobre la imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos causados al Estado. 

V. ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO.


Es necesario establecer que, el Procedimiento Contencioso Administrativo constituye garantía formal que beneficia al sujeto administrado, librándolo del abuso de  poder que los detentadores del Poder Público, a través del derecho de impugnación contra los actos de la administración le sean gravosos, para lograr el restablecimiento de sus derechos lesionados con la interposición precisamente del proceso contencioso administrativo, en el que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa.


En ese sentido, por su orden señalamos:


1.- Inobservancia sobre la normativa aplicable para efectos de prescripción.


La prescripción tiene como propósito otorgar seguridad jurídica a los sujetos pasivos, reconocido por la Constitución Política del Estado, aplicable al ámbito tributario, por eso la facultad recaudativa prevista en el art. 323-I de la Constitución Política del Estado, está referida a que las entidades fiscales deben ejercer en un determinado tiempo sus facultades de control, investigación, verificación, fiscalización y comprobación a efectos de determinar la deuda tributaria de modo que los sujetos pasivos no se encuentren librados a una persecución estatal eterna que vulneraria ese su derecho y garantía a la seguridad jurídica. 


En este sentido, el art. 59 de la Ley Nº 2492, señala que prescribirán a los cuatro años las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; determinar la deuda tributaria; imponer sanciones administrativas, ejercer su facultad de ejecución tributaria. A su vez el art. 60 señala que el término de la prescripción se computará desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. A su turno el art. 62-I, indica que se suspende la prescripción con la notificación del inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente, y se extiende por seis meses. A su turno el Parág. II del señalado artículo, indica que se suspende con la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. Esta suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. La Ley Nº 291 de 22 de septiembre de 2012, Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado, modifica el art. 59 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003 Código Tributario Boliviano, incorporando el Parág. IV que establece que la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada es imprescriptible.


Bajo el indicado marco legal, se establece que los hechos generadores fueron el incumplimiento con la presentación de la Declaración Jurada Form. 143-IVA, correspondiente al periodo fiscal agosto 2005. Por consiguiente, la normativa aplicable es la Ley Nº 2492 Código Tributario Boliviano en su art. 59, 60 y 62, toda vez que las posteriores leyes que versan sobre la prescripción como la Ley Nº 291 y 317, a la fecha de los periodos tributarios eran inexistentes, no habían nacido a la vida jurídica; además, que por el principio de favorabilidad pro homine que impera en materia tributaria, se aplica la normativa que beneficia más al contribuyente, conforme lo determina el art. 150 del Código Tributario Ley Nº 2492.  


En este entendido, el cómputo del término de prescripción de los cuatro años para el periodo agosto 2005, se inició el 1º de enero 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009. Posteriormente, se notificó al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa Nº 00500/2013 de 6 de junio, notificada el 22 de julio de 2013, cuando las facultades determinativas de la Administración Tributaria ya habían prescrito.


En ese contexto y bajo la normativa señalada anteriormente se constata que no existe inobservancia, o vacío legal alguno de la normativa tributaria conforme al Art. 5 Parág. II de la Ley Nº 2492, que justifique legalmente la aplicación de normativa civil, ajena al caso de autos.

2.- Sobre la aplicación de los Arts. 152 de la Ley Nº 2492 y 324 de la Constitución Política del Estado.


El mencionado Artículo al que se refiere la Administración Tributaria, art. 324 de la Constitución Política del Estado: dispone “la imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos al Estado”,  incorporado en la parte que regula la Política Fiscal del Estado Plurinacional, es necesario manifestar que, si bien la señalada norma constitucional establece la imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos causados al Estado; se entiende que dicho precepto constitucional se halla relacionado con deudas que emergen de la responsabilidad por la función pública; es decir, por actos cometidos por funcionarios públicos que causen menoscabo patrimonial al Estado o por particulares que se beneficiaren indebidamente con recursos públicos o fueran causantes del daño patrimonial en el marco legal señalado por la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990, Ley de Administración y Control Gubernamentales; es así que concordante con dicho precepto el artículo 152 del Código Tributario, dispone que si del resultado del ilícito tributario emerge daño económico en perjuicio del Estado, los servidores públicos y quienes hubieran participado en el mismo, así como los que se beneficien con su resultado, serán responsables solidarios e indivisibles para resarcir al Estado el daño ocasionado; es decir, que dicha norma es aplicable al ejercicio de la función pública a los funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales y a los particulares que pueden ser sujetos de responsabilidad civil, siempre y cuando su conducta ocasione daño patrimonial al Estado; en nuestra legislación se encuentra contemplado el daño económico, considerado como aquél perjuicio, daño que puede ser evaluable en dinero conforme lo dispone el art. 31 de la Ley 1178, para el que se establece un mecanismo expreso en su determinación o calificación, toda vez que para cuantificar ese daño, se sujeta a un procedimiento de auditoria interna que merecerá un informe preliminar y complementario que identifique hallazgos de responsabilidad civil con daño económico que a su vez pasa a la Contraloría General del Estado Plurinacional que emite un dictamen de responsabilidad civil determinando el daño económico causado al Estado. En tal sentido no puede atribuirse al sujeto pasivo un daño económico al Estado, por lo que la norma invocada como sustento de la demanda contencioso administrativa, resulta inaplicable al caso.


Por otra parte la Sala Plena de éste Tribunal emitió el Auto Supremo Nº 400/2013 de 19 de septiembre, señala que: “…la imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos al Estado, se debe entender, que hace referencia a la administración económica y financiera del Estado por medio de todas las entidades públicas, por tanto, se refiere a los actos cometidos por funcionarios públicos que causen pérdida patrimonial al Estado o por particulares que se beneficiaren indebidamente con recursos públicos y fueran causantes del daño patrimonial; en el marco legal señalado por la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990, en tal sentido no puede atribuirse al sujeto pasivo un daño económico al Estado, en consecuencia, la norma invocada como sustento de la demanda contencioso-administrativa, resulta inaplicable al caso”.


VI. CONCLUSIONES.


Por lo expuesto, en atención a los fundamentos señalados anteriormente, se constata que los argumentos del demandante, no tienen fundamento legal alguno en vista de que la Resolución Jerárquica se ajusta a derecho.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución contenida en los arts. 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014 en relación a la Disposición Final Tercera de la Ley Nº 439, declara: IMPROBADA la demanda contenciosa administrativa de fs. 22 a 24, interpuesta por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Cristina Elisa Ortiz Herrera; en consecuencia mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ Nº 0092/2014 de 20 de enero.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.





Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

PRESIDENTE

Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

DECANO

Fdo. Rómulo Calle Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena