SALA PLENA


SENTENCIA:                            451/2017.

FECHA:                                Sucre, 28 de junio de 2017.

EXPEDIENTE:                        653/2014.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Empresa Nacional Boliviana Constructora ENABOLCO LTDA. contra la contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.       

MAGISTRADO RELATOR:        Pastor S. Mamani Villca.


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso-administrativa de fs. 305 a 309 de la Empresa Nacional Boliviana Constructora ENABOLCO LTDA. (ENABOLCO); en la que se impugna la Resolución de Recurso Jerárquico Nº AGIT/RJ 0547/2014 de 7 de Abril de 2014, pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT); providencia de admisión de fs. 319; la contestación de fs. 413 a 417, el memorial de dúplica y, los antecedentes del proceso y de emisión de la resolución impugnada.


I. CONTENIDO DE LA DEMANDA DE ENABOLCO.


I.1. Antecedentes de hecho de la demanda.


Señala que la Administración Aduanera (AA), emitió la Vista de Cargo (VC) N° AN-GRT-UFITR 003/2012, estableciendo en su contra una deuda tributaria que asciende a UFVs 114.350,94, por observaciones realizadas a las Declaraciones Únicas de Importación (DUI) 2009/631/C-394 y 2009/631/C-411, mediante las cuales importaron electrodos para soldar marca CONARCO, que fueron adquiridos de la empresa FERROTODO Ltda. en Zona Franca Yacuiba; observando la AA que el Certificado de Origen consigna a FERROTODO Ltda. como importadora, por lo que la transferencia de la mercancía a ENABOLCO, ocasionó que esta última pierda la preferencia arancelaria a la que se accedió con dicho documento.


Manifiesta, que una vez presentados los descargos contra la VC, se emitió la Resolución Determinativa (RD) N° AN-GRT-GR Nº 004/2013, que rechazó todos sus descargos bajo los siguientes fundamentos; a) El Acuerdo de Complementación Económica (ACE) Nº 36, y el art. 267 del Decreto Supremo (DS) 25870 exigen que el Certificado de Origen contenga identificación de exportador e importador, y el cambio de importador conlleva como sanción la pérdida de preferencia arancelaria otorgada por el mismo; b) La comunicación GNNGC-DNPNC Nº 4435/02 fue una prueba piloto que concluyó el 20 de febrero, y la comunicación AN-GNNGC-DNPNC-F-002/05, trata del endoso aduanero a favor del Despachante de Aduana, que no implica la transferencia de propiedad de la mercancía; d) La Resolución de Directorio 01-016-09 que aprobó el procedimiento para el régimen especial de zonas francas, es posterior a los despachos observados; e) El art. 48 del Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB) otorga a la AA el derecho a fiscalización en forma posterior; y f) Es facultad de la AA exigir el pago de tributos no pagados a cualquiera de los deudores a los que considera como solidarios.


Refiere que contra esta resolución interpuso recurso de alzada que confluyó en la Resolución ARIT-CBA/RA 0025/2014 de 13 de enero que confirmó la RD, en virtud a lo cual interpuso Recurso Jerárquico, acusando violación del principio de legalidad, empero la AGIT confirmó la Resolución Impugnada.

I.2 Fundamentos de la demanda.


A) Violación del principio de legalidad.


Sostiene que la Resolución Jerárquica establece que la venta efectuada por FERROTODO a favor de ENABOLCO en zona franca, transgrede los siguientes aspectos previstos en el art. 8 del anexo 9 del ACE 36: i) Las mercaderías tienen que haber sido expedidas directamente de la Parte Signataria exportadora a la Parte Signataria Importadora; ii) La mercadería no puede sufrir ningún tipo de operación y iii) La factura comercial tiene que ser anterior al Certificado de Origen.


Al respecto refiere que: i) El certificado de origen, cumple con las previsiones del art. 8, pues consigna como exportador a CONARCO ALAMBRES Y SOLDADURA S.A. y como importador a FERROTODO S.A., datos que son coincidentes con la factura comercial, y considerando que el análisis debió centrarse en verificar si la transferencia en zona franca implica la pérdida de los derechos emergentes del Certificado de Origen, observa que el art. 8 no prevé nada sobre este aspecto, pues de conformidad con el Principio de Reserva de ley, el ilícito y su sanción debieron encontrarse tipificados de manera expresa, tal como disponen los arts. 6 de la Ley 2492 CTB y 72 de la Ley 2341 Ley de Procedimiento Administrativo (LPA).; ii) En cuanto a la restricción referida a que las mercaderías en tránsito “(…)no sufran ninguna operación distinta a la carga, descarga o manipuleo(…)”,  considera que esta hace alusión a cambios físicos y no jurídicos de los bienes, por lo que la interpretación efectuada carece de fundamento, y sólo pretende afectar los privilegios que tiene el bien por haber sido elaborado en un determinado país, sin que exista norma jurídica que restrinja este situación; y iii) Los Certificados de Origen  0042 y 0047 han sido emitidos de forma posterior a las facturas comerciales del exportador, pues el art. 15 del ACE 36 se refiere a la factura comercial correspondiente a la importación, y no así a la Factura Comercial por venta del producto en zona franca, que es totalmente diferente; no existiendo violación al ACE 36.


Agrega que el debate jurídico, en este caso, versa sobre los efectos de la transferencia de un bien que tiene certificado de origen en zona franca, y que la AA no demostró qué norma, ley o convenio internacional prohíbe esta operación o la sanciona con la pérdida de los derechos que le otorga el origen de la mercancía, debiendo en consecuencia aplicarse el art. 14 - IV de la Constitución Política del Estado (CPE).


Ante esta situación, manifiesta que la AGIT, al confirmar un acto que no tiene sustento legal, violó las garantías procesales de legalidad y del debido proceso en su elemento motivación, consagrados en los arts. 115 y 180 de la CPE.


B) Incorrecta interpretación del art. 48 del DS 27310 Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB).


Establece que no corresponde aplicar la facultad prevista en el art. 48 del DS 27310 RCTB, ya que el despacho en su momento fue sorteado a canal verde, situación que le impidió conocer los hechos observados.


Transcribe el art. 149 de la Ley 1990 Ley General de Aduanas (LGA), y señala que la AA debió verificar la autenticidad del Certificado de Origen al momento del despacho, pues el hecho de que la DUI fuera sometida a canal verde, no implica que la AA  desconozca su contenido, ya que el funcionario habilitado firma la DUI previa revisión de la documentación de respaldo, entre los cuales se encuentra el Certificado de Origen a nombre de FERROTODO y la Factura de venta en zona franca  a nombre del importador ENABOLCO, quedando reducidas las facultades previstas en el art. 48 del DS 27310 RCTB, porque pudieron ser ejercidas cuando se efectuó la importación, ya sea en fase de control anterior o durante el despacho, pues teniendo conocimiento de estos hechos la AA aceptó la importación, consolidando el derecho del administrado, siendo su deber observar oportunamente estos elementos, si no eran legales.


Continúa señalando, que al haber aceptado la AA estos actos, tiene el deber de respetar su estabilidad, de acuerdo a lo previsto en el art. 51 del DS 27113 Reglamento de la Ley del Procedimiento Administrativo (RLPA), en virtud a la presunción de legitimidad y legalidad de los actos administrativos. Por lo que en resguardo de las garantías procesales de legalidad y seguridad jurídica del art. 180 de la CPE, no debió viabilizarse la facultad de verificación posterior, resultando la VC y la RD nulas.


I.2. Petitorio.


Concluye solicitando, se declare PROBADA la demanda y se revoque la Resolución del Recurso Jerárquico Nº AGIT/RJ 0547/2014 de 7 de abril de 2014, la Resolución Determinativa (RD) AN-GRT-GR Nº 004/2013 y la Vista de Cargo (VC) AN-GRT-UFITRE-003/2012, declarando válidas las operaciones aduaneras.


II. DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.


La AGIT se apersonó al proceso y respondió negativamente a la demanda, con memorial presentado el 28 de enero de 2015, cursante de fs. 413 a 417 vta., señalando lo siguiente:


Transcribe los arts. 8, 13 y 15 del anexo 9 del ACE 36 y el art. 50 III. del DS 27944, y establece que el certificado de origen debe cumplir con la identificación de la Parte Signataria exportadora e importadora, y que estos no podrán ser expedidos con antelación a la fecha de emisión de la factura comercial, evidenciando que en el presente caso los certificados de origen consignan como importador a FERROTODO LTDA  y que la factura de venta en zona franca a ENABOLCO representa una nueva operación o actividad comercial que no forma parte del certificado de origen, concluyendo que para beneficiarse de las preferencias arancelarias no debe ocurrir ninguna otra operación conforme prevé la normativa citada.


Citando a los arts. 48 y 49 del DS 27310 RCTB, y los arts. 95, 21 y 100 de la Ley 2492 CTB, señala que la AA puede hacer uso de su facultad de fiscalización posterior, que se encuentra regulada por la Resolución de Directorio RD Nº 01-008-11, y que a su vez dispone que la AA puede comprobar con posterioridad al despacho aduanero, el cumplimiento de la normativa legal aplicable y las formalidades aduaneras, a objeto de verificar su correcta aplicación, no siendo estas facultades limitativas.


Sostiene que si bien la AA tuvo conocimiento del despacho aduanero, no realizó ninguna verificación a la documentación presentada, no siendo su deber determinar si eran legales o no; asimismo, sobre el principio de legalidad y legitimidad de los actos, establece que la DUI no se constituye en un acto administrativo individual, ya que lo elabora el declarante (despachante de aduana) y no está sujeto a ninguna notificación.

Por último, refiere que la demanda sólo realiza afirmaciones generales, sin fundamentos de carácter jurídico, no pudiendo el Tribunal suplir la carencia de carga argumentativa tal como señalan las Sentencias 510/2013 y 215/2013 emitidas por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, concluye señalando que la demanda carece de sustento jurídico tributario, por lo que se ratifica en todos y cada uno de los fundamentos del a Resolución Jerárquica.


II.1. Petitorio.


Concluye solicitando, se declare IMPROBADA la demanda contencioso-administrativa, manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT/RJ 0547/2014 de 7 de abril de 2014, emitida por la AGIT.


III. Contestación del tercero interesado.

La Gerencia Regional a.i. de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) en su calidad de tercero interesado representada por Paul Roberto Castellanos Zenteno por memorial presentado el 9 de enero de 2015 se apersonó y presentó contestación a la demanda contenciosa administrativa presentada por el ENABOLCO bajo los siguientes argumentos:


Las Correctas RD y Resolución de Recurso Jerárquico: Haciendo una relación de los hechos del proceso administrativo, donde recalca que los despachos aduaneros de importación fueron tramitados con facturas donde el importador es ENABOLCO, por lo que se observó la validez del certificado de origen en sujeción al anexo 9 del régimen de origen del ACE 36, la que surge de la aplicación de los arts. 8 en su primera parte, 13 en sus incisos b) y c); y 15 segundo párrafo, normas que sustentaron la emisión de la RD impugnada que fue ratificada tanto en alzada como en jerárquico.


Infundada demanda contenciosa administrativa: La demanda pretende que no se de aplicación al art. 48 del RCTB disposición que esta también avalada por el art. 100 y el 21 del CTB, por lo que no puede dejarse de lado la norma que ordena la fiscalización posterior, en la cual se verificó que el importador para la nacionalización de la mercancía era FERROTODO Ltda., pero conforme las disposiciones del anexo 9 del ACE 36 que la expedición de la mercadería debe ser directa del exportador al importador, que no se cumple por la venta en zona franca de la misma a favor de ENABOLCO, que como importador definitivo no figura en el Certificado de Origen, así se entendió en las comunicaciones internas que sustentaron la decisión. Por lo que en sujeción al art. 267 del DS 25870 Reglamento de la Ley General de Aduanas (RLGA), el despachante debe verificar que el certificado de origen corresponda a la factura comercial y el plazo de validez del mismo, formalidades que no se cumplieron a cabalidad, puesto que al serle consignado el canal verde se autorizó el levante de las mercaderías, sin examen documental, aforo o reconocimiento físico, esto porque el llenado de la DUI es obligación del declarante.


Las pruebas aportadas como son las facturas de venta Nº 00521 y 00534 emitidas por FERROTODO, registran como proveedor a esta empresa y como importador a ENABOLCO, mientras que los Certificados de Origen Nº 0042 y 0047, tiene como importador a FERROTODO Ltda., entonces por efecto de la transacción comercial en recinto aduanero estos certificados carecen de validez legal, y no amparan el beneficio de aplicación de preferencias arancelarias, por considerarse otra operación comercial configurándose la omisión de pago como contravención aduanera.


III.1 Petitorio.


Finaliza pidiendo, se declare IMPROBADA la demanda contenciosa administrativa de ENABOLCO, en consecuencia se mantenga firme y subsistente la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT/RJ 0547/2014 de 7 de abril de 2014, emitida por la AGIT.


IV. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.


A efecto de resolver los fundamentos de la demanda, corresponde señalar que los antecedentes cumplidos en sede administrativa y los que cursan en el cuaderno del proceso, informan lo siguiente:


IV.1 El 9 de julio de 2012, la AA notificó a ENABOLCO Ltda. con la Vista de Cargo AN-GRT-UFITR 003/2012, en la que presume la comisión de la contravención tributaria de omisión de pago, y determina en su contra una deuda de UFVs 114.350,94, y otorgándole 30 días  para la presentación de descargos.


IV.2 Transcurrido el período para la presentación de descargos, la AA emitió y notificó la Resolución Determinativa (RD) AN-GRT-GR N° 004/2013, que declaró probada la Vista de Cargo (VC) AN-GRT-UFITR 003/2012, estableciendo la contravención tributaria por omisión de pago, otorgándole 3 días hábiles para su cancelación.


IV.3 Ante esta situación, ENABOLCO Ltda. interpuso Recurso de Alzada, el cual fue resuelto por la ARIT Cochabamba mediante la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 025/2014, que confirmó la Resolución Determinativa.


IV.4 Contra la determinación de la instancia de alzada, el sujeto pasivo interpuso Recurso Jerárquico, en atención al cual la AGIT emitió la Resolución de Recurso Jerárquico Nº AGIT-RJ 0547/2014, que resolvió CONFIRMAR la resolución del Recurso de Alzada manteniendo firme y subsistente la Resolución Determinativa.


IV. DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.


De los antecedentes del proceso, la fundamentación de derecho y reconocida como se encuentra la competencia del Tribunal Supremo de Justicia, en su Sala Plena, para la resolución de la controversia, tomando en cuenta la naturaleza del proceso contencioso administrativo, que reviste las características de juicio de puro derecho, en el que el Tribunal analiza la correcta aplicación de la Ley a los hechos expuestos, en este caso, por la parte demandante, corresponde realizar el control de legalidad sobre los actos ejercidos por las instancias de impugnación, así como de la administración tributaria.


Consecuentemente, al existir denuncia de vulneración de normas legales tributarias, corresponde su análisis y consideración, estableciendo que el objeto de la controversia se refiere a determinar: “1) Si la transferencia de mercadería que cuenta con Certificado de Origen en zona franca, determina la pérdida de las preferencias arancelarias establecidas en al ACE 36; y 2) Si el art. 48 del DS 27310 RCTB, faculta a la AA a efectuar el control posterior, cuando no observó la documentación presentada durante el despacho aduanero”.


V. ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO.


V.1 Analizados los argumentos expuestos en la demanda se tiene que el sujeto pasivo acusa la violación al Principio de Legalidad, en virtud a que las resoluciones emitidas por la AGIT, la ARIT Cochabamba y la AA, interpretaron equivocadamente que no puede beneficiarse con las preferencias arancelarias otorgadas por el Certificado de Origen y el ACE 36, por haber infringido los arts. 8 inc. b) literal iii), 13 inc. c) y 15 párrafo segundo, del anexo 9 del ACE 36, que expresamente disponen:


“De la expedición, transporte y tránsito de la mercancías

Artículo 8


Para que las mercancías se beneficien de los tratamientos preferenciales, éstas deberán haber sido expedidas directamente de la Parte Signataria exportadora a la Parte Signataria importadora. A tal fin, se considera expedición directa:


  1. Las mercancías en tránsito a través de uno o más Estados no participantes del Acuerdo, con o sin transbordo o almacenamiento temporal, bajo la vigilancia de la autoridad aduanera competente, siempre que:
  1. No sufran, durante su transporte o depósito, ninguna operación distinta a la carga, descarga o manipuleo para mantenerlas en buenas condiciones o asegurar su conservación.”

“Artículo 13


El certificado de origen deberá cumplir, al menos, los siguientes requisitos:

b)        Identificación de la Parte Signataria exportadora e importadora. 

  1. Identificación del exportador e importador;”


“Artículo 15


(…)Los certificados de origen no podrán ser expedidos con antelación a la fecha de emisión de la factura comercial correspondiente a la operación de que se trate, sino en la misma fecha o dentro de los sesenta días siguientes. “


Ahora bien, revisado el contenido general del ACE 36, se advierte que en su preámbulo establece: “Los Gobiernos de la República de Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay y de la República Oriental del Paraguay, Estados Partes del MERCOSUR y el Gobierno de la República de Bolivia serán denominados “Partes Signatarias”. Las Partes Contratantes de este Acuerdo son el MERCOSUR y la República de Bolivia”, aspecto que resulta relevante al momento de interpretar el art. 8 del anexo 9, que regula la expedición, esto es, el envío o remisión de la mercadería de un lugar a otro, imponiendo la condición de que este se efectúe  de forma directa de la Parte Signataria exportadora a la Parte Signataria importadora,  esto quiere decir que el traslado se realice de forma directa de uno de los estados miembros del acuerdo a otro, aspecto que en el caso de autos ha sido cumplido a cabalidad, pues de la revisión de antecedentes se evidencia que la mercadería ha sido importada de forma directa desde Argentina (Parte Signataria exportadora) a Bolivia (Parte Signataria importadora), sin que en ningún momento haya ingresado a territorio de otro Estado ajeno al ACE.


En este contexto se tiene que el art. 8 en su inc. b) literal iii), regula una situación especial, estableciendo que también se considerará expedición directa, el caso de las mercancías que se encuentran en tránsito a través de uno o más Estados no participantes del Acuerdo, esto es, cuando por alguna razón, las mercaderías tuvieren que atravesar el territorio de un tercer Estado ajeno al Acuerdo, e ingresen a este bajo el régimen de tránsito aduanero, ya que evidentemente no ha arribado a su destino final,  condicionando que durante su permanencia en ese Estado, se encuentre a) bajo la vigilancia de la aduana, y b) no sufra ninguna operación que altere la integridad física del producto, con la finalidad de asegurar un adecuado manipuleo y su conservación; presupuestos que no se han consolidado en el caso de autos, pues como ya se ha expuesto, el traslado no se ha efectuado a través de otro territorio que no fuera el de las Partes Signatarias, razón por la que en ningún momento la mercancía se ha encontrado en tránsito, resultando inaplicable esta norma al caso en concreto.


En cuanto a lo dispuesto en los inc. b) y c) del art. 13, referidos a los requisitos del Certificado de Origen,  se advierte que la AGIT no ha expuesto ni fundamentado en qué forma los Certificados de Origen N° … presentados por el importador, han incumplido dicha normativa, evidenciándose de la revisión de antecedentes, estos si consigan el país de origen (Argentina) y el país de destino como es (Bolivia), y que tal como lo describe la propia AGIT en sus fundamentos, registran específicamente como exportador a CONARCO ALAMBRES Y SOLDADURAS S.A. y como importador a FERROTODO Ltda., que fue quien realizó la compra y la internación de la mercadería a zona franca Yacuiba, sin embargo amparado en el art. 45 DS 27944 Reglamento de Zonas Francas e Industriales, que autoriza las ventas y cesiones en inmediaciones de zona franca, para la importación a consumo, el importador transfirió a ENABOLCO Ltda. , resultando este último el importador final de la mercadería, no existiendo disposición expresa en el ACE 36 y su anexo 9, o en la normativa interna Boliviana, que establezca la pérdida de preferencias arancelarias en virtud a las transferencias efectuadas en zona franca, así como tampoco establecen la condición del registro del importador final en el certificado de origen, pues el objetivo del mismo es liberar a los productos originarios y procedentes de los territorios de las Partes Contratantes, de los gravámenes vigentes, pues el propio art. 2 del anexo 9, en su párrafo segundo establece que: “Para acceder al Programa de Liberalización, las mercancías deberán acreditar el cumplimiento del origen, de conformidad a lo dispuesto en el presente Anexo” y el art. 10, que a su vez señala: “(…)el Certificado de Origen es el documento indispensable para la comprobación del origen de las mercancías. Tal certificado deberá indicar inequívocamente que la mercancía a la que se refiere es originaria de la Parte Signataria de que se trate en los términos y disposiciones del presente Anexo”, en razón de que la preferencia arancelaria, y el certificado de origen,  no tienen como objeto certificar una condición del  importador, sino de la mercancía.


También este Acuerdo dice claramente respecto de las zonas francas en su art. 11 ultima parte que regula lo siguiente: “Sin perjuicio de lo anterior, serán de aplicación las disposiciones legales vigentes en cada una de las Partes Signatarias para el ingreso, en el mercado de los Estados Partes del MERCOSUR o de Bolivia, de las mercancías provenientes de zonas francas o áreas aduaneras especiales situadas en sus propios territorios”.

Pero tal como se vio en el Acuerdo la parte signataria no es el particular: sea persona natural o persona jurídica, que importa productos, sino que es el Estado Parte que en este caso son Bolivia y Argentina, entonces es claro que se cumplió con lo definido por el artículo citado, no siendo evidente la vulneración de esta norma, por parte de la demandante ENABOLCO,


También el art. 15 ha sido mal entendido ya que dice: “Los certificados de origen no podrán ser expedidos con antelación a la fecha de emisión de la factura comercial correspondiente a la operación de que se trate, sino en la misma fecha o dentro de los sesenta días siguientes”, pero en la resolución impugnada se hace la siguiente relación de fechas: (pag. 18 de 24, punto viii de la Fundamentación técnico-jurídica de la Resolución de la AGIT) “De manera más específica en el presente caso se observa que el Certificado de Origen Nº 0047, de 1 de abril de 2009, establece como importador a “FERROTODO LTDA”, con un valor… consignando la Factura Comercial Nº 0017-00006921 de 31 de marzo de 2009, asimismo el Certificado de Origen Nº 0042 de 27 de abril de 2009 establece como importador a “FERROTODO LTDA” con un valor… consignando la Factura Comercial Nº 0017-00006910 de 26 de marzo de 2009, en ambos Certificados se aplica como normas de origen el Anexo 9 Artículo 3, inciso g), de la ACE 36 (fs. 6 de antecedentes administrativos, c.2 y c.3)”.


Como se puede apreciar, las fechas de expedición cumplen con el art. 15 del anexo 9 del ACE 36, los Certificados de Origen se expidieron después de la factura comercial y reiterando la norma dice que el Certificado de Origen no puede tener una fecha anterior a la fecha de la factura, del primero la fecha de la factura es del 31 de marzo y un día después se emite el certificado el 1 de abril; del segundo la factura es del 26 de marzo y un mes y un día después se emite su certificado: el 27 de abril, y en base a lo expresado por la misma autoridad demandada, se comprueba que no es cierto el fundamento expresado.



V.2. Sobre el segundo punto de controversia que, trata de la interpretación del art. 48 del DS Reglamentario del CTB, el mismo es solo un artículo de la reglamentación de una ley, empero la autoridad demandada citó la legislación relativa a toda la facultad de fiscalización que tiene la AA, expresada en los arts. 21, 95, 100 y 104 del CTB; 5 y 37 de la LGA; 106 del DS 25870 RLGA; 48 y 49 del DS 27310 RCTB, por lo que no es posible admitir que se intente hacer valorar solo un artículo de un reglamento, existiendo estas disposiciones legales que facultan a hacer el proceso de fiscalización incluso posterior, sin ninguna limitación o restricción sea por canal verde, amarillo o rojo. Empero como se observó una Ley no puede estar por encima de un tratado internacional, ni de una norma de derecho comunitario, por tal razón muy a pesar de que el punto demandado carece de sustento legal, pero la interpretación correcta del Acuerdo mismo que generó a su vez sus anexos, impide que la AA pueda sancionar hechos mal interpretados.


Se demanda también: la aplicación del art. 51 del RLPA, expresando que el acto que autorizó la nacionalización es uno administrativo, y siendo notificado gozaría de estabilidad; pero debe entonces probarse la existencia del acto administrativo y su notificación, lo que no se hizo, además de eso la LPA es una ley aplicable, solo en caso de no existir otra disposición específica aspecto que no se demostró, porque están tanto la Ley General de Aduanas como el Código Tributario de Bolivia, que facultan a que se hagan fiscalizaciones posteriores de cualquier nacionalización, entonces la importación no es un acto administrativo porque no se probó que la misma haya sido notificada; y tampoco el procedimiento administrativo de carácter general, puede dejar de lado la aplicación de otras leyes específicas, las cuales gozan también de la presunción de legalidad y legitimidad, y deben aplicarse por encima de un Decreto Supremo.


Reiterando nuevamente de que si bien lo argumentado no es correcto, pero en realidad tampoco puede darse la razón a la AA, puesto que ha malinterpretado el anexo de un tratado internacional, que por haber sido suscrito por el Estado Boliviano, el mismo debe ser cumplido haciendo un análisis completo iniciando por el Acuerdo principal, y no solo basarse en los articulados citados del anexo 9 del ACE 36.


V.3. Conclusiones.

Del análisis precedente, este Tribunal de Justicia concluye que la AGIT en su Resolución de Recurso Jerárquico ha interpretado incorrectamente la norma, conforme a los fundamentos expuestos, corresponde mantener firme y subsistente la Resolución impugnada.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución contenida en el art. 70, de la Ley del Procedimiento Administrativo Nº 2341 y art. 781 del Código de Procedimiento Civil, falla en única instancia declarando PROBADA la demanda, consiguientemente, se revoca y deja sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0547/2014 de 7 de Abril de 2014, pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), así también la Resolución Determinativa (RD) AN-GRT-GR Nº 004/2013 de 15 de Agosto de 2013 de la Aduana Nacional de Bolivia.


No suscribe la Magistrada Maritza Suntura Juaniquina por emitir voto disidente.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.


Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

PRESIDENTE

Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

DECANO

Fdo. Rómulo Calle Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA


No estuvo presente

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA


Me adhiero a la disidencia

Fdo. Fidel Marcos Tordoya Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena